"Semejante cambio de reglas intempestivo e inconsulto produce un profundo impacto negativo para todos los actores del sector TIC, inversores, sus cientos de miles de empleados en todo el país, en su cadena de valor y en toda la comunidad digital, trasladando incertidumbre a los clientes acerca de la calidad de prestación de los servicios que reciban en el futuro", afirmaron en un comunicado.
DirecTV, Telecentro, Telefónica, Telecom, Claro y Express se encuentran entre los firmantes, una veintena de adhesiones entre los que también están otros proveedores de Internet.
"La norma no deja de sorprender dado que siempre mantuvimos el diálogo de buena fe con todas las autoridades, incluso para buscar alternativas que lleven alivio a quienes más lo necesitan. La justificación de la urgencia para el dictado del DNU no se corresponde a la realidad de los hechos", afirman.
El viernes, a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU 690/20), el Poder Ejecutivo nacional determinó que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) serán considerados servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia, interviniendo de esa manera el sector. Esto incluye a la telefonía fija y móvil, a Internet y la TV paga.
"Resulta por demás evidente que este cambio de reglas está poniendo un freno a la Industria TIC en la Argentina, y abre un serio interrogante dado el antecedente del congelamiento de precios del Servicio de Telefonía Fija durante 15 años (1999/2015) Mientras otros países están buscando impulsar su desarrollo y sortear los efectos negativos de la pandemia, la medida dispuesta va en un sentido contrario generando un marco de absoluta incertidumbre", destacaron.
"En forma equivocada se califica a esta industria como servicio público sin ninguna necesidad y menos aún urgencia. Compartimos el objetivo de alcanzar la universalidad de acceso a todos los argentinos. Eso es una Política de Estado, de desarrollo. El Servicio Público, en cambio, es una regulación limitante, que no implica obligaciones per se y que genera desequilibrios en la inversión y los accesos. Decretar servicios públicos a Internet, TV paga y la telefonía celular NO garantiza el acceso a toda la población, y fundamentalmente busca intervenir en la gestión, eliminando incentivos para la innovación y competencia", plantearon.
En la industria de telecomunicaciones hay 1.200 prestadores, pymes y cooperativas que permiten a los usuarios optar por distintas ofertas de conectividad, en todas las provincias y municipios del país, bajo un régimen de licencias y no de concesión pública, que tienen un único prestador en cada zona.
Según datos del Indec, a diciembre de 2019, el 82,9% de los hogares contaba con acceso a Internet. Además, hay más de 50 millones de líneas celulares en servicio. No hay otro servicio en el país con esa cantidad de clientes.
"Hace años que la industria invierte y apoya películas y series de talentos locales, fomentando de esta manera el consumo tanto en cines y en el hogar de producciones argentinas. Como así también desarrollos nacionales para Internet de las Cosas. Gracias a ello, hoy millones de argentinos pueden disfrutar de diversidad de voces y opciones de entretenimiento desde series y películas hasta eventos deportivos", caracterizaron.
La industria TIC en su conjunto es el sector que más invierte en la Argentina, junto con el petróleo (20.000 millones de U$S durante los últimos diez años, con una contribución del 2.4% del PBI). "Para continuar haciendo las inversiones que lleven a más hogares mejores servicios y llegar a quienes aún permanecen desconectados la industria necesita certidumbre. La intervención sobre el sector que representan las medidas anunciadas, en un contexto como el argentino, resultará negativo para continuar desarrollando el acceso y cobertura en los servicios de Internet, telefonía móvil y TV paga", enfatizaron.
Desde el comienzo de la pandemia, la industria ayudó con el diseño de Planes Inclusivos, no corte por mora, la retracción de precios, y la gratuidad en la navegación por portales educativos. "Además mantuvimos fijos, en acuerdo con el Gobierno, los precios de varios planes de servicios desde el mes de noviembre de 2019", manifiestan.
El sector "ha venido sosteniendo el cumplimiento de las obligaciones fiscales, tributarias y laborales, sin recibir ningún tipo de subsidio ni facilidades por parte del Estado. Cuesta entender la razón de tan innecesaria e injustificada decisión tomada unilateralmente, cuando el Congreso de la Nación se encuentra sesionando, y el sector ha mantenido un diálogo permanente con el Poder Ejecutivo desde la declaración de Emergencia Sanitaria", aclaran.
Hay un acuerdo suscripto con el gobierno, vigente hasta el 31 de agosto. " Un cambio de reglas así hubiese merecido un profundo debate con participación de todos los involucrados", protestan.
"Solicitamos que se reconsidere esta decisión para restablecer un diálogo franco en el que todas las partes encontremos el camino para conectar a los argentinos y seguir desarrollando una industria de alto valor agregado, generadora de empleos legítimos y con un enorme potencial para el país y su gente", proponen.
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