En las últimas décadas, un número significativo de países de la región ha aprobado leyes en materia de acceso a la información pública o ha sancionado reformas al marco jurídico existente para defender este derecho. De esta forma, Antigua y Barbuda, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y Uruguay cuentan con alguna ley de acceso a la información pública. Sin embargo, persisten desafíos a la implementación de las leyes vigentes y aún quedan varios países donde la aprobación de estas normativas está pendiente.
El acceso a la información es un derecho autónomo protegido por el artículo 13 de la Convención Americana, fundamental para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los sistemas democráticos y el ejercicio de otros derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho de acceso a la información se “ampara [en] el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención [Americana] el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción”.
La importancia del derecho de acceso a la información pública para la consolidación de la democracia y el ejercicio de otros derechos fue reconocida en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular con el objetivo 16.10 que busca “garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales”.
Al mismo tiempo, el periodismo representa una de las manifestaciones más importantes de la libertad de expresión e información. La actividad de la prensa es esencial para el funcionamiento de las democracias, ya que son los periodistas y los medios de comunicación quienes mantienen informada a la sociedad sobre lo que ocurre y sus distintas interpretaciones, condición necesaria para que el debate público sea fuerte, informado y vigoroso. Los Estados de la región deben continuar sus esfuerzos para prevenir y proteger a los periodistas en riesgo, investigar las amenazas y actos de violencia, y respetar y garantizar el trabajo de una prensa independiente y crítica como un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades.
Con ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Relatoría Especial reitera a los Estados la obligación de asegurar que los medios de comunicación sean capaces de mantener informada a la sociedad, lo que incluye la creación de un entorno que permita a los medios de comunicación libres, independientes y diversos desarrollarse. Asimismo, insta a los Estados a que promulguen leyes que permitan el acceso efectivo a la información y normas complementarias que aseguren su adecuada implementación, de conformidad con los estándares internacionales, propicien la implementación efectiva y eficiente de las normas de acceso a la información, y fortalezcan la estructura institucional de supervisión en la materia.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la CIDH con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.