El Plenario de Delegados de Prensa Escrita, Radial y Televisiva, autoconvocado ante la crisis de legitimidad y de legalidad por la que atraviesa la conducción de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), resolvió el lanzamiento de un plebiscito para que todos los trabajadores de prensa se pronuncien sobre la creación o no de un nuevo sindicato. La consulta se realizará los días 17 y 18 de diciembre. En los próximos días informaremos sobre sedes y horarios para votar.
Plenario Autoconvocado de Delegados de Prensa Escrita, Radial y Televisiva
domingo, 30 de noviembre de 2014
Periodistas del Grupo Clarín se quejan por el “autoritarismo” en la redacción
El sitio Diario sobre Diarios (DsD) publicó los datos de un sondeo de opinión entre 520 trabajadores de Clarín. La encuesta revela el “malhumor” con el que se trabaja en el diario. Figueiras de RRHH en la crítica de todos por la precarización. Quejas por el “autoritarismo” en la redacción
Un 51% de los periodistas que trabajan en los diarios del Grupo Clarín (Clarín, La Razón, Muy y Olé) consideran que el mejor sitio web informativo del país es actualmente LaNación.com, la principal competencia de la empresa en la que trabajan.
La insólita situación surge en una encuesta de casi 50 preguntas realizada por la Comisión Interna de AGEA, a la que respondieron 520 trabajadores y cuyos resultados se mantenían bajo siete llaves. Hasta ahora.
Diario sobre Diarios (DsD) dialogó con uno de los delegados sobre su contenido. "Sabíamos que el malhumor de la gente era grande y queríamos ponerlo en cifras. Pero hasta nosotros nos vimos sorprendidos por algunos resultados", admitió esa fuente directa desde la redacción.
El representante prefirió no dar muchas precisiones pues la encuesta –según dijo- será oficialmente difundida la semana próxima, como se votó en asamblea y luego de exponer sus resultados primero ante las autoridades del diario.
De todos modos, el vocero consideró que el hecho de que más de la mitad de la redacción elija a la competencia como un modelo a seguir y que solo 9% de los votos hayan optado por Clarín.com “nos pareció muy ilustrativo de los que sucede puertas adentro del diario”.
Al respecto, explicó que “desde hace unos meses Clarín está embarcado en dos procesos simultáneos pero a la vez claramente antagónicos. Por un lado, enfrenta una necesaria convergencia de sus redacciones de papel y de Internet que nos exige mucho más esfuerzo, tolerancia y creatividad. Pero a la vez impone una precarización constante en las condiciones de trabajo, juega con los salarios de la gente, recorta todo tipo de gastos y colaboraciones y alienta los retiros voluntarios con comunicados colgados en la pared”.
La encuesta, realizada el mes pasado y representativa del estado de ánimo de del plantel periodístico de Clarín, abordó estos dos temas y sus resultados habrían sido terminantes respecto de la caída de las condiciones de trabajo que antes ofrecía ese grupo periodístico.
En números redondos, según la fuente consultada, más del 90% de los trabajadores dijo sentirse “mal remunerado” y la mitad de la redacción confesó tener otro trabajo para completar sus ingresos, mientras que otro 40% declaró necesitarlo aunque no lo encuentra.
Además, un 60% pensó en aceptar el retiro voluntario, pero la mitad no avanzó porque no encuentra una alternativa laboral potable. Otro 60% dijo que realiza tareas que no están contempladas en su cargo y 50% siente que el achicamiento de la redacción le significó mayor carga laboral. Por último, “cerca del 70% afirmó que realiza horas extras, pero la inmensa mayoría no cobra ni recibe compensación por ellas”, enumeró el gremialista consultado por DsD.
“Hay una pregunta que resume casi todo lo que sucede: el 86% de los 520 encuestados opinó que la precarización laboral influye mucho y mal en la calidad periodística. Y este es un porcentaje mucho mayor que el de los periodistas que dijeron haberse visto afectados por la pelea entre Clarín y el Gobierno, que no llegaban al 40%”, añadió la fuente, que no dudó en adjudicarle a ge Jorge Figueiras, el gerente de Recursos Humanos del diario, con varias décadas en ese puesto, “la mayor responsabilidad en el deterioro de las condiciones profesionales que la que podría caberle a la mismísima presidente Cristina de Kirchner”.
Para el delegado, uno de los ocho que acaban de ser elegidos en la elección más masiva dentro del gremio de prensa, el mal humor de la gente que trabaja en Clarín y los otros diarios y sectores también tiene mucho que ver con el “autoritarismo” que se respira dentro de la redacción, en especial desde que se lanzó la convergencia.
“Las respuestas son mayoritariamente negativas cuando se evalúa a los máximos responsables periodísticos del diario, (Ricardo) Roa y (Ricardo) Kirschbaum. Pero también hay malestar con una capa intermedia de jefes. La sensación es que son como fichas que van cambiando de lugar, como en un ministerio, y que los ascensos no son producto ni del esfuerzo ni la capacidad sino de la obsecuencia hacia los Ricardos", finalizó la fuente.
Como ejemplo, solo una minoría cercana al 15% juzgó como "positiva" la marcha del diario desde que se lanzó la convergencia de sus redacciones.
Foto: @matiaslongoni
Fuente: Diario sobre Diarios
La insólita situación surge en una encuesta de casi 50 preguntas realizada por la Comisión Interna de AGEA, a la que respondieron 520 trabajadores y cuyos resultados se mantenían bajo siete llaves. Hasta ahora.
Diario sobre Diarios (DsD) dialogó con uno de los delegados sobre su contenido. "Sabíamos que el malhumor de la gente era grande y queríamos ponerlo en cifras. Pero hasta nosotros nos vimos sorprendidos por algunos resultados", admitió esa fuente directa desde la redacción.
El representante prefirió no dar muchas precisiones pues la encuesta –según dijo- será oficialmente difundida la semana próxima, como se votó en asamblea y luego de exponer sus resultados primero ante las autoridades del diario.
De todos modos, el vocero consideró que el hecho de que más de la mitad de la redacción elija a la competencia como un modelo a seguir y que solo 9% de los votos hayan optado por Clarín.com “nos pareció muy ilustrativo de los que sucede puertas adentro del diario”.
Al respecto, explicó que “desde hace unos meses Clarín está embarcado en dos procesos simultáneos pero a la vez claramente antagónicos. Por un lado, enfrenta una necesaria convergencia de sus redacciones de papel y de Internet que nos exige mucho más esfuerzo, tolerancia y creatividad. Pero a la vez impone una precarización constante en las condiciones de trabajo, juega con los salarios de la gente, recorta todo tipo de gastos y colaboraciones y alienta los retiros voluntarios con comunicados colgados en la pared”.
La encuesta, realizada el mes pasado y representativa del estado de ánimo de del plantel periodístico de Clarín, abordó estos dos temas y sus resultados habrían sido terminantes respecto de la caída de las condiciones de trabajo que antes ofrecía ese grupo periodístico.
En números redondos, según la fuente consultada, más del 90% de los trabajadores dijo sentirse “mal remunerado” y la mitad de la redacción confesó tener otro trabajo para completar sus ingresos, mientras que otro 40% declaró necesitarlo aunque no lo encuentra.
Además, un 60% pensó en aceptar el retiro voluntario, pero la mitad no avanzó porque no encuentra una alternativa laboral potable. Otro 60% dijo que realiza tareas que no están contempladas en su cargo y 50% siente que el achicamiento de la redacción le significó mayor carga laboral. Por último, “cerca del 70% afirmó que realiza horas extras, pero la inmensa mayoría no cobra ni recibe compensación por ellas”, enumeró el gremialista consultado por DsD.
“Hay una pregunta que resume casi todo lo que sucede: el 86% de los 520 encuestados opinó que la precarización laboral influye mucho y mal en la calidad periodística. Y este es un porcentaje mucho mayor que el de los periodistas que dijeron haberse visto afectados por la pelea entre Clarín y el Gobierno, que no llegaban al 40%”, añadió la fuente, que no dudó en adjudicarle a ge Jorge Figueiras, el gerente de Recursos Humanos del diario, con varias décadas en ese puesto, “la mayor responsabilidad en el deterioro de las condiciones profesionales que la que podría caberle a la mismísima presidente Cristina de Kirchner”.
Para el delegado, uno de los ocho que acaban de ser elegidos en la elección más masiva dentro del gremio de prensa, el mal humor de la gente que trabaja en Clarín y los otros diarios y sectores también tiene mucho que ver con el “autoritarismo” que se respira dentro de la redacción, en especial desde que se lanzó la convergencia.
“Las respuestas son mayoritariamente negativas cuando se evalúa a los máximos responsables periodísticos del diario, (Ricardo) Roa y (Ricardo) Kirschbaum. Pero también hay malestar con una capa intermedia de jefes. La sensación es que son como fichas que van cambiando de lugar, como en un ministerio, y que los ascensos no son producto ni del esfuerzo ni la capacidad sino de la obsecuencia hacia los Ricardos", finalizó la fuente.
Como ejemplo, solo una minoría cercana al 15% juzgó como "positiva" la marcha del diario desde que se lanzó la convergencia de sus redacciones.
Foto: @matiaslongoni
Fuente: Diario sobre Diarios
Martín Sabbatella, sin cuestionamientos para el Grupo La Capital
A pesar que el multimedios de Florencio Aldrey Iglesias presentó un plan de adecuación que divide sus empresas entre socios y empleados, el titular de la AFSCA dijo en la ciudad que “sólo Clarín intenta burlarse” de la Ley de Medios
Por: Joaquín Lledó, jlledo@quedigital.com.ar, @joaquinlledo
Jorge Capitanich y Martín Sabbatella llegaron junto al intendente Gustavo Pulti al complejo del Hotel Provincial cerca del mediodía. Desde una ventana aparecía la atenta mirada del empresario Florencio Aldrey Iglesias, que esperaba para recibirlos. Allí se desarrolla viernes y sábado el Encuentro Nacional de Comunicación Audiovisual que tiene como objetivo, paradójicamente, “democratizar la producción y circulación de contenidos”.
Antes de dirigirse al acto -que se realizó en un teatro Auditorium con mucha militancia, banderas y cantos- el jefe de Gabinete y el presidente de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) hablaron con la prensa.
“Estamos con la aplicación plena de la Ley de Medios en virtud del último fallo de la Corte a excepción de las trampas que permanentemente incorpora el grupo Clarín, por lo que no se puede terminar el proceso”, dijo de arranque Capitanich.
“Creemos que todo el plan de adecuación está funcionando con las demoras correspondiente por las cuestiones de carácter judicial”, agregó.
Al ser consultado, en concreto, sobre el plan de adecuación presentado por el grupo de Aldrey Iglesias -que propuso transferir las licencias excedentes entre los mismos integrantes de las diferentes sociedades que componen el grupo y agregar a nuevos titulares que, curiosamente, son parte de sus medios- prefirió que responda Sabbatella, quien se limitó a brindar consideraciones generales y poco contundentes.
– Todos tienen que cumplir con las normas y los planes de adecuación…
¿Y concretamente cómo está el caso La Capital?
Hay 40 planes de adecuación. Ya fueron tratados 37 en el directorio (de AFSCA), 22 fueron aprobados, 15 fueron desestimados porque no había motivo de adecuación. De esos 22 aprobados, 7 han concluido y el resto está en proceso de ejecución para cumplir estrictamente lo que dice la norma. Hay uno solo, que es el grupo Clarín, que salió de la adecuación voluntaria y pasó a la adecuación de oficio porque intentaron burlarse de la ley.
¿O sea que el grupo La Capital no intentó burlarse de la ley?
Está en proceso de adecuación voluntaria y tiene que cumplir estrictamente esa norma como todo el mundo porque la ley es pareja para todos y así se aplica. Así que estamos en ese trabajo, está en proceso de ejecución de la adecuación voluntaria, como todos los otros licenciatarios.
Foto: Lucho Gargiulo
Fuente: Qué Digital
Jorge Capitanich y Martín Sabbatella llegaron junto al intendente Gustavo Pulti al complejo del Hotel Provincial cerca del mediodía. Desde una ventana aparecía la atenta mirada del empresario Florencio Aldrey Iglesias, que esperaba para recibirlos. Allí se desarrolla viernes y sábado el Encuentro Nacional de Comunicación Audiovisual que tiene como objetivo, paradójicamente, “democratizar la producción y circulación de contenidos”.
Antes de dirigirse al acto -que se realizó en un teatro Auditorium con mucha militancia, banderas y cantos- el jefe de Gabinete y el presidente de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) hablaron con la prensa.
“Estamos con la aplicación plena de la Ley de Medios en virtud del último fallo de la Corte a excepción de las trampas que permanentemente incorpora el grupo Clarín, por lo que no se puede terminar el proceso”, dijo de arranque Capitanich.
“Creemos que todo el plan de adecuación está funcionando con las demoras correspondiente por las cuestiones de carácter judicial”, agregó.
Al ser consultado, en concreto, sobre el plan de adecuación presentado por el grupo de Aldrey Iglesias -que propuso transferir las licencias excedentes entre los mismos integrantes de las diferentes sociedades que componen el grupo y agregar a nuevos titulares que, curiosamente, son parte de sus medios- prefirió que responda Sabbatella, quien se limitó a brindar consideraciones generales y poco contundentes.
– Todos tienen que cumplir con las normas y los planes de adecuación…
¿Y concretamente cómo está el caso La Capital?
Hay 40 planes de adecuación. Ya fueron tratados 37 en el directorio (de AFSCA), 22 fueron aprobados, 15 fueron desestimados porque no había motivo de adecuación. De esos 22 aprobados, 7 han concluido y el resto está en proceso de ejecución para cumplir estrictamente lo que dice la norma. Hay uno solo, que es el grupo Clarín, que salió de la adecuación voluntaria y pasó a la adecuación de oficio porque intentaron burlarse de la ley.
¿O sea que el grupo La Capital no intentó burlarse de la ley?
Está en proceso de adecuación voluntaria y tiene que cumplir estrictamente esa norma como todo el mundo porque la ley es pareja para todos y así se aplica. Así que estamos en ese trabajo, está en proceso de ejecución de la adecuación voluntaria, como todos los otros licenciatarios.
Foto: Lucho Gargiulo
Fuente: Qué Digital
Víctor Hugo Morales, a todo o nada
Por: Pablo Sirvén, @psirven, psirven@lanacion.com.ar
Se viven horas cruciales en Radio Continental. Se aproxima el fin de los contratos de Víctor Hugo Morales con esa emisora y resolver lo que viene no resulta fácil por razones políticas, económicas y hasta deportivas.
Si fuese por los reales sentimientos que ambas partes se profesan, ya hace rato habrían bifurcado sus caminos. La onda del grupo español Prisa y el formidable relator deportivo son como hermanos siameses que se detestan, pero cuya separación resulta casi imposible. En estos años lograron, aún así, un curioso statu quo que les ha permitido convivir más allá de las diferencias.
Para la radio, la presencia del parlanchín uruguayo en la grilla de la segunda mañana con un programa rabiosamente militante desde su conversión integral al kirchnerismo el 2 de febrero de 2010 rompe con el estilo mesurado del resto de la programación. Termina el año en cuarto lugar con la audiencia más baja de todo 2014 y, según Ibope, con cuatro veces menos de oyentes que Jorge Lanata, que está a la misma hora, pero en Radio Mitre. Sin embargo, aunque a la emisora le genera una grave esquizofrenia en su menú diario, ha supuesto, al mismo tiempo, un escudo que preservó paradójicamente a Continental de ser abducida por el oficialismo, como pasó con otras ondas.
Y eso que la licencia de Continental pendía -y pende- de un hilo. Nunca se terminó de hacer el traspaso formal a sus actuales propietarios por ser una compañía ciento por ciento extranjera, algo que impide la legislación vigente (ley de medios, ley de bienes culturales). Sin embargo, la gente de Prisa -que tiene a Telefónica como uno de sus accionistas indirectos- logró un documento de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ibérico que admite la reciprocidad para aquellos inversores argentinos que aspiren a tener en la península una radio en las mismas condiciones que los españoles tienen aquí Continental. Con ese reconocimiento, quedaría zanjado el problema de la extranjería. Luego, debería desprenderse de un par de emisoras de su cadena en el interior para no sobrepasar el 35 por ciento del mercado, como exige la ley de medios, cosa a la que también se avino rápidamente.
El expediente de la adecuación de la emisora debió resolverse hace unos días en el directorio de la Afsca, pero, sorpresivamente, su tratamiento fue diferido sin fecha. Las malas lenguas infieren que el organismo de aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual podría estar demorando esa aprobación a la espera de que Continental primero le dé luz verde a una renovación por dos años de los contratos de Víctor Hugo.
También sucedieron otras "casualidades": en tanto que el director de Continental, Nicolás Yocca, intentaba avanzar en conversaciones para reemplazar en la temporada 2015 el programa matutino de Morales, eventualmente con Luis Majul o Fernando Bravo, la agencia Télam y tuiteros afines empezaron a hostigar a Yocca al vincularlo con Sergio Massa y a demonizarlo por su calidad de "ex directivo del Grupo Clarín". La mismísima Casa Rosada sigue con mucha atención el caso y no precisamente en silencio.
Hay otras dos amenazas de distinto tenor que también le atan las manos a la dirección de la radio para decidir en libertad: hace 27 años que el hijo dilecto de Cardona trabaja ininterrumpidamente en Continental y si bien su vínculo se mantiene por medio de contratos periódicamente renovados, un abogado afilado podría pelearle la relación de dependencia. En ese caso, el juicio sería por un monto multimillonario.
Al final, a Continental le hubiese convenido tenerlo como un empleado común. El 26 de diciembre próximo, VHM cumplirá 67 años, con lo cual ya estaría jubilado desde hace dos. Pero la vocación del oriental sigue encendida y más su espíritu andariego que lo lleva a transmitir su programa muy frecuentemente desde distintos puntos del país y el mundo. El jueves, por ejemplo, lo hizo desde Radio Pampa, en San Antonio de Areco, que inauguró por teleconferencia Cristina Kirchner, y que dirige uno de sus columnistas y protegidos, César Ferri.
