El histórico juicio por las fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino terminó con la absolución de productores rurales, un ingeniero agrónomo y un aplicador, mientras dos funcionarios municipales fueron condenados por no controlar las pulverizaciones. Las víctimas sostienen que el propio fallo reconoce la contaminación y los daños a la salud, pero deja sin responsables penales a quienes señalan como causantes. Ahora preparan la apelación
Cuando terminó la lectura del veredicto en el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Rosario, Sabrina Ortiz no habló de derrota. Habló de veneno. "Nuestros cuerpos tienen veneno", dijo pocas horas después de conocer una sentencia que absolvió a los productores acusados de contaminación ambiental, condenó a dos funcionarios municipales por no controlar las fumigaciones y dejó abierta una discusión que promete continuar en instancias superiores.
El Tribunal Oral Federal N.º 2 de Rosario absolvió a los siete productores agropecuarios, al ingeniero agrónomo y al aplicador acusados de contaminación ambiental, al considerar que no pudo acreditarse su responsabilidad penal en los términos que exige la ley. Al mismo tiempo, condenó a dos funcionarios municipales por incumplimiento de los deberes de funcionario público debido a la falta de controles sobre las fumigaciones.
El fallo que abrió una nueva disputa
El fallo generó fuertes cuestionamientos por parte de la querella y de las familias afectadas, que sostienen que la sentencia reconoce la existencia de contaminación y de daños a la salud, pero deja sin condena a quienes fueron acusados de provocarlos. Además, anunciaron que apelarán la decisión.
Sabrina Ortiz nació y vivió toda su vida en Pergamino, donde las tierras más fértiles del país conviven desde hace décadas con un modelo productivo atravesado por el uso intensivo de glifosato y otros agroquímicos. Hoy tiene 41 años y desde hace más de una década se convirtió en una de las principales referentes de la lucha contra las fumigaciones en esa ciudad, considerada uno de los emblemas del agronegocio argentino.
Fue ella quien, en 2018, presentó la denuncia que dio origen a esta causa como integrante del colectivo -Madres de Barrios Fumigados de Pergamino. Pero su historia comenzó mucho antes de que el expediente llegara a los tribunales. Perdió un embarazo, sufrió dos accidentes cerebrovasculares (ACV) que atribuye a la exposición a sustancias neurotóxicas y los análisis incorporados a la investigación detectaron glifosato en su organismo y en el de sus dos hijos, en concentraciones superiores a las consideradas tolerables. También denunció amenazas, atentados e incluso que un productor rural baleó a su perro. Durante años, asegura, sus reclamos no encontraron respuesta.
A fines de 2017 se recibió de abogada con un objetivo claro: defender judicialmente a las familias afectadas por las fumigaciones y sostener también su propia causa. En 2020, esa lucha obtuvo uno de sus principales resultados cuando la Justicia prohibió las aplicaciones de agroquímicos a menos de 3.000 metros de las zonas urbanas del distrito y ordenó investigar a productores rurales y funcionarios por presunta contaminación ambiental.
El Tribunal Oral Federal N.º 2 de Rosario absolvió a los siete productores agropecuarios, al ingeniero agrónomo y al aplicador acusados de contaminación ambiental, al considerar que no pudo acreditarse su responsabilidad penal en los términos que exige la ley. Al mismo tiempo, condenó a dos funcionarios municipales por incumplimiento de los deberes de funcionario público debido a la falta de controles sobre las fumigaciones.
El fallo que abrió una nueva disputa
El fallo generó fuertes cuestionamientos por parte de la querella y de las familias afectadas, que sostienen que la sentencia reconoce la existencia de contaminación y de daños a la salud, pero deja sin condena a quienes fueron acusados de provocarlos. Además, anunciaron que apelarán la decisión.
Sabrina Ortiz nació y vivió toda su vida en Pergamino, donde las tierras más fértiles del país conviven desde hace décadas con un modelo productivo atravesado por el uso intensivo de glifosato y otros agroquímicos. Hoy tiene 41 años y desde hace más de una década se convirtió en una de las principales referentes de la lucha contra las fumigaciones en esa ciudad, considerada uno de los emblemas del agronegocio argentino.
