domingo, 30 de septiembre de 2012
Qué grupos deberían desinvertir con el #7D
La Ley de Medios establece plazos y formas de desinversión para aquellos que, por ejemplo, tengan más licencias que las permitidas. Cuáles serían los cambios societarios a los que deberían ajustarse la radio y la TV
Por: Gabriel Ziblat
La discusión en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está centrada en la aplicación de dos artículos: el 161 y el 45. El primero de ellos es el que indica que los titulares de licencia tienen el plazo de un año para adecuarse a los límites que impone la ley. El Grupo Clarín interpuso una medida cautelar, que la Corte Suprema aceptó pero que limitó hasta el 7 de diciembre. Para el Gobierno, ese día debe aplicarse la ley. Pero para el Grupo, en cambio, a partir de allí empieza a correr el año (excepto que se extienda la cautelar).
Mientras tanto, la Justicia debe expedirse sobre la cuestión de fondo, que son los límites que establece el artículo 45, sobre la “multiplicidad de licencias”. Clarín impugnó judicialmente ese apartado, al sostener que es un “régimen arbitrario y discriminatorio de licencias”. Ese régimen fija que ningún grupo empresario puede tener más de 24 licencias de TV por cable (Clarín tiene más de 240), ni más de diez licencias abiertas (incluye radios AM, FM y canales de TV). Además, en ningún caso se puede prestar servicio a más del 35% de habitantes o abonados (Cablevisión tiene el 47%). A nivel local, se puede tener una AM, hasta dos FM (en las grandes ciudades) y una licencia de TV por cable o de canal de aire, por eso Clarín debe decidir entre Cablevisión o Canal 13.
Aparte de Clarín, otros grupos –muchos aliados al Gobierno– también están en una situación irregular y deberán ajustarse a la ley.
Por: Gabriel Ziblat
La discusión en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está centrada en la aplicación de dos artículos: el 161 y el 45. El primero de ellos es el que indica que los titulares de licencia tienen el plazo de un año para adecuarse a los límites que impone la ley. El Grupo Clarín interpuso una medida cautelar, que la Corte Suprema aceptó pero que limitó hasta el 7 de diciembre. Para el Gobierno, ese día debe aplicarse la ley. Pero para el Grupo, en cambio, a partir de allí empieza a correr el año (excepto que se extienda la cautelar).
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Aparte de Clarín, otros grupos –muchos aliados al Gobierno– también están en una situación irregular y deberán ajustarse a la ley.
Fuente: Diario Perfil
NdE: En la nota faltan varios grupos de medios del interior a los que también les cabe estos artículos
NdE: En la nota faltan varios grupos de medios del interior a los que también les cabe estos artículos
#7D La pelea del Gobierno y Clarín causa alta tensión en la Corte
Pese a las desmentidas formales, fuentes del máximo tribunal admitieron a Perfil la diferencia de opiniones por la desinversión. El juez Lorenzetti no va por su re-re
Por: Natalia Aguiar
La puja Gobierno-Clarín divide a los ministros de la Corte Suprema, que deberán decidir la constitucionalidad o no de la Ley de Medios. Fuentes cercanas al Alto Tribunal llegaron a definir a los ministros como “clarinistas” o “cristinistas”, en alusión a esa relación de enemistad sanguinaria cuya pulseada tiene un antes y un después del 7D.
El 7 de diciembre sería el punto de quiebre en el que el Grupo Clarín –y el resto de grupos que incumplen la ley– debería desinvertir para adecuarse a lo estipulado en el artículo 161 de la Ley de Medios, cuya constitucionalidad o no aún no ha sido resuelta por la Justicia de Primera Instancia en el fuero civil y comercial federal porque el Juzgado N° 1 a cargo de esta causa sensible se encuentra subrogado semanalmente por los jueces del fuero.
En mayo, la Corte estimó que el 7D vence la cautelar que suspendía la desinversión. Para el Gobierno, ese día Clarín ya deberá haber desinvertido o se expondrá a las duras sanciones oficiales. Para el Grupo, como mucho, ese día comienza a correr un año más para la adecuación.
Unos y otros. “Clarinistas” definirían a los que perciben en la ley el modelo de avasallamientos de derechos y garantías constitucionales por parte del poder político por cuya defensa y resguardo ha bregado la Corte en sus fallos. “No sólo se limitaría a las secuelas de la Ley de Medios, sino también sobre la indebida reforma constitucional para la re-reelección de Cristina Fernández de Kirchner, la embestida contra la libertad de expresión, contra la propiedad de comerciar, contra la propiedad privada y todas las cuestiones y acciones de tinte autoritario, como el incumplimiento de resoluciones de la Corte por parte del Ejecutivo”, explican a Perfil fuentes judiciales. Entre ellos incluyen al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y a Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Enrique Petracchi.
En la vereda de los afines al Gobierno o “cristinistas” estarían la ministra Elena Highton de Nolasco y Eugenio Zaffaroni. El voto sobre la Ley de Medios que se encuentra en duda es el de Carmen Argibay, quien se ha reincorporado al cuerpo de ministros luego de la feria de invierno con un delicado estado de salud. Por sus fallos históricos se inclinaría por el primer grupo.
Presidente. Sin embargo, y pese a que los supuestos “clarinistas” sumarían la mayoría de los votos, la presión del Gobierno para golpear al Grupo Clarín es tan fuerte que a fin de año, cuando debe resolverse la presidencia del Tribunal, cuyo ejercicio es de un trienio, el actual presidente Lorenzetti tendría definido no seguir al mando. Para él, significaría un “alto costo” asumir la “embestida contra Clarín” por su calidad de jurista defensor de derechos y garantías y porque en lo personal no avalaría otro punto de futura discordia: la posibilidad de una reforma constitucional. Así es que, luego de la negativa de Zaffaroni, hasta ahora la gran candidata a hacerse cargo sería Highton de Nolasco.
Además, un tercer mandato de Lorenzetti como titular de la Corte no sería bien visto si pretende oponerse a la re-re de Cristina, y en su círculo de confianza se analiza si él no debería bregar con el ejemplo.
El Gobierno cree que Lorenzetti apuesta también a una carrera política y que no quiere enfrentarse a Clarín en pos de sumar su apoyo. Sobre esa hipótesis también trabajan algunos de los ministros “cristinistas” del Alto Tribunal.
Ante la consulta de Perfil, Highton de Nolasco negó internas por la Ley de Medios. “De ninguna manera hay internas, en la Corte tenemos muy buena relación entre los ministros”. También desmintió la posibilidad de asumir la presidencia a partir de enero de 2013. Respecto la resolución de la Ley de Medios, agregó: “No puedo referirme al respecto porque la cuestión de fondo aún no está resuelta”, subrayó.
Fuentes cercanas a Lorenzetti intentaron desmentir que dejará la presidencia. “Sobre la Ley de Medios (los ministros) ya se expidieron de manera unánime. Todos firmaron menos Argibay, porque estaba enferma. No hay internas en la Corte y, si bien debe haber un presidente que se haga cargo de la gestión, las decisiones son consensuadas por los ministros”. Sin embargo, una calificada fuente del Tribunal admitió ante Perfil que eso ocurrirá y que Lorenzetti ya les informó de su paso al costado a varios de sus pares.
Dos funcionarias K podrían ir al juzgado clave para la batalla
En medio de la guerra de spots, el Consejo busca decidir quién aplicará la ley
En lo que se encuadraría dentro del “operativo 7D”, el Consejo de la Magistratura ha decidido contrarreloj realizar mañana a las 15 el plenario para aprobar el concurso 258 por el que se decidirá quién será el juez que se hará cargo de la causa Clarín en el Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 1. El encargado de ese expediente deberá resolver si es constitucional o no el artículo 161 de la Ley de Medios que obligaría a las empresas de medios a desinvertir para cumplir con la legislación.
Actualmente, el cargo se encuentra cubierto por jueces del fuero que subrogan por semana las causas de trámite, desde diciembre del año pasado, cuando Edmundo Carbone, juez jubilado, decidió renunciar.
Fuentes de la Magistratura explicaron a Perfil que se buscaría en tiempo récord nombrar al juez clave en la guerra entre el Gobierno y Clarín. “La idea es mandar la terna de los candidatos a Presidencia la próxima semana y luego al Senado para su aprobación para adelantarse al 7D”, confesó la fuente judicial.
Hay cinco consejeros que pretenden la anulación del concurso 258 por “manifiestas irregularidades”. Ellos son Ricardo Recondo, representante de los magistrados, Daniel Ostropolsky y Alejandro Fargosi, representantes de los abogados, Mario Cimadevilla, senador, y Oscar Aguad, diputado, ambos por la UCR. Las objeciones se dirigen a evitar que la favorita del Gobierno, María Lorena Gagliardi, funcionaria del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe), dependiente del Poder Ejecutivo, sexto en el orden de mérito y sin antecedentes en la Justicia, sea nombrada en el cargo. También objetan a la octava en el orden de mérito que luego quedó en el cuarto puesto, Marisa Alejandra Garsco, subsecretaria de Coordinación del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Las objeciones se sustentan en la facultad del Poder Ejecutivo de definir qué juzgado ocupará cada postulante.
“La que deberá definir la causa Clarín es Gagliardi, quien ya fue señalada por Cristina como la favorita y quien tendrá sobre sus espaldas la responsabilidad de resolver la guerra política entre Clarín y el Gobierno, porque la guerra judicial seguirá incluso con intervención de estrados internacionales”, confió una fuente de la Magistratura quien además avizoró por el temor de los consejeros considerados “rebeldes” por el oficialismo.
“Los cinco consejeros denunciantes advierten maniobras espurias por parte del Gobierno para embestir contra Clarín e incluso hubo amenazas de recusar a uno de ellos, en particular a Ricardo Recondo”, explicó preocupada una alta fuente de la Magistratura.
El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Hernán Ordiales, dijo a este diario que “esto es una cuestión política” y que “los consejeros opositores tuvieron la posibilidad de impugnar antes e incluso participaron de las entrevistas a los postulantes”.
Incertidumbre en los dueños del cable por la avanzada K
Aseguran que el sistema jurídico está de su lado y que el Gobierno busca imponer en los medios lo que no dice la ley
Por Gabriel Ziblat
Distintos actores del mundo de la televisión por cable coincidieron en que el escenario con el que vislumbran el tan mentado 7D es de total incertidumbre. Tanto los grandes como algunos pequeños cableoperadores dejaron en evidencia, en diálogo con Perfil, que en la industria no hay una idea clara de lo que podría suceder el 7 de diciembre.
Según el Gobierno, ese día el Grupo Clarín deberá comenzar a adaptarse a los límites que impone la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por lo que tendría que desprenderse de numerosas licencias. El multimedio, en cambio, repite que recién ahí empieza a correr el plazo de un año que establece la ley. Así lo sostuvo Carlos Moltini, gerente general de Cablevisión, en un diálogo con periodistas en el marco de la Jornadas Internacionales de Televisión por Cable.
“Tenemos plan A, plan Z y plan Z 68, pero igual estamos convencidos de que el sistema jurídico es muy sólido a favor nuestro”, aseveró. Y agregó: “Lo que busca el Gobierno es tratar de generar mediáticamente lo que jurídicamente no es. Le hace creer a un montón de gente que la ley es para garantizar multiplicidad de voces... pero también dice que con seis pesos se puede comer”.
Los pequeños actores del mercado, en tanto, miran la película del enfrentamiento entre Clarín y el Gobierno desde afuera, sin la certeza de saber cómo eso puede impactarles. La mayoría coincidió en que la eventual desinversión de Cablevisión no necesariamente los va a beneficiar.
