Por: Mauro Cerbino, mauro.cerbino@telegrafo.com.ec
Ahora que momentáneamente la crisis interna a El Telégrafo ha amainado, resulta necesario realizar un primer balance sobre la experiencia vivida.
En dos ocasiones, una en Quito y otra en Guayaquil, se han organizado foros de discusión sobre el significado de los medios públicos, su importancia para fortalecer la democracia y la relación con el Gobierno por un lado, y con el resto de medios comerciales de propiedad privada por el otro. A contrapelo de las interpretaciones malintencionadas y patéticas de algunos editorialistas de diarios privados capitalinos, quienes abiertamente pasaron por alto un hecho muy significativo en la historia mediática del país -que en El Telégrafo se ventilara un problema de injerencia inaceptable- lo sucedido ha sido motivo para una franca reflexión sobre los problemas y los desafíos que acarrea un proyecto de construcción de medios públicos. El mismo hecho de que el director haya podido manifestar su disenso públicamente es una señal que además de inédita, pone de relieve que sólo la defensa de la naturaleza pública del diario junto con la independencia de la dirección y consecuentemente de la línea editorial respecto de la propiedad del medio, pudo garantizar que ese hecho se produzca. Una cosa así es impensable que ocurra en la mayoría de los medios privados en los que, como sabemos, propiedad y dirección se concentran en una misma persona, imposibilitando una adecuada separación entre intereses económicos y perspectivas editoriales y periodísticas.
Por otra parte es un grave error sostener que en los medios privados no se den injerencias o censuras. Que estos problemas no salgan a la luz pública es sólo el signo de una gran opacidad que los caracteriza, y cuya perpetuación se hace a espaldas de la ciudadanía. La cual bien haría en advertir que esos medios, más allá de la naturaleza privada de su propiedad, cumplen con un servicio público; tanto por emitir contenidos en el espacio social, como por sostenerse financieramente en su mayoría gracias a la pauta estatal.
Se podría especular que cuando hace tres años el Gobierno de Rafael Correa creó las condiciones para el aparecimiento de medios públicos en Ecuador, él haya malentendido el significado de “lo público” en esos medios. No obstante, esos medios se crearon con esa denominación y no con la de “estatales” o “gubernamentales”, lo que implica que los medios públicos van siempre más allá que un gobierno determinado. Medios que, como enseña la larga historia europea en este campo, nunca están exentos de tensiones y conflictos con el poder político. Sería ingenuo pensar que Zapatero o Berlusconi no intenten tener influencias en la TVE o en la RAI. Sin embargo, no por ello se plantea en los países donde actúan estos políticos la eliminación de estos medios. Al contrario, la discusión política muchas veces se concentra en renovar los mecanismos para garantizar su independencia. Esta garantía es una de las condiciones mínimas que debemos construir para tener medios públicos; la otra es la necesaria dependencia económica del Estado, y finalmente la condición de pluralidad en cuanto a generación de contenidos. Todo el resto es perfectible, en medios que cumplen una función pública que casi nunca es cumplimentada a pleno por medios de propiedad privada.
Fuente: Diario El Telégrafo
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