Fue ella quien, en 2018, presentó la denuncia que dio origen a esta causa como integrante del colectivo -Madres de Barrios Fumigados de Pergamino. Pero su historia comenzó mucho antes de que el expediente llegara a los tribunales. Perdió un embarazo, sufrió dos accidentes cerebrovasculares (ACV) que atribuye a la exposición a sustancias neurotóxicas y los análisis incorporados a la investigación detectaron glifosato en su organismo y en el de sus dos hijos, en concentraciones superiores a las consideradas tolerables. También denunció amenazas, atentados e incluso que un productor rural baleó a su perro. Durante años, asegura, sus reclamos no encontraron respuesta.
A fines de 2017 se recibió de abogada con un objetivo claro: defender judicialmente a las familias afectadas por las fumigaciones y sostener también su propia causa. En 2020, esa lucha obtuvo uno de sus principales resultados cuando la Justicia prohibió las aplicaciones de agroquímicos a menos de 3.000 metros de las zonas urbanas del distrito y ordenó investigar a productores rurales y funcionarios por presunta contaminación ambiental.
Nuestros cuerpos tienen veneno
Tras conocerse la sentencia, Ortiz reconoció en Señales que el resultado dejó un profundo sabor amargo, aunque aclaró que el proceso judicial todavía está lejos de terminar. "Las pruebas científicas son contundentes. Nuestros cuerpos tienen veneno. El que me envenenó fue Mario Roces, que vive frente a mi casa, y está probado", sostuvo durante una entrevista con Señales. Para ella, el fallo representa apenas una instancia dentro de un camino judicial más largo. "Sabemos que podemos doblar este veredicto. Vamos a seguir para que esto se logre y para que dejen de enfermarnos para siempre", afirmó.
La referente ambiental insistió en que la absolución no modifica las evidencias reunidas durante años de investigación. "Ha sido un sabor amargo el que nos llevamos, pero no es el final, no está todo resuelto, no es la última palabra. Sabemos que tenemos otras instancias para pelear donde vamos a esgrimir todas las razones por las cuales llevamos luchando desde hace ocho años", expresó.
Ortiz remarcó que, a su entender, la causa logró demostrar tanto la existencia de la contaminación como sus consecuencias sanitarias. "Sabemos que la contaminación está probada, sabemos que nuestros cuerpos han demostrado que esa contaminación nos ha afectado, tanto a mi familia como a toda la población que vive alrededor de los campos de los que hoy se fueron absueltos", señaló. Y advirtió que las familias afectadas no abandonarán el reclamo. "No vamos a parar hasta que esto se revierta, porque consideramos que hay pruebas que no han sido leídas."
Entre los elementos que, según sostiene, fueron desestimados por el tribunal, destacó los estudios realizados sobre los suelos del campo perteneciente a uno de los productores investigados. Explicó que las muestras obtenidas permitieron detectar la presencia de agrotóxicos en una tercera capa de profundidad, un hallazgo que, según los especialistas que participaron de la investigación, no puede atribuirse a la deriva de las fumigaciones sino a aplicaciones directas sobre ese terreno.
"Nosotros pudimos probar, a través de la recopilación científica y de la toma de muestras de la tierra, que en determinada profundidad se encontraron agrotóxicos en el campo de Rosé. Eso no se produce por la deriva, se produce por una fumigación directa en su campo", explicó.
A juicio de Ortiz, la decisión judicial evidencia una falla en la valoración de la prueba reunida durante la instrucción. Consideró que el tribunal terminó analizando el expediente exclusivamente desde una lógica penal, dejando de lado la complejidad propia de un conflicto ambiental. "Redundó un poco en que es un caso de materia penal y no de materia ambiental, pero sabemos que tiene que haber existido una falta de comprensión de todo lo que se reunió, un análisis bastante vago de lo que se viene dando durante todo este trayecto de instrucción y que no se han tenido en cuenta muchas de las certezas que hoy se han conseguido", sostuvo.
