El Grupo Clarín y Radio Mitre habían solicitado una medida cautelar para suspender el procedimiento de adecuación en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El representante del Ministerio Público afirmó que las actuaciones de la AFSCA gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria
Miguel Ángel Gilligan, a cargo de la Fiscalía Federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°5 dictaminó que no corresponde hacer lugar a una medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín y Radio Mitre. El multimedios buscaba suspender el proceso de adecuación de oficio ordenado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que pretende dar cumplimiento a la Ley de Medios. El planteo se efectuó en el marco del pedido de declaración de inconstitucionalidad efectuado por la empresa respecto de varias resoluciones y decretos reglamentarios de la norma sancionada en 2009.
El Grupo Clarín y Radio Mitre habían considerado que los decretos y resoluciones cuestionados son irrazonables y que restringen las garantías constitucionales de libertad de expresión, de propiedad y de ejercer toda industria lícita, constituyendo un “exceso reglamentario” por parte del Ejecutivo.
Gilligan analizó los dos presupuestos que deben confluir para que sea viable el dictado de una medida cautelar: la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. En ese marco, estimó que “admitir la pretensión de las actoras en los términos propuestos importaría adentrarse en el tema a conocer en la sentencia definitiva a dictarse”. A su vez, dictaminó que éstas “deben acordarse limitándolas a una suficiente garantía del derecho aparente que se pretende proteger, evitando –dentro de lo posible- que puedan constituirse en una virtual paralización de la actividad regulatoria que por imperativo legal le cabe al Estado Nacional.”
El representante del Ministerio Público Fiscal determinó entonces que “los actos administrativos dictados por el AFSCA gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, razón por la cual, en principio, ni los recursos administrativos, ni las acciones judiciales mediante las cuales se discute su validez suspenden la ejecución de los actos cuestionados”. Esto, especialmente, cuando no sólo se cuestiona la validez de una resolución, sino que se pretende la declaración de inconstitucionalidad del decreto reglamentario de una ley, que fue avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Para Gilligan, el Grupo Clarín y Radio Mitre no pudieron demostrar la verosimilitud en el derecho que alegan vulnerado. Por esta razón, consideró que “la continuidad del proceso de adecuación de oficio que es consecuencia natural del imperativo legal, no implica un peligro que no pueda ser reparado y que como consecuencia de ello habilite el dictado de una medida precautoria”.
Fuente: Fiscales.gov.ar