El otro tema es cómo reemplazar al equipo deportivo que comanda el relator que se inició en la Argentina en dos emisoras de la Armada cuando gobernaba la dictadura militar.
El propio Víctor Hugo dio la pista en su programa vespertino Competencia al develar otra de las negociaciones reservadas que llevaba la radio adelante para reemplazarlo con Sebastián Vignolo y su equipo de Fox Sports, actualmente en Radio del Plata, una de las emisoras progubernamentales más interesadas, a su vez, en lograr el pase del hablador charrúa a sus huestes.
Morales, además, está fastidiado porque Continental no estuvo en el Mundial y todavía no decidió si transmitirá la Copa América por una cuestión de costos. El Grupo Prisa está cansado de poner plata en la emisora más deficitaria de su red latinoamericana y suele aplicar el freno a los ímpetus renovadores de sus representantes locales.
Quienes transitan en estos días los pasillos de la radio perciben un especial "silencio de radio" que podría suponer que, al final de la pulseada, el locutor uruguayo terminará saliéndose con la suya por mucho que sigan chillando a sus espaldas.
Fuente: Diario La Nación
Se viven horas cruciales en Radio Continental. Se aproxima el fin de los contratos de Víctor Hugo Morales con esa emisora y resolver lo que viene no resulta fácil por razones políticas, económicas y hasta deportivas.
Si fuese por los reales sentimientos que ambas partes se profesan, ya hace rato habrían bifurcado sus caminos. La onda del grupo español Prisa y el formidable relator deportivo son como hermanos siameses que se detestan, pero cuya separación resulta casi imposible. En estos años lograron, aún así, un curioso statu quo que les ha permitido convivir más allá de las diferencias.Para la radio, la presencia del parlanchín uruguayo en la grilla de la segunda mañana con un programa rabiosamente militante desde su conversión integral al kirchnerismo el 2 de febrero de 2010 rompe con el estilo mesurado del resto de la programación. Termina el año en cuarto lugar con la audiencia más baja de todo 2014 y, según Ibope, con cuatro veces menos de oyentes que Jorge Lanata, que está a la misma hora, pero en Radio Mitre. Sin embargo, aunque a la emisora le genera una grave esquizofrenia en su menú diario, ha supuesto, al mismo tiempo, un escudo que preservó paradójicamente a Continental de ser abducida por el oficialismo, como pasó con otras ondas.
Y eso que la licencia de Continental pendía -y pende- de un hilo. Nunca se terminó de hacer el traspaso formal a sus actuales propietarios por ser una compañía ciento por ciento extranjera, algo que impide la legislación vigente (ley de medios, ley de bienes culturales). Sin embargo, la gente de Prisa -que tiene a Telefónica como uno de sus accionistas indirectos- logró un documento de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ibérico que admite la reciprocidad para aquellos inversores argentinos que aspiren a tener en la península una radio en las mismas condiciones que los españoles tienen aquí Continental. Con ese reconocimiento, quedaría zanjado el problema de la extranjería. Luego, debería desprenderse de un par de emisoras de su cadena en el interior para no sobrepasar el 35 por ciento del mercado, como exige la ley de medios, cosa a la que también se avino rápidamente.
El expediente de la adecuación de la emisora debió resolverse hace unos días en el directorio de la Afsca, pero, sorpresivamente, su tratamiento fue diferido sin fecha. Las malas lenguas infieren que el organismo de aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual podría estar demorando esa aprobación a la espera de que Continental primero le dé luz verde a una renovación por dos años de los contratos de Víctor Hugo.
También sucedieron otras "casualidades": en tanto que el director de Continental, Nicolás Yocca, intentaba avanzar en conversaciones para reemplazar en la temporada 2015 el programa matutino de Morales, eventualmente con Luis Majul o Fernando Bravo, la agencia Télam y tuiteros afines empezaron a hostigar a Yocca al vincularlo con Sergio Massa y a demonizarlo por su calidad de "ex directivo del Grupo Clarín". La mismísima Casa Rosada sigue con mucha atención el caso y no precisamente en silencio.
Hay otras dos amenazas de distinto tenor que también le atan las manos a la dirección de la radio para decidir en libertad: hace 27 años que el hijo dilecto de Cardona trabaja ininterrumpidamente en Continental y si bien su vínculo se mantiene por medio de contratos periódicamente renovados, un abogado afilado podría pelearle la relación de dependencia. En ese caso, el juicio sería por un monto multimillonario.
Al final, a Continental le hubiese convenido tenerlo como un empleado común. El 26 de diciembre próximo, VHM cumplirá 67 años, con lo cual ya estaría jubilado desde hace dos. Pero la vocación del oriental sigue encendida y más su espíritu andariego que lo lleva a transmitir su programa muy frecuentemente desde distintos puntos del país y el mundo. El jueves, por ejemplo, lo hizo desde Radio Pampa, en San Antonio de Areco, que inauguró por teleconferencia Cristina Kirchner, y que dirige uno de sus columnistas y protegidos, César Ferri.
El otro tema es cómo reemplazar al equipo deportivo que comanda el relator que se inició en la Argentina en dos emisoras de la Armada cuando gobernaba la dictadura militar.
El propio Víctor Hugo dio la pista en su programa vespertino Competencia al develar otra de las negociaciones reservadas que llevaba la radio adelante para reemplazarlo con Sebastián Vignolo y su equipo de Fox Sports, actualmente en Radio del Plata, una de las emisoras progubernamentales más interesadas, a su vez, en lograr el pase del hablador charrúa a sus huestes.
Morales, además, está fastidiado porque Continental no estuvo en el Mundial y todavía no decidió si transmitirá la Copa América por una cuestión de costos. El Grupo Prisa está cansado de poner plata en la emisora más deficitaria de su red latinoamericana y suele aplicar el freno a los ímpetus renovadores de sus representantes locales.
Quienes transitan en estos días los pasillos de la radio perciben un especial "silencio de radio" que podría suponer que, al final de la pulseada, el locutor uruguayo terminará saliéndose con la suya por mucho que sigan chillando a sus espaldas.
Fuente: Diario La Nación
sábado, 29 de noviembre de 2014
Un dictamen contra la cautelar solicitada por el Grupo Clarín y Radio Mitre
El Grupo Clarín y Radio Mitre habían solicitado una medida cautelar para suspender el procedimiento de adecuación en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El representante del Ministerio Público afirmó que las actuaciones de la AFSCA gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria
Miguel Ángel Gilligan, a cargo de la Fiscalía Federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°5 dictaminó que no corresponde hacer lugar a una medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín y Radio Mitre. El multimedios buscaba suspender el proceso de adecuación de oficio ordenado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que pretende dar cumplimiento a la Ley de Medios. El planteo se efectuó en el marco del pedido de declaración de inconstitucionalidad efectuado por la empresa respecto de varias resoluciones y decretos reglamentarios de la norma sancionada en 2009.
El Grupo Clarín y Radio Mitre habían considerado que los decretos y resoluciones cuestionados son irrazonables y que restringen las garantías constitucionales de libertad de expresión, de propiedad y de ejercer toda industria lícita, constituyendo un “exceso reglamentario” por parte del Ejecutivo.
Gilligan analizó los dos presupuestos que deben confluir para que sea viable el dictado de una medida cautelar: la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. En ese marco, estimó que “admitir la pretensión de las actoras en los términos propuestos importaría adentrarse en el tema a conocer en la sentencia definitiva a dictarse”. A su vez, dictaminó que éstas “deben acordarse limitándolas a una suficiente garantía del derecho aparente que se pretende proteger, evitando –dentro de lo posible- que puedan constituirse en una virtual paralización de la actividad regulatoria que por imperativo legal le cabe al Estado Nacional.”
El representante del Ministerio Público Fiscal determinó entonces que “los actos administrativos dictados por el AFSCA gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, razón por la cual, en principio, ni los recursos administrativos, ni las acciones judiciales mediante las cuales se discute su validez suspenden la ejecución de los actos cuestionados”. Esto, especialmente, cuando no sólo se cuestiona la validez de una resolución, sino que se pretende la declaración de inconstitucionalidad del decreto reglamentario de una ley, que fue avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Para Gilligan, el Grupo Clarín y Radio Mitre no pudieron demostrar la verosimilitud en el derecho que alegan vulnerado. Por esta razón, consideró que “la continuidad del proceso de adecuación de oficio que es consecuencia natural del imperativo legal, no implica un peligro que no pueda ser reparado y que como consecuencia de ello habilite el dictado de una medida precautoria”.
Fuente: Fiscales.gov.ar
Miguel Ángel Gilligan, a cargo de la Fiscalía Federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°5 dictaminó que no corresponde hacer lugar a una medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín y Radio Mitre. El multimedios buscaba suspender el proceso de adecuación de oficio ordenado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que pretende dar cumplimiento a la Ley de Medios. El planteo se efectuó en el marco del pedido de declaración de inconstitucionalidad efectuado por la empresa respecto de varias resoluciones y decretos reglamentarios de la norma sancionada en 2009.
El Grupo Clarín y Radio Mitre habían considerado que los decretos y resoluciones cuestionados son irrazonables y que restringen las garantías constitucionales de libertad de expresión, de propiedad y de ejercer toda industria lícita, constituyendo un “exceso reglamentario” por parte del Ejecutivo.
Gilligan analizó los dos presupuestos que deben confluir para que sea viable el dictado de una medida cautelar: la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. En ese marco, estimó que “admitir la pretensión de las actoras en los términos propuestos importaría adentrarse en el tema a conocer en la sentencia definitiva a dictarse”. A su vez, dictaminó que éstas “deben acordarse limitándolas a una suficiente garantía del derecho aparente que se pretende proteger, evitando –dentro de lo posible- que puedan constituirse en una virtual paralización de la actividad regulatoria que por imperativo legal le cabe al Estado Nacional.”
El representante del Ministerio Público Fiscal determinó entonces que “los actos administrativos dictados por el AFSCA gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, razón por la cual, en principio, ni los recursos administrativos, ni las acciones judiciales mediante las cuales se discute su validez suspenden la ejecución de los actos cuestionados”. Esto, especialmente, cuando no sólo se cuestiona la validez de una resolución, sino que se pretende la declaración de inconstitucionalidad del decreto reglamentario de una ley, que fue avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Para Gilligan, el Grupo Clarín y Radio Mitre no pudieron demostrar la verosimilitud en el derecho que alegan vulnerado. Por esta razón, consideró que “la continuidad del proceso de adecuación de oficio que es consecuencia natural del imperativo legal, no implica un peligro que no pueda ser reparado y que como consecuencia de ello habilite el dictado de una medida precautoria”.
Fuente: Fiscales.gov.ar
Fuera de libreto, Débora Plager despedida
Luego de abandonar Indalo por criticar al Gobierno, la periodista reveló qué le exigían
Por: Pablo Berisso, pberisso@perfil.com @totoberisso
La purga ideológica en los medios del empresario kirchnerista Cristóbal López parecía haber quedado en el olvido hasta que, el martes 25, la periodista Débora Plager, esposa del ex director de Radio 10 José Luis Rodríguez Pagano, recibió un llamado con la noticia de que el director de Contenidos y Programación, Francisco “Paco” Mármol, “prescindía de sus servicios”. El detonador habría sido la crítica que publicó Noticias en su edición anterior, bajo el título “Astucias del cordero”, del programa “Sensación térmica” que tenía Plager en Radio 10.
La conductora se había tomado unos días de licencia y se disponía a volver a la mesa principal del noticiero de la noche en C5N cuando le comunicaron que ya no pertenecía al grupo. Indignada, dio a entender en las redes sociales que la desvinculación fue a causa de su “independencia periodística” y acompañó el texto con la nota publicada por esta revista en la que el crítico de radio, Luis Frontera, destacaba su habilidad para evitar la última orden de la gerencia del grupo: exigirles a los periodistas “utilizar determinadas palabras” para hablar de temas delicados para el kirchnerismo.
“La herramienta del periodista es la palabra y Mármol parece haber llegado a banalizar el periodismo. Eso me parece una falta de respeto hacia el televidente. Ordenar que todos los periodistas tengan que repetir como un disquito el encabezado de noticias relacionadas con el dólar, con Boudou, con la inflación o con el Código Penal, para mí fue demasiado”, explicó Plager a Noticias.
Según la periodista, la nota de Frontera “avivó a los dormidos” y eso habría sido la clave de su despido. “Me iba a reincorporar cuando me llamaron para advertirme que Paco Mármol prescindía de mí. Esto ocurrió el primer día hábil siguiente al de la publicación de la revista Noticias.
Creo que Luis (Frontera) encontró en el título ‘Astucias del cordero’ la mejor manera de explicar cómo yo eludía la disposición”, afirmó la periodista.
Antecedentes. El último despido conflictivo había sido en diciembre del 2013, cuando el periodista de Radio 10, Gustavo Mura, criticó al secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Días antes había sido echado Antonio Laje, hoy gerente periodístico de América TV, por una dura editorial contra el Gobierno en su programa “HD”. Estas decisiones se justificaron con un comunicado en el que el grupo acusó “un proceso de reorganización”.
El encargado de leer al aire la explicación fue Eduardo Feinmann, quién había sido reincorporado luego de que en septiembre del 2012 (cinco meses después de que López comprara los medios de Daniel Hadad en unos 40 millones de dólares) le levantaran su programa de C5N, “Sala de Situación”, por insultar al entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
La lista negra a la que se sumó Plager está integrada por una veintena de periodistas entre los que se encuentran Laje, Mura, Marcelo Longobardi y Oscar González Oro. El único que subsiste es Feinmann, que para no ser despedido bajó su nivel crítico con el kirchnerismo porque, en el Grupo Indalo, los rebeldes parecen no tener lugar.
El disparador
Primer paso: en su edición anterior (ver nota abajo), Noticias publicó una reseña sobre el programa “Sensación térmica” que tenía Plager en Radio 10. En ella, el periodista Luis Frontera elogiaba la habilidad de la periodista para ser dura con el kirchnerismo en un medio ultraoficialista.
Desenlace: Francisco “Paco” Mármol había ordenado usar “determinadas palabras” en temas sensibles para los K. Plager no acató y fue despedida.
Quieren citar en el Congreso a director de C5N
Por el despido de la periodista Débora Plager, quieren que Francisco “Paco” Mármol concurra al Parlamento para dar explicaciones sobre supuestas presiones al personal
La diputada nacional y titular de la Comisión de Legislación Penal, Patricia Bullrich (Unión Pro), solicitó citar al director de contenidos del Canal C5N (canal perteneciente al grupo Indalo, cuyo propietario es el empresario Cristóbal López), y a la periodista Débora Plager, a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados. El objetivo es que informen acerca de la situación laboral de dicha periodista y sobre las imposiciones semánticas del medio a sus periodistas, a la hora de abordar temas de alta sensibilidad política.
Al fundamentar su pedido, Bullrich señaló que “con gran preocupación hemos tomado conocimiento del despido laboral de la periodista del canal C5N Débora Plager. Más aún nos preocupa lo expresado por dicha periodista sobre los constantes pedidos de alineación e imposiciones semánticas del medio, a través de su director de Contenidos, Francisco ‘Paco’ Mármol, a la hora de abordar temas de alta sensibilidad política como el dólar blue, el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou, la inflación o el conflicto con los fondos buitre”.
“Desde la compra del paquete accionario del multimedios, por parte del empresario kirchnerista Cristóbal López, varios periodistas que presentaban diferencias de opinión sufrieron actos de censura, siendo cesados en sus tareas por los nuevos directivos”, recordó la legisladora, para apuntar luego que “frente a éstos nuevos hechos, que muestran por parte del canal que se ha instaurado una clara política de disciplinamiento, con la intención de construir una sola realidad, es que solicitamos citar al director de Contenidos de C5N, y a la periodista afectada, ya que dicho accionar no solo afecta el legítimo derecho constitucional a expresar su opinión, sino que es un acto de censura inaceptable”.
Fuentes: Noticias, Parlamentario
Por: Pablo Berisso, pberisso@perfil.com @totoberisso
La purga ideológica en los medios del empresario kirchnerista Cristóbal López parecía haber quedado en el olvido hasta que, el martes 25, la periodista Débora Plager, esposa del ex director de Radio 10 José Luis Rodríguez Pagano, recibió un llamado con la noticia de que el director de Contenidos y Programación, Francisco “Paco” Mármol, “prescindía de sus servicios”. El detonador habría sido la crítica que publicó Noticias en su edición anterior, bajo el título “Astucias del cordero”, del programa “Sensación térmica” que tenía Plager en Radio 10.
“La herramienta del periodista es la palabra y Mármol parece haber llegado a banalizar el periodismo. Eso me parece una falta de respeto hacia el televidente. Ordenar que todos los periodistas tengan que repetir como un disquito el encabezado de noticias relacionadas con el dólar, con Boudou, con la inflación o con el Código Penal, para mí fue demasiado”, explicó Plager a Noticias.
Según la periodista, la nota de Frontera “avivó a los dormidos” y eso habría sido la clave de su despido. “Me iba a reincorporar cuando me llamaron para advertirme que Paco Mármol prescindía de mí. Esto ocurrió el primer día hábil siguiente al de la publicación de la revista Noticias.
Creo que Luis (Frontera) encontró en el título ‘Astucias del cordero’ la mejor manera de explicar cómo yo eludía la disposición”, afirmó la periodista.
Antecedentes. El último despido conflictivo había sido en diciembre del 2013, cuando el periodista de Radio 10, Gustavo Mura, criticó al secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Días antes había sido echado Antonio Laje, hoy gerente periodístico de América TV, por una dura editorial contra el Gobierno en su programa “HD”. Estas decisiones se justificaron con un comunicado en el que el grupo acusó “un proceso de reorganización”.
El encargado de leer al aire la explicación fue Eduardo Feinmann, quién había sido reincorporado luego de que en septiembre del 2012 (cinco meses después de que López comprara los medios de Daniel Hadad en unos 40 millones de dólares) le levantaran su programa de C5N, “Sala de Situación”, por insultar al entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
La lista negra a la que se sumó Plager está integrada por una veintena de periodistas entre los que se encuentran Laje, Mura, Marcelo Longobardi y Oscar González Oro. El único que subsiste es Feinmann, que para no ser despedido bajó su nivel crítico con el kirchnerismo porque, en el Grupo Indalo, los rebeldes parecen no tener lugar.