Pese al revés judicial, Ortiz aseguró que mantiene la expectativa de revertir el fallo durante la apelación. Confía en que una instancia superior valore integralmente las pruebas científicas y los estudios incorporados al expediente. "Esperamos, y sabemos que así va a ser, que en una segunda instancia esto se va a tener en cuenta y que realmente vamos a obtener la justicia que venimos persiguiendo desde hace mucho tiempo", concluyó.
La discusión jurídica detrás del veredicto
La referente ambiental insistió en que la absolución no modifica las evidencias reunidas durante años de investigación. "Ha sido un sabor amargo el que nos llevamos, pero no es el final, no está todo resuelto, no es la última palabra. Sabemos que tenemos otras instancias para pelear donde vamos a esgrimir todas las razones por las cuales llevamos luchando desde hace ocho años", expresó.
Ortiz remarcó que, a su entender, la causa logró demostrar tanto la existencia de la contaminación como sus consecuencias sanitarias. "Sabemos que la contaminación está probada, sabemos que nuestros cuerpos han demostrado que esa contaminación nos ha afectado, tanto a mi familia como a toda la población que vive alrededor de los campos de los que hoy se fueron absueltos", señaló. Y advirtió que las familias afectadas no abandonarán el reclamo. "No vamos a parar hasta que esto se revierta, porque consideramos que hay pruebas que no han sido leídas."
Entre los elementos que, según sostiene, fueron desestimados por el tribunal, destacó los estudios realizados sobre los suelos del campo perteneciente a uno de los productores investigados. Explicó que las muestras obtenidas permitieron detectar la presencia de agrotóxicos en una tercera capa de profundidad, un hallazgo que, según los especialistas que participaron de la investigación, no puede atribuirse a la deriva de las fumigaciones sino a aplicaciones directas sobre ese terreno.
"Nosotros pudimos probar, a través de la recopilación científica y de la toma de muestras de la tierra, que en determinada profundidad se encontraron agrotóxicos en el campo de Rosé. Eso no se produce por la deriva, se produce por una fumigación directa en su campo", explicó.
A juicio de Ortiz, la decisión judicial evidencia una falla en la valoración de la prueba reunida durante la instrucción. Consideró que el tribunal terminó analizando el expediente exclusivamente desde una lógica penal, dejando de lado la complejidad propia de un conflicto ambiental. "Redundó un poco en que es un caso de materia penal y no de materia ambiental, pero sabemos que tiene que haber existido una falta de comprensión de todo lo que se reunió, un análisis bastante vago de lo que se viene dando durante todo este trayecto de instrucción y que no se han tenido en cuenta muchas de las certezas que hoy se han conseguido", sostuvo.
Pese al revés judicial, Ortiz aseguró que mantiene la expectativa de revertir el fallo durante la apelación. Confía en que una instancia superior valore integralmente las pruebas científicas y los estudios incorporados al expediente. "Esperamos, y sabemos que así va a ser, que en una segunda instancia esto se va a tener en cuenta y que realmente vamos a obtener la justicia que venimos persiguiendo desde hace mucho tiempo", concluyó.
Para comprender el alcance jurídico del fallo, los fundamentos de la querella y los pasos que seguirán tras el veredicto, el abogado Carlos González Quintana analizó una sentencia que, según sostiene, deja más interrogantes que certezas.
Especializado en derecho penal y derecho ambiental, González Quintana integra el equipo jurídico que representa a las víctimas del caso Pergamino. A lo largo de los últimos años ha participado en distintos litigios vinculados con conflictos socioambientales y, en este proceso, asumió la representación de Sabrina Ortiz y de otras familias afectadas por las fumigaciones con agrotóxicos.
El abogado reconoció que la lectura del veredicto significó un fuerte impacto para la querella, no solo desde el punto de vista profesional, sino también humano. Explicó que la decisión judicial fue un golpe para quienes sostuvieron la causa durante tantos años y recordó especialmente a Sabrina Ortiz, a Alejandra y a Florencia Morales, una de las denunciantes que falleció de cáncer antes de que comenzara el juicio oral.
Según señaló, detrás del expediente existen familias que durante años "pusieron el cuerpo, la salud y, en algunos casos, la propia vida" para que la problemática llegara finalmente a ser analizada por un tribunal. Sin embargo, sostuvo que el veredicto no alcanza para borrar todo lo que quedó acreditado durante los seis meses de debate oral.
