La productora Mainasal SRL, con la que la TV Pública contrató casi exclusivamente desde 2016 en adelante (especialmente en 2019), durante la gestión de Hernán Lombardi en el gobierno de Cambiemos, estaba a cargo de una mujer registrada en AFIP en el rubro "servicios personales", que incluyen "actividades de astrología y espiritismo, las realizadas con fines sociales como agencias matrimoniales, de investigaciones genealógicas, de contratación de acompañantes, la actividad de lustrabotas, acomodadores de autos", entre otras.
Sin embargo, esa situación cambió en 2018, cuando la empresa amplió sus competencias, que hasta entonces se limitaban básicamente a "producción, comercialización y realización de actos artísticos, eventos deportivos y de entretenimientos y todas las actividades conexas con la principal".
El 4 de julio de 2018, según el Boletín Oficial, sumó "servicios técnicos para eventos y espectáculos, sonido en general, compra-venta y fabricación de equipos de sonido, luces y varios, importación y exportación de equipos y producción de espectáculos y toda actividad anexa, derivada o vinculada con este objeto. Producción, dirección general, montaje, construcción, remodelación, diseño y realización de stands y exposiciones en ferias, convenciones y/o eventos públicos o privados. Producción, desarrollo, diseño y realización audiovisual, digital, merchandising y aplicaciones de contenidos en todas sus plataformas independientemente del soporte utilizado y del género".
Así, tras esa expansión, "entre junio y octubre de 2019 se propuso la firma de siete contratos diferentes con Mainasal por un monto global de 35.382.348 pesos de ese entonces", consignó una auditoría interna en Radio y Televisión Argentina (RTA), de la que Tiempo dio cuenta en su edición del domingo último.
Hasta 2018, la titular de Mainasal era Irma Loffi, una mujer que ronda los 75 años de edad y figuraba en AFIP en rubros que poco parecían tener que ver con las grandes producciones televisivas. Pero renunció y en su reemplazo asumió Germán Carlos Fernández Nandín, cuya supuesta relación con Lombardi es una de las líneas de investigación de la Oficina Anticorrupción (OA), tras recibir la auditoría.
Fernández Nandín sí aparece vinculado con los medios y es fuente de consulta mediática, entre otros temas, sobre transmisiones vía streaming durante la pandemia.
La auditoría indica que Mainasal accedió a "un virtual desdoblamiento subjetivo que tuvo por fin aparente el de eludir el examen del Directorio sobre los contratos de esta empresa que insumió la mayor porción de presupuesto artístico del período en cuestión".
Mainasal es actualmente pretensa acreedora de los medios públicos. La auditoría explica que "dado el cúmulo de irregularidades detectadas, no se han firmado los dos últimos contratos" que quedaron pendientes de la gestión anterior.
"La actual administración de RTA ha recibido intimaciones por parte de Mainasal SRL reclamando el pago de los últimos dos contratos, los cuales no fueron suscriptos por ningún representante de RTA SE, y que ascienden a la suma de 12.646.090 pesos".
El auditor interno de la empresa estatal era Cristian Larsen, a quien el informe le reprocha "una actuación incompatible" ya que parece estar en los dos lados del mostrador.
Esa dualidad consiste en "ser el principal o único interlocutor de RTA SE en la negociación de los contratos de mayor envergadura económica (Mainasal SRL, derechos de emisión, contratos de producción y de equipamiento y locaciones necesarios de los Juegos Olímpicos, Mundial 2018, Copa América, Juegos Panamericanos, Volley), y ser durante el desarrollo de estos contratos el contacto exclusivo del proveedor (Torneos-TyC) o contraparte con RTA SE".
Larsen acaba de ser designado para integrar el directorio de RTA por la oposición de Juntos por el Cambio, lo que motivó la reacción de los trabajadores de la TV Pública: "expresamos nuestro total rechazo frente a la reciente designación por parte de la Comisión Bicameral de Medios".
"Larsen ostentó el cargo de auditor interno entre 2017 y 2019 y, en los hechos, fue el brazo ejecutor de la política de numerosas irregularidades, vaciamiento generalizado, persecución y violación de derechos laborales de Hernán Lombardi y Emilio Lafferriere", sostiene un documento firmado por los sindicatos SiPreBA, SATSAID, APJ y SALCo en la Televisión Pública.
"De ser confirmado en el cargo, integrará un directorio que, entre otras cuestiones, debe rever decisiones que él mismo adoptó y que le generaron deudas millonarias al Estado. (…) Durante su paso por la función pública en RTA, se denunciaron numerosas irregularidades a su cargo, que deben ser investigadas, y que se suman a la incompatibilidad de las funciones de auditor interno con las tareas ejecutivas que ejercía mientras era el encargado de ser quien las fiscalizaba".
En relación con la nota publicada el domingo, en particular sobre un reclamo de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) por el pago de 74.400 pesos (más intereses) en concepto de derechos de autor de la obra musical ‘Agite Mundialista’", un spot del Mundial Rusia 2018 para Radio Nacional y emitido por la TV Pública, el ex Gerente de Artística del canal estatal Martín Teitelbaum se comunicó con Tiempo para aclarar que fue él quien objetó ese pago.
Según Teitelbaum, se realizaron varias reuniones de las áreas de Jurídicos porque consideraba que el pago a SADAIC debía hacerlo Radio Nacional, que fue quien encargó el spot.
El pedido para que la TV Pública pasara la promoción provino de Pablo Ciarliero, subdirector de la radio durante la gestión de Lombardi y padre de Nicolás, uno de los autores de la música del spot, por la cual SADAIC reclama el pago.
Fuente: Diario Tiempo Argentino