El disparador
Primer paso: en su edición anterior (ver nota abajo), Noticias publicó una reseña sobre el programa “Sensación térmica” que tenía Plager en Radio 10. En ella, el periodista Luis Frontera elogiaba la habilidad de la periodista para ser dura con el kirchnerismo en un medio ultraoficialista.
Desenlace: Francisco “Paco” Mármol había ordenado usar “determinadas palabras” en temas sensibles para los K. Plager no acató y fue despedida.
Quieren citar en el Congreso a director de C5N
Por el despido de la periodista Débora Plager, quieren que Francisco “Paco” Mármol concurra al Parlamento para dar explicaciones sobre supuestas presiones al personal
La diputada nacional y titular de la Comisión de Legislación Penal, Patricia Bullrich (Unión Pro), solicitó citar al director de contenidos del Canal C5N (canal perteneciente al grupo Indalo, cuyo propietario es el empresario Cristóbal López), y a la periodista Débora Plager, a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados. El objetivo es que informen acerca de la situación laboral de dicha periodista y sobre las imposiciones semánticas del medio a sus periodistas, a la hora de abordar temas de alta sensibilidad política.
Al fundamentar su pedido, Bullrich señaló que “con gran preocupación hemos tomado conocimiento del despido laboral de la periodista del canal C5N Débora Plager. Más aún nos preocupa lo expresado por dicha periodista sobre los constantes pedidos de alineación e imposiciones semánticas del medio, a través de su director de Contenidos, Francisco ‘Paco’ Mármol, a la hora de abordar temas de alta sensibilidad política como el dólar blue, el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou, la inflación o el conflicto con los fondos buitre”.
“Desde la compra del paquete accionario del multimedios, por parte del empresario kirchnerista Cristóbal López, varios periodistas que presentaban diferencias de opinión sufrieron actos de censura, siendo cesados en sus tareas por los nuevos directivos”, recordó la legisladora, para apuntar luego que “frente a éstos nuevos hechos, que muestran por parte del canal que se ha instaurado una clara política de disciplinamiento, con la intención de construir una sola realidad, es que solicitamos citar al director de Contenidos de C5N, y a la periodista afectada, ya que dicho accionar no solo afecta el legítimo derecho constitucional a expresar su opinión, sino que es un acto de censura inaceptable”.
Fuentes: Noticias, Parlamentario
El Movimiento Evita entra a "Miradas al Sur"
El semanario Miradas al Sur (cuyo director periodística es Eduardo Anguita), pasará del Grupo Veintitrés (Sergio Szpolski - Matías Garfunkel) al Movimiento Evita, agrupación política que conduce Emilio Pérsico
Por: José Cornejo
El semanario Miradas al Sur, perteneciente al Grupo Veintitrés (Szpolski - Garfunkel) pasará a propiedad (al menos parcial) del Movimiento Evita, agrupación política que conduce Emilio Pérsico.
La compra responde a un viejo deseo del militante de disponer de un órgano de prensa masivo, inspirado en la experiencia del peronismo revolucionario de los 70.
Hasta el momento, la publicación dirigida por Eduardo Anguita continuará con su equipo habitual, pero irá sumando paulatinamente integrantes que pertenezcan a la línea de la organización. Fernando "Chino" Navarro, consultado por esto, afirmó que hará declaraciones recién la semana entrante. Recién entonces se conocerán más datos.
Fuente: Agencia Paco Urondo
El semanario Miradas al Sur, perteneciente al Grupo Veintitrés (Szpolski - Garfunkel) pasará a propiedad (al menos parcial) del Movimiento Evita, agrupación política que conduce Emilio Pérsico.
La compra responde a un viejo deseo del militante de disponer de un órgano de prensa masivo, inspirado en la experiencia del peronismo revolucionario de los 70.
Hasta el momento, la publicación dirigida por Eduardo Anguita continuará con su equipo habitual, pero irá sumando paulatinamente integrantes que pertenezcan a la línea de la organización. Fernando "Chino" Navarro, consultado por esto, afirmó que hará declaraciones recién la semana entrante. Recién entonces se conocerán más datos.
Fuente: Agencia Paco Urondo
viernes, 28 de noviembre de 2014
Repudio del CiSPren ante la actitud extorsiva del directorio del Multimedio SRT
El CiSPren repudia enérgicamente los actos extorsivos, intimidatorios, violentos y persecutorios de la empresa Multimedio SRT, que por intermedio de su directorio, encabezado por Esteban Falcón y Miguel Rojo, quienes a su vez reciben órdenes directas del Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Francisco Tamarit, pretenden ajustar sobre los trabajadores recortando salarios y condiciones de trabajo.
A raíz de las amenazas recibidas por parte de la empresa, los trabajadores se mantienen en estado de asamblea permanente hasta el próximo martes 2 de diciembre a las 14 horas, momento en el que se debatirá en asamblea general un plan de lucha y estrategia a seguir ante el atropello abusivo y patoteril del directorio del Multimedio SRT.
El CiSPren se solidariza con los compañeros y acompaña todas y cada una de las medidas que se han desarrollado y las que se desarrollarán para defender los derechos de los trabajadores y su fuente laboral.
Esteban Liendo, Secretario Gremial, Circulo Sindical de la Prensa y Comunicación de CórdobaFuente: prensared.org.ar
A raíz de las amenazas recibidas por parte de la empresa, los trabajadores se mantienen en estado de asamblea permanente hasta el próximo martes 2 de diciembre a las 14 horas, momento en el que se debatirá en asamblea general un plan de lucha y estrategia a seguir ante el atropello abusivo y patoteril del directorio del Multimedio SRT.
El CiSPren se solidariza con los compañeros y acompaña todas y cada una de las medidas que se han desarrollado y las que se desarrollarán para defender los derechos de los trabajadores y su fuente laboral.
Esteban Liendo, Secretario Gremial, Circulo Sindical de la Prensa y Comunicación de CórdobaFuente: prensared.org.ar
AFERA preocupada por una la ley que favorece a los canillitas
La Asociación Federal de Editores de Diarios de la República Argentina (AFERA) avanzó en el debate sobre los proyectos de ley de Bienes Culturales y el de la “relación atípica laboral de los canillitas con los medios”, donde mostró su preocupación por la iniciativa, además de poner énfasis en las graves consecuencias que tendría si prospera el mismo, durante su reunión mensual que se realizó en Mar del Plata. También se realizaron diversos seminarios y mesas de trabajo
Rafael Klappenbach expuso sobre “El papel de los diarios en el futuro digital”; Martín Enríquez y Guido Filpelli, de la consultora digital AdVerit, se refirieron a la “Estrategia para Contenidos Digitales” y cómo aprovechar las características particulares de los soportes digitales para generar tráfico y engagement.
Como es habitual en la entidad hubo invitados especiales, quienes participaron de diversos paneles temáticos. Estuvieron el secretario de Comunicación a Pública, Alfredo Scoccimarro, y el subsecretario de Comunicación y Contenidos de Difusión, Gustavo Fernández Russo. También la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez; el secretario de Comunicación Pública, Juan Courel; el coordinador de Información Gubernamental, Jorge Telerman, y el intendente del partido de General Pueyrredon, Gustavo Pulti.
El cierre de las jornadas estuvo a cargo del gobernador Daniel Scioli, quien destacó el “espíritu federal” del encuentro y la “impronta de acompañamiento” de su gestión a los pequeños y medianos diarios del país, junto a los titulares de la entidad, Gustavo Isaack y Francisco Fascetto. Adelanto que “se viene un año muy intenso, con una elección presidencial de un gran significado, porque es la posibilidad de encarar el próximo capítulo dentro de lo que llamamos el proyecto de país con pujanza productiva, con inclusión social, que es el capítulo del desarrollo”.
El gobernador finalizó su participación con un mensaje: “En todo este tiempo apelé a la unidad de los gobernadores, al lado de la Presidenta, para mantener un espíritu de colaboración, y ya llegamos a este escenario donde se puede ver el vigor, la competitividad electoral que tiene el FpV”.
AFERA también realizó la asamblea para renovar las autoridades para el periodo 2014/2016. Gustavo Isaack fue reelecto como presidente y también Francisco Fascetto (Diario Popular) como vicepresidente. Marcelo Carbone (Grupo Crónica), fue designado secretario, Marcelo Lara (Diario El Zonda), protesorero y Juan Carlos Schroeder (La Mañana de Neuquén), tesorero. Los vocales titulares son Humberto Romero (Diario Epoca de Corrientes), Gonzalo Peltzer (El Territorio de Posadas), Sergio Romero (El Tribuno de Salta), Emma Viñuales (Diario El Popular de Olavarría), Marcelo Santalucia (Primera Línea de Chaco), Gerardo Varetto (La Mañana de Córdoba), Sergio Flores (El Independiente de La Rioja). Y los Vocales Suplentes Juan Carlos Fernández Llano (La Voz de Chaco), Natalia Cabral (Diario Z), Daniel Arripe (Diario Chubut), Ignacio Perincioli (La Opinión Austral de Río Gallegos) y Marcelo Almada (Misiones On Line).
La última reunión, y que será el balance anual, se realizara el 17 de diciembre en la Fundación Época, de la Capital Federal.
Como es habitual en la entidad hubo invitados especiales, quienes participaron de diversos paneles temáticos. Estuvieron el secretario de Comunicación a Pública, Alfredo Scoccimarro, y el subsecretario de Comunicación y Contenidos de Difusión, Gustavo Fernández Russo. También la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez; el secretario de Comunicación Pública, Juan Courel; el coordinador de Información Gubernamental, Jorge Telerman, y el intendente del partido de General Pueyrredon, Gustavo Pulti.
El cierre de las jornadas estuvo a cargo del gobernador Daniel Scioli, quien destacó el “espíritu federal” del encuentro y la “impronta de acompañamiento” de su gestión a los pequeños y medianos diarios del país, junto a los titulares de la entidad, Gustavo Isaack y Francisco Fascetto. Adelanto que “se viene un año muy intenso, con una elección presidencial de un gran significado, porque es la posibilidad de encarar el próximo capítulo dentro de lo que llamamos el proyecto de país con pujanza productiva, con inclusión social, que es el capítulo del desarrollo”.
El gobernador finalizó su participación con un mensaje: “En todo este tiempo apelé a la unidad de los gobernadores, al lado de la Presidenta, para mantener un espíritu de colaboración, y ya llegamos a este escenario donde se puede ver el vigor, la competitividad electoral que tiene el FpV”.
AFERA también realizó la asamblea para renovar las autoridades para el periodo 2014/2016. Gustavo Isaack fue reelecto como presidente y también Francisco Fascetto (Diario Popular) como vicepresidente. Marcelo Carbone (Grupo Crónica), fue designado secretario, Marcelo Lara (Diario El Zonda), protesorero y Juan Carlos Schroeder (La Mañana de Neuquén), tesorero. Los vocales titulares son Humberto Romero (Diario Epoca de Corrientes), Gonzalo Peltzer (El Territorio de Posadas), Sergio Romero (El Tribuno de Salta), Emma Viñuales (Diario El Popular de Olavarría), Marcelo Santalucia (Primera Línea de Chaco), Gerardo Varetto (La Mañana de Córdoba), Sergio Flores (El Independiente de La Rioja). Y los Vocales Suplentes Juan Carlos Fernández Llano (La Voz de Chaco), Natalia Cabral (Diario Z), Daniel Arripe (Diario Chubut), Ignacio Perincioli (La Opinión Austral de Río Gallegos) y Marcelo Almada (Misiones On Line).
La última reunión, y que será el balance anual, se realizara el 17 de diciembre en la Fundación Época, de la Capital Federal.
La planta que regala emociones
Homenajes. La escritora Laura Devetach, autora de 60 textos de literatura infantil, pasó por la Biblioteca Popular Cachilo. Allí, inspirado en uno de sus libros, un grupo de chicos deja crecer una "planta de Bartolo"
Por: Marcela Isaías
En la puerta de la Biblioteca Popular Cachilo crece una planta de Bartolo. La sembró un grupo de chicos inspirados en el cuento de la reconocida escritora santafesina, nacida en Reconquista, Laura Devetach. Está ubicada frente a la entrada de Virasoro y Teniente Agneta, ahí mismo donde desde hace 26 años crece un proyecto de comunicación y educación popular con Aire Libre. Es todo un anticipo que los libros que se ofrecen a los más pequeños, aún desde bebés, son de los mejores escritores e ilustradores de la literatura de todos los tiempos. Y que además dan pie a talleres de teatro, de narración oral, de arte, y hasta capacitaciones docente de promoción a la lectura.
La planta no pasa inadvertida. Muchos quieren saber de qué se trata. Hasta cuentan que una vez un taxista muy apurado frenó su auto para preguntar si "cumplía algún deseo" o si era algo así como "mágica".
El sábado pasado los que hacen a diario la Cachilo tuvieron casi de sorpresa la visita de la autora de "La planta de Bartolo". La escritora, cientos de veces distinguida por su obra literaria, se llegó hasta la biblioteca. Quiso conocerla, saber cómo crecen los lectores en ese rincón de la ciudad y hablarles de la importancia de la memoria. La esperaban los que trabajan todos los días allí, un par de chicos que en 2008 sembraron esta planta de la mano del profe Ariel, y algunos padres y madres que quisieron saber quién era esa mujer capaz de hacer de sus hijos seguidores de las buenas historias.
Laura Devetach bajó despacio del auto que la llevó hasta el barrio, en un mediodía tan soleado como impecable de luz. Se paró junto a la planta y enseguida comenzaron las fotos. "Más cerca", "más lejos", "vení Claudia", "vení Rodrigo", "que estén todos", se escuchó decir.
En la sala de lectura de la Cachilo hay unos puffs de colores donde desparramarse y hojear cuentos, novelas, poemas. En el espacio contiguo esperaban unos sandwiches, masas secas, café y bebida fresca. Una buena excusa para sentarse alrededor de la mesa, y el momento oportuno para que la coordinadora de la Cachilo, Claudia Martínez, repase cómo surgió ese espacio.
Habla de esfuerzos, sueños alcanzados y siempre muchos proyectos por venir. Pero sobre todo de un trabajo colectivo, solidario, apoyado por un enorme respeto a las infancias y a sus familias. Y aunque no lo diga, una tarea varias veces premiada.
En ese relato siempre hay otros y nosotros en un mismo plano de igualdad. Un registro de ese trabajo le había llegado, unos minutos antes, como presente a la querida escritora.
El día anterior Devetach había estado en la Escuela Nº 6.086 de Fighiera, donde le rindieron, con el apoyo de Amsafé provincial, un homenaje a ella y a otro gran escritor: Gustavo Roldán, su marido fallecido hace dos años. Por eso la visita a la biblioteca de zona oeste había sido anunciada casi de paso. Pero la autora de 60 libros para chicos se quedó por una hora. Les contó que "sabía de la existencia de la Cachilo por los mails" que le llegan, con los que siempre se entera de las actividades y las propuestas que hacen. Y también que en la puerta crecía una planta de Bartolo.
Cuando se hizo inminente la partida, un papá que participaba de la conversación le pidió una impresión de la biblioteca. "Fantástica", dijo la escritora sin pensarlo dos veces y enseguida habló de la importancia de la "alegría" de seguir haciendo y los felicitó por "registrar lo hecho".
"Hoy cuando la palabra memoria se repite bastante es necesario «hacer memoria» de todas las maneras posibles", les pidió y se explayó sobre los riesgos siempre latentes del olvido. Recorriendo el lugar con su mirada valoró metafóricamente que se construyan "estantes para apoyar los libros" de una biblioteca como otra forma de hacer memoria.
Y si de hacer memoria se trata, hay que contar siempre que el primer libro para chicos de Devetach, "La torre de cubos" (1964) fue censurado durante la última dictadura militar por "ilimitada fantasía". Primero por el Ministerio de Educación de Santa Fe, cuando Orlando Pérez Cobo estaba al frente de esta cartera educativa, luego en otras provincias, hasta que ese decreto de prohibición cobró alcance nacional (era entonces ministro Juan Llerena Amadeo, sucesor de Ricardo Bruera).
En el sitio del Plan Lectura Nacional (planlectura.educ.ar "Libros de memoria viva") se testimonia que "La torre de cubos" fue prohibido en la provincia de Santa Fe el 23 de mayo de 1979 por resolución 480. Y hay cita de parte de esos temibles y desquiciados argumentos de censura: "Se desprenden graves falencias tales como simbología confusa, cuestionamientos ideológicos-sociales, objetivos no adecuados al hecho estético, ilimitada fantasía, carencia de estímulos espirituales y trascendentes (…) centrando su temática en los aspectos sociales como crítica a la organización del trabajo, la propiedad privada y el principio de autoridad enfrentando grupos sociales, raciales o económicos con base completamente materialista, como también cuestionando la vida familiar (…)".
No pasó mucho tiempo hasta que este y otros libros de grandes autores fueran sacados de circulación de las aulas. Lo que no pudo hacer la dictadura cívico-militar fue silenciarlos totalmente: "El libro, al igual que tantos otros siguió circulando por otros canales: sin el nombre de la autora era incluido en antologías, o los maestros hacían copias a mimeógrafo y se los daban de leer a los alumnos" (planlectura.educ.ar).
La escritora siempre supo de eso. Se lo hicieron saber las maestras cada vez que pudieron. Y eso explica que la reedición que se hiciera de "La torre de cubos" al regreso a la democracia se las haya dedicado a ellas. "A todas las maestras y a todos los maestros que hicieron rodar estos cuentos cuando no se podía ¡Muchas gracias!", se lee en la presentación de la obra.
Uno de los cuentos incluidos en ese libro censurado por "ilimitada fantasía" es "La planta de Bartolo". Narra la historia de Bartolo, que siembra en un macetón una planta de cuadernos que son regalados a los chicos. Alguien interesado en hacer negocio con semejante planta intenta convencerlo para que se la venda, pero sin éxito. Bartolo nunca vendió su planta y dejó que siguiera regalando cuadernos.