A su entender, el juicio permitió demostrar la gravedad de la contaminación que afectó al sector este de Pergamino y su impacto sobre la salud de la población. "Quedó expuesta la gravísima problemática de contaminación y de afectación a la salud que acontecía en ese sector de la ciudad como consecuencia directa de la actividad temeraria de estos productores", afirmó.
Del mismo modo, consideró que también quedó probada la ausencia de controles eficaces por parte del Estado municipal sobre las aplicaciones de agroquímicos. Para González Quintana, el proceso judicial no concluye con este fallo. "La causa no termina acá, esto es solo una instancia", remarcó. Aunque calificó el resultado como doloroso e incluso difícil de explicar desde una mirada técnica, aclaró que todavía resta conocer los fundamentos completos de la sentencia, es decir, el documento en el que los jueces explicarán las razones jurídicas de su decisión. "Claramente no se trata de un final, sino del comienzo de una nueva etapa procesal ante la Cámara de Casación, un tribunal superior encargado de revisar si el fallo aplicó correctamente la ley y estuvo debidamente fundamentado", anticipó.
¿Por qué la querella sostiene que el fallo es contradictorio?
Uno de los aspectos que, según explicó, será eje de la apelación es la aparente contradicción entre el reconocimiento de la existencia de contaminación y daños a la salud y la absolución de quienes fueron acusados de producirlos.
Para la querella, ese punto constituye el principal problema jurídico de la sentencia. "Si se reconoce la existencia de contaminación peligrosa, si se condena a funcionarios por no controlar y si se mantiene la medida cautelar, resulta muy difícil explicar por qué no hay responsabilidad penal de quienes, de manera directa y bajo un dominio material de los hechos, desarrollaron esta actividad contaminante", sostuvo. Consideró que esa contradicción deberá ser analizada en profundidad cuando el tribunal dé a conocer los fundamentos completos del fallo.
Otro de los cuestionamientos apunta al criterio utilizado para evaluar la responsabilidad penal de los productores. González Quintana explicó que la querella nunca intentó demostrar una intención deliberada de contaminar, sino acreditar que quienes desarrollaban esas actividades conocían el riesgo que implicaban y, aun así, mantuvieron el control sobre ellas.
"En los delitos ambientales de esta naturaleza no puede exigirse demostrar que el acusado tuvo la intención deliberada de contaminar (lo que en derecho se conoce como dolo directo), sino que conocía el riesgo que generaba su conducta, afirmó. Según explicó, el derecho penal ambiental contempla situaciones en las que los responsables conocen el peligro que generan sus acciones o, al menos, pueden representarse las consecuencias de su conducta. "Acá lo que había que acreditar es que hay contaminación que fue riesgosa y que los productores tenían conocimiento de ese riesgo y dominio pleno sobre esa actividad contaminante", resumió.
Especializado en derecho penal y derecho ambiental, González Quintana integra el equipo jurídico que representa a las víctimas del caso Pergamino. A lo largo de los últimos años ha participado en distintos litigios vinculados con conflictos socioambientales y, en este proceso, asumió la representación de Sabrina Ortiz y de otras familias afectadas por las fumigaciones con agrotóxicos.
El abogado reconoció que la lectura del veredicto significó un fuerte impacto para la querella, no solo desde el punto de vista profesional, sino también humano. Explicó que la decisión judicial fue un golpe para quienes sostuvieron la causa durante tantos años y recordó especialmente a Sabrina Ortiz, a Alejandra y a Florencia Morales, una de las denunciantes que falleció de cáncer antes de que comenzara el juicio oral.
Según señaló, detrás del expediente existen familias que durante años "pusieron el cuerpo, la salud y, en algunos casos, la propia vida" para que la problemática llegara finalmente a ser analizada por un tribunal. Sin embargo, sostuvo que el veredicto no alcanza para borrar todo lo que quedó acreditado durante los seis meses de debate oral.