Carlos Sabo, de Gigared, reconoció que “nadie tiene plata para comprarle las licencias a Clarín, por eso la ley va a ser de aplicación compleja”. “Yo veo que van a hacer la gran YPF, o la gran Aerolíneas, con el Gobierno haciéndose cargo de esas licencias”, consideró. En su caso, fue crítico de la actitud del kirchnerismo: “La ley tiene que ser para todos o para ninguno, y no se está yendo en ese camino”.
Distinta postura tienen Eduardo Maurino y Dante Gigena, presidente y vice de la Cámara Argentina de Cableoperadores Pymes. “La ley de medios era necesaria, nosotros estamos totalmente de acuerdo”, expresó Maurino, aunque reclamó que las pymes deberían tener un esquema diferenciado. Pero se distanció del conflicto: “No vamos a ser juez donde no somos parte”. A su lado, Gigena aclaró que no están “ni con el Gobierno ni con el Grupo Clarín”. “Que indique la Justicia cuándo se debe aplicar”, sentenció. Además, coincidieron en que los pequeños operadores no se van a ver beneficiados por los eventuales movimientos, sobre todo por no tener la capacidad económica.
Héctor Mosconi, de Lima Video Cable SA, se mostró escéptico de lo que pueda suceder el 7D. “No debería pasar nada. El Gobierno va a intentar que Clarín desinvierta, pero eso no nos va a beneficiar a nosotros”, afirmó. E indicó que si la estrategia es generar mayor pluralidad, el Gobierno los debería “apoyar financieramente”. “Hasta ahora no conseguimos nada”, se lamentó. Y concluyó: “No entiendo qué es lo que quieren hacer”.
A pesar de su confianza, Moltini reconoció estar “preocupado”. “Porque miro los antecedentes y veo que por un invento en Salta tuvimos cincuenta gendarmes en la empresa. Evidentemente éste es un Gobierno que no tiene frenos a la hora de tratar de lograr su objetivo”, sostuvo. Y señaló: “Acá su problema es controlar Telenoche y TN, cómo hacer que en cinco canales suceda lo que sucedió en cuatro el jueves 13 (el de los cacerolazos)”.
Fuente: Diario Perfil
Por: Natalia Aguiar
La puja Gobierno-Clarín divide a los ministros de la Corte Suprema, que deberán decidir la constitucionalidad o no de la Ley de Medios. Fuentes cercanas al Alto Tribunal llegaron a definir a los ministros como “clarinistas” o “cristinistas”, en alusión a esa relación de enemistad sanguinaria cuya pulseada tiene un antes y un después del 7D.
El 7 de diciembre sería el punto de quiebre en el que el Grupo Clarín –y el resto de grupos que incumplen la ley– debería desinvertir para adecuarse a lo estipulado en el artículo 161 de la Ley de Medios, cuya constitucionalidad o no aún no ha sido resuelta por la Justicia de Primera Instancia en el fuero civil y comercial federal porque el Juzgado N° 1 a cargo de esta causa sensible se encuentra subrogado semanalmente por los jueces del fuero.En mayo, la Corte estimó que el 7D vence la cautelar que suspendía la desinversión. Para el Gobierno, ese día Clarín ya deberá haber desinvertido o se expondrá a las duras sanciones oficiales. Para el Grupo, como mucho, ese día comienza a correr un año más para la adecuación.
Unos y otros. “Clarinistas” definirían a los que perciben en la ley el modelo de avasallamientos de derechos y garantías constitucionales por parte del poder político por cuya defensa y resguardo ha bregado la Corte en sus fallos. “No sólo se limitaría a las secuelas de la Ley de Medios, sino también sobre la indebida reforma constitucional para la re-reelección de Cristina Fernández de Kirchner, la embestida contra la libertad de expresión, contra la propiedad de comerciar, contra la propiedad privada y todas las cuestiones y acciones de tinte autoritario, como el incumplimiento de resoluciones de la Corte por parte del Ejecutivo”, explican a Perfil fuentes judiciales. Entre ellos incluyen al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y a Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Enrique Petracchi.
En la vereda de los afines al Gobierno o “cristinistas” estarían la ministra Elena Highton de Nolasco y Eugenio Zaffaroni. El voto sobre la Ley de Medios que se encuentra en duda es el de Carmen Argibay, quien se ha reincorporado al cuerpo de ministros luego de la feria de invierno con un delicado estado de salud. Por sus fallos históricos se inclinaría por el primer grupo.
Presidente. Sin embargo, y pese a que los supuestos “clarinistas” sumarían la mayoría de los votos, la presión del Gobierno para golpear al Grupo Clarín es tan fuerte que a fin de año, cuando debe resolverse la presidencia del Tribunal, cuyo ejercicio es de un trienio, el actual presidente Lorenzetti tendría definido no seguir al mando. Para él, significaría un “alto costo” asumir la “embestida contra Clarín” por su calidad de jurista defensor de derechos y garantías y porque en lo personal no avalaría otro punto de futura discordia: la posibilidad de una reforma constitucional. Así es que, luego de la negativa de Zaffaroni, hasta ahora la gran candidata a hacerse cargo sería Highton de Nolasco.
Además, un tercer mandato de Lorenzetti como titular de la Corte no sería bien visto si pretende oponerse a la re-re de Cristina, y en su círculo de confianza se analiza si él no debería bregar con el ejemplo.
El Gobierno cree que Lorenzetti apuesta también a una carrera política y que no quiere enfrentarse a Clarín en pos de sumar su apoyo. Sobre esa hipótesis también trabajan algunos de los ministros “cristinistas” del Alto Tribunal.
Ante la consulta de Perfil, Highton de Nolasco negó internas por la Ley de Medios. “De ninguna manera hay internas, en la Corte tenemos muy buena relación entre los ministros”. También desmintió la posibilidad de asumir la presidencia a partir de enero de 2013. Respecto la resolución de la Ley de Medios, agregó: “No puedo referirme al respecto porque la cuestión de fondo aún no está resuelta”, subrayó.
Fuentes cercanas a Lorenzetti intentaron desmentir que dejará la presidencia. “Sobre la Ley de Medios (los ministros) ya se expidieron de manera unánime. Todos firmaron menos Argibay, porque estaba enferma. No hay internas en la Corte y, si bien debe haber un presidente que se haga cargo de la gestión, las decisiones son consensuadas por los ministros”. Sin embargo, una calificada fuente del Tribunal admitió ante Perfil que eso ocurrirá y que Lorenzetti ya les informó de su paso al costado a varios de sus pares.
Dos funcionarias K podrían ir al juzgado clave para la batalla
En medio de la guerra de spots, el Consejo busca decidir quién aplicará la ley
En lo que se encuadraría dentro del “operativo 7D”, el Consejo de la Magistratura ha decidido contrarreloj realizar mañana a las 15 el plenario para aprobar el concurso 258 por el que se decidirá quién será el juez que se hará cargo de la causa Clarín en el Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 1. El encargado de ese expediente deberá resolver si es constitucional o no el artículo 161 de la Ley de Medios que obligaría a las empresas de medios a desinvertir para cumplir con la legislación. Actualmente, el cargo se encuentra cubierto por jueces del fuero que subrogan por semana las causas de trámite, desde diciembre del año pasado, cuando Edmundo Carbone, juez jubilado, decidió renunciar.
Fuentes de la Magistratura explicaron a Perfil que se buscaría en tiempo récord nombrar al juez clave en la guerra entre el Gobierno y Clarín. “La idea es mandar la terna de los candidatos a Presidencia la próxima semana y luego al Senado para su aprobación para adelantarse al 7D”, confesó la fuente judicial.
Hay cinco consejeros que pretenden la anulación del concurso 258 por “manifiestas irregularidades”. Ellos son Ricardo Recondo, representante de los magistrados, Daniel Ostropolsky y Alejandro Fargosi, representantes de los abogados, Mario Cimadevilla, senador, y Oscar Aguad, diputado, ambos por la UCR. Las objeciones se dirigen a evitar que la favorita del Gobierno, María Lorena Gagliardi, funcionaria del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe), dependiente del Poder Ejecutivo, sexto en el orden de mérito y sin antecedentes en la Justicia, sea nombrada en el cargo. También objetan a la octava en el orden de mérito que luego quedó en el cuarto puesto, Marisa Alejandra Garsco, subsecretaria de Coordinación del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Las objeciones se sustentan en la facultad del Poder Ejecutivo de definir qué juzgado ocupará cada postulante.
“La que deberá definir la causa Clarín es Gagliardi, quien ya fue señalada por Cristina como la favorita y quien tendrá sobre sus espaldas la responsabilidad de resolver la guerra política entre Clarín y el Gobierno, porque la guerra judicial seguirá incluso con intervención de estrados internacionales”, confió una fuente de la Magistratura quien además avizoró por el temor de los consejeros considerados “rebeldes” por el oficialismo.
“Los cinco consejeros denunciantes advierten maniobras espurias por parte del Gobierno para embestir contra Clarín e incluso hubo amenazas de recusar a uno de ellos, en particular a Ricardo Recondo”, explicó preocupada una alta fuente de la Magistratura.
El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Hernán Ordiales, dijo a este diario que “esto es una cuestión política” y que “los consejeros opositores tuvieron la posibilidad de impugnar antes e incluso participaron de las entrevistas a los postulantes”.
Incertidumbre en los dueños del cable por la avanzada K
Aseguran que el sistema jurídico está de su lado y que el Gobierno busca imponer en los medios lo que no dice la ley
Por Gabriel Ziblat
Distintos actores del mundo de la televisión por cable coincidieron en que el escenario con el que vislumbran el tan mentado 7D es de total incertidumbre. Tanto los grandes como algunos pequeños cableoperadores dejaron en evidencia, en diálogo con Perfil, que en la industria no hay una idea clara de lo que podría suceder el 7 de diciembre.
Según el Gobierno, ese día el Grupo Clarín deberá comenzar a adaptarse a los límites que impone la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por lo que tendría que desprenderse de numerosas licencias. El multimedio, en cambio, repite que recién ahí empieza a correr el plazo de un año que establece la ley. Así lo sostuvo Carlos Moltini, gerente general de Cablevisión, en un diálogo con periodistas en el marco de la Jornadas Internacionales de Televisión por Cable.“Tenemos plan A, plan Z y plan Z 68, pero igual estamos convencidos de que el sistema jurídico es muy sólido a favor nuestro”, aseveró. Y agregó: “Lo que busca el Gobierno es tratar de generar mediáticamente lo que jurídicamente no es. Le hace creer a un montón de gente que la ley es para garantizar multiplicidad de voces... pero también dice que con seis pesos se puede comer”.
Los pequeños actores del mercado, en tanto, miran la película del enfrentamiento entre Clarín y el Gobierno desde afuera, sin la certeza de saber cómo eso puede impactarles. La mayoría coincidió en que la eventual desinversión de Cablevisión no necesariamente los va a beneficiar.
Carlos Sabo, de Gigared, reconoció que “nadie tiene plata para comprarle las licencias a Clarín, por eso la ley va a ser de aplicación compleja”. “Yo veo que van a hacer la gran YPF, o la gran Aerolíneas, con el Gobierno haciéndose cargo de esas licencias”, consideró. En su caso, fue crítico de la actitud del kirchnerismo: “La ley tiene que ser para todos o para ninguno, y no se está yendo en ese camino”.
Distinta postura tienen Eduardo Maurino y Dante Gigena, presidente y vice de la Cámara Argentina de Cableoperadores Pymes. “La ley de medios era necesaria, nosotros estamos totalmente de acuerdo”, expresó Maurino, aunque reclamó que las pymes deberían tener un esquema diferenciado. Pero se distanció del conflicto: “No vamos a ser juez donde no somos parte”. A su lado, Gigena aclaró que no están “ni con el Gobierno ni con el Grupo Clarín”. “Que indique la Justicia cuándo se debe aplicar”, sentenció. Además, coincidieron en que los pequeños operadores no se van a ver beneficiados por los eventuales movimientos, sobre todo por no tener la capacidad económica.
Héctor Mosconi, de Lima Video Cable SA, se mostró escéptico de lo que pueda suceder el 7D. “No debería pasar nada. El Gobierno va a intentar que Clarín desinvierta, pero eso no nos va a beneficiar a nosotros”, afirmó. E indicó que si la estrategia es generar mayor pluralidad, el Gobierno los debería “apoyar financieramente”. “Hasta ahora no conseguimos nada”, se lamentó. Y concluyó: “No entiendo qué es lo que quieren hacer”.
A pesar de su confianza, Moltini reconoció estar “preocupado”. “Porque miro los antecedentes y veo que por un invento en Salta tuvimos cincuenta gendarmes en la empresa. Evidentemente éste es un Gobierno que no tiene frenos a la hora de tratar de lograr su objetivo”, sostuvo. Y señaló: “Acá su problema es controlar Telenoche y TN, cómo hacer que en cinco canales suceda lo que sucedió en cuatro el jueves 13 (el de los cacerolazos)”.
Fuente: Diario Perfil
#7D Desde el martes Martín Sabbatella será el nuevo presidente de la AFSCA
Cristina Kirchner firmará mañana el decreto para designarlo presidente del organismo de aplicación de la ley de medios. Asumirá “ad referéndum” de la aprobación de su licencia como diputado. Las impugnaciones de Carrió, Alonso y Bullrich fueron desestimadas
Por: Sebastian Abrevaya
A partir de esta semana Martín Sabbatella pasará a ser el nuevo presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). El viernes concluyó el período de impugnaciones, en el que se sólo se presentaron tres cuestionamientos de las diputadas opositoras Laura Alonso, Elisa Carrió y Patricia Bullrich.
En cambio la propuesta del Ejecutivo recibió un extenso número de apoyos, entre ellos organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, la Fundación Madres de Plaza de Mayo, el CELS; de dirigentes políticos como el jefe del bloque del FpV, Agustín Rossi, el senador Daniel Filmus, el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico; además de académicos como Damián Loreti, periodistas y organizaciones vinculadas a la comunicación audiovisual. Con el 7 de diciembre como fecha clave en la disputa entre el Gobierno y el Grupo Clarín, Sabbatella buscará avanzar mientras tanto con la adecuación de todos los restantes grupos de medios.
La presidenta Cristina Fernández firmará mañana el decreto designando en el directorio de la AFSCA a Sabbatella, quien asumirá el martes en el cargo, con la publicación formal en el Boletín Oficial. A partir de ese día entrará en funciones, aunque lo hará “ad referéndum” de la aprobación en el Congreso de su licencia como diputado nacional. En el kirchnerismo estiman que se aprobará en la próxima sesión, prevista en principio para el 10 de octubre. No faltarán cuestionamientos de la oposición, que exige la renuncia a la banca para que asuma Jorge Ceballos, hoy enrolado en el Movimiento Libres del Sur y el Frente Amplio Progresista.
En el marco de la disputa entre el Gobierno y el Grupo Clarín para que el multimedio acate el fallo de la Corte Suprema y se adecue a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), Sabbatella asumirá la gestión con un objetivo: lograr que para esa fecha los grupos de medios hayan terminado o al menos estén avanzados en el proceso de adecuación a la ley, que hasta ahora se había postergado para evitar beneficiar indirectamente al mayor actor del mercado. Además de cumplir con el texto de la ley, esa definición funcionará como forma de presión para el holding que encabeza Héctor Magnetto, que quedará en evidencia como el único que se resiste a cumplir con lo que establecen los artículos 45 y 161 de la ley, mal llamados de “desinversión”. “El 7 de diciembre todos los grupos van a estar adecuados o en proceso de adecuación, menos Clarín”, concluyen en el oficialismo.
En el kirchnerismo no quieren anticipar demasiado sus iniciativas, más allá del último spot que se conoció en las últimas semanas, para no mostrar sus cartas en el marco de la disputa judicial y política con Clarín. El Grupo insiste en su interpretación sobre el fallo de la Corte, según la cual el 7 de diciembre de 2012 recién empezaría a correr el plazo de un año para presentar un plan de adecuación a la norma.
Luego de la designación, Sabbatella prepara una reestructuración de las áreas del organismo y el desembarco de su grupo de gente de confianza, la mayoría de ellos sin un perfil político. A diferencia de la gestión anterior de Santiago Aragón, el líder de Nuevo Encuentro tendrá una exposición y un perfil público más alto. En su entorno evaluaban el fin de semana si realizarán un acto de asunción al frente del organismo.
Las tres diputadas que impugnaron a Sabbatella no presentaron argumentos de peso que hicieran revisar la propuesta del Ejecutivo. Las tres denunciaron que no cumple “con los requisitos de idoneidad e independencia política”, señalados en el artículo 14 de la LSCA. Sin embargo, su redacción establece que los directores “deben ser personas de alta calificación profesional en materia de comunicación social y poseer una reconocida trayectoria democrática y republicana, pluralista y abierta al debate y al intercambio de ideas diferentes”. Si bien Sabbatella no tiene títulos académicos en materia de comunicación, en su entorno señalaron la ley no precisa a qué se refiere con “alta calificación” y, en cambio, remarcaron su rol de vicepresidente en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, además de su probada transparencia y pluralidad en la gestión como intendente de Morón.
Fuente: Diario PáginaI12
Sabbatella avanzará en un plan para "licitar las frecuencias sobrantes"
Por: Fernando Oz
El equipo del diputado Martín Sabbatella ya prepara el desembarco en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y está convencido de que la impugnación de su designación que se presentó en el Congreso “es un escollo menor”. La mira está puesta en “llegar a tiempo” con un plan para “licitar todas las frecuencias sobrantes” de las empresas que no estén adecuadas a la Ley de Medios.
No parece haber dudas de las precisas directivas que dio la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando decidió desplazar al interventor del organismo, Santiago Aragón, y postular al actual legislador y ex intendente de Morón. El nuevo equipo será integrado por un mix de hombres del riñón de Sabbatella y técnicos que ya formaban parte de la AFSCA.
¿Podrá Sabbatella iniciar el proceso de desinversión del Grupo Clarín? “Es una lectura más amplia. Si la intención de la Presidenta es avanzar sobre Clarín se hubiese propuesto a cualquiera. La idea es que se cumpla la ley, ser ejecutivo y avanzar contra todos”, contestó a Perfil un funcionario que sabe de las directivas que partieron desde el Gobierno. “Acá se acaba con todas las extorsiones”, habría dicho CFK.
Un alfil del Sabbatella también fue por la misma línea cuando destacó que “Martín no tiene arreglos con nadie. Ese es el tema: a él no lo van a torcer. No tiene arreglos con el Grupo Vila-Manzano, con (Raúl) Monetta, ni con (Sergio) Szpolski”. Todo indica que la Presidenta envió una señal a todos los medios. No sólo al Grupo Clarín.
El jefe de Nuevo Encuentro viene con la bendición y con todo el apoyo. La Presidenta le pidió al secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, que ponga a un equipo para colaborar con Sabbatella para abordar “situaciones jurídicas puntuales”. En la Casa Rosada todos saben que la relación entre el funcionario y el ex intendente es muy buena.
La actual posición del espacio de Sabbatella se viene fortaleciendo desde hace tiempo, y el rol del diputado Marcelo Saín en la convulsionada relación entre el kirchnerismo y el gobierno de Buenos Aires resultó clave. Además de Zannini, el otro apoyo externo vendrá de la boca del periodista Horacio Verbitsky.
Días atrás, Aragón y Gabriel Mariotto –ex interventor del organismo y hoy vicegobernador bonaerense– se reunieron con Sabbatella para “coordinar el trabajo”, explicó un funcionario que participó del encuentro. La Cámpora también tendrá peso en un esquema que promete ser “arrollador”.
Fuente: Diario Perfil
Por: Sebastian Abrevaya
A partir de esta semana Martín Sabbatella pasará a ser el nuevo presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). El viernes concluyó el período de impugnaciones, en el que se sólo se presentaron tres cuestionamientos de las diputadas opositoras Laura Alonso, Elisa Carrió y Patricia Bullrich.
En cambio la propuesta del Ejecutivo recibió un extenso número de apoyos, entre ellos organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, la Fundación Madres de Plaza de Mayo, el CELS; de dirigentes políticos como el jefe del bloque del FpV, Agustín Rossi, el senador Daniel Filmus, el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico; además de académicos como Damián Loreti, periodistas y organizaciones vinculadas a la comunicación audiovisual. Con el 7 de diciembre como fecha clave en la disputa entre el Gobierno y el Grupo Clarín, Sabbatella buscará avanzar mientras tanto con la adecuación de todos los restantes grupos de medios.La presidenta Cristina Fernández firmará mañana el decreto designando en el directorio de la AFSCA a Sabbatella, quien asumirá el martes en el cargo, con la publicación formal en el Boletín Oficial. A partir de ese día entrará en funciones, aunque lo hará “ad referéndum” de la aprobación en el Congreso de su licencia como diputado nacional. En el kirchnerismo estiman que se aprobará en la próxima sesión, prevista en principio para el 10 de octubre. No faltarán cuestionamientos de la oposición, que exige la renuncia a la banca para que asuma Jorge Ceballos, hoy enrolado en el Movimiento Libres del Sur y el Frente Amplio Progresista.
En el marco de la disputa entre el Gobierno y el Grupo Clarín para que el multimedio acate el fallo de la Corte Suprema y se adecue a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), Sabbatella asumirá la gestión con un objetivo: lograr que para esa fecha los grupos de medios hayan terminado o al menos estén avanzados en el proceso de adecuación a la ley, que hasta ahora se había postergado para evitar beneficiar indirectamente al mayor actor del mercado. Además de cumplir con el texto de la ley, esa definición funcionará como forma de presión para el holding que encabeza Héctor Magnetto, que quedará en evidencia como el único que se resiste a cumplir con lo que establecen los artículos 45 y 161 de la ley, mal llamados de “desinversión”. “El 7 de diciembre todos los grupos van a estar adecuados o en proceso de adecuación, menos Clarín”, concluyen en el oficialismo.
En el kirchnerismo no quieren anticipar demasiado sus iniciativas, más allá del último spot que se conoció en las últimas semanas, para no mostrar sus cartas en el marco de la disputa judicial y política con Clarín. El Grupo insiste en su interpretación sobre el fallo de la Corte, según la cual el 7 de diciembre de 2012 recién empezaría a correr el plazo de un año para presentar un plan de adecuación a la norma.
Luego de la designación, Sabbatella prepara una reestructuración de las áreas del organismo y el desembarco de su grupo de gente de confianza, la mayoría de ellos sin un perfil político. A diferencia de la gestión anterior de Santiago Aragón, el líder de Nuevo Encuentro tendrá una exposición y un perfil público más alto. En su entorno evaluaban el fin de semana si realizarán un acto de asunción al frente del organismo.
Las tres diputadas que impugnaron a Sabbatella no presentaron argumentos de peso que hicieran revisar la propuesta del Ejecutivo. Las tres denunciaron que no cumple “con los requisitos de idoneidad e independencia política”, señalados en el artículo 14 de la LSCA. Sin embargo, su redacción establece que los directores “deben ser personas de alta calificación profesional en materia de comunicación social y poseer una reconocida trayectoria democrática y republicana, pluralista y abierta al debate y al intercambio de ideas diferentes”. Si bien Sabbatella no tiene títulos académicos en materia de comunicación, en su entorno señalaron la ley no precisa a qué se refiere con “alta calificación” y, en cambio, remarcaron su rol de vicepresidente en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, además de su probada transparencia y pluralidad en la gestión como intendente de Morón.