"Esa planta dio de todo", comentó con una sonrisa cómplice la escritora mientras estaba en la Cachilo y hojeaba fotos. Y es verdad: "La planta de Bartolo" sigue firme regalando memoria y muchas emociones.
Fuente: Diario La Capital
En la puerta de la Biblioteca Popular Cachilo crece una planta de Bartolo. La sembró un grupo de chicos inspirados en el cuento de la reconocida escritora santafesina, nacida en Reconquista, Laura Devetach. Está ubicada frente a la entrada de Virasoro y Teniente Agneta, ahí mismo donde desde hace 26 años crece un proyecto de comunicación y educación popular con Aire Libre. Es todo un anticipo que los libros que se ofrecen a los más pequeños, aún desde bebés, son de los mejores escritores e ilustradores de la literatura de todos los tiempos. Y que además dan pie a talleres de teatro, de narración oral, de arte, y hasta capacitaciones docente de promoción a la lectura.
La planta no pasa inadvertida. Muchos quieren saber de qué se trata. Hasta cuentan que una vez un taxista muy apurado frenó su auto para preguntar si "cumplía algún deseo" o si era algo así como "mágica".
El sábado pasado los que hacen a diario la Cachilo tuvieron casi de sorpresa la visita de la autora de "La planta de Bartolo". La escritora, cientos de veces distinguida por su obra literaria, se llegó hasta la biblioteca. Quiso conocerla, saber cómo crecen los lectores en ese rincón de la ciudad y hablarles de la importancia de la memoria. La esperaban los que trabajan todos los días allí, un par de chicos que en 2008 sembraron esta planta de la mano del profe Ariel, y algunos padres y madres que quisieron saber quién era esa mujer capaz de hacer de sus hijos seguidores de las buenas historias.
Laura Devetach bajó despacio del auto que la llevó hasta el barrio, en un mediodía tan soleado como impecable de luz. Se paró junto a la planta y enseguida comenzaron las fotos. "Más cerca", "más lejos", "vení Claudia", "vení Rodrigo", "que estén todos", se escuchó decir.
En la sala de lectura de la Cachilo hay unos puffs de colores donde desparramarse y hojear cuentos, novelas, poemas. En el espacio contiguo esperaban unos sandwiches, masas secas, café y bebida fresca. Una buena excusa para sentarse alrededor de la mesa, y el momento oportuno para que la coordinadora de la Cachilo, Claudia Martínez, repase cómo surgió ese espacio.
Habla de esfuerzos, sueños alcanzados y siempre muchos proyectos por venir. Pero sobre todo de un trabajo colectivo, solidario, apoyado por un enorme respeto a las infancias y a sus familias. Y aunque no lo diga, una tarea varias veces premiada.
En ese relato siempre hay otros y nosotros en un mismo plano de igualdad. Un registro de ese trabajo le había llegado, unos minutos antes, como presente a la querida escritora.
El día anterior Devetach había estado en la Escuela Nº 6.086 de Fighiera, donde le rindieron, con el apoyo de Amsafé provincial, un homenaje a ella y a otro gran escritor: Gustavo Roldán, su marido fallecido hace dos años. Por eso la visita a la biblioteca de zona oeste había sido anunciada casi de paso. Pero la autora de 60 libros para chicos se quedó por una hora. Les contó que "sabía de la existencia de la Cachilo por los mails" que le llegan, con los que siempre se entera de las actividades y las propuestas que hacen. Y también que en la puerta crecía una planta de Bartolo.
Cuando se hizo inminente la partida, un papá que participaba de la conversación le pidió una impresión de la biblioteca. "Fantástica", dijo la escritora sin pensarlo dos veces y enseguida habló de la importancia de la "alegría" de seguir haciendo y los felicitó por "registrar lo hecho".
"Hoy cuando la palabra memoria se repite bastante es necesario «hacer memoria» de todas las maneras posibles", les pidió y se explayó sobre los riesgos siempre latentes del olvido. Recorriendo el lugar con su mirada valoró metafóricamente que se construyan "estantes para apoyar los libros" de una biblioteca como otra forma de hacer memoria.
Y si de hacer memoria se trata, hay que contar siempre que el primer libro para chicos de Devetach, "La torre de cubos" (1964) fue censurado durante la última dictadura militar por "ilimitada fantasía". Primero por el Ministerio de Educación de Santa Fe, cuando Orlando Pérez Cobo estaba al frente de esta cartera educativa, luego en otras provincias, hasta que ese decreto de prohibición cobró alcance nacional (era entonces ministro Juan Llerena Amadeo, sucesor de Ricardo Bruera).
En el sitio del Plan Lectura Nacional (planlectura.educ.ar "Libros de memoria viva") se testimonia que "La torre de cubos" fue prohibido en la provincia de Santa Fe el 23 de mayo de 1979 por resolución 480. Y hay cita de parte de esos temibles y desquiciados argumentos de censura: "Se desprenden graves falencias tales como simbología confusa, cuestionamientos ideológicos-sociales, objetivos no adecuados al hecho estético, ilimitada fantasía, carencia de estímulos espirituales y trascendentes (…) centrando su temática en los aspectos sociales como crítica a la organización del trabajo, la propiedad privada y el principio de autoridad enfrentando grupos sociales, raciales o económicos con base completamente materialista, como también cuestionando la vida familiar (…)".
No pasó mucho tiempo hasta que este y otros libros de grandes autores fueran sacados de circulación de las aulas. Lo que no pudo hacer la dictadura cívico-militar fue silenciarlos totalmente: "El libro, al igual que tantos otros siguió circulando por otros canales: sin el nombre de la autora era incluido en antologías, o los maestros hacían copias a mimeógrafo y se los daban de leer a los alumnos" (planlectura.educ.ar).
La escritora siempre supo de eso. Se lo hicieron saber las maestras cada vez que pudieron. Y eso explica que la reedición que se hiciera de "La torre de cubos" al regreso a la democracia se las haya dedicado a ellas. "A todas las maestras y a todos los maestros que hicieron rodar estos cuentos cuando no se podía ¡Muchas gracias!", se lee en la presentación de la obra.
Uno de los cuentos incluidos en ese libro censurado por "ilimitada fantasía" es "La planta de Bartolo". Narra la historia de Bartolo, que siembra en un macetón una planta de cuadernos que son regalados a los chicos. Alguien interesado en hacer negocio con semejante planta intenta convencerlo para que se la venda, pero sin éxito. Bartolo nunca vendió su planta y dejó que siguiera regalando cuadernos.
"Esa planta dio de todo", comentó con una sonrisa cómplice la escritora mientras estaba en la Cachilo y hojeaba fotos. Y es verdad: "La planta de Bartolo" sigue firme regalando memoria y muchas emociones.
Fuente: Diario La Capital
jueves, 27 de noviembre de 2014
Archivos encontrados: "Bonadio un ejemplo de juez independiente", dijo Diana Conti
"Claudio (Bonadio) es para mí un ejemplo de juez independiente. Resuelve de acuerdo con sus convicciones siempre. Desde que Carlos Kunkel y yo estamos en el Consejo él nunca tuvo que presentarse a declarar", dijo la diputada Diana Conti al diario La Nación el 28 de noviembre de 2010. En la nota, firmada por Laura Zommer, se dice "el Gobierno siempre lo protegió en el Consejo de la Magistratura y evitó que prosperaran varios pedidos de juicio político en su contra, incluso uno impulsado desde el Ministerio de Justicia de la Nación"
Hoy:
El proyecto Argentina Digital en el laberinto legislativo
Por: Gustavo Fontanals
El Gobierno accedió a modificar el Proyecto Argentina Digital. Pero más que una cesión, el Gobierno se habría reservado varios aspectos en el proyecto original a sabiendas de la posibilidad de reclamos, para incorporarlos posteriormente. Esto le permite reservar aquellos puntos en los que es menos proclive a negociar.
Se inició el tratamiento del Proyecto Argentina Digital de Ley de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), con una serie de audiencias públicas en Comisión del Senado. Las mismas permitieron conocer los posicionamientos públicos de los principales interesados, y dieron lugar a algunas modificaciones al proyecto, que finalmente obtuvo dictamen para su tratamiento en el plenario. Nos proponemos acá pasar revista a las principales objeciones, a los cambios incorporados y a los pendientes, con un análisis que tome en cuenta las características del proceso político en marcha: se requiere de aprobación legislativa, lo que de mínima exige al Gobierno la persuasión de su mayoría en el Senado y el convencimiento de propios y algunos aliados en Diputados. Dado el origen del proyecto, que se dio a conocer de forma sorpresiva y sin discusión previa con ninguna de las partes (al menos públicamente), es de esperar que las mismas busquen explicitar e incorporar sus intereses a lo largo del tratamiento en el Congreso.
Las audiencias en el Senado y los principales reclamos
La brevedad y generalidad del proyecto inicial llevaba a preguntarse si no había pasado muy rápidamente de los cajones a la mesa de negociaciones, y a asumir que era muy probable que recibiera modificaciones o especificaciones de importancia durante el tratamiento legislativo. Algo en lo que el propio Gobierno buscó mostrarse dispuesto.
Las audiencias contaron con la participación de representantes de las empresas grandes, pymes y cooperativas de telecomunicaciones y de cable, cámaras sectoriales, asociaciones civiles y de consumidores, sindicatos y referentes académicos.
Desde el lado de las empresas, se destacaron los testimonios de las grandes telcos, Telefónica y Telecom, que coincidieron en resaltar que el proyecto "no las tiene como beneficiarias", que a diferencia de las operadoras de cable están sujetas a alta regulación, y que ven su ingreso en TV paga como algo lejano, tomando en cuenta la alta penetración y gran cantidad de prestadores establecidos. La contrapartida vino a través del representante de Cablevisión, que remarcó la enorme diferencia de escala en ingresos entre las grandes telefónicas y los operadores de cable (que sin embargo no se verían reflejadas en las inversiones de red), y solicitó se les impida a esas empresas dar TV satelital, lo que les daría presencia nacional inmediata sin necesidad de inversiones. En esto coincidieron los representantes de la Asociación Argentina de Televisión por Cable, que además insistieron en la prohibición a las telefónicas incumbentes (Telefónica y Telecom) para ingresar en radiodifusión, establecida en los contratos de privatización de ENTel. Un sentido similar tuvieron los reclamos de las Cooperativas de Telecomunicaciones, que también solicitaron se tenga en cuenta esas asimetrías instaurando recaudos especiales en las obligaciones de desagregación de red y de servicio universal para los operadores más chicos. A lo que se sumaron los representantes de las redes cooperativas, que además solicitaron se las reconozca de forma institucional y se las contemple en los financiamientos del servicio universal. E hicieron un pedido coincidente con el de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), insistiendo en la obligación a los prestadores dominantes a interconectarse y participar de los puntos de intercambio.
Desde el lado de los referentes académicos o profesionales se destacaron los testimonios del ex Secretario de Comunicaciones Henoch Aguiar, del ex Relator para la Libertad de Expresión de la OEA Eduardo Bertoni y del investigador Martín Becerra, que en general remarcaron la falta de precisión del proyecto en cuanto a la neutralidad de red, la definición de actores con "poder significativo de mercado" y las medidas asimétricas de interconexión y desagregación, e insistieron sobre el problema de una Autoridad de Aplicación con amplias capacidades discrecionales a ser definida en forma exclusiva por el Ejecutivo.
Los cambios en el dictamen y su recepción
Luego de las audiencias, y tras un encuentro entre el Jefe de Gabinete, el Ministro de Planificación y el Secretario de Comunicaciones con parte de la bancada del FPV, el oficialismo decidió dar cuenta de algunos de esos reclamos, aunque no todos. Se anunció que la intención principal era lograr una "protección clara a las cooperativas y a las pequeñas y medianas empresas de cable del interior, por medio un plan asimétrico que favorezca a los más pequeños". Algo en lo que los legisladores de base territorial tienen un fuerte interés, dada la relación cercana que suelen tener con las empresas locales respectivas. A esto se sumaron otras modificaciones puntuales que también permitirían concitar el apoyo de los legisladores, incorporando puntos por los que venían reclamando.
La lectura que acá proponemos es que, más que una cesión, el Gobierno se habría reservado varios de esos aspectos en el proyecto original a sabiendas de la posibilidad de reclamos, de modo de poder incorporarlos posteriormente y capitalizarlos políticamente con relativa facilidad, resaltando que pone de su parte en la negociación de cara a la aprobación legislativa. Proceso que la vez le permite reservar y mantener en segundo plano aquellos puntos en los que es menos proclive a negociar y admitir cambios. Este argumento se desprende de la naturaleza casi lógica de los cambios introducidos, que eran falencias notorias del proyecto original, y son acordes con los objetivos enunciados desde el comienzo.
Prohibición de TV satelital a licenciatarios TIC. La misma está destinada básicamente a las grandes telefónicas, y resulta razonable acorde al objetivo enunciado de alentar el desarrollo de las redes cableadas. La experiencia regional muestra que las grandes telefónicas han tendido a utilizar sistemas de televisión directa al hogar (TDH) para ganar presencia territorial, y que en todo caso desarrollaron sistemas de IPTV de modo focalizado en zonas de alto consumo (en las que prevén recuperar rápidamente las inversiones en red para alcanzar el ancho de banda que exigen esos servicios). Pero esto se reforzaría aún más en el caso argentino, dada su conjunción con las limitaciones establecidas en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), que permanecen vigentes para el sector audiovisual: los servicios de TV satelital se pueden brindar con una única licencia nacional con cobertura en todo el territorio, sin quedar sujetos al límite de 24 licencias locales que se aplica a la TV por cable; a la vez, la norma no permite a un mismo prestador brindar ambos servicios. Así, se hacía altamente probable que las grandes telefónicas decidieran ingresar a TV paga por medio de TDH, lo que les permitiría cobertura inmediata sobre todo el territorio, haciendo uso de la infraestructura ya desarrollada en la región (Telefónica y América Móvil / Claro cuentan con sistemas satelitales propios, mientras que Telecom podría hacer uso de los servicios de un mayorista). Eso implicaría la pérdida del principal incentivo para el desarrollo de sus redes cableadas: la necesidad de actualizarlas para quedar en condiciones de brindar IPTV.
Plan de implementación gradual. El dictamen incorporó la posibilidad de "establecer zonas de exclusión por plazos limitados" para el ingreso de los licenciatarios TIC con "poder significativo de mercado" en servicios audiovisuales. Con lo que busca "fomentar y resguardar a las redes comunitarias" e "incentivar el despliegue de la infraestructura regional y los actores locales", por medio de recursos específicos de servicio universal u otras partidas o beneficios fiscales. No obstante, reitera el rasgo característico de la mayoría de las disposiciones introducidas en el proyecto: se hace una mención general de esas intenciones, pero sin avanzar en la definición de las formas concretas de implementarlas, que se dejan a decisión de la Autoridad de Aplicación. Este punto busca responder a los reclamos de las empresas y cooperativas locales, y a los respaldos de los legisladores provinciales. Sin embargo, reforzar el peso de disposiciones asimétricas también era esperable en una regulación enfocada en la convergencia entre grandes, medianas y pequeñas empresas. Y, como veremos, estas especificaciones siguen siendo parciales.
Neutralidad de red. Se introdujo mayor precisión en cuanto a las prohibiciones a los operadores destinadas a garantizar la neutralidad, algo que apenas era mencionado en el proyecto original. Acá también el Gobierno capitaliza fácilmente la modificación, accediendo a incorporar buena parte del dictamen que la misma Comisión trabajó durante más de un año, y en lo que tuvo la colaboración de otros actores interesados.
Declaración de servicio público. El dictamen también recoge otra advertencia generalizada: el proyecto declara como servicio público el uso y acceso de las redes de telecomunicaciones entre prestadores, pero no a los servicios mismos. Algo que puede ser entendible, dado que se apunta a regular el uso de las redes por parte de diversos operadores, dejando la prestación de servicios en régimen de competencia. Pero ello implicaba una vuelta atrás respecto a la normativa actual, ya que la telefonía fija perdía su estatus de servicio público. El dictamen vuelve a declarar como tal al Servicio Básico Telefónico (SBT). Y cabe una observación: el texto define al SBT como "el servicio de telefonía de voz, independientemente de la tecnología o medios utilizados para su provisión, siempre que cumpla con la finalidad de permitir a sus usuarios comunicarse entre sí". Esto pareciera comprender tanto a la telefonía fija como a la móvil (no así a la transmisión de datos). Lo cual daría cuenta de que las llamadas móviles constituyen la principal vía de comunicación del país, y su declaración como servicio público viene siendo largamente reclamada por los legisladores. No obstante, las disposiciones transitorias terminan refiriendo la definición de SBT al pliego de privatización de ENTel de 1990, que contemplan a los enlaces fijos en exclusividad. Se puede pensar que esa limitación transitoria podría ser retirada, pero convendría hacerlo explícito en el proyecto.
Definición de servicios TIC. La misma fue modificada en el dictamen, y quedó redactada con tal nivel de amplitud que permite extender la regulación pública a todos los servicios que se prestan a través de Internet (mails, mensajería instantánea, llamadas IP, servicios de videos, etc.). Esto parece más producto de una redacción deficiente que de la voluntad específica de regular todos esos servicios (lo que por cierto sería imposible), pero corresponde se especifique su limitación a redes y servicios de telecomunicaciones públicamente accesibles.
Reválida automática de las licencias actuales. Era una demanda sostenida por todos los licenciatarios actuales, preocupados por los requerimientos de traspaso previstos en el proyecto original.
Derechos y obligaciones de usuarios y prestadores. No había referencia alguna en el proyecto original, el dictamen incorpora lo establecido en el Reglamento de Telecomunicaciones sancionado por la SECOM en 2013.