A su entender, el juicio permitió demostrar la gravedad de la contaminación que afectó al sector este de Pergamino y su impacto sobre la salud de la población. "Quedó expuesta la gravísima problemática de contaminación y de afectación a la salud que acontecía en ese sector de la ciudad como consecuencia directa de la actividad temeraria de estos productores", afirmó.
Del mismo modo, consideró que también quedó probada la ausencia de controles eficaces por parte del Estado municipal sobre las aplicaciones de agroquímicos. Para González Quintana, el proceso judicial no concluye con este fallo. "La causa no termina acá, esto es solo una instancia", remarcó. Aunque calificó el resultado como doloroso e incluso difícil de explicar desde una mirada técnica, aclaró que todavía resta conocer los fundamentos completos de la sentencia, es decir, el documento en el que los jueces explicarán las razones jurídicas de su decisión. "Claramente no se trata de un final, sino del comienzo de una nueva etapa procesal ante la Cámara de Casación, un tribunal superior encargado de revisar si el fallo aplicó correctamente la ley y estuvo debidamente fundamentado", anticipó.
¿Por qué la querella sostiene que el fallo es contradictorio?
Uno de los aspectos que, según explicó, será eje de la apelación es la aparente contradicción entre el reconocimiento de la existencia de contaminación y daños a la salud y la absolución de quienes fueron acusados de producirlos.
Para la querella, ese punto constituye el principal problema jurídico de la sentencia. "Si se reconoce la existencia de contaminación peligrosa, si se condena a funcionarios por no controlar y si se mantiene la medida cautelar, resulta muy difícil explicar por qué no hay responsabilidad penal de quienes, de manera directa y bajo un dominio material de los hechos, desarrollaron esta actividad contaminante", sostuvo. Consideró que esa contradicción deberá ser analizada en profundidad cuando el tribunal dé a conocer los fundamentos completos del fallo.
Otro de los cuestionamientos apunta al criterio utilizado para evaluar la responsabilidad penal de los productores. González Quintana explicó que la querella nunca intentó demostrar una intención deliberada de contaminar, sino acreditar que quienes desarrollaban esas actividades conocían el riesgo que implicaban y, aun así, mantuvieron el control sobre ellas.
"En los delitos ambientales de esta naturaleza no puede exigirse demostrar que el acusado tuvo la intención deliberada de contaminar (lo que en derecho se conoce como dolo directo), sino que conocía el riesgo que generaba su conducta, afirmó. Según explicó, el derecho penal ambiental contempla situaciones en las que los responsables conocen el peligro que generan sus acciones o, al menos, pueden representarse las consecuencias de su conducta. "Acá lo que había que acreditar es que hay contaminación que fue riesgosa y que los productores tenían conocimiento de ese riesgo y dominio pleno sobre esa actividad contaminante", resumió.
"El tribunal parece haber separado artificialmente el incumplimiento estatal de los controles de las conductas de quienes aplicaban o disponían las fumigaciones. Para nosotros esa separación es técnicamente discutible y va a ser materia central de agravio", adelantó.
Respecto de la condena impuesta a los dos funcionarios municipales, González Quintana consideró que constituye uno de los aspectos más relevantes del fallo porque reconoce que existieron deberes concretos de control, prevención y fiscalización que fueron incumplidos.
No obstante, entiende que esa responsabilidad difícilmente pueda agotarse en dos personas. Según señaló, esos funcionarios integraban una estructura administrativa y política más amplia. "No actuaban en el vacío, formaban parte de una estructura municipal", explicó.
El abogado observó además que el propio tribunal dejó abierta la posibilidad de investigar responsabilidades superiores dentro del municipio. "Si el propio tribunal está hablando de eslabones bajos de una cadena, quiere decir que hay que investigar hacia arriba", sostuvo. Aunque aclaró que ese nunca fue el objetivo central de la querella —cuya teoría del caso siempre estuvo enfocada en la contaminación provocada por el grupo de productores investigados—, consideró que la sentencia reconoce que el problema tuvo un carácter estructural y no un hecho aislado.
"Si se ordena investigar autoridades superiores, incluida la máxima autoridad política del municipio, es porque el tribunal está advirtiendo que esa falta de control pudo haber provenido también de niveles más altos de esa cadena de responsabilidades", afirmó.
Finalmente, González Quintana volvió sobre uno de los ejes centrales del proceso: la responsabilidad de quienes ordenan, asesoran o ejecutan fumigaciones cerca de zonas pobladas. Desde su perspectiva, no es jurídicamente válido desvincularse de las consecuencias bajo el argumento de que nunca existió una intención expresa de contaminar.
"Quienes explotan, ordenan, asesoran o ejecutan actividades de pulverización con agrotóxicos en zonas sensibles no pueden desentenderse del resultado diciendo que no quisieron contaminar o que no se dieron cuenta", sostuvo. Y concluyó que el derecho penal ambiental se construye precisamente sobre la creación de riesgos y sobre el deber de cuidado que pesa sobre quienes desarrollan actividades peligrosas, especialmente cuando conocen el alcance de los daños que pueden provocar.
Consultado sobre el tratamiento que el tribunal dio a la abundante prueba científica presentada durante el juicio, González Quintana rechazó la idea de que ese conjunto de evidencias hubiera resultado insuficiente. Por el contrario, sostuvo que el denominado "bloque de la ciencia digna" tuvo un peso determinante para demostrar la existencia de contaminación ambiental y sus consecuencias sobre la salud de la población.
Recordó que durante el debate se incorporaron estudios de agua y de suelo que detectaron moléculas de agrotóxicos en altas concentraciones, además de los testimonios de médicos, investigadores, peritos y especialistas de distintas disciplinas que declararon a lo largo del proceso. Para el abogado, toda esa evidencia acumulada durante años permitió instalar judicialmente una discusión que trasciende el caso Pergamino.
"Los estudios que se hicieron de agua y de suelo, donde se detectaron moléculas de agrotóxicos en altísimas concentraciones, más lo que declararon los profesionales de la salud, investigadores y peritos, no hace más que corroborar y abrir, a nivel judicial, la discusión sobre la problemática de los agrotóxicos y los tremendos efectos devastadores que generan en la salud", afirmó.
Aun así, consideró que existe una contradicción difícil de explicar en la forma en que esa prueba fue valorada por el tribunal. Según señaló, los jueces incorporaron ese material científico y reconocieron su relevancia, pero al momento de analizar la responsabilidad penal de cada uno de los imputados terminaron fragmentando esa evidencia.
"Creemos que el tribunal receptó esa prueba de la ciencia digna, la incorporó y la utilizó, pero no entendemos por qué pudo haberla fragmentado a la hora de atribuir la conducta penal a cada persona acusada", expresó. Esa valoración, adelantó, será uno de los puntos centrales que la querella analizará cuando conozca los fundamentos completos de la sentencia, es decir, el documento donde los jueces explicarán por qué resolvieron de esa manera.
Pese a las absoluciones, González Quintana sostuvo que el fallo deja aspectos que considera trascendentes para futuras causas ambientales. El principal, dijo, es el reconocimiento expreso de que existió contaminación riesgosa para la salud.
Desde su perspectiva, ese reconocimiento constituye un antecedente judicial de enorme valor, incluso cuando no haya derivado en condenas para los productores imputados. "El fallo deja elementos muy relevantes a futuro", aseguró.
Entre esos aspectos destacó el reconocimiento del daño ambiental provocado por las actividades contaminantes, la confirmación del riesgo al que fueron sometidos los habitantes de la zona, el señalamiento de las omisiones estatales y el mantenimiento de las medidas cautelares de protección.
A su entender, esos elementos podrán ser utilizados en otros procesos penales, civiles y administrativos vinculados con conflictos ambientales. "En materia ambiental, cada reconocimiento judicial de la peligrosidad, de la exposición a estos riesgos y de la falta de prevención siempre va a constituir un precedente", afirmó.
Para el abogado, el eje de la discusión excede ampliamente un expediente judicial. "El ambiente sano y la salud colectiva son derechos humanos que merecenuna tutela judicial efectiva, es decir, una protección real por parte de la Justicia", sostuvo, y recordó que ese fue el horizonte que orientó desde el inicio la lucha encabezada por Sabrina Ortiz y el resto de las familias querellantes.
Lo que viene: la apelación
Respecto de los próximos pasos judiciales, explicó que la estrategia inmediata dependerá de la fundamentación escrita de la sentencia, documento que permitirá conocer en detalle los argumentos utilizados por el tribunal para arribar al veredicto.
Con ese material, señaló, el equipo jurídico elaborará los cuestionamientos jurídicos (conocidos como agravios de apelación) que presentará ante la Cámara de Casación. Sin embargo, advirtió que el recorrido judicial no terminará allí.
"Si hace falta, agotaremos todas las vías recursivas, incluso la Corte Suprema o la Corte Interamericana de Derechos Humanos", aseguró. Según explicó, el caso Pergamino excede el ámbito penal porque involucra un paradigma ambiental directamente relacionado con derechos humanos protegidos por el sistema interamericano.
Al finalizar, González Quintana dedicó un mensaje a Sabrina Ortiz y a las demás familias que impulsaron la causa durante tantos años. Después del impacto inicial provocado por el veredicto, aseguró que ninguno de los esfuerzos realizados fue en vano.
Contó que durante los últimos seis meses compartió con Ortiz el trabajo cotidiano del juicio y destacó que, además de ser víctima directa, es también una colega con quien analizaron la sentencia inmediatamente después de su lectura.
"Tomamos esto no como una derrota", resumió.
Para el abogado, el solo hecho de que el caso Pergamino llegara a un juicio oral federal ya constituye un hito histórico. Gracias a la perseverancia de las familias afectadas, dijo, la contaminación por agrotóxicos fue discutida por primera vez con esa profundidad ante un tribunal federal; además, se obtuvieron condenas para funcionarios públicos por incumplir sus deberes de control y se mantuvieron vigentes las medidas cautelares destinadas a proteger a la población.
"Creemos que la lucha de las víctimas de Pergamino no termina en este veredicto", afirmó.
Con la misma convicción, anticipó que la querella continuará el proceso con serenidad y con herramientas jurídicas. "Vamos a seguir con mucha técnica jurídica y con la misma convicción que hemos tenido a lo largo de todo este proceso, hasta que se haga justicia, hasta que se deje de fumigar y hasta que dejen de comprometer la vida de los seres humanos", expresó.
Finalmente, recordó que muchas de las personas expuestas a las fumigaciones no tienen posibilidades de abandonar los lugares donde viven y continúan conviviendo diariamente con ese riesgo. "A esa gente es a quienes nosotros tenemos el sagrado deber y compromiso de proteger, como trabajadores del derecho y como defensores de los derechos humanos", concluyó.
La periodista ambiental Anabel Pomar, quien además es vecina fumigada y siguió de cerca el desarrollo del juicio, interpretó que el veredicto dejó una sensación de profunda frustración entre quienes esperaban una reparación judicial después de ocho años de espera.
Según analizó, las víctimas llegaron al juicio con la expectativa de que el tribunal reconociera responsabilidades por las consecuencias de las fumigaciones sobre la salud y el ambiente. "Esperaban que los jueces repararan con algo de justicia, para esas víctimas que tantos años están pidiendo lo mismo: que los dejen de envenenar y que los dejen de matar. Bueno, eso no sucedió", resumió.
Pomar recordó que los fundamentos completos de la sentencia recién se conocerán el 10 de agosto, aunque señaló que durante la lectura del veredicto los magistrados adelantaron algunos de los argumentos que sustentaron la absolución de los siete acusados vinculados a la actividad agropecuaria, entre propietarios rurales, ingenieros agrónomos y aplicadores de agroquímicos.
En contrapartida, destacó que las únicas condenas recayeron sobre los dos funcionarios municipales encargados de controlar las fumigaciones, quienes recibieron penas de dos años de prisión en suspenso por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Para la periodista, allí aparece una de las principales tensiones del fallo. Los jueces, señaló, reconocieron que quedó acreditada la existencia de daños en la salud de las personas, en los suelos y en el ambiente de Pergamino. Sin embargo, al mismo tiempo absolvieron a quienes estaban acusados de haber generado esa contaminación.
"Esa es la parte sobre la que todos deberíamos reflexionar", planteó. A su entender, el tribunal sostuvo que la discusión sobre quiénes deben responder por el uso de los agroquímicos excede el ámbito del proceso penal y remite a las políticas públicas y al marco regulatorio vigente, cuya responsabilidad recae sobre los distintos niveles del Estado.
Pomar advirtió que esa interpretación deja abiertas preguntas difíciles de responder para quienes conviven cotidianamente con las fumigaciones. "¿Cómo llegaron esos venenos a las personas?", se preguntó al resumir una de las contradicciones que, según entiende, deja expuesta la sentencia.
Recordó además que durante el juicio quedó acreditado que las sustancias detectadas no solo estaban presentes en los cuerpos de las personas afectadas, sino también en los suelos, en el agua de consumo y en las napas subterráneas, alcanzando incluso acuíferos que abastecen a otras regiones.
"Los tres jueces dijeron que está todo contaminado, pero que no hay personas a quienes se pueda responsabilizar penalmente por haber aplicado esos venenos", sintetizó.
Desde su mirada, esa conclusión evidencia una situación de desprotección para quienes viven en zonas expuestas a las fumigaciones. Según expresó, el Estado autoriza el uso de determinadas sustancias, los controles resultan insuficientes y, finalmente, la Justicia considera que no puede atribuir responsabilidad penal a quienes las aplican.
Entre los aspectos que rescató del fallo, destacó la decisión del tribunal de ordenar que se investiguen responsabilidades políticas superiores dentro de la estructura municipal. Recordó que durante la lectura del veredicto los jueces mencionaron expresamente la necesidad de avanzar sobre los funcionarios ubicados por encima de quienes fueron condenados, incluido el intendente.
Más allá de las absoluciones, Pomar subrayó que el fallo dejó establecido un punto que considera central para las futuras discusiones judiciales: que existió contaminación ambiental y que contaminar constituye un delito, aun cuando en esta causa no se hayan impuesto condenas por ese hecho.
También recordó que tanto la querella como el Ministerio Público Fiscal ya adelantaron que recurrirán la sentencia, por lo que el expediente continuará su recorrido en instancias superiores.
La periodista retomó además las palabras de Sabrina Ortiz, quien pocas horas después del veredicto aseguró que la resolución judicial no pondrá fin al reclamo de las familias afectadas. "Vamos a seguir, no nos van a quebrar; vamos a seguir hasta que dejen de envenenarnos", reiteró la referente de Pergamino.
En la misma línea, el abogado querellante Carlos González Quintana sostuvo que comienza ahora una nueva etapa, centrada en la elaboración de la apelación contra la sentencia. "Lo que queda ahora es meterse en un laboratorio de producción científica jurídica y, desde el lugar más frío que puede tener el ejercicio de la profesión de la abogacía, construir una pieza jurídica sólida que logre tumbar esta sentencia lamentable que hoy nos comunicó el tribunal", concluyó.
Escuchá el informe completo:
También recordó que tanto la querella como el Ministerio Público Fiscal ya adelantaron que recurrirán la sentencia, por lo que el expediente continuará su recorrido en instancias superiores.
La periodista retomó además las palabras de Sabrina Ortiz, quien pocas horas después del veredicto aseguró que la resolución judicial no pondrá fin al reclamo de las familias afectadas. "Vamos a seguir, no nos van a quebrar; vamos a seguir hasta que dejen de envenenarnos", reiteró la referente de Pergamino.
En la misma línea, el abogado querellante Carlos González Quintana sostuvo que comienza ahora una nueva etapa, centrada en la elaboración de la apelación contra la sentencia. "Lo que queda ahora es meterse en un laboratorio de producción científica jurídica y, desde el lugar más frío que puede tener el ejercicio de la profesión de la abogacía, construir una pieza jurídica sólida que logre tumbar esta sentencia lamentable que hoy nos comunicó el tribunal", concluyó.
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Ver también: Pergamino: el juicio que sentó en el banquillo a las fumigaciones y al Estado, Ciencia In-Sumisa: universidad pública, censura y disputa por el conocimiento
Fotos: Juan José García, para la cobertura colaborativa entre Revista Cítrica, Agencia Tierra Viva y El Ciudadano