Fuente: Diario PáginaI12
Sabbatella avanzará en un plan para "licitar las frecuencias sobrantes"
Por: Fernando Oz
El equipo del diputado Martín Sabbatella ya prepara el desembarco en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y está convencido de que la impugnación de su designación que se presentó en el Congreso “es un escollo menor”. La mira está puesta en “llegar a tiempo” con un plan para “licitar todas las frecuencias sobrantes” de las empresas que no estén adecuadas a la Ley de Medios.
No parece haber dudas de las precisas directivas que dio la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando decidió desplazar al interventor del organismo, Santiago Aragón, y postular al actual legislador y ex intendente de Morón. El nuevo equipo será integrado por un mix de hombres del riñón de Sabbatella y técnicos que ya formaban parte de la AFSCA.
¿Podrá Sabbatella iniciar el proceso de desinversión del Grupo Clarín? “Es una lectura más amplia. Si la intención de la Presidenta es avanzar sobre Clarín se hubiese propuesto a cualquiera. La idea es que se cumpla la ley, ser ejecutivo y avanzar contra todos”, contestó a Perfil un funcionario que sabe de las directivas que partieron desde el Gobierno. “Acá se acaba con todas las extorsiones”, habría dicho CFK.
Un alfil del Sabbatella también fue por la misma línea cuando destacó que “Martín no tiene arreglos con nadie. Ese es el tema: a él no lo van a torcer. No tiene arreglos con el Grupo Vila-Manzano, con (Raúl) Monetta, ni con (Sergio) Szpolski”. Todo indica que la Presidenta envió una señal a todos los medios. No sólo al Grupo Clarín.
El jefe de Nuevo Encuentro viene con la bendición y con todo el apoyo. La Presidenta le pidió al secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, que ponga a un equipo para colaborar con Sabbatella para abordar “situaciones jurídicas puntuales”. En la Casa Rosada todos saben que la relación entre el funcionario y el ex intendente es muy buena.
La actual posición del espacio de Sabbatella se viene fortaleciendo desde hace tiempo, y el rol del diputado Marcelo Saín en la convulsionada relación entre el kirchnerismo y el gobierno de Buenos Aires resultó clave. Además de Zannini, el otro apoyo externo vendrá de la boca del periodista Horacio Verbitsky.
Días atrás, Aragón y Gabriel Mariotto –ex interventor del organismo y hoy vicegobernador bonaerense– se reunieron con Sabbatella para “coordinar el trabajo”, explicó un funcionario que participó del encuentro. La Cámpora también tendrá peso en un esquema que promete ser “arrollador”.
Fuente: Diario Perfil
La prensa Argentina bajo fuego
Por: Jorge Rendo*
La administración de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner salió a la TV abierta el mes pasado con una ataque de cuatro minutos sobre el Grupo Clarín, la empresa de medios más grande de la Argentina. Éste fue el último de una larga serie de abusos. A diferencia de los ataques previos el mensaje no fue "Clarín miente" o que no existe la prensa independiente, como dijo Fernádez en su discurso del miércoles en la Universidad de Georgetown.
Esta vez durante un espacio publicitario de un partido de fútbol de gran audiencia, el gobierno declaró al Grupo Clarín como una amenaza para la democracia argentina anunció que la compañía será obligada a vender algunos de sus medios el 7 de diciembre.
El mensaje del gobierno fue escalofriantemente simple: en diciembre el Grupo Clarín será desmantelado. Cada partido político opositor, la Asociación Interamericana de Prensa y las organizaciones de medios alrededor del mundo han criticado al gobierno argentino la intervención sin precedentes en el mercado privado de medios.
El gobierno argumenta que su acción es necesaria porque la Ley de 2009 estipula que las compañías de medios no pueden poseer medios gráficos (sic) y televisivos y que restringe el número de licencias que lo grupos pueden poseer. El gobierno sostiene que Clarín, cuyas empresas superan el límite dispuesto por la ley, deben ser inmediatamente despojados de aquellos bienes que se contraponen con la ley.
Esta afirmación es falsa. Por una parte, la ley claramente estipula un año de gracia que se iniciará una vez que los procedimientos judiciales relacionados hayan sido agotados. Y no sólo no han sido agotados, sino que varios grupos en el mercado de medios de argentina deberían ser sujetos de la ley, mientras que sólo Clarín ha sido forzado a una venta de activos.
Fernández y sus aliados atacan constantemente a Clarín, sus accionistas y periodistas. La ley y su implementación se han convertido en un capítulo más en la contante batalla contra uno de los pocos medio independientes que quedan en Argentina.
Y no parece que el gobierno vaya a parar una vez que desmantele al Grupo Clarín. El gobierno argentino ha incrementado su influencia económica y política en favor de sus aliados y perseguir a sus opositores, incluidos economistas independientes que osaron publicar las estadísticas económicas reales en lugar de aquéllas dadas por el estado. Fondos publicitarios del gobierno, que han pasado de 40 millones de pesos en el 2003 a 600 millones el pasado año, son canalizados en los medios amigos. El grupo Szpolski, pro Fernández, que tiene una circulación mucho más pequeña que Clarín recibió 125 millones en 2011 mientras que Clarín recibió apenas 3.3 millones. El favoritismo es tan evidente que el diario Perfil ganó un litigio en la Corte Suprema de Justicia, argumentando que había un trato discriminatorio en la pauta oficial. (El gobierno aun no ha cumplido con el fallo del tribunal que había exigido la distribución proporcional de la publicidad oficial)
Fernández debería tomar como ejemplo a los Estados nidos y su compromiso de protección de todas las voces del espectro político. El presidente Obama se pronunció como un entusiasta defensor de la libertad de expresión en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas la semana pasada. Sostuvo elocuentemente que los líderes políticos no tienen derecho a ser susceptibles por la crítica, diciendo que "en los Estados Unidos, incontables publicaciones provocan ofensas.... Como presidente de nuestro país y comandante en jefe de nuestras fuerzas armadas, acepto que la gente va a llamarme de manera terrible todos los días, y siempre voy a defender su derecho a hacerlo".
Así como aceptamos los principios del libre mercado y la justa competencia, también apoyamos un mercado libre de ideas en Argentina. La ley del 2009 puede tener un efecto positivo en los medios argentinos, pero no puede ser de aplicación selectiva y ser usada como herramienta para acosar a los opositores. La aplicación selectiva contra rivales políticos erosiona el estado de derecho, con directas implicancia sobre la libertad e expresión. Espero que Argentina cambie de rumbo antes que sea demasiado tarde.
*Jorge Rendo es director del Grupo Clarín, la mayor compañía de medios en Argentina
Ver nota original acá
La administración de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner salió a la TV abierta el mes pasado con una ataque de cuatro minutos sobre el Grupo Clarín, la empresa de medios más grande de la Argentina. Éste fue el último de una larga serie de abusos. A diferencia de los ataques previos el mensaje no fue "Clarín miente" o que no existe la prensa independiente, como dijo Fernádez en su discurso del miércoles en la Universidad de Georgetown.
Esta vez durante un espacio publicitario de un partido de fútbol de gran audiencia, el gobierno declaró al Grupo Clarín como una amenaza para la democracia argentina anunció que la compañía será obligada a vender algunos de sus medios el 7 de diciembre.
El mensaje del gobierno fue escalofriantemente simple: en diciembre el Grupo Clarín será desmantelado. Cada partido político opositor, la Asociación Interamericana de Prensa y las organizaciones de medios alrededor del mundo han criticado al gobierno argentino la intervención sin precedentes en el mercado privado de medios.
El gobierno argumenta que su acción es necesaria porque la Ley de 2009 estipula que las compañías de medios no pueden poseer medios gráficos (sic) y televisivos y que restringe el número de licencias que lo grupos pueden poseer. El gobierno sostiene que Clarín, cuyas empresas superan el límite dispuesto por la ley, deben ser inmediatamente despojados de aquellos bienes que se contraponen con la ley.
Esta afirmación es falsa. Por una parte, la ley claramente estipula un año de gracia que se iniciará una vez que los procedimientos judiciales relacionados hayan sido agotados. Y no sólo no han sido agotados, sino que varios grupos en el mercado de medios de argentina deberían ser sujetos de la ley, mientras que sólo Clarín ha sido forzado a una venta de activos.
Fernández y sus aliados atacan constantemente a Clarín, sus accionistas y periodistas. La ley y su implementación se han convertido en un capítulo más en la contante batalla contra uno de los pocos medio independientes que quedan en Argentina.
Y no parece que el gobierno vaya a parar una vez que desmantele al Grupo Clarín. El gobierno argentino ha incrementado su influencia económica y política en favor de sus aliados y perseguir a sus opositores, incluidos economistas independientes que osaron publicar las estadísticas económicas reales en lugar de aquéllas dadas por el estado. Fondos publicitarios del gobierno, que han pasado de 40 millones de pesos en el 2003 a 600 millones el pasado año, son canalizados en los medios amigos. El grupo Szpolski, pro Fernández, que tiene una circulación mucho más pequeña que Clarín recibió 125 millones en 2011 mientras que Clarín recibió apenas 3.3 millones. El favoritismo es tan evidente que el diario Perfil ganó un litigio en la Corte Suprema de Justicia, argumentando que había un trato discriminatorio en la pauta oficial. (El gobierno aun no ha cumplido con el fallo del tribunal que había exigido la distribución proporcional de la publicidad oficial)
Fernández debería tomar como ejemplo a los Estados nidos y su compromiso de protección de todas las voces del espectro político. El presidente Obama se pronunció como un entusiasta defensor de la libertad de expresión en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas la semana pasada. Sostuvo elocuentemente que los líderes políticos no tienen derecho a ser susceptibles por la crítica, diciendo que "en los Estados Unidos, incontables publicaciones provocan ofensas.... Como presidente de nuestro país y comandante en jefe de nuestras fuerzas armadas, acepto que la gente va a llamarme de manera terrible todos los días, y siempre voy a defender su derecho a hacerlo".
Así como aceptamos los principios del libre mercado y la justa competencia, también apoyamos un mercado libre de ideas en Argentina. La ley del 2009 puede tener un efecto positivo en los medios argentinos, pero no puede ser de aplicación selectiva y ser usada como herramienta para acosar a los opositores. La aplicación selectiva contra rivales políticos erosiona el estado de derecho, con directas implicancia sobre la libertad e expresión. Espero que Argentina cambie de rumbo antes que sea demasiado tarde.
*Jorge Rendo es director del Grupo Clarín, la mayor compañía de medios en Argentina
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Esta empresa, a la que le importa el país, acompaña el relato de Tiempo Argentino
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#7D: entre el qué y el cómo
Por: Martín Becerra
Era difícil imaginar hace tres años, cuando el Congreso sancionaba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que hacia el fin de 2012 muchos de sus artículos no serían aplicados y que ni la prometida democratización a corto plazo ni el cierre súbito de señales insignia del Grupo Clarín se concretarían. Una fecha, el 7 de diciembre, reactiva la discusión sobre un texto sobre el que se habló mucho y se hizo poco.
La contienda que protagonizan el Gobierno como principal impulsor de la ley y Clarín como el mayor grupo multimedios que la resiste, polarizó el debate público, pero adosó a la agenda cuestiones que eran tabú, como los intereses de grandes conglomerados que subordinan la línea periodística a su renta, o los lazos económicos del Gobierno con empresarios mediáticos afines. El escenario de la discusión, además, se ornamenta con un pesado arsenal de escraches sin presunción de inocencia ni derecho a réplica.
Sin respetarse la letra de la Ley –y en verdad, contradiciéndola–, hay movimientos recientes en el mapa de medios, con algunos grupos en ascenso (Vila-Manzano, Cristóbal López, Szpolski), con el Estado que emerge como emisor con potencia y con otros grupos, como Clarín, que ven acechado el dominio que ejercieron durante décadas. En otro plano, voces que apoyaron la nueva regulación audiovisual porque promovían la diversidad siguen huérfanas de respuesta a su reclamo histórico.
Este proceso encontró un revulsivo en los spots sobre el 7D. Hoy va despejándose el título de lo que sucederá a partir de diciembre, pero no así su contenido. Parece más claro el “qué” que el “cómo”:
1. El qué: la mejor interpretación legal sobre qué supone el 7D fue didácticamente provista por el especialista en derecho público Gustavo Arballo en su blog “Saber leyes no es saber derecho”. En su fallo de mayo pasado, la Corte Suprema indicó que el plazo de adecuación a la ley venció ya en diciembre de 2011. Lo que está en suspenso por la medida cautelar que tiene el Grupo Clarín es la aplicación del artículo 161 de la ley, pero al caer la cautelar el 7D, de no mediar fallo judicial, Clarín no contaría con un año de plazo extra, sostiene Arballo.
2. El cómo: lo que la Ley de Medios, sus reglamentaciones (sobre todo la Resolución 297/2010 que establece pautas para la adecuación) y los fallos de la Corte aportan en relación al tema apenas alcanzan para elucidar qué debería hacer Clarín. Pero las mismas normas ofrecen ambigüedad acerca de qué activos, y cómo, deben transferirse o venderse a terceros. De no mediar fallo a su favor, Clarín deberá adecuarse. Pero no es tan claro cómo debe hacerlo. Esto vale también para el resto de grupos que están en infracción y a los que el Gobierno permitió eludir la adecuación pese a no contar con cautelares, basándose en la premisa de que ello sería asimétrico respecto de la holgada posición de Clarín.
El fallo de la Corte conduce a que Clarín deberá encuadrarse en las generales de la ley. Lo que nadie sabe es cómo. ¿Será aceptado, por ejemplo, que los grupos se adecuen a través de transferencias a la parentela? Lo que sea autorizado en otros casos será, al final, válido también para Clarín.
La base normativa para gestionar los procesos de desinversión de quienes presentaron propuestas dista de ser diáfana. Pero hay menos respaldo aún para orientar la eventual intervención estatal en el caso de que, como es previsible, un grupo se resista a adecuarse a la ley.
Además, a las resistencias de los actores concentrados y a las ambigüedades normativas se suma un aspecto medular: el Gobierno optó hasta ahora por una interpretación muy selectiva y a cuentagotas de la Ley de Medios, restringiendo sólo al oficialismo la conformación de los órganos de control y de aplicación (Comisión Bicameral, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), así como la llamada Comisión de Análisis, Asesoramiento y Seguimiento de los Procesos de Adecuación. El Gobierno subordinó, en suma, la ejecución de políticas al único objetivo de despiezar a Clarín.
Para corregir lo actuado y para sembrar coherencia en la implementación de la ley se precisa dotar de legitimidad un proceso que viene revirado. Como la historia no acaba el 7D, el tipo de construcción que se realice con este material plagado de conflictos condicionará la eficacia de su continuidad a mediano y largo plazo.
*Especialista en medios. En Twitter @aracalacana
Fuente: Diario Perfil
Era difícil imaginar hace tres años, cuando el Congreso sancionaba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que hacia el fin de 2012 muchos de sus artículos no serían aplicados y que ni la prometida democratización a corto plazo ni el cierre súbito de señales insignia del Grupo Clarín se concretarían. Una fecha, el 7 de diciembre, reactiva la discusión sobre un texto sobre el que se habló mucho y se hizo poco.
La contienda que protagonizan el Gobierno como principal impulsor de la ley y Clarín como el mayor grupo multimedios que la resiste, polarizó el debate público, pero adosó a la agenda cuestiones que eran tabú, como los intereses de grandes conglomerados que subordinan la línea periodística a su renta, o los lazos económicos del Gobierno con empresarios mediáticos afines. El escenario de la discusión, además, se ornamenta con un pesado arsenal de escraches sin presunción de inocencia ni derecho a réplica.
Sin respetarse la letra de la Ley –y en verdad, contradiciéndola–, hay movimientos recientes en el mapa de medios, con algunos grupos en ascenso (Vila-Manzano, Cristóbal López, Szpolski), con el Estado que emerge como emisor con potencia y con otros grupos, como Clarín, que ven acechado el dominio que ejercieron durante décadas. En otro plano, voces que apoyaron la nueva regulación audiovisual porque promovían la diversidad siguen huérfanas de respuesta a su reclamo histórico.
Este proceso encontró un revulsivo en los spots sobre el 7D. Hoy va despejándose el título de lo que sucederá a partir de diciembre, pero no así su contenido. Parece más claro el “qué” que el “cómo”:
1. El qué: la mejor interpretación legal sobre qué supone el 7D fue didácticamente provista por el especialista en derecho público Gustavo Arballo en su blog “Saber leyes no es saber derecho”. En su fallo de mayo pasado, la Corte Suprema indicó que el plazo de adecuación a la ley venció ya en diciembre de 2011. Lo que está en suspenso por la medida cautelar que tiene el Grupo Clarín es la aplicación del artículo 161 de la ley, pero al caer la cautelar el 7D, de no mediar fallo judicial, Clarín no contaría con un año de plazo extra, sostiene Arballo.
2. El cómo: lo que la Ley de Medios, sus reglamentaciones (sobre todo la Resolución 297/2010 que establece pautas para la adecuación) y los fallos de la Corte aportan en relación al tema apenas alcanzan para elucidar qué debería hacer Clarín. Pero las mismas normas ofrecen ambigüedad acerca de qué activos, y cómo, deben transferirse o venderse a terceros. De no mediar fallo a su favor, Clarín deberá adecuarse. Pero no es tan claro cómo debe hacerlo. Esto vale también para el resto de grupos que están en infracción y a los que el Gobierno permitió eludir la adecuación pese a no contar con cautelares, basándose en la premisa de que ello sería asimétrico respecto de la holgada posición de Clarín.
El fallo de la Corte conduce a que Clarín deberá encuadrarse en las generales de la ley. Lo que nadie sabe es cómo. ¿Será aceptado, por ejemplo, que los grupos se adecuen a través de transferencias a la parentela? Lo que sea autorizado en otros casos será, al final, válido también para Clarín.
La base normativa para gestionar los procesos de desinversión de quienes presentaron propuestas dista de ser diáfana. Pero hay menos respaldo aún para orientar la eventual intervención estatal en el caso de que, como es previsible, un grupo se resista a adecuarse a la ley.
Además, a las resistencias de los actores concentrados y a las ambigüedades normativas se suma un aspecto medular: el Gobierno optó hasta ahora por una interpretación muy selectiva y a cuentagotas de la Ley de Medios, restringiendo sólo al oficialismo la conformación de los órganos de control y de aplicación (Comisión Bicameral, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), así como la llamada Comisión de Análisis, Asesoramiento y Seguimiento de los Procesos de Adecuación. El Gobierno subordinó, en suma, la ejecución de políticas al único objetivo de despiezar a Clarín.
Para corregir lo actuado y para sembrar coherencia en la implementación de la ley se precisa dotar de legitimidad un proceso que viene revirado. Como la historia no acaba el 7D, el tipo de construcción que se realice con este material plagado de conflictos condicionará la eficacia de su continuidad a mediano y largo plazo.
*Especialista en medios. En Twitter @aracalacana
Fuente: Diario Perfil
#7D El Tiempo y El País se ocupan de CFK vs. Clarín
Nueva batalla de Cristina con el gigante mediático de Argentina
Por: José Vales
A las largas cadenas nacionales, ahora se suma la publicidad para presionar a medios críticos.
Fue en una tanda de la emisión dominical del pasado 26 de septiembre de los partidos de fútbol, que ahora se llama 'Fútbol para todos' y que hasta hace dos años estaba bajo la órbita del grupo Clarín.
Allí, durante casi cinco minutos, el Gobierno le advirtió al grupo mediático que si no aplica el artículo 161 (de desinversión) de la ley de medios de comunicación sancionada en el 2009, llamará a concurso las señales en su poder.
Allí comenzó una nueva batalla entre el Gobierno y el grupo mediático más grande del país, en un episodio más que envuelve a la polémica presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que ya ha visto cómo miles de personas han salido a las calles a exigirle que deje de meterse en sus hogares -tan a menudo- a través de las cadenas o alocuciones de TV que hacen parecer a Argentina la Venezuela de Hugo Chávez.
La guerra contra el grupo Clarín no es nueva. El Gobierno se aferra a la fecha del 7 de diciembre como vencimiento del plazo dado por la Corte Suprema de Justicia para cumplir con la cláusula de desinversión. De esa manera, y si ningún juez la declara inconstitucional, el grupo deberá desprenderse de una buena parte de las casi 300 señales, entre cable, abierta y de radio, con que cuenta a lo largo del país.
Hoy es la guerra declarada, pero, entre el 2003 y el 2007, la relación entre el director ejecutivo de Clarín, Héctor Magneto, y el fallecido expresidente Néstor Kirchner y su sucesora y esposa, Cristina, era fluida. Máxime cuando el Gobierno renovó las licencias de los canales de televisión por 10 años en el 2004. Una relación que está sólidamente documentada en el libro 'Pecado original', de la periodista Graciela Mochkofsky.
La ruptura se produjo después de la crisis con los productores agropecuarios, entre marzo y junio del 2007, cuando el diario Clarín, desde su línea editorial, tomó partido abiertamente por "el campo". "Néstor Kirchner le cuestionó duramente a Magneto que él no estuviera de su lado y desde entonces comenzó esa suerte de divorcio", recuerda Mochkofsky.
El rompimiento fue primero verbal. Con ataques desde la tribuna de Kirchner o de la ahora Presidenta. Clarín respondía endureciendo su línea editorial. Luego llegaron las presiones judiciales y empresariales. Primero, para conocer la verdadera identidad de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, hija del fundador del diario, bajo la sospecha de que fuesen hijos de desaparecidos durante la dictadura militar (1976-1983).
Después, el Gobierno planteó la batalla económica. Primero logrando que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no renovara el contrato para la transmisión de fútbol en el 2010, y después impulsando la producción de papel para periódicos como de "interés público", en diciembre del 2011, una actividad en la que el grupo Clarín y la empresa que edita el diario 'La Nación' tenían mucho poder.
Más recientemente, y por vía judicial, el Gobierno ha estado intentando que Clarín se desprenda de la firma que más factura: Cablevisión (TV por cable). "Desde que el conflicto se judicializó, Clarín siempre intentó bloquear la justicia, y el Gobierno, desguazar al grupo. Es imposible saber qué va a pasar, pero sin duda hay que seguir de cerca lo que suceda el 7 de diciembre", dice Mochkofsky. Y para quien se pierda el anuncio del 7 de diciembre, todavía podrá ver la publicidad de 'Fútbol para todos', del domingo 9 de diciembre, donde casi con seguridad el Gobierno brindará el parte actualizado de esta guerra.
Ultimátum de Fernández a la prensa
La presidenta amenaza al Grupo Clarín y le acusa de no cumplir la Ley de Medios
Por: Francisco Peregil
El Gobierno de Argentina ha marcado una fecha clave para la batalla que libra contra el Grupo Clarín, la mayor compañía mediática argentina, dueña del diario de mayor difusión, de canales de televisión en abierto y por cable, de emisoras de radio de onda media y FM, todos ellos situados en los primeros puestos de las listas de audiencia. El Ejecutivo ha anunciado que si antes del próximo 7 de diciembre el grupo no cumple con la Ley de Medios de 2009 y desinvierte en sus empresas audiovisuales, “el Estado se verá obligado a llamar a concurso público” para “adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la ley a nuevos titulares”.
Hasta 2008, la relación entre el mandatario Néstor Kirchner (2003-2007) y la actual presidenta, Cristina Fernández, era buena y fluida. A partir de ese año, en que se produjo en el país la llamada “crisis del campo”, hallar un comentario positivo en Clarín hacia el Gobierno resultó tan difícil como encontrar un mes donde la presidenta no lanzara algún ataque contra Clarín, a quien acusa de difundir un mensaje de “temor”, “miedo”, “desánimo” y “pesimismo”. Fernández ya anunció el 7 de septiembre que “la cadena ilegal” tenía “fecha de vencimiento”. Pero el pasado fin de semana el Gobierno dio un paso más al frente al emitir en la televisión pública un anuncio de casi cuatro minutos y medio, donde dejaba bien sentada su posición sobre el asunto y las medidas que pensaba adoptar:
“Queremos que marques un día importante en el calendario: el 7 de diciembre”, rezaba el espacio publicitario. “O como vamos a llamarlo desde ahora, el 7-D. La d es de diciembre, pero también podría ser de diversidad o democracia. Ese día, después de tres años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra por fin en vigencia uno de los artículos más importantes de la Ley de Medios Audiovisuales: el 161, que ordena la adecuación para los grupos que tengan muchas licencias y que garantiza más pluralidad de voces y más libertad de expresión”.
“Pero hagamos un poco de historia. El 10 de octubre de 2009 el poder legislativo aprobó una nueva Ley de Medios. Con gran participación y debate social a nivel nacional, que reemplaza a la antigua, creada por la dictadura. ¿Hace cuánto que se aprobó? ¿Tres años? Sí. Tres años. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces evitando los monopolios, establece un límite de licencias que pueden tener cada grupo empresario de medios. Y dispone, justamente, en el artículo 161, que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. También creó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) como órgano de aplicación y control. Hay que recordar que, cuando se aprobó, algunos grupos de medios presentaron medidas cautelares para que no se ponga en vigencia el programa de adecuación”.
El pasado 7 de septiembre, durante un discurso televisado, Cristina Fernández, aclaró que el resto de grupos ya habían cumplido con la Ley de Medios: “Las otras empresas, debo reconocerlo también, nobleza obliga… Es bueno reconocer las cosas buenas… Otras empresas y grupos mediáticos, que también habían planteado medidas cautelares y demás, las retiraron en su totalidad y hoy se someten a la autoridad de la AFSCA”.
Dos semanas después, el anuncio reproducía aquellas expresiones: “Pero, nobleza obliga, tenemos que admitir que todos los grupos reconocieron desde su origen al AFSCA como autoridad de control del sector y de aplicación de la ley. Salvo… el Grupo Clarín”.
El anuncio continuaba:
“Prestá mucha atención. Por la ley aprobada en el Congreso, cada grupo empresario puede operar cómo máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas: radios AM [Onda Media], FM o de televisión abierta. ¿Y el Grupo Clarín? ¿Cuántas tiene? Más de 240 sistemas de cable. Sí. Escuchaste bien: más de 240 sistemas de cable, nueve radios AM, una radio FM y cuatro canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional ilegal”.
Y recalcaba que solo el Grupo Clarín incumple la Ley:
“A medida que transcurrían los meses varios grupos empresarios de medios iniciaron los trámites para cumplir con la ley. ¿Y quién queda sin aceptar la ley? Adiviná… Solo quedó el Grupo Clarín. ¿Y entonces? El 22 de mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia determinó la vigencia del artículo 161. Y fijó el 7 de diciembre, el 7-D, como fecha límite para cumplir con la ley. Hoy, tres años después… Sí, tres años después de aprobada la Ley y con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el Grupo Clarín se niega a todo. No reconoce al Afsca como autoridad de control y aplicación de la ley; se niega a presentar un plan de adecuación; se niega a cumplir con la Ley”.
El comunicado avanzaba lo que puede ocurrir el 7-D:
“Si el Grupo Clarín se sigue negando a cumplir con la Ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público, garantizando las fuentes de trabajo, para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la ley a nuevos titulares quienes, obviamente, deberán cumplir con todos los requisitos legales. Como cualquier hijo de vecino”.
El grupo no tardó ni un día en responder al Gobierno en el diario Clarín punto por punto y a través de su propio anuncio televisado: “Aunque el Gobierno quiere instalar otra cosa, el 7 de diciembre no debe suceder nada, ni jurídica ni fácticamente, con los medios del Grupo Clarín. Esto no es una opinión ni una interpretación. Es lo que dice la Ley y la Justicia. El Grupo Clarín impugnó judicialmente los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios por violar varios derechos constitucionales. Ese juicio está en pleno trámite. Para proteger esos derechos mientras dure el juicio la Justicia dictó una medida cautelar que fue ratificada por la Corte Suprema. Si el 7 de diciembre ese juicio no está terminado, no pasa nada. Puede prolongarse la cautelar, como dijo la Corte. O puede empezar a correr un año más, el plazo de un año que establece la propia Ley de Medios. Ese año, como mínimo, tiene la Justicia para resolver la demanda de inconstitucionalidad. Mientras tanto, no debe pasar nada. Lo dice la Ley, lo dice la Justicia, lo dicen todos los constitucionalistas. Entonces… ¿Qué se busca con el relato oficial? ¿Preparar el terreno para otra cosa? ¿Terminar con el Estado de derecho en la Argentina?
Quedan apenas 68 días. Fernández auguró que en este periodo se producirán “cosas muy estrambóticas”. Pero también asegura sentirse “preparada” para lo que venga. El Grupo Clarín, mientras tanto, confía en la Justicia.
Lecciones de periodismo en Harvard
Cristina Fernández acudió esta semana a la Asamblea de la ONU en EE UU y aprovechó para impartir el miércoles una conferencia en la Universidad de Georgetown (Washington) y otra en Harvard (Boston). Fernández, que lleva un año sin ofrecer una rueda de prensa, tuvo que escuchar cómo un joven venezolano le preguntaba en Harvard: “En vista de los constantes ataques que medios, intelectuales y periodistas específicos, no necesariamente opositores sino críticos, han recibido durante su Gobierno, ¿usted cree que existe la pluralidad de ideas y la libertad de expresión en la Argentina?”
Después de contestar que nunca hubo en el país tanta libertad de expresión como ahora, Fernández insinuó que alguien le había dictado la pregunta al estudiante: “Te vi leer la pregunta, seguramente no tenés buena memoria para recordar lo que me querés decir”. Después, otro alumno le dijo: “Soy argentino también y me siento muy privilegiado de poder ser uno de los pocos argentinos que pueden hacerle preguntas”. Fernández explicó que en Argentina se había aprobado la Ley de Medios en 2009. “Es curioso que no haya llegado una información de esta naturaleza a una universidad tan importante como Harvard”, deslizó. Tras cargar contra el “monopolio” del Grupo Clarín, la presidenta volvió a insinuar que a los estudiantes les habían dictado las preguntas: “Sé que hubo muchos mails y periodistas que estuvieron haciendo las preguntas, pero también esto hace a la libertad”.
Fuentes: El País y El Tiempo
Por: José Vales
A las largas cadenas nacionales, ahora se suma la publicidad para presionar a medios críticos.
Fue en una tanda de la emisión dominical del pasado 26 de septiembre de los partidos de fútbol, que ahora se llama 'Fútbol para todos' y que hasta hace dos años estaba bajo la órbita del grupo Clarín.
Allí, durante casi cinco minutos, el Gobierno le advirtió al grupo mediático que si no aplica el artículo 161 (de desinversión) de la ley de medios de comunicación sancionada en el 2009, llamará a concurso las señales en su poder.
La guerra contra el grupo Clarín no es nueva. El Gobierno se aferra a la fecha del 7 de diciembre como vencimiento del plazo dado por la Corte Suprema de Justicia para cumplir con la cláusula de desinversión. De esa manera, y si ningún juez la declara inconstitucional, el grupo deberá desprenderse de una buena parte de las casi 300 señales, entre cable, abierta y de radio, con que cuenta a lo largo del país.
Hoy es la guerra declarada, pero, entre el 2003 y el 2007, la relación entre el director ejecutivo de Clarín, Héctor Magneto, y el fallecido expresidente Néstor Kirchner y su sucesora y esposa, Cristina, era fluida. Máxime cuando el Gobierno renovó las licencias de los canales de televisión por 10 años en el 2004. Una relación que está sólidamente documentada en el libro 'Pecado original', de la periodista Graciela Mochkofsky.
La ruptura se produjo después de la crisis con los productores agropecuarios, entre marzo y junio del 2007, cuando el diario Clarín, desde su línea editorial, tomó partido abiertamente por "el campo". "Néstor Kirchner le cuestionó duramente a Magneto que él no estuviera de su lado y desde entonces comenzó esa suerte de divorcio", recuerda Mochkofsky.
El rompimiento fue primero verbal. Con ataques desde la tribuna de Kirchner o de la ahora Presidenta. Clarín respondía endureciendo su línea editorial. Luego llegaron las presiones judiciales y empresariales. Primero, para conocer la verdadera identidad de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, hija del fundador del diario, bajo la sospecha de que fuesen hijos de desaparecidos durante la dictadura militar (1976-1983).
Después, el Gobierno planteó la batalla económica. Primero logrando que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no renovara el contrato para la transmisión de fútbol en el 2010, y después impulsando la producción de papel para periódicos como de "interés público", en diciembre del 2011, una actividad en la que el grupo Clarín y la empresa que edita el diario 'La Nación' tenían mucho poder.
Más recientemente, y por vía judicial, el Gobierno ha estado intentando que Clarín se desprenda de la firma que más factura: Cablevisión (TV por cable). "Desde que el conflicto se judicializó, Clarín siempre intentó bloquear la justicia, y el Gobierno, desguazar al grupo. Es imposible saber qué va a pasar, pero sin duda hay que seguir de cerca lo que suceda el 7 de diciembre", dice Mochkofsky. Y para quien se pierda el anuncio del 7 de diciembre, todavía podrá ver la publicidad de 'Fútbol para todos', del domingo 9 de diciembre, donde casi con seguridad el Gobierno brindará el parte actualizado de esta guerra.
Ultimátum de Fernández a la prensa
La presidenta amenaza al Grupo Clarín y le acusa de no cumplir la Ley de Medios
Por: Francisco Peregil
El Gobierno de Argentina ha marcado una fecha clave para la batalla que libra contra el Grupo Clarín, la mayor compañía mediática argentina, dueña del diario de mayor difusión, de canales de televisión en abierto y por cable, de emisoras de radio de onda media y FM, todos ellos situados en los primeros puestos de las listas de audiencia. El Ejecutivo ha anunciado que si antes del próximo 7 de diciembre el grupo no cumple con la Ley de Medios de 2009 y desinvierte en sus empresas audiovisuales, “el Estado se verá obligado a llamar a concurso público” para “adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la ley a nuevos titulares”.
“Queremos que marques un día importante en el calendario: el 7 de diciembre”, rezaba el espacio publicitario. “O como vamos a llamarlo desde ahora, el 7-D. La d es de diciembre, pero también podría ser de diversidad o democracia. Ese día, después de tres años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra por fin en vigencia uno de los artículos más importantes de la Ley de Medios Audiovisuales: el 161, que ordena la adecuación para los grupos que tengan muchas licencias y que garantiza más pluralidad de voces y más libertad de expresión”.
“Pero hagamos un poco de historia. El 10 de octubre de 2009 el poder legislativo aprobó una nueva Ley de Medios. Con gran participación y debate social a nivel nacional, que reemplaza a la antigua, creada por la dictadura. ¿Hace cuánto que se aprobó? ¿Tres años? Sí. Tres años. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces evitando los monopolios, establece un límite de licencias que pueden tener cada grupo empresario de medios. Y dispone, justamente, en el artículo 161, que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. También creó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) como órgano de aplicación y control. Hay que recordar que, cuando se aprobó, algunos grupos de medios presentaron medidas cautelares para que no se ponga en vigencia el programa de adecuación”.
El pasado 7 de septiembre, durante un discurso televisado, Cristina Fernández, aclaró que el resto de grupos ya habían cumplido con la Ley de Medios: “Las otras empresas, debo reconocerlo también, nobleza obliga… Es bueno reconocer las cosas buenas… Otras empresas y grupos mediáticos, que también habían planteado medidas cautelares y demás, las retiraron en su totalidad y hoy se someten a la autoridad de la AFSCA”.
Dos semanas después, el anuncio reproducía aquellas expresiones: “Pero, nobleza obliga, tenemos que admitir que todos los grupos reconocieron desde su origen al AFSCA como autoridad de control del sector y de aplicación de la ley. Salvo… el Grupo Clarín”.
El anuncio continuaba:
“Prestá mucha atención. Por la ley aprobada en el Congreso, cada grupo empresario puede operar cómo máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas: radios AM [Onda Media], FM o de televisión abierta. ¿Y el Grupo Clarín? ¿Cuántas tiene? Más de 240 sistemas de cable. Sí. Escuchaste bien: más de 240 sistemas de cable, nueve radios AM, una radio FM y cuatro canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional ilegal”.
Y recalcaba que solo el Grupo Clarín incumple la Ley:
“A medida que transcurrían los meses varios grupos empresarios de medios iniciaron los trámites para cumplir con la ley. ¿Y quién queda sin aceptar la ley? Adiviná… Solo quedó el Grupo Clarín. ¿Y entonces? El 22 de mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia determinó la vigencia del artículo 161. Y fijó el 7 de diciembre, el 7-D, como fecha límite para cumplir con la ley. Hoy, tres años después… Sí, tres años después de aprobada la Ley y con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el Grupo Clarín se niega a todo. No reconoce al Afsca como autoridad de control y aplicación de la ley; se niega a presentar un plan de adecuación; se niega a cumplir con la Ley”.
El comunicado avanzaba lo que puede ocurrir el 7-D:
“Si el Grupo Clarín se sigue negando a cumplir con la Ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público, garantizando las fuentes de trabajo, para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la ley a nuevos titulares quienes, obviamente, deberán cumplir con todos los requisitos legales. Como cualquier hijo de vecino”.
El grupo no tardó ni un día en responder al Gobierno en el diario Clarín punto por punto y a través de su propio anuncio televisado: “Aunque el Gobierno quiere instalar otra cosa, el 7 de diciembre no debe suceder nada, ni jurídica ni fácticamente, con los medios del Grupo Clarín. Esto no es una opinión ni una interpretación. Es lo que dice la Ley y la Justicia. El Grupo Clarín impugnó judicialmente los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios por violar varios derechos constitucionales. Ese juicio está en pleno trámite. Para proteger esos derechos mientras dure el juicio la Justicia dictó una medida cautelar que fue ratificada por la Corte Suprema. Si el 7 de diciembre ese juicio no está terminado, no pasa nada. Puede prolongarse la cautelar, como dijo la Corte. O puede empezar a correr un año más, el plazo de un año que establece la propia Ley de Medios. Ese año, como mínimo, tiene la Justicia para resolver la demanda de inconstitucionalidad. Mientras tanto, no debe pasar nada. Lo dice la Ley, lo dice la Justicia, lo dicen todos los constitucionalistas. Entonces… ¿Qué se busca con el relato oficial? ¿Preparar el terreno para otra cosa? ¿Terminar con el Estado de derecho en la Argentina?
Quedan apenas 68 días. Fernández auguró que en este periodo se producirán “cosas muy estrambóticas”. Pero también asegura sentirse “preparada” para lo que venga. El Grupo Clarín, mientras tanto, confía en la Justicia.
Lecciones de periodismo en Harvard
Cristina Fernández acudió esta semana a la Asamblea de la ONU en EE UU y aprovechó para impartir el miércoles una conferencia en la Universidad de Georgetown (Washington) y otra en Harvard (Boston). Fernández, que lleva un año sin ofrecer una rueda de prensa, tuvo que escuchar cómo un joven venezolano le preguntaba en Harvard: “En vista de los constantes ataques que medios, intelectuales y periodistas específicos, no necesariamente opositores sino críticos, han recibido durante su Gobierno, ¿usted cree que existe la pluralidad de ideas y la libertad de expresión en la Argentina?”
Después de contestar que nunca hubo en el país tanta libertad de expresión como ahora, Fernández insinuó que alguien le había dictado la pregunta al estudiante: “Te vi leer la pregunta, seguramente no tenés buena memoria para recordar lo que me querés decir”. Después, otro alumno le dijo: “Soy argentino también y me siento muy privilegiado de poder ser uno de los pocos argentinos que pueden hacerle preguntas”. Fernández explicó que en Argentina se había aprobado la Ley de Medios en 2009. “Es curioso que no haya llegado una información de esta naturaleza a una universidad tan importante como Harvard”, deslizó. Tras cargar contra el “monopolio” del Grupo Clarín, la presidenta volvió a insinuar que a los estudiantes les habían dictado las preguntas: “Sé que hubo muchos mails y periodistas que estuvieron haciendo las preguntas, pero también esto hace a la libertad”.
Fuentes: El País y El Tiempo
sábado, 29 de septiembre de 2012
#7D "Posiblemente los argentinos empecemos a vivir con más libertad a partir del 7 de diciembre" ¿...?
El ministro de Cultura y Comunicación de la Provincia de Entre Ríos, Pedro Báez, opinó sobre el rol de los medios, los condicionamientos del relato periodístico y del 7 de diciembre, fecha clave para la aplicación de la Ley de Medios
En diálogo con el programa "Sexto sentido", de LT14, se le consultó al ministro por el rol de los medios de comunicación y los contenidos de agenda periodística. "Desde el 2003 en el país y desde el 2007 en la provincia, hay una clara decisión política de alinear el rumbo y el sentido de la acción de gobierno al proyecto nacional que encabeza la Presidenta, en ese marco se han tomado decisiones, se lanzan programas y se ejecutan acciones todos los días. Eso constituye la agenda que nosotros pretendemos que los medios y los comunicadores tomen para que los entrerrianos sepan sobre qué estamos trabajando", explicó el titular de la cartera de Comunicación y Cultura. Mencionó por ejemplo: "Si el Gobierno toma la decisión de construir una autovía en la provincia y se pone en marcha la obra, pretendemos que se comunique y sepa". Seguidamente, Báez habló sobre el condicionamiento del relato periodístico; sobre los contenidos de TN y el 7D, fecha clave para la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Ley Nº 26522. "Posiblemente los argentinos empecemos a vivir con más libertad a partir del 7 de diciembre", anheló el ministro.
Ver nota completa: InfoAnternativa
En diálogo con el programa "Sexto sentido", de LT14, se le consultó al ministro por el rol de los medios de comunicación y los contenidos de agenda periodística. "Desde el 2003 en el país y desde el 2007 en la provincia, hay una clara decisión política de alinear el rumbo y el sentido de la acción de gobierno al proyecto nacional que encabeza la Presidenta, en ese marco se han tomado decisiones, se lanzan programas y se ejecutan acciones todos los días. Eso constituye la agenda que nosotros pretendemos que los medios y los comunicadores tomen para que los entrerrianos sepan sobre qué estamos trabajando", explicó el titular de la cartera de Comunicación y Cultura. Mencionó por ejemplo: "Si el Gobierno toma la decisión de construir una autovía en la provincia y se pone en marcha la obra, pretendemos que se comunique y sepa". Seguidamente, Báez habló sobre el condicionamiento del relato periodístico; sobre los contenidos de TN y el 7D, fecha clave para la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Ley Nº 26522. "Posiblemente los argentinos empecemos a vivir con más libertad a partir del 7 de diciembre", anheló el ministro.
Ver nota completa: InfoAnternativa
Jueza rosarina promueve acciones por violencia de género por una tapa de Caras II
Publicado en la página 42 del bisemanario Perfil:
Ver anterior: Jueza rosarina promueve acciones por violencia de género por una tapa de Caras I
El Grupo Olmos se solidariza con Magnetto tomando represalias contra los trabajadores
En Crónica y BAE
El exitoso retiro de firmas y aplauso en Clarín en reclamo de libertad sindical y por el cumplimiento de las paritarias de prensa contó con el apoyo de todos los medios periodísticos donde los trabajadores están organizados. Asambleas, aplausos y retiros de firmas se dieron en todas las redacciones en una muestra más de la solidaridad existente entre los trabajadores de prensa.
La novedad es que la patronal K de Crónica y BAE tomó represalias retirando de manera forzosa la firma de los diarios al día siguiente del retiro de firmas solidario adoptado por sus trabajadores.
El quite de firmas en manos de los trabajadores es una medida acción colectiva que los unifica a todos detrás de un reclamo. Borrar las firmas como castigo es exactamente lo contrario. Busca amedrentar la lucha de los trabajadores.
Mientras los trabajadores se solidarizan entre sí en defensa de sus derechos, los Olmos se solidarizan, represalia mediante, con Ernestina Noble y Magnetto.
Ésta no es cualquier patronal oficialista. Los Olmos son un grupo empresario vinculado a la UOM. Su capital, además de la pauta oficial, surge del gerenciamiento de Forjar Salud, la gerenciadora de la obra social del sindicato metalúrgico. Es decir que estamos ante un ataque lanzado desde las huestes de Caló, el futuro Secretario General de la CGT Balcarce y para colmo, este ataque se hace en sintonía con la patronal de Clarín.
Por un lado, en Crónica la patronal se niega a pagar las paritarias de prensa a un sector del personal y se ausentó de la última audiencia en el Ministerio de Trabajo. El desconocimiento de la paritaria en este punto los emparenta con la Corpo que también se niega a reconocerla.
En BAE envían un telegrama de despido a un colaborador permanente, un periodista reconocido con una antigüedad de 5 años. Se ve que el ajuste no se resume a las políticas de Fontevecchia en Perfil, viene también de la mano de estos empresarios K beneficiados con la abultada pauta oficial.
Esta persecución a las medidas de lucha de los trabajadores de prensa demuestra que el 7D es el momento en el cual algunos patrones se preparan para reemplazar a otros, pero con los mismos métodos de ataque a las libertades sindicales.
Los trabajadores tenemos que repudiar estos manejos autoritarios de las patronales sin distinción de colores. Las patronales de la “corpo” y los de la otra “korpo” son enemigos de la acción independiente de los trabajadores. Como dice el canto de lucha: Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode.
Fuente: La Naranja de Prensa
El exitoso retiro de firmas y aplauso en Clarín en reclamo de libertad sindical y por el cumplimiento de las paritarias de prensa contó con el apoyo de todos los medios periodísticos donde los trabajadores están organizados. Asambleas, aplausos y retiros de firmas se dieron en todas las redacciones en una muestra más de la solidaridad existente entre los trabajadores de prensa.
El quite de firmas en manos de los trabajadores es una medida acción colectiva que los unifica a todos detrás de un reclamo. Borrar las firmas como castigo es exactamente lo contrario. Busca amedrentar la lucha de los trabajadores.
Mientras los trabajadores se solidarizan entre sí en defensa de sus derechos, los Olmos se solidarizan, represalia mediante, con Ernestina Noble y Magnetto.
Ésta no es cualquier patronal oficialista. Los Olmos son un grupo empresario vinculado a la UOM. Su capital, además de la pauta oficial, surge del gerenciamiento de Forjar Salud, la gerenciadora de la obra social del sindicato metalúrgico. Es decir que estamos ante un ataque lanzado desde las huestes de Caló, el futuro Secretario General de la CGT Balcarce y para colmo, este ataque se hace en sintonía con la patronal de Clarín.
Por un lado, en Crónica la patronal se niega a pagar las paritarias de prensa a un sector del personal y se ausentó de la última audiencia en el Ministerio de Trabajo. El desconocimiento de la paritaria en este punto los emparenta con la Corpo que también se niega a reconocerla.
En BAE envían un telegrama de despido a un colaborador permanente, un periodista reconocido con una antigüedad de 5 años. Se ve que el ajuste no se resume a las políticas de Fontevecchia en Perfil, viene también de la mano de estos empresarios K beneficiados con la abultada pauta oficial.
Esta persecución a las medidas de lucha de los trabajadores de prensa demuestra que el 7D es el momento en el cual algunos patrones se preparan para reemplazar a otros, pero con los mismos métodos de ataque a las libertades sindicales.
Los trabajadores tenemos que repudiar estos manejos autoritarios de las patronales sin distinción de colores. Las patronales de la “corpo” y los de la otra “korpo” son enemigos de la acción independiente de los trabajadores. Como dice el canto de lucha: Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode.
Fuente: La Naranja de Prensa
viernes, 28 de septiembre de 2012
Santa Fe: Trabajadores de LT9 reclamaron urgente normalización
Una asamblea de personal pidió el urgente llamado a licitación de las frecuencias que pertenecían a Ondafé Sociedad Anónima, actualmente con su licencia vencida, y con la figura de un delegado administrador nombrado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
Desde el mes de marzo de 2011, fecha en la que se nombró al delegado administrador, la situación general de las emisoras LT 9 Y FM Láser, lejos de mejorar fue agravándose profundizando el deterioro existente, proceso que se ha acelerado en los últimos tiempos.
Incertidumbre respecto del normal cobro de salarios, deterioro constante de la infraestructura de la emisora, caída de la facturación publicitaria y cambios permanentes en la programación, constituyen una combinación harto peligrosa para garantizar la continuidad de su salida al aire. Más aún si las tareas de la intervención se centraban en la preservación del patrimonio y el aseguramiento de los puestos de trabajo de su personal.
La estructura de “doble comando” agrava el cuadro, ya que mientras el delegado normalizador se arroga las más amplias facultades, Ondafé reivindica para sí el manejo de personal -con el que mantiene la relación de dependencia-, la política comercial y el diseño de la programación.
El temor gana terreno entre el personal en la medida que los recursos no alcanzan para cubrir los mínimos gastos operativos, dependiendo así de los aportes extraordinarios de Ondafe S.A.
El cuadro es cada vez más peligroso ya que la autoridad de aplicación (AFSCA) aún no ha fijado la fecha de llamado a concurso de las frecuencias.
En función de todo ello, los trabajadores de LT 9 Radio Brigadier López y FM Láser, y los sindicatos que los agrupan, decidieron llevar adelante una campaña en ese sentido, diseñando acciones de esclarecimiento y gestionando audiencias con las autoridades respectivas para reclamar el fin de tanta angustia e incertidumbre de las más 50 familias que trabajan en las emisoras.Desde este momento, el personal nucleado en SAL, AATRAC, SUTEP y Asociación de Prensa de Santa Fe se declaran en estado de alerta y asamblea permanente.
Fuente: Prensa APSF
Desde el mes de marzo de 2011, fecha en la que se nombró al delegado administrador, la situación general de las emisoras LT 9 Y FM Láser, lejos de mejorar fue agravándose profundizando el deterioro existente, proceso que se ha acelerado en los últimos tiempos.
Incertidumbre respecto del normal cobro de salarios, deterioro constante de la infraestructura de la emisora, caída de la facturación publicitaria y cambios permanentes en la programación, constituyen una combinación harto peligrosa para garantizar la continuidad de su salida al aire. Más aún si las tareas de la intervención se centraban en la preservación del patrimonio y el aseguramiento de los puestos de trabajo de su personal.
La estructura de “doble comando” agrava el cuadro, ya que mientras el delegado normalizador se arroga las más amplias facultades, Ondafé reivindica para sí el manejo de personal -con el que mantiene la relación de dependencia-, la política comercial y el diseño de la programación.
El temor gana terreno entre el personal en la medida que los recursos no alcanzan para cubrir los mínimos gastos operativos, dependiendo así de los aportes extraordinarios de Ondafe S.A.
El cuadro es cada vez más peligroso ya que la autoridad de aplicación (AFSCA) aún no ha fijado la fecha de llamado a concurso de las frecuencias.
En función de todo ello, los trabajadores de LT 9 Radio Brigadier López y FM Láser, y los sindicatos que los agrupan, decidieron llevar adelante una campaña en ese sentido, diseñando acciones de esclarecimiento y gestionando audiencias con las autoridades respectivas para reclamar el fin de tanta angustia e incertidumbre de las más 50 familias que trabajan en las emisoras.Desde este momento, el personal nucleado en SAL, AATRAC, SUTEP y Asociación de Prensa de Santa Fe se declaran en estado de alerta y asamblea permanente.
Fuente: Prensa APSF
El debate sobre el #7D: Cablevisión se niega a desinvertir
Por: Fernando Krakowiak
“El 7 de diciembre no debería pasar absolutamente nada. El fallo de la Corte es claro. Recién ese día comienza a correr el plazo de un año que otorga la ley para adecuarse a la misma”, aseguró ayer Carlos Moltini, gerente general de Cablevisión (Grupo Clarín), en abierto desafío al gobierno nacional, que sostiene que la Corte Suprema le dio al Grupo Clarín hasta el 7 de diciembre para adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En esa fecha pierde vigencia, por orden de la Corte, la cautelar que impidió hasta ahora aplicarle al multimedios el artículo 161, donde se fija el plazo de adecuación.
Luego del fallo de la Corte, algunos constitucionalistas interpretaron que el 7 de diciembre caduca el plazo de un año establecido en el artículo 161 y otros, que recién entonces ese plazo comienza a correr. El Gobierno se aferra a la primera interpretación y el Grupo Clarín a la segunda. Moltini expuso ayer en las Jornadas Internacionales de Televisión por Cable la posición del multimedios. Después aceptó dialogar con un grupo de periodistas y dijo que no tienen previsto presentar ningún plan de adecuación hasta el 7 de diciembre de 2013. “Antes de esa fecha no tenemos que presentar nada. No tenemos por qué hacerlo. Y estamos esperando el fallo sobre la cuestión de fondo”, afirmó. La cuestión de fondo se refiere a la constitucionalidad del artículo 45 de la ley, donde se establecen los límites a la multiplicidad de licencias que dejan en infracción al Grupo Clarín.
Si la Justicia no toma ninguna decisión sobre la legalidad del artículo 45 antes del 7 de diciembre, el escenario que se abre es incierto, porque las interpretaciones del fallo del máximo tribunal son irreconciliables y ninguna de las partes le pidió oportunamente una aclaratoria a la Corte. Una alternativa con la que se especula es que el Gobierno haga valer su postura y en algún momento a partir del 7 de diciembre sancione al Grupo Clarín por no cumplir con la ley. El multimedios entonces podría apelar nuevamente a la Justicia.
Fuente: Diario PáginaI12
“El 7 de diciembre no debería pasar absolutamente nada. El fallo de la Corte es claro. Recién ese día comienza a correr el plazo de un año que otorga la ley para adecuarse a la misma”, aseguró ayer Carlos Moltini, gerente general de Cablevisión (Grupo Clarín), en abierto desafío al gobierno nacional, que sostiene que la Corte Suprema le dio al Grupo Clarín hasta el 7 de diciembre para adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En esa fecha pierde vigencia, por orden de la Corte, la cautelar que impidió hasta ahora aplicarle al multimedios el artículo 161, donde se fija el plazo de adecuación.
Luego del fallo de la Corte, algunos constitucionalistas interpretaron que el 7 de diciembre caduca el plazo de un año establecido en el artículo 161 y otros, que recién entonces ese plazo comienza a correr. El Gobierno se aferra a la primera interpretación y el Grupo Clarín a la segunda. Moltini expuso ayer en las Jornadas Internacionales de Televisión por Cable la posición del multimedios. Después aceptó dialogar con un grupo de periodistas y dijo que no tienen previsto presentar ningún plan de adecuación hasta el 7 de diciembre de 2013. “Antes de esa fecha no tenemos que presentar nada. No tenemos por qué hacerlo. Y estamos esperando el fallo sobre la cuestión de fondo”, afirmó. La cuestión de fondo se refiere a la constitucionalidad del artículo 45 de la ley, donde se establecen los límites a la multiplicidad de licencias que dejan en infracción al Grupo Clarín.
Si la Justicia no toma ninguna decisión sobre la legalidad del artículo 45 antes del 7 de diciembre, el escenario que se abre es incierto, porque las interpretaciones del fallo del máximo tribunal son irreconciliables y ninguna de las partes le pidió oportunamente una aclaratoria a la Corte. Una alternativa con la que se especula es que el Gobierno haga valer su postura y en algún momento a partir del 7 de diciembre sancione al Grupo Clarín por no cumplir con la ley. El multimedios entonces podría apelar nuevamente a la Justicia.
Fuente: Diario PáginaI12
Elisa Carrió impugnó la designación de Sabbatella en la AFSCA
La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió impugnó hoy la designación de Martín Sabbatella como titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) por "no cumplir con los requisitos de idoneidad e independencia política"
La impugnación, la segunda que recibe el candidato, fue presentada ante la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de una carta documento, en la que afirmó que Sabbatella "no cumple con los requisitos de idoneidad e independencia política que el cargo requiere".
En su presentación, Carrió evaluó que de los antecedentes publicados en el Boletín Oficial se desprende que el actual diputado nacional de Nuevo Encuentro no tiene la "alta calificación profesional" requerida por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
"El artículo 14 requiere que los directores deben ser personas de alta calificación profesional en materia de comunicación social y poseer una reconocida trayectoria democrática y republicana, pluralista y abierta al debate y al intercambio de ideas diferentes", indicó la diputada.
En este sentido, afirmó que Sabbatella "incumple" estos requisitos porque "ni observa la alta calificación profesional en la materia que exige el cargo para cumplir con el requisito de idoneidad, ni cuenta con el grado de independencia política respecto del Poder Ejecutivo".
La impugnación de Carrió se suma a la que ya presentó la diputada nacional del PRO Laura Alonso, quien en términos similares a los de su par de la Coalición Cívica, señaló que "la AFSCA no necesita un militante sino un profesional que garantice independencia y objetividad".
"Su pública y manifiesta adhesión política respecto de la Presidenta de la Nación -que además es quien lo nombra-, condiciona a priori la autonomía e imparcialidad de sus actos; considerando que estará en sus manos nada menos que aplicar, interpretar y hacer cumplir la presente ley y normas reglamentarias", escribió ahora Carrió.
Además, la diputada se anticipó a un posible rechazo de su impugnación por parte del Ejecutivo "invocando el inciso E del artículo 2 del decreto número 1525/2009", que reserva las impugnaciones para las "organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las entidades académicas".
Por ello, en su escrito pidió que "se declare la inconstitucionalidad" de ese artículo porque "limita irrazonablemente y mediante un exceso en las facultades" del Presidente de la Nación previstas por la Constitución Nacional, "la legitimación para impugnar".
Al respecto, Carrió