Los principales pendientes
Medidas asimétricas de promoción de la competencia y control de posiciones dominantes. Acorde a las recomendaciones internacionales, el proyecto incorpora medidas tendientes a promover la competencia entre operadores, como la obligación de interconexión y de desagregación de redes locales a precios regulados para todos los licenciatarios TIC. Asimismo, incorpora medidas tendientes al control de aquellos operadores con "poder significativo de mercado", a los que corresponderían obligaciones asimétricas, como tarifas diferenciales, separación funcional o contable o períodos de exclusión). El problema, como marcamos repetidamente, es que todas esas medidas son enunciadas de modo general, pero no se define en forma concreta su funcionamiento o modos de implementación, que se derivan a la reglamentación por la Autoridad de Aplicación. Por ejemplo, no se precisan los parámetros para considerar a un operador con poder significativo (lo que podría ser en función de participaciones en abonados, tráfico o capacidad de redes, sea a nivel nacional, regional o local). Tampoco qué grado de alcance tendría la desagregación de redes locales, ni si correspondería en forma diferencial y de qué modo a los grandes operadores nacionales por sobre los más chicos, regionales o locales.
Se trata de un punto muy llamativo, porque la justificación de la regulación sectorial pro-competencia a nivel internacional tiene como eje la necesidad de establecer reglas de convivencia entre redes de magnitudes diferentes, en las que se enfrentan operadores poderosos con redes heredadas o desarrolladas a lo largo del tiempo, con alto grado de capilaridad nacional y grandes recursos de inversión, con otros de mucho menor porte. Lo que a su vez se complejiza cuando se apunta a la convergencia entre sectores antes separados, como telecomunicaciones y radiodifusión. En la práctica, no hay interconexión ni convivencia entre iguales; de lo que resulta la necesidad de que aquellos operadores con posición dominante sean sometidos a medidas asimétricas de regulación sectorial ex-ante, o en su defecto de defensa de la competencia o control de la dominancia ex-post. Algo en lo que el proyecto no pasa de la mera mención de intenciones: se delega el asunto a "las disposiciones dictadas por la Autoridad de Aplicación, las que fomentarán la competencia y se orientarán a la progresiva reducción de asimetrías".
Puede ser entendible que en un sector tan dinámico como el de las telecomunicaciones, en el que la evolución tecnológica continua se combina con un equilibrio sumamente inestable entre promoción de la competencia e incentivos a la inversión, se requiera de capacidades técnicas flexibles y medidas graduales. Y que, desde ahí, se decida delegar mayores precisiones a la reglamentación, de modo que no quedar atados en la ley general. Pero eso no excluye que se expliciten las guías de aplicación, lo que va mucha más allá de la simple mención de intenciones. Y que, fundamentalmente, refuerza la necesidad de conformar una autoridad de aplicación y ente de control con altas capacidades técnicas y autonomía relativa para la toma de esas decisiones.
El problema político-institucional: la Autoridad de Aplicación. Tal como concluíamos en este análisis previo, el proyecto replica el principal defecto del marco normativo vigente: la concentración de la capacidad de toma decisiones sectoriales en la cúpula del Ejecutivo, y en los intercambios coyunturales con otros actores interesados que logran acceso. La experiencia de los últimos 30 años muestra que eso derivó principalmente en procesos de negociaciones informales, con escasa visibilidad pública, en los que tendieron a imponerse objetivos políticos o de negocios de corto plazo por sobre consideraciones sectoriales o sociales de largo plazo. Dada la importancia económica y social del sector, y de las decisiones que se dejan a su cargo, resulta crucial el desarrollo de un ente de aplicación y de control con capacidades técnicas y con autonomía relativa sobre los actores interesados. Lo cual, por cierto, es una práctica absolutamente difundida a nivel internacional.
La reciente reforma mexicana, que el proyecto pone como referencia, tuvo como eje central la conformación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, un órgano constitucional autónomo de integración profesional, independiente de los tres poderes estatales, con atribuciones especiales para la promoción y defensa de la competencia en telecomunicaciones y radiodifusión. La reforma también incluyó la creación de tribunales especializados en la Justicia Federal, destinados a resolver las disputas que puedan presentarse entre las partes.
Podría, en todo caso, descreerse de la autonomía efectiva de los entes autárquicos (la literatura de captura 'bifronte' apunta a eso), y priorizar la necesidad de que siga siendo el Gobierno quien retenga las capacidades últimas de decisión sobre un sector estratégico. Aún así, como lo muestra el caso colombiano (también referido en el proyecto), cabe pensar en un modelo más equilibrado, que habilite la participación regular e institucional del resto de los actores interesados. La incorporación de mínima de medidas como la obligación de audiencias públicas para la toma de decisiones de importancia, presentación y discusión pública de agendas de trabajo e informes de gestión, o una comisión parlamentaria de control, exige a los actores hacer más explícitos sus intereses y objetivos, otorgando mayor visibilidad y menor disposición discrecional a los procesos de política.
El Gobierno no ha mostrado hasta el momento mayores intenciones de avanzar en un esquema de este tipo, lo que sería un legado para el sector de cara al fin del mandato, que aplicaría sobre quienes lo sucedan. Es posible que la capacidad para tomar o negociar decisiones sectoriales en el tiempo que le queda sea un factor explicativo. Pero también es cierto que esa no es una preocupación que pese con tanta fuerza sobre los legisladores, que son quienes tienen la capacidad de decisión sobre el futuro del proyecto de ley.
El Gobierno accedió a modificar el Proyecto Argentina Digital. Pero más que una cesión, el Gobierno se habría reservado varios aspectos en el proyecto original a sabiendas de la posibilidad de reclamos, para incorporarlos posteriormente. Esto le permite reservar aquellos puntos en los que es menos proclive a negociar.
Se inició el tratamiento del Proyecto Argentina Digital de Ley de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), con una serie de audiencias públicas en Comisión del Senado. Las mismas permitieron conocer los posicionamientos públicos de los principales interesados, y dieron lugar a algunas modificaciones al proyecto, que finalmente obtuvo dictamen para su tratamiento en el plenario. Nos proponemos acá pasar revista a las principales objeciones, a los cambios incorporados y a los pendientes, con un análisis que tome en cuenta las características del proceso político en marcha: se requiere de aprobación legislativa, lo que de mínima exige al Gobierno la persuasión de su mayoría en el Senado y el convencimiento de propios y algunos aliados en Diputados. Dado el origen del proyecto, que se dio a conocer de forma sorpresiva y sin discusión previa con ninguna de las partes (al menos públicamente), es de esperar que las mismas busquen explicitar e incorporar sus intereses a lo largo del tratamiento en el Congreso.
Las audiencias en el Senado y los principales reclamos
La brevedad y generalidad del proyecto inicial llevaba a preguntarse si no había pasado muy rápidamente de los cajones a la mesa de negociaciones, y a asumir que era muy probable que recibiera modificaciones o especificaciones de importancia durante el tratamiento legislativo. Algo en lo que el propio Gobierno buscó mostrarse dispuesto.
Las audiencias contaron con la participación de representantes de las empresas grandes, pymes y cooperativas de telecomunicaciones y de cable, cámaras sectoriales, asociaciones civiles y de consumidores, sindicatos y referentes académicos.
Desde el lado de las empresas, se destacaron los testimonios de las grandes telcos, Telefónica y Telecom, que coincidieron en resaltar que el proyecto "no las tiene como beneficiarias", que a diferencia de las operadoras de cable están sujetas a alta regulación, y que ven su ingreso en TV paga como algo lejano, tomando en cuenta la alta penetración y gran cantidad de prestadores establecidos. La contrapartida vino a través del representante de Cablevisión, que remarcó la enorme diferencia de escala en ingresos entre las grandes telefónicas y los operadores de cable (que sin embargo no se verían reflejadas en las inversiones de red), y solicitó se les impida a esas empresas dar TV satelital, lo que les daría presencia nacional inmediata sin necesidad de inversiones. En esto coincidieron los representantes de la Asociación Argentina de Televisión por Cable, que además insistieron en la prohibición a las telefónicas incumbentes (Telefónica y Telecom) para ingresar en radiodifusión, establecida en los contratos de privatización de ENTel. Un sentido similar tuvieron los reclamos de las Cooperativas de Telecomunicaciones, que también solicitaron se tenga en cuenta esas asimetrías instaurando recaudos especiales en las obligaciones de desagregación de red y de servicio universal para los operadores más chicos. A lo que se sumaron los representantes de las redes cooperativas, que además solicitaron se las reconozca de forma institucional y se las contemple en los financiamientos del servicio universal. E hicieron un pedido coincidente con el de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), insistiendo en la obligación a los prestadores dominantes a interconectarse y participar de los puntos de intercambio.
Desde el lado de los referentes académicos o profesionales se destacaron los testimonios del ex Secretario de Comunicaciones Henoch Aguiar, del ex Relator para la Libertad de Expresión de la OEA Eduardo Bertoni y del investigador Martín Becerra, que en general remarcaron la falta de precisión del proyecto en cuanto a la neutralidad de red, la definición de actores con "poder significativo de mercado" y las medidas asimétricas de interconexión y desagregación, e insistieron sobre el problema de una Autoridad de Aplicación con amplias capacidades discrecionales a ser definida en forma exclusiva por el Ejecutivo.
Los cambios en el dictamen y su recepción
Luego de las audiencias, y tras un encuentro entre el Jefe de Gabinete, el Ministro de Planificación y el Secretario de Comunicaciones con parte de la bancada del FPV, el oficialismo decidió dar cuenta de algunos de esos reclamos, aunque no todos. Se anunció que la intención principal era lograr una "protección clara a las cooperativas y a las pequeñas y medianas empresas de cable del interior, por medio un plan asimétrico que favorezca a los más pequeños". Algo en lo que los legisladores de base territorial tienen un fuerte interés, dada la relación cercana que suelen tener con las empresas locales respectivas. A esto se sumaron otras modificaciones puntuales que también permitirían concitar el apoyo de los legisladores, incorporando puntos por los que venían reclamando.
La lectura que acá proponemos es que, más que una cesión, el Gobierno se habría reservado varios de esos aspectos en el proyecto original a sabiendas de la posibilidad de reclamos, de modo de poder incorporarlos posteriormente y capitalizarlos políticamente con relativa facilidad, resaltando que pone de su parte en la negociación de cara a la aprobación legislativa. Proceso que la vez le permite reservar y mantener en segundo plano aquellos puntos en los que es menos proclive a negociar y admitir cambios. Este argumento se desprende de la naturaleza casi lógica de los cambios introducidos, que eran falencias notorias del proyecto original, y son acordes con los objetivos enunciados desde el comienzo.
Prohibición de TV satelital a licenciatarios TIC. La misma está destinada básicamente a las grandes telefónicas, y resulta razonable acorde al objetivo enunciado de alentar el desarrollo de las redes cableadas. La experiencia regional muestra que las grandes telefónicas han tendido a utilizar sistemas de televisión directa al hogar (TDH) para ganar presencia territorial, y que en todo caso desarrollaron sistemas de IPTV de modo focalizado en zonas de alto consumo (en las que prevén recuperar rápidamente las inversiones en red para alcanzar el ancho de banda que exigen esos servicios). Pero esto se reforzaría aún más en el caso argentino, dada su conjunción con las limitaciones establecidas en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), que permanecen vigentes para el sector audiovisual: los servicios de TV satelital se pueden brindar con una única licencia nacional con cobertura en todo el territorio, sin quedar sujetos al límite de 24 licencias locales que se aplica a la TV por cable; a la vez, la norma no permite a un mismo prestador brindar ambos servicios. Así, se hacía altamente probable que las grandes telefónicas decidieran ingresar a TV paga por medio de TDH, lo que les permitiría cobertura inmediata sobre todo el territorio, haciendo uso de la infraestructura ya desarrollada en la región (Telefónica y América Móvil / Claro cuentan con sistemas satelitales propios, mientras que Telecom podría hacer uso de los servicios de un mayorista). Eso implicaría la pérdida del principal incentivo para el desarrollo de sus redes cableadas: la necesidad de actualizarlas para quedar en condiciones de brindar IPTV.
Plan de implementación gradual. El dictamen incorporó la posibilidad de "establecer zonas de exclusión por plazos limitados" para el ingreso de los licenciatarios TIC con "poder significativo de mercado" en servicios audiovisuales. Con lo que busca "fomentar y resguardar a las redes comunitarias" e "incentivar el despliegue de la infraestructura regional y los actores locales", por medio de recursos específicos de servicio universal u otras partidas o beneficios fiscales. No obstante, reitera el rasgo característico de la mayoría de las disposiciones introducidas en el proyecto: se hace una mención general de esas intenciones, pero sin avanzar en la definición de las formas concretas de implementarlas, que se dejan a decisión de la Autoridad de Aplicación. Este punto busca responder a los reclamos de las empresas y cooperativas locales, y a los respaldos de los legisladores provinciales. Sin embargo, reforzar el peso de disposiciones asimétricas también era esperable en una regulación enfocada en la convergencia entre grandes, medianas y pequeñas empresas. Y, como veremos, estas especificaciones siguen siendo parciales.
Neutralidad de red. Se introdujo mayor precisión en cuanto a las prohibiciones a los operadores destinadas a garantizar la neutralidad, algo que apenas era mencionado en el proyecto original. Acá también el Gobierno capitaliza fácilmente la modificación, accediendo a incorporar buena parte del dictamen que la misma Comisión trabajó durante más de un año, y en lo que tuvo la colaboración de otros actores interesados.
Declaración de servicio público. El dictamen también recoge otra advertencia generalizada: el proyecto declara como servicio público el uso y acceso de las redes de telecomunicaciones entre prestadores, pero no a los servicios mismos. Algo que puede ser entendible, dado que se apunta a regular el uso de las redes por parte de diversos operadores, dejando la prestación de servicios en régimen de competencia. Pero ello implicaba una vuelta atrás respecto a la normativa actual, ya que la telefonía fija perdía su estatus de servicio público. El dictamen vuelve a declarar como tal al Servicio Básico Telefónico (SBT). Y cabe una observación: el texto define al SBT como "el servicio de telefonía de voz, independientemente de la tecnología o medios utilizados para su provisión, siempre que cumpla con la finalidad de permitir a sus usuarios comunicarse entre sí". Esto pareciera comprender tanto a la telefonía fija como a la móvil (no así a la transmisión de datos). Lo cual daría cuenta de que las llamadas móviles constituyen la principal vía de comunicación del país, y su declaración como servicio público viene siendo largamente reclamada por los legisladores. No obstante, las disposiciones transitorias terminan refiriendo la definición de SBT al pliego de privatización de ENTel de 1990, que contemplan a los enlaces fijos en exclusividad. Se puede pensar que esa limitación transitoria podría ser retirada, pero convendría hacerlo explícito en el proyecto.
Definición de servicios TIC. La misma fue modificada en el dictamen, y quedó redactada con tal nivel de amplitud que permite extender la regulación pública a todos los servicios que se prestan a través de Internet (mails, mensajería instantánea, llamadas IP, servicios de videos, etc.). Esto parece más producto de una redacción deficiente que de la voluntad específica de regular todos esos servicios (lo que por cierto sería imposible), pero corresponde se especifique su limitación a redes y servicios de telecomunicaciones públicamente accesibles.
Reválida automática de las licencias actuales. Era una demanda sostenida por todos los licenciatarios actuales, preocupados por los requerimientos de traspaso previstos en el proyecto original.
Derechos y obligaciones de usuarios y prestadores. No había referencia alguna en el proyecto original, el dictamen incorpora lo establecido en el Reglamento de Telecomunicaciones sancionado por la SECOM en 2013.
Los principales pendientes
Medidas asimétricas de promoción de la competencia y control de posiciones dominantes. Acorde a las recomendaciones internacionales, el proyecto incorpora medidas tendientes a promover la competencia entre operadores, como la obligación de interconexión y de desagregación de redes locales a precios regulados para todos los licenciatarios TIC. Asimismo, incorpora medidas tendientes al control de aquellos operadores con "poder significativo de mercado", a los que corresponderían obligaciones asimétricas, como tarifas diferenciales, separación funcional o contable o períodos de exclusión). El problema, como marcamos repetidamente, es que todas esas medidas son enunciadas de modo general, pero no se define en forma concreta su funcionamiento o modos de implementación, que se derivan a la reglamentación por la Autoridad de Aplicación. Por ejemplo, no se precisan los parámetros para considerar a un operador con poder significativo (lo que podría ser en función de participaciones en abonados, tráfico o capacidad de redes, sea a nivel nacional, regional o local). Tampoco qué grado de alcance tendría la desagregación de redes locales, ni si correspondería en forma diferencial y de qué modo a los grandes operadores nacionales por sobre los más chicos, regionales o locales.
Se trata de un punto muy llamativo, porque la justificación de la regulación sectorial pro-competencia a nivel internacional tiene como eje la necesidad de establecer reglas de convivencia entre redes de magnitudes diferentes, en las que se enfrentan operadores poderosos con redes heredadas o desarrolladas a lo largo del tiempo, con alto grado de capilaridad nacional y grandes recursos de inversión, con otros de mucho menor porte. Lo que a su vez se complejiza cuando se apunta a la convergencia entre sectores antes separados, como telecomunicaciones y radiodifusión. En la práctica, no hay interconexión ni convivencia entre iguales; de lo que resulta la necesidad de que aquellos operadores con posición dominante sean sometidos a medidas asimétricas de regulación sectorial ex-ante, o en su defecto de defensa de la competencia o control de la dominancia ex-post. Algo en lo que el proyecto no pasa de la mera mención de intenciones: se delega el asunto a "las disposiciones dictadas por la Autoridad de Aplicación, las que fomentarán la competencia y se orientarán a la progresiva reducción de asimetrías".
Puede ser entendible que en un sector tan dinámico como el de las telecomunicaciones, en el que la evolución tecnológica continua se combina con un equilibrio sumamente inestable entre promoción de la competencia e incentivos a la inversión, se requiera de capacidades técnicas flexibles y medidas graduales. Y que, desde ahí, se decida delegar mayores precisiones a la reglamentación, de modo que no quedar atados en la ley general. Pero eso no excluye que se expliciten las guías de aplicación, lo que va mucha más allá de la simple mención de intenciones. Y que, fundamentalmente, refuerza la necesidad de conformar una autoridad de aplicación y ente de control con altas capacidades técnicas y autonomía relativa para la toma de esas decisiones.
El problema político-institucional: la Autoridad de Aplicación. Tal como concluíamos en este análisis previo, el proyecto replica el principal defecto del marco normativo vigente: la concentración de la capacidad de toma decisiones sectoriales en la cúpula del Ejecutivo, y en los intercambios coyunturales con otros actores interesados que logran acceso. La experiencia de los últimos 30 años muestra que eso derivó principalmente en procesos de negociaciones informales, con escasa visibilidad pública, en los que tendieron a imponerse objetivos políticos o de negocios de corto plazo por sobre consideraciones sectoriales o sociales de largo plazo. Dada la importancia económica y social del sector, y de las decisiones que se dejan a su cargo, resulta crucial el desarrollo de un ente de aplicación y de control con capacidades técnicas y con autonomía relativa sobre los actores interesados. Lo cual, por cierto, es una práctica absolutamente difundida a nivel internacional.
La reciente reforma mexicana, que el proyecto pone como referencia, tuvo como eje central la conformación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, un órgano constitucional autónomo de integración profesional, independiente de los tres poderes estatales, con atribuciones especiales para la promoción y defensa de la competencia en telecomunicaciones y radiodifusión. La reforma también incluyó la creación de tribunales especializados en la Justicia Federal, destinados a resolver las disputas que puedan presentarse entre las partes.
Podría, en todo caso, descreerse de la autonomía efectiva de los entes autárquicos (la literatura de captura 'bifronte' apunta a eso), y priorizar la necesidad de que siga siendo el Gobierno quien retenga las capacidades últimas de decisión sobre un sector estratégico. Aún así, como lo muestra el caso colombiano (también referido en el proyecto), cabe pensar en un modelo más equilibrado, que habilite la participación regular e institucional del resto de los actores interesados. La incorporación de mínima de medidas como la obligación de audiencias públicas para la toma de decisiones de importancia, presentación y discusión pública de agendas de trabajo e informes de gestión, o una comisión parlamentaria de control, exige a los actores hacer más explícitos sus intereses y objetivos, otorgando mayor visibilidad y menor disposición discrecional a los procesos de política.
El Gobierno no ha mostrado hasta el momento mayores intenciones de avanzar en un esquema de este tipo, lo que sería un legado para el sector de cara al fin del mandato, que aplicaría sobre quienes lo sucedan. Es posible que la capacidad para tomar o negociar decisiones sectoriales en el tiempo que le queda sea un factor explicativo. Pero también es cierto que esa no es una preocupación que pese con tanta fuerza sobre los legisladores, que son quienes tienen la capacidad de decisión sobre el futuro del proyecto de ley.
Fuente: bastiondigital.com
Lanna Coelho, la periodista "insensible" que recorre las redes sociales
La periodista Lanna Coelho fue calificada de ´inhumana´ en ´insensible´ por esta foto, pero aclaró la historia
La imagen de una periodista entrevistando a una supuesta víctima de accidente de tránsito despertó gran indignación en las redes sociales, hasta el punto de que Lanna Coelho, reportera de la de la televisión brasileña TV Equinócio, protagonista de la fotografía, fue calificada de "inhumana" en "insensible".
Sin embargo, la imagen era parte de una campaña para evitar accidentes viales y concientizar a la sobre los riesgos de manejar a excesiva velocidad.
“El pasajero herido no era más que un actor”, aclaró la periodista que fue blanco de ataques tanto de usuarios como de algunos medios de comunicación.
Pese a esta aclaración, muchos en Twitter siguen atacándola. Incluso, han creado "memes" para criticar su trabajo.
Imágenes: Instagram.com/coelholanna
Fuente: AOL
Imágenes: Instagram.com/coelholanna
Fuente: AOL
Cesar Alierta asegura que Reino Unido es estratégico para Telefónica
El directivo defiende que España registra el mayor crecimiento del PIB en Europa
Telefónica vuelve a defender la relevancia del mercado británico. Así, su presidente, César Alierta, aseguró este jueves que el mercado del Reino Unido es estratégico para el grupo. En su discurso durante la VI Cena de Gala Anual que organiza en Londres la Cámara de Comercio española en el Reino Unido, el directivo defendió que es uno de los mercados más avanzados y competitivos del mundo, indicando que “crea tendencias” y es clave para comprender la “economía digital”.
Alierta señaló que Telefónica ha venido ocupando una posición de vanguardia en el Reino Unido con más de 24 millones de clientes. Sin embargo, señaló que el mercado cambia rápidamente, y recordó que Telefónica está “manteniendo conversaciones preliminares con BT sobre una potencial transacción entre ambas compañías”.
El presidente de Telefónica señaló que el compromiso de la operadora con este mercado se demuestra con las grandes inversiones realizadas. “Solamente nuestra red móvil en el Reino Unido supera los 100 millones de llamadas y los 200 millones de mensajes de texto al día, y el tráfico de datos crece en un 100% cada año”, dijo.
De igual forma, defendió que la red de móvil 4G de O2, filial de Telefónica, da cobertura a más de un 50% de la población, pese a partir de cero hace solo un año. “A finales de 2017 daremos cobertura LTE a un 98% de la población”, señaló.
Alierta explicó que el proceso de internacionalización de Telefónica comenzó en los años 90 en Latinoamérica. Posteriormente, en busca de un mapa más diverso, la teleco expandió sus operaciones a Europa a principios de los 2000. “Hoy somos un actor principal en ambas regiones, con una notable presencia en tres de los mayores mercados de Europa, España, Alemania y Reino Unido”, explicó.
La presencia de Alierta en Londres viene en un momento de gran sacudida para la compañía española así como para el conjunto del sector británico de las telecos. El pasado lunes BT reconoció que estaba en negociaciones para la compra de un operador de telefonía móvil en el país, y citaba a O2, filial de Telefónica. La firma británica aseguraba que las negociaciones todavía eran preliminares. Poco después, el grupo español reconocía los contactos, apuntando también que estaban en una fase preliminar.
En esta línea, Deutsche Telekom y Orange, principales accionistas de Everything Everywhere, primer operador británico de móviles, aseguraron el miércoles que estaban en negociaciones con BT.
En su discurso, César Alierta indicó que la recuperación económica en España comenzó en el tercer trimestre del año pasado, dejando atrás la crisis económica que “golpeó nuestra economía en los últimos años”. El directivo recordó que España registra la tasa más alta de crecimiento del PIB de Europa, y se espera que este rendimiento relativo continúe.
“Si hace tres años España era un motivo de preocupación en Europa, ahora se ha convertido en un ejemplo de cómo hacer frente a una crisis”. El ejecutivo destacó los esfuerzos de todos los españoles y las “encomiables reformas estructurales” llevadas a cabo por el Gobierno español, que han sido factores clave para sentar las bases de la recuperación económica.
“La mayor internacionalización de nuestra economía ha provocado un gran crecimiento en las exportaciones, lo que nos permitió alcanzar en 2013 un superávit comercial histórico que no se veía desde 1987. Esto es particularmente positivo porque se ha conseguido sin devaluar la moneda”, dijo.
Alierta recordó, no obstante, que España tiene todavía unas tasas de desempleo dolorosamente elevadas, especialmente entre los jóvenes. “Este es nuestro principal problema”, señaló. El ejecutivo recordó las propuestas presentada por el Consejo Empresarial para la Competitividad, por las que se podrían crear 2,3 millones de nuevos empleos hasta 2018 y permitirían reducir la tasa de desempleo en al menos 10 puntos porcentuales respecto de los niveles actuales.
Hutchison Whampoa analiza ofertas
Hutchison Whampoa, propietario de la operadora británica de móviles 3 Group, está preparando una oferta por uno de sus rivales O2 o Everything Everywhere, dependiendo de cuál de ellas no formalice finalmente un acuerdo con BT.
Según Reuters, que cita diversas fuentes conocedoras del proceso, el grupo asiático ya está trabajando con una entidad financiera asesora para analizar las distintas alternativas. Con estos movimientos, Hutchison Whampoa estaría tratando de reforzar su posición en el mercado británico del móvil.
Foto: Pablo Monge
Telefónica vuelve a defender la relevancia del mercado británico. Así, su presidente, César Alierta, aseguró este jueves que el mercado del Reino Unido es estratégico para el grupo. En su discurso durante la VI Cena de Gala Anual que organiza en Londres la Cámara de Comercio española en el Reino Unido, el directivo defendió que es uno de los mercados más avanzados y competitivos del mundo, indicando que “crea tendencias” y es clave para comprender la “economía digital”.
El presidente de Telefónica señaló que el compromiso de la operadora con este mercado se demuestra con las grandes inversiones realizadas. “Solamente nuestra red móvil en el Reino Unido supera los 100 millones de llamadas y los 200 millones de mensajes de texto al día, y el tráfico de datos crece en un 100% cada año”, dijo.
De igual forma, defendió que la red de móvil 4G de O2, filial de Telefónica, da cobertura a más de un 50% de la población, pese a partir de cero hace solo un año. “A finales de 2017 daremos cobertura LTE a un 98% de la población”, señaló.
Alierta explicó que el proceso de internacionalización de Telefónica comenzó en los años 90 en Latinoamérica. Posteriormente, en busca de un mapa más diverso, la teleco expandió sus operaciones a Europa a principios de los 2000. “Hoy somos un actor principal en ambas regiones, con una notable presencia en tres de los mayores mercados de Europa, España, Alemania y Reino Unido”, explicó.
La presencia de Alierta en Londres viene en un momento de gran sacudida para la compañía española así como para el conjunto del sector británico de las telecos. El pasado lunes BT reconoció que estaba en negociaciones para la compra de un operador de telefonía móvil en el país, y citaba a O2, filial de Telefónica. La firma británica aseguraba que las negociaciones todavía eran preliminares. Poco después, el grupo español reconocía los contactos, apuntando también que estaban en una fase preliminar.
En esta línea, Deutsche Telekom y Orange, principales accionistas de Everything Everywhere, primer operador británico de móviles, aseguraron el miércoles que estaban en negociaciones con BT.
En su discurso, César Alierta indicó que la recuperación económica en España comenzó en el tercer trimestre del año pasado, dejando atrás la crisis económica que “golpeó nuestra economía en los últimos años”. El directivo recordó que España registra la tasa más alta de crecimiento del PIB de Europa, y se espera que este rendimiento relativo continúe.
“Si hace tres años España era un motivo de preocupación en Europa, ahora se ha convertido en un ejemplo de cómo hacer frente a una crisis”. El ejecutivo destacó los esfuerzos de todos los españoles y las “encomiables reformas estructurales” llevadas a cabo por el Gobierno español, que han sido factores clave para sentar las bases de la recuperación económica.
“La mayor internacionalización de nuestra economía ha provocado un gran crecimiento en las exportaciones, lo que nos permitió alcanzar en 2013 un superávit comercial histórico que no se veía desde 1987. Esto es particularmente positivo porque se ha conseguido sin devaluar la moneda”, dijo.
Alierta recordó, no obstante, que España tiene todavía unas tasas de desempleo dolorosamente elevadas, especialmente entre los jóvenes. “Este es nuestro principal problema”, señaló. El ejecutivo recordó las propuestas presentada por el Consejo Empresarial para la Competitividad, por las que se podrían crear 2,3 millones de nuevos empleos hasta 2018 y permitirían reducir la tasa de desempleo en al menos 10 puntos porcentuales respecto de los niveles actuales.
Hutchison Whampoa analiza ofertas
Hutchison Whampoa, propietario de la operadora británica de móviles 3 Group, está preparando una oferta por uno de sus rivales O2 o Everything Everywhere, dependiendo de cuál de ellas no formalice finalmente un acuerdo con BT.
Según Reuters, que cita diversas fuentes conocedoras del proceso, el grupo asiático ya está trabajando con una entidad financiera asesora para analizar las distintas alternativas. Con estos movimientos, Hutchison Whampoa estaría tratando de reforzar su posición en el mercado británico del móvil.
Foto: Pablo Monge
Fuente: cincodias.com
El Parlamento Europeo propone desguazar el buscador Google
Vota a favor de una resolución para instar a la Comisión, que estudia desde 2010 si el buscador abusa de su posición dominante, a que imponga a la multinacional estadounidense a disociar su motor de búsqueda del resto de sus servicios
El pleno del Parlamento Europeo instó hoy a la Comisión Europea a estudiar medidas para dividir las actividades de los motores de búsqueda en internet como Google para favorecer la competencia en la Unión Europea (UE).
Los eurodiputados aprobaron con 384 votos a favor, 174 en contra y 56 abstenciones una resolución en la que piden al Ejecutivo comunitario que imponga a los buscadores que disocien su actividad como motor de búsqueda de otros "servicios comerciales" que puedan desarrollar, informó la Eurocámara en un comunicado. Este texto, supone un mensaje político que, sin embargo, no tiene un efecto vinculante directo, ya que es la Comisión quien debe tomar la decisión final sobre Google.
Los diputados piden también al Ejecutivo comunitario que, para lograr más competencia y oferta para los consumidores, evite cualquier abuso que los buscadores puedan cometer a la hora de mostrar los resultados de las búsquedas (indexación, evaluación, presentación y ránking), lo que debe hacerse de forma "imparcial y transparente". En particular, cuando muestren resultados de "servicios interrelacionados", deben "garantizar total transparencia", afirman.
La nueva comisaria de Competencia no está preparada para actuar: "es muy importante tener una visión general del caso antes de proceder"La resolución ha sido pactada por los dos grupos mayoritarios de la Eurocámara, el Partido Popular Europeo y los Socialistas y Demócratas, y se dirige específicamente al gigante estadounidense Google. La Comisión Europea es la institución encargada de las cuestiones de Competencia a nivel europeo e inició en 2010 una investigación para esclarecer si el modelo de negocio de Google podría suponer un abuso de posición dominante que restringiera la competencia en el sector de las búsquedas y la publicidad en línea.
La Comisión ha rechazado la última oferta hecha por Google para resolver las quejas de sus competidores, por lo que ha instado a la empresa a remitirle una nueva propuesta de compromiso, que por el momento no ha sido presentada. La nueva responsable comunitaria encargada de Competencia, Margrethe Vestager, pidió recientemente margen para analizar el "dossier" y señaló que para ella "es muy importante tener una visión general del caso antes de decidir cómo proceder".
"Google aprovecha todos los resquicios para eludir responsabilidades"
La Agencia Española de Protección de Datos considera que la empresa del buscador es de las "más irresponsables" en el ámbito de la gestión de la privacidadLa Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) considera que Google es de las empresas "más irresponsables" en el ámbito de la gestión de la privacidad y critica que la compañía estadounidense aproveche todos los resquicios legales para intentar eludir sus responsabilidades en Europa. "Google es una de las empresas que actúa de manera más irresponsable, en el sentido de que aprovecha todos los resquicios del ordenamiento para intentar eludir responsabilidades. Incluso cuando el ordenamiento es claro, aprovecha todos los procedimientos para establecer recursos, para dilatar el cumplimiento", explica el director de la AEPD, José Luis Rodríguez.
El camino hacia el fallo del Tribunal de Justicia de la UE relativo al "derecho al olvido" y las sanciones impuestas a Google por el cambio en sus políticas de privacidad son dos asuntos en los que Rodríguez incide reiteradamente en la entrevista y que le llevan a decir que la empresa tecnológica es el "ejemplo negativo" de abordaje de la protección de datos en la era de internet. "No todas las empresas son iguales. Es cierto que existe una tendencia en las tecnológicas que actúan globalmente a aprovechar esa estructura, esas características de actuar en varios estados para intentar no asumir responsabilidades en ningún sitio".
Pero en esa estrategia hay grados: empresas más responsables y otras menos, si bien "ninguna ha llegado al extremo de ignorar un requerimiento formulado por 28 autoridades de la UE, como Google". "No es que las autoridades europeas tengamos una fijación con esta empresa, sino que por sus características es la que más impacto tiene y más lesión está causando", añade. "Aquí también hay un problema bastante generalizado de que muchos servicios tienen pocas alternativas y esto está afectando no sólo a la competencia, también a la protección de datos porque una empresa como Google que se siente en una posición tan fuerte al no tener competidores relevantes pues también se resiste, haciendo cálculos lógicamente, a cumplir con la normativa", defiende.
Acerca de si el tenaz posicionamiento europeo en torno a la protección de la privacidad pone de manifiesto diferencias insalvables con Estados Unidos, reconoce que en Europa hay una arraigada cultura común, pero matiza que no existen "colisiones de escala de valores". "Hay muchas veces una utilización propagandística e interesada de estos planteamientos. (...) Es un enfoque radicalmente falso que en Europa no se desarrollen nuevas tecnologías o nuevos servicios porque el nivel de exigencia de protección de datos o de la normativa de la protección de la privacidad es un obstáculo", destaca.
"Estas diferencias están siendo utilizadas por algunas compañías para localizarse en estados donde las autoridades son más débiles"
por otra parte, recalca que actualmente existen asimetrías en las potestades que tienen las distintas autoridades nacionales europeas de protección de datos. "Estas diferencias están siendo utilizadas por algunas compañías para localizarse en estados donde las autoridades son más débiles", afirma. Dado el carácter trasnacional de los flujos de datos, algunas de estas autoridades trabajan cada vez más coordinadamente. Y una de las dos novedades más relevantes del futuro reglamento europeo de protección de datos, según Rodríguez, es precisamente que otorgará a todas las mismas competencias y la capacidad de sancionar.
El segundo cambio será que la normativa europea se aplicará tanto a las empresas europeas como a las que actúan tratando datos de ciudadanos europeos aunque lo hagan fuera del territorio de la UE. "Es una cuestión que continuamente está dando lugar a conflictos, está siendo discutida por algunas compañías y eso genera desprotección para los ciudadanos porque mientras esas cuestiones se están discutiendo en los tribunales, no reciben la protección que demandan", informa. "En el caso de Google, ha estado negando la protección durante más de cinco años y los ciudadanos sufriendo las consecuencias. Hasta que al final, ya llegando a la última instancia en Europa, el Tribunal de Justicia se ha pronunciado -en referencia al derecho al olvido-", ilustra.
Rodríguez reconoce que la tramitación del reglamento europeo está resultando "demasiado lenta" debido a la complejidad de asuntos que regula, al impacto que tiene en otros ámbitos y a las "reticencias muy fuertes" que está generando en grandes corporaciones internacionales. "En Bruselas se dice que no se conoce en ningún proyecto normativo previo una actividad de 'lobbies' tan intensa como la que está teniendo este proyecto. (...) Se han presentado más de 4.000 enmiendas, esto da un poco la medida del valor que tienen los datos y la importancia que le están dando las empresas que tienen un modelo de negocio basado en obtener rendimiento de los datos personales", sostiene.
Los eurodiputados aprobaron con 384 votos a favor, 174 en contra y 56 abstenciones una resolución en la que piden al Ejecutivo comunitario que imponga a los buscadores que disocien su actividad como motor de búsqueda de otros "servicios comerciales" que puedan desarrollar, informó la Eurocámara en un comunicado. Este texto, supone un mensaje político que, sin embargo, no tiene un efecto vinculante directo, ya que es la Comisión quien debe tomar la decisión final sobre Google.
Los diputados piden también al Ejecutivo comunitario que, para lograr más competencia y oferta para los consumidores, evite cualquier abuso que los buscadores puedan cometer a la hora de mostrar los resultados de las búsquedas (indexación, evaluación, presentación y ránking), lo que debe hacerse de forma "imparcial y transparente". En particular, cuando muestren resultados de "servicios interrelacionados", deben "garantizar total transparencia", afirman.
La nueva comisaria de Competencia no está preparada para actuar: "es muy importante tener una visión general del caso antes de proceder"La resolución ha sido pactada por los dos grupos mayoritarios de la Eurocámara, el Partido Popular Europeo y los Socialistas y Demócratas, y se dirige específicamente al gigante estadounidense Google. La Comisión Europea es la institución encargada de las cuestiones de Competencia a nivel europeo e inició en 2010 una investigación para esclarecer si el modelo de negocio de Google podría suponer un abuso de posición dominante que restringiera la competencia en el sector de las búsquedas y la publicidad en línea.
La Comisión ha rechazado la última oferta hecha por Google para resolver las quejas de sus competidores, por lo que ha instado a la empresa a remitirle una nueva propuesta de compromiso, que por el momento no ha sido presentada. La nueva responsable comunitaria encargada de Competencia, Margrethe Vestager, pidió recientemente margen para analizar el "dossier" y señaló que para ella "es muy importante tener una visión general del caso antes de decidir cómo proceder".
"Google aprovecha todos los resquicios para eludir responsabilidades"
La Agencia Española de Protección de Datos considera que la empresa del buscador es de las "más irresponsables" en el ámbito de la gestión de la privacidadLa Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) considera que Google es de las empresas "más irresponsables" en el ámbito de la gestión de la privacidad y critica que la compañía estadounidense aproveche todos los resquicios legales para intentar eludir sus responsabilidades en Europa. "Google es una de las empresas que actúa de manera más irresponsable, en el sentido de que aprovecha todos los resquicios del ordenamiento para intentar eludir responsabilidades. Incluso cuando el ordenamiento es claro, aprovecha todos los procedimientos para establecer recursos, para dilatar el cumplimiento", explica el director de la AEPD, José Luis Rodríguez.
El camino hacia el fallo del Tribunal de Justicia de la UE relativo al "derecho al olvido" y las sanciones impuestas a Google por el cambio en sus políticas de privacidad son dos asuntos en los que Rodríguez incide reiteradamente en la entrevista y que le llevan a decir que la empresa tecnológica es el "ejemplo negativo" de abordaje de la protección de datos en la era de internet. "No todas las empresas son iguales. Es cierto que existe una tendencia en las tecnológicas que actúan globalmente a aprovechar esa estructura, esas características de actuar en varios estados para intentar no asumir responsabilidades en ningún sitio".
Pero en esa estrategia hay grados: empresas más responsables y otras menos, si bien "ninguna ha llegado al extremo de ignorar un requerimiento formulado por 28 autoridades de la UE, como Google". "No es que las autoridades europeas tengamos una fijación con esta empresa, sino que por sus características es la que más impacto tiene y más lesión está causando", añade. "Aquí también hay un problema bastante generalizado de que muchos servicios tienen pocas alternativas y esto está afectando no sólo a la competencia, también a la protección de datos porque una empresa como Google que se siente en una posición tan fuerte al no tener competidores relevantes pues también se resiste, haciendo cálculos lógicamente, a cumplir con la normativa", defiende.
Acerca de si el tenaz posicionamiento europeo en torno a la protección de la privacidad pone de manifiesto diferencias insalvables con Estados Unidos, reconoce que en Europa hay una arraigada cultura común, pero matiza que no existen "colisiones de escala de valores". "Hay muchas veces una utilización propagandística e interesada de estos planteamientos. (...) Es un enfoque radicalmente falso que en Europa no se desarrollen nuevas tecnologías o nuevos servicios porque el nivel de exigencia de protección de datos o de la normativa de la protección de la privacidad es un obstáculo", destaca.
"Estas diferencias están siendo utilizadas por algunas compañías para localizarse en estados donde las autoridades son más débiles"
por otra parte, recalca que actualmente existen asimetrías en las potestades que tienen las distintas autoridades nacionales europeas de protección de datos. "Estas diferencias están siendo utilizadas por algunas compañías para localizarse en estados donde las autoridades son más débiles", afirma. Dado el carácter trasnacional de los flujos de datos, algunas de estas autoridades trabajan cada vez más coordinadamente. Y una de las dos novedades más relevantes del futuro reglamento europeo de protección de datos, según Rodríguez, es precisamente que otorgará a todas las mismas competencias y la capacidad de sancionar.
El segundo cambio será que la normativa europea se aplicará tanto a las empresas europeas como a las que actúan tratando datos de ciudadanos europeos aunque lo hagan fuera del territorio de la UE. "Es una cuestión que continuamente está dando lugar a conflictos, está siendo discutida por algunas compañías y eso genera desprotección para los ciudadanos porque mientras esas cuestiones se están discutiendo en los tribunales, no reciben la protección que demandan", informa. "En el caso de Google, ha estado negando la protección durante más de cinco años y los ciudadanos sufriendo las consecuencias. Hasta que al final, ya llegando a la última instancia en Europa, el Tribunal de Justicia se ha pronunciado -en referencia al derecho al olvido-", ilustra.
Rodríguez reconoce que la tramitación del reglamento europeo está resultando "demasiado lenta" debido a la complejidad de asuntos que regula, al impacto que tiene en otros ámbitos y a las "reticencias muy fuertes" que está generando en grandes corporaciones internacionales. "En Bruselas se dice que no se conoce en ningún proyecto normativo previo una actividad de 'lobbies' tan intensa como la que está teniendo este proyecto. (...) Se han presentado más de 4.000 enmiendas, esto da un poco la medida del valor que tienen los datos y la importancia que le están dando las empresas que tienen un modelo de negocio basado en obtener rendimiento de los datos personales", sostiene.
Foto: EFE
Fuente: Agencia EFE
Ejército cibernético sirio 'hackea' las webs de diarios en el mundo
Ejército Electrónico Sirio (SEA por su nombre en inglés) ha hackeado las páginas web de The Independent, Evening Standard, ABC o Chicago Tribune por parte de estos piratas informáticos. Es el mismo grupo que vulneró la página del New York Times en 2013
Ciberataque a escala mundial de los piratas informáticos del régimen sirio. El autodenominado Ejército Electrónico Sirio (SEA, por sus siglas en inglés) ha atacado este jueves diversas webs de diarios en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos y Reino Unido. También se han visto afectados sites en España o Qatar, entre otros puntos del planeta.
En Reino Unido, según informan diversos medios, las webs de The Independent, Daily Telegraph, Evening Standard, Sun o Sunday Times han sido hackeadas.
En Estados Unidos las afectadas, entre otras, han sido Chicago Tribune, Forbes o CNBC así como la de la Liga Nacional de Hockey estadounidense. Otras webs, en otros puntos del mundo, como la de Al-Jazeera, también han sido víctimas del ataque.
En España, la web del diario ABC y la de El Correo han indicado que han sido víctimas del ataque de los piratas informáticos del SEA.
En esta web listan más medios afectados.
Al parecer los piratas se han introducido a través del proveedor del sistema de comentarios de estas webs: Gigya. "El hackeo se ha producido a escala mundial con este proveedor, por lo que también se han visto afectados otros medios internacionales tan conocidos como la NBC, Clarín y Olé, entre otros", explica la agencia Vascopress.
¿En qué consistía el pirateo? Cuando los usuarios de estas webs accedían al site aparecía un mensaje, el mismo en todas las cabeceras, que decía: "La página de (nombre del medio) dice: ha sido hackeado por el Ejército Electrónico Sirio (SEA)". Al clickar sobre el mensaje se accedía una imagen albergada en imgur con el logo del SEA.
Este mismo grupo, que el año pasado quebrantó la seguridad del prestigioso The New York Times así como la de The Guardian o The Huffington Post, fue el autor del hackeo de la cuenta de Twitter de la agencia Associated Pres, también en 2013.
En aquella ocasión el SEA informó falsamente de un atentado con dos bombas en la Casa Blanca en el que había resultado herido Obama. La noticia, antes de ser desmentida por la propia agencia estadounidense, provocó un flash crash en Wall Street que hizo que se evaporaran en segundos 136.000 millones de dólares.
El Ejército Electrónico Sirio es un grupo de piratas informáticos a la órdenes del presidente sirio, Bashar el Asad, que actúan contra medios y webs occidentales desde el inicio de la guerra civil en el país.
Fuente: La Vanguardia
En Reino Unido, según informan diversos medios, las webs de The Independent, Daily Telegraph, Evening Standard, Sun o Sunday Times han sido hackeadas.
En Estados Unidos las afectadas, entre otras, han sido Chicago Tribune, Forbes o CNBC así como la de la Liga Nacional de Hockey estadounidense. Otras webs, en otros puntos del mundo, como la de Al-Jazeera, también han sido víctimas del ataque.
En España, la web del diario ABC y la de El Correo han indicado que han sido víctimas del ataque de los piratas informáticos del SEA.
En esta web listan más medios afectados.
Al parecer los piratas se han introducido a través del proveedor del sistema de comentarios de estas webs: Gigya. "El hackeo se ha producido a escala mundial con este proveedor, por lo que también se han visto afectados otros medios internacionales tan conocidos como la NBC, Clarín y Olé, entre otros", explica la agencia Vascopress.
A part of our website run by a third-party was compromised earlier today. We've removed the component. No Telegraph user data was affected.
— The Telegraph (@Telegraph) noviembre 27, 2014
Este mismo grupo, que el año pasado quebrantó la seguridad del prestigioso The New York Times así como la de The Guardian o The Huffington Post, fue el autor del hackeo de la cuenta de Twitter de la agencia Associated Pres, también en 2013.
En aquella ocasión el SEA informó falsamente de un atentado con dos bombas en la Casa Blanca en el que había resultado herido Obama. La noticia, antes de ser desmentida por la propia agencia estadounidense, provocó un flash crash en Wall Street que hizo que se evaporaran en segundos 136.000 millones de dólares.
El Ejército Electrónico Sirio es un grupo de piratas informáticos a la órdenes del presidente sirio, Bashar el Asad, que actúan contra medios y webs occidentales desde el inicio de la guerra civil en el país.
We are aware of the issue with our site & hope it will pass soon. It's not affecting all users http://t.co/MnZ9Tn4baO pic.twitter.com/reMRVWqclJ
— The Independent (@Independent) noviembre 27, 2014
Fuente: La Vanguardia
Julián Assange afirma que Google trabaja para el Gobierno de EEUU
El fundador de Wikileaks participará personalmente, vía internet desde su refugio en la embajada de Ecuador en Londres, en el encuentro de presentación de su nuevo libro que se celebrará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el próximo 3 de diciembre a las 19.00 horas
Por: Carlos Enrique Bayo
Desde su refugio en la embajada de Ecuador en Londres, donde recibió asilo político hace más de dos años, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha escrito un libro en el que denuncia que el gigante de internet Google trabaja para el Gobierno de EEUU, concretamente para el Departamento de Estado que dirige la política exterior de Washington.
El hombre que puso en la picota a la propia Casa Blanca y obligó a la ex primera dama Hillary Clinton a recorrer el mundo para excusarse por el contenido de los miles de cables diplomáticos secretos que Wikileaks sacó a la luz pública, ha llegado a esta conclusión después de estudiar la trayectoria y actividades de los dos ejecutivos más importantes de Google: Eric Schmidt, presidente de la compañía, y Jared Cohen, director de Google Ideas, quienes solicitaron entrevistarse con el perseguido artífice de esa megafiltración.
Schmidt y Cohen mantuvieron una larga conversación con Assange, en junio de 2011, en la residencia de la campiña inglesa donde él estaba entonces sometido a arresto domiciliario: Ellingham Hall, donde se presentaron acompañados de otras dos personas, Lisa Shields y Scott Malcomson, que después se revelarían como asesores de la diplomacia de Washington. La Administración Obama ha perseguido implacablemente al líder de Wikileaks y a su organización, sometiéndola a un demoledor embargo bancario internacional ilegal.
En Cuando Google encontró a Wikileaks (cuya versión española, editada por Clave Intelectual, saldrá a la venta el 1 de diciembre), Assange no sólo narra en detalle el contenido de ese encuentro histórico entre los dos colosos del nuevo universo internáutico, sino que explica también la génesis de esa larga reunión y los indicios que finalmente le hicieron sospechar: "En ese preciso momento me dí cuenta de que era muy posible que Eric Schmidt no fuera únicamente un emisario de Google... La delegación que me visitó era una cuarta parte de Google y tres cuartas partes representaban al Departamento de política exterior de Estados Unidos..."
Según Assange, "Google permite a la ASN (Agencia de Seguridad Nacional estadounidense cuyo espionaje internacional masivo ha sido revelado por el exanalista de la CIA Edward Snowden) y al FBI leer los correos electrónicos. Incluso en una aburrida comisaría de policía o en un juzgado, se puede tener acceso a esos correos sin orden judicial".
Entre muchas otras revelaciones, la obra desvela que Schmidt no sólo es el genio que ha "logrado abstraer los principios de ingeniería de software para convertir a Google en una megaempresa, asegurándose de que la infraestructura corporativa siempre estuviese a la altura de la tasa de crecimiento", sino que también es "presidente y principal fundador de la New American Foundation, que es el think tank centrista, agresivo y liberal de Washington, DC".
Igual que Cohen ha viajado por todo el mundo promoviendo los intereses políticos y militares de EEUU, de Afganistán a Irlanda, pasando por el Líbano.
Cuando Google encontró a Wikileaks será presentado en un acto, el próximo 3 de diciembre a las 19.00 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el que se celebrará una mesa redonda de periodistas especializados en el tema y, sobre todo, se convertirá en un encuentro virtual con el propio Assange, que participará en directo y responderá preguntas desde su refugio en Londres, a través de internet. Los que no puedan asistir personalmente al debate, lo podrán seguir por streaming a través de Público y otros medios.
Desde febrero de 2012, Público tiene las filtraciones de Wikileaks, en exclusiva para la lengua española , y ha publicado numerosas revelaciones que ponen de manifiesto la guerra sucia de los gobiernos de las superpotencias.
Lee uno de los capítulos de este libro de Assange, el Trasfondo de EEUU contra Wikileaks:
Fuente: Diario Público
Por: Carlos Enrique BayoDesde su refugio en la embajada de Ecuador en Londres, donde recibió asilo político hace más de dos años, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha escrito un libro en el que denuncia que el gigante de internet Google trabaja para el Gobierno de EEUU, concretamente para el Departamento de Estado que dirige la política exterior de Washington.
El hombre que puso en la picota a la propia Casa Blanca y obligó a la ex primera dama Hillary Clinton a recorrer el mundo para excusarse por el contenido de los miles de cables diplomáticos secretos que Wikileaks sacó a la luz pública, ha llegado a esta conclusión después de estudiar la trayectoria y actividades de los dos ejecutivos más importantes de Google: Eric Schmidt, presidente de la compañía, y Jared Cohen, director de Google Ideas, quienes solicitaron entrevistarse con el perseguido artífice de esa megafiltración.
Schmidt y Cohen mantuvieron una larga conversación con Assange, en junio de 2011, en la residencia de la campiña inglesa donde él estaba entonces sometido a arresto domiciliario: Ellingham Hall, donde se presentaron acompañados de otras dos personas, Lisa Shields y Scott Malcomson, que después se revelarían como asesores de la diplomacia de Washington. La Administración Obama ha perseguido implacablemente al líder de Wikileaks y a su organización, sometiéndola a un demoledor embargo bancario internacional ilegal.
En Cuando Google encontró a Wikileaks (cuya versión española, editada por Clave Intelectual, saldrá a la venta el 1 de diciembre), Assange no sólo narra en detalle el contenido de ese encuentro histórico entre los dos colosos del nuevo universo internáutico, sino que explica también la génesis de esa larga reunión y los indicios que finalmente le hicieron sospechar: "En ese preciso momento me dí cuenta de que era muy posible que Eric Schmidt no fuera únicamente un emisario de Google... La delegación que me visitó era una cuarta parte de Google y tres cuartas partes representaban al Departamento de política exterior de Estados Unidos..."
Según Assange, "Google permite a la ASN (Agencia de Seguridad Nacional estadounidense cuyo espionaje internacional masivo ha sido revelado por el exanalista de la CIA Edward Snowden) y al FBI leer los correos electrónicos. Incluso en una aburrida comisaría de policía o en un juzgado, se puede tener acceso a esos correos sin orden judicial".
Entre muchas otras revelaciones, la obra desvela que Schmidt no sólo es el genio que ha "logrado abstraer los principios de ingeniería de software para convertir a Google en una megaempresa, asegurándose de que la infraestructura corporativa siempre estuviese a la altura de la tasa de crecimiento", sino que también es "presidente y principal fundador de la New American Foundation, que es el think tank centrista, agresivo y liberal de Washington, DC".
Igual que Cohen ha viajado por todo el mundo promoviendo los intereses políticos y militares de EEUU, de Afganistán a Irlanda, pasando por el Líbano.
Cuando Google encontró a Wikileaks será presentado en un acto, el próximo 3 de diciembre a las 19.00 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el que se celebrará una mesa redonda de periodistas especializados en el tema y, sobre todo, se convertirá en un encuentro virtual con el propio Assange, que participará en directo y responderá preguntas desde su refugio en Londres, a través de internet. Los que no puedan asistir personalmente al debate, lo podrán seguir por streaming a través de Público y otros medios.
Desde febrero de 2012, Público tiene las filtraciones de Wikileaks, en exclusiva para la lengua española , y ha publicado numerosas revelaciones que ponen de manifiesto la guerra sucia de los gobiernos de las superpotencias.
Lee uno de los capítulos de este libro de Assange, el Trasfondo de EEUU contra Wikileaks:
miércoles, 26 de noviembre de 2014
Preocupación de la ADC y la Fundación Vía Libre por el dictamen de “Argentina Digital”
Las dos organizaciones advierten sobre tres aspectos problemáticos del proyecto de ley: una autoridad de aplicación indeterminada, con excesivos poderes y sin adecuado control, la excesiva amplitud en el alcance de la normativa, y la insuficiente protección de derechos fundamentales de las personas que usan redes y servicios de telecomunicaciones
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Fundación Vía Libre consideran que la discusión de una ley de telecomunicaciones constituye una cuestión central para el futuro de la Argentina y para la plena vigencia de libertades fundamentales. Por ello, expresan su preocupación por algunos aspectos del proyecto de ley Argentina Digital -que obtuvo dictamen en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado- que ponen en riesgo la vigencia de derechos constitucionales. En consecuencia, urgen a los senadores a revisar el texto de la iniciativa en relación con las cuestiones que se resumen a continuación (ver el análisis completo abajo).
1. Una autoridad de aplicación indeterminada, con excesivos poderes y sin adecuado control
La dinámica del sector de las telecomunicaciones, y el carácter técnico de muchos de los aspectos a regular, requieren una autoridad de aplicación eficaz, con integración y diseño institucional que garanticen su idoneidad técnica y su independencia funcional, esto es, que pueda actuar libre de presiones tanto del sector político como de intereses sectoriales privados, asegurando de este modo su legitimidad.
El proyecto, sin embargo, se limita a decir que la autoridad de aplicación será designada por el Poder Ejecutivo Nacional y nada establece acerca de su conformación, integración o estructura. La norma proyectada otorga a esta autoridad de aplicación indeterminada muchas facultades y atribuciones discrecionales, acrecentadas por la vaguedad y ambigüedad de muchos de los términos utilizados en el proyecto.
Por ejemplo, una de las atribuciones más importantes de la autoridad de aplicación consiste en la reglamentación y aplicación del régimen de sanciones. Ello refuerza nuestro comentario en relación a la imparcialidad e independencia del organismo encargado de esta función. Aquí son aplicables a los organismos administrativos con facultades jurisdiccionales, los mismos principios que en materia de imparcialidad e independencia rigen para los tribunales de justicia (de acuerdo al fallo de la Corte Suprema en la causa “Losicer”). En este sentido, en primer lugar, el proyecto no parece establecer qué sanción corresponde a cada conducta típica. También resulta problemático que el proyecto establezca que el recurso judicial no suspende la sanción, salvo en el caso de revocación de licencia. Todo ello parece violar la necesidad de aplicar los principios del derecho penal a las sanciones administrativas, en virtud del principio del debido proceso legal (de acuerdo al fallo de la Corte IDH en el caso “Baena”).
En definitiva, la falta de determinación y lineamientos claros para el funcionamiento de la autoridad de aplicación, sumada a la vaguedad y amplitud de la normativa, deja abierto un excesivo margen de discrecionalidad, que puede generar riesgos concretos para la vigencia de los derechos humanos.
2. Excesiva amplitud en el alcance de la normativa
El proyecto de ley define a los Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Servicios TIC) como “servicios de compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes, utilizando el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios”.
Esta definición permite una interpretación extensiva que colocaría bajo la potestad regulatoria todos los servicios que se prestan a través de Internet (como, por ejemplo, las comunicaciones interactivas, bidireccionales o multidireccionales, de voz e imagen) y, en consecuencia, sujetaría a los prestadores de estos servicios a obligaciones de licenciamiento, contra el anunciado espíritu de no interferir con los contenidos.
Resulta grave que se limite, bajo la discrecionalidad de una autoridad de aplicación indeterminada, la prestación de muchos servicios y aplicaciones que operan en Internet, como buscadores, plataformas de publicación o alojamiento de contenidos generados por los usuarios, programas de mensajería instantánea, entre muchos otros. Ello constituye una amenaza cierta para la circulación de informaciones e ideas en el entorno en línea.
Es rotundamente necesario que la norma limite claramente su ámbito de aplicación a las redes y los servicios de telecomunicaciones públicamente accesibles (y, solamente en lo que respecta a la asignación de frecuencias, a las redes y los servicios de uso privado que requieran espectro radioeléctrico licenciado),y excluya explícitamente los servicios que constituyen la capa de contenidos y aplicaciones de Internet.
3. Insuficiente protección de derechos fundamentales de las personas que usan redes y servicios de telecomunicaciones
El artículo 5 establece la “inviolabilidad de las comunicaciones”.Dicho artículo mejora la redacción de la anterior versión pero aún es confuso en tanto menciona el término “correspondencia” para referirse a todo tipo de comunicación y reserva la protección solo a las comunicaciones que se hagan mediante “correo electrónico o cualquier otro mecanismo que induzca al usuario a presumir la privacidad del mismo” –sin definir cómo se induce la “presunción” de privacidad-. La normativa tampoco define el término “interceptar”. La ley 26.388 en cambio habla de “acceder indebidamente”, “interceptar” y “captar”, lo cual parece mas abarcativo de los distintos escenarios posibles de vulneración a la privacidad.
Adicionalmente, no se ha prestado debida atención a la protección de los datos personales que forman parte de los procesos de comunicación. En particular, los datos de tráfico que permiten el establecer, mantener y terminar una comunicación, y los datos de geolocalización, deben ser objeto de especial protección bajo los principios de fin legítimo, consentimiento informado, y eliminación una vez cumplido el propósito.
Por otro lado, el nuevo artículo 60 incorpora como obligaciones de los usuarios de los servicios de TIC-un término cuya vaguedad y amplitud ya mencionamos más arriba-, la de “permitir el acceso del personal de los licenciatarios y de la autoridad de aplicación, quienes deberán estar debidamente identificados a los efectos de realizar todo tipo de trabajo o verificación necesaria”. La redacción de dicho artículo genera un riesgo concreto a la privacidad de los usuarios y vulnera cualquier interpretación del artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece la inviolabilidad del domicilio.
Finalmente, aunque el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión incorpora una definición más precisa de neutralidad de red y detalla las prohibiciones asociadas, resultaría valioso incorporar también las excepciones y restricciones que dicha comisión incluyó en su previo dictamen sobre los proyectos de ley en la materia específica.
1. Una autoridad de aplicación indeterminada, con excesivos poderes y sin adecuado control
La dinámica del sector de las telecomunicaciones, y el carácter técnico de muchos de los aspectos a regular, requieren una autoridad de aplicación eficaz, con integración y diseño institucional que garanticen su idoneidad técnica y su independencia funcional, esto es, que pueda actuar libre de presiones tanto del sector político como de intereses sectoriales privados, asegurando de este modo su legitimidad.
El proyecto, sin embargo, se limita a decir que la autoridad de aplicación será designada por el Poder Ejecutivo Nacional y nada establece acerca de su conformación, integración o estructura. La norma proyectada otorga a esta autoridad de aplicación indeterminada muchas facultades y atribuciones discrecionales, acrecentadas por la vaguedad y ambigüedad de muchos de los términos utilizados en el proyecto.
Por ejemplo, una de las atribuciones más importantes de la autoridad de aplicación consiste en la reglamentación y aplicación del régimen de sanciones. Ello refuerza nuestro comentario en relación a la imparcialidad e independencia del organismo encargado de esta función. Aquí son aplicables a los organismos administrativos con facultades jurisdiccionales, los mismos principios que en materia de imparcialidad e independencia rigen para los tribunales de justicia (de acuerdo al fallo de la Corte Suprema en la causa “Losicer”). En este sentido, en primer lugar, el proyecto no parece establecer qué sanción corresponde a cada conducta típica. También resulta problemático que el proyecto establezca que el recurso judicial no suspende la sanción, salvo en el caso de revocación de licencia. Todo ello parece violar la necesidad de aplicar los principios del derecho penal a las sanciones administrativas, en virtud del principio del debido proceso legal (de acuerdo al fallo de la Corte IDH en el caso “Baena”).
En definitiva, la falta de determinación y lineamientos claros para el funcionamiento de la autoridad de aplicación, sumada a la vaguedad y amplitud de la normativa, deja abierto un excesivo margen de discrecionalidad, que puede generar riesgos concretos para la vigencia de los derechos humanos.
2. Excesiva amplitud en el alcance de la normativa
El proyecto de ley define a los Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Servicios TIC) como “servicios de compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes, utilizando el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios”.
Esta definición permite una interpretación extensiva que colocaría bajo la potestad regulatoria todos los servicios que se prestan a través de Internet (como, por ejemplo, las comunicaciones interactivas, bidireccionales o multidireccionales, de voz e imagen) y, en consecuencia, sujetaría a los prestadores de estos servicios a obligaciones de licenciamiento, contra el anunciado espíritu de no interferir con los contenidos.
Resulta grave que se limite, bajo la discrecionalidad de una autoridad de aplicación indeterminada, la prestación de muchos servicios y aplicaciones que operan en Internet, como buscadores, plataformas de publicación o alojamiento de contenidos generados por los usuarios, programas de mensajería instantánea, entre muchos otros. Ello constituye una amenaza cierta para la circulación de informaciones e ideas en el entorno en línea.
Es rotundamente necesario que la norma limite claramente su ámbito de aplicación a las redes y los servicios de telecomunicaciones públicamente accesibles (y, solamente en lo que respecta a la asignación de frecuencias, a las redes y los servicios de uso privado que requieran espectro radioeléctrico licenciado),y excluya explícitamente los servicios que constituyen la capa de contenidos y aplicaciones de Internet.
3. Insuficiente protección de derechos fundamentales de las personas que usan redes y servicios de telecomunicaciones
El artículo 5 establece la “inviolabilidad de las comunicaciones”.Dicho artículo mejora la redacción de la anterior versión pero aún es confuso en tanto menciona el término “correspondencia” para referirse a todo tipo de comunicación y reserva la protección solo a las comunicaciones que se hagan mediante “correo electrónico o cualquier otro mecanismo que induzca al usuario a presumir la privacidad del mismo” –sin definir cómo se induce la “presunción” de privacidad-. La normativa tampoco define el término “interceptar”. La ley 26.388 en cambio habla de “acceder indebidamente”, “interceptar” y “captar”, lo cual parece mas abarcativo de los distintos escenarios posibles de vulneración a la privacidad.
Adicionalmente, no se ha prestado debida atención a la protección de los datos personales que forman parte de los procesos de comunicación. En particular, los datos de tráfico que permiten el establecer, mantener y terminar una comunicación, y los datos de geolocalización, deben ser objeto de especial protección bajo los principios de fin legítimo, consentimiento informado, y eliminación una vez cumplido el propósito.
Por otro lado, el nuevo artículo 60 incorpora como obligaciones de los usuarios de los servicios de TIC-un término cuya vaguedad y amplitud ya mencionamos más arriba-, la de “permitir el acceso del personal de los licenciatarios y de la autoridad de aplicación, quienes deberán estar debidamente identificados a los efectos de realizar todo tipo de trabajo o verificación necesaria”. La redacción de dicho artículo genera un riesgo concreto a la privacidad de los usuarios y vulnera cualquier interpretación del artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece la inviolabilidad del domicilio.
Finalmente, aunque el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión incorpora una definición más precisa de neutralidad de red y detalla las prohibiciones asociadas, resultaría valioso incorporar también las excepciones y restricciones que dicha comisión incluyó en su previo dictamen sobre los proyectos de ley en la materia específica.
Concejal pretende demandar a periodista de La Nación por "calumnias e injurias"
El Concejal Héctor Ruiz, le remitió una carta documento al corresponsal de La Nación en Santiago del Estero. El Concejal le exige que -en un plazo de 48 horas- se retracte de las expresiones vertidas en oportunidad del atentado a su casa paterna en La Banda
En la víspera, el periodista Leonel Rodríguez, corresponsal del diario La Nación en Santiago del Estero, recibió una carta documento del concejal Héctor Ruiz, en la que lo emplaza para que en un plazo de 48 horas “se rectifique de todas las calumnias e injurias que ha esbozado en el solo afán de agraviar, lesionar mi honor y desacreditarme públicamente”. Además, le exige que manifieste en qué sustenta tales afirmaciones, todo ello bajo apercibimiento de iniciar querella por calumnias e injurias” y reclamar los daños y perjuicios que me ha (sic) causado sus peyorativas manifestaciones”.
Ruiz alude a las declaraciones del periodista, en oportunidad del atentado que sufrió en la casa de sus padres, en La Banda, “aparentemente, mediante prácticas exotéricas (sic)”.
“Ratifico todo lo expresado”
En diálogo con el Multimedio, Rodríguez manifestó que “es un claro intento de silenciar al periodismo. Lejos de rectificarme, ratifico todas y cada una de las palabras que dije en su momento y sigo haciendo responsable a Ruiz por cualquier acción que pudiera sufrir mi familia y yo”. El periodista agregó: “Quiere llevarme a Tribunales, es un lugar que él conoce y se ve que allí se siente cómodo. Seré yo quien demande al edil imputado por el supuesto delito de abuso sexual con acceso carnal, iremos a Tribunales aunque él sepa mucho más que yo de abogados defensores, indagatorias y pericias”.
Dijo, además, que “es lamentable que en estos tiempos este señor imputado intente silenciar a los periodistas con algo tan básico, elemental y previsible como una carta documento. Pues bien, tengo el apoyo total de los asesores legales de mi medio, el diario La Nación, de Fopea, de quien soy socio y hasta de entidades internacionales”.
Rodríguez concluyó: “Nos veremos en Tribunales. Repito, él tiene experiencia y yo no, pero dirimiremos esto en la Justicia. Y el dinero que obtenga de la demanda civil, lo donaré a instituciones que trabajan en defensa de la no violencia contra la mujer”.
Sin dilaciones, en el transcurso de la jornada de ayer, el periodista remitió carta documento al concejal Ruiz, en la que expresa: “Rechazo vuestra carta documento por absolutamente improcedente, temeraria y maliciosa. Asimismo, rechazo haber ‘vertido expresiones calumniosas o injuriosas’ en oportunidad alguna respecto a su persona, tendientes a afectar su estima o reputación. En consecuencia, ratifico todo lo difundido por el suscripto en forma personal en distintos medios y, en particular, lo publicado por la información brindada por el suscripto en el diario La Nación respecto al episodio y la agresión sufrida en el domicilio de mis progenitores. Además, hago presente que la malicia contenida en su carta documento constituye una maniobra evidente, tendiente a evitar la difusión de actos que se le imputan como protagonista, lo que implica cercenar el deber y derecho de informar a la comunidad, como flagrante violación a la libertad de prensa. Doy por terminada toda comunicación epistolar”.
Fuente: Nuevo Diario
Ver anterior: Amenazan a periodista de Santiago del Estero
Ruiz alude a las declaraciones del periodista, en oportunidad del atentado que sufrió en la casa de sus padres, en La Banda, “aparentemente, mediante prácticas exotéricas (sic)”.
“Ratifico todo lo expresado”
En diálogo con el Multimedio, Rodríguez manifestó que “es un claro intento de silenciar al periodismo. Lejos de rectificarme, ratifico todas y cada una de las palabras que dije en su momento y sigo haciendo responsable a Ruiz por cualquier acción que pudiera sufrir mi familia y yo”. El periodista agregó: “Quiere llevarme a Tribunales, es un lugar que él conoce y se ve que allí se siente cómodo. Seré yo quien demande al edil imputado por el supuesto delito de abuso sexual con acceso carnal, iremos a Tribunales aunque él sepa mucho más que yo de abogados defensores, indagatorias y pericias”.
Dijo, además, que “es lamentable que en estos tiempos este señor imputado intente silenciar a los periodistas con algo tan básico, elemental y previsible como una carta documento. Pues bien, tengo el apoyo total de los asesores legales de mi medio, el diario La Nación, de Fopea, de quien soy socio y hasta de entidades internacionales”.
Rodríguez concluyó: “Nos veremos en Tribunales. Repito, él tiene experiencia y yo no, pero dirimiremos esto en la Justicia. Y el dinero que obtenga de la demanda civil, lo donaré a instituciones que trabajan en defensa de la no violencia contra la mujer”.
Sin dilaciones, en el transcurso de la jornada de ayer, el periodista remitió carta documento al concejal Ruiz, en la que expresa: “Rechazo vuestra carta documento por absolutamente improcedente, temeraria y maliciosa. Asimismo, rechazo haber ‘vertido expresiones calumniosas o injuriosas’ en oportunidad alguna respecto a su persona, tendientes a afectar su estima o reputación. En consecuencia, ratifico todo lo difundido por el suscripto en forma personal en distintos medios y, en particular, lo publicado por la información brindada por el suscripto en el diario La Nación respecto al episodio y la agresión sufrida en el domicilio de mis progenitores. Además, hago presente que la malicia contenida en su carta documento constituye una maniobra evidente, tendiente a evitar la difusión de actos que se le imputan como protagonista, lo que implica cercenar el deber y derecho de informar a la comunidad, como flagrante violación a la libertad de prensa. Doy por terminada toda comunicación epistolar”.
Fuente: Nuevo Diario
Ver anterior: Amenazan a periodista de Santiago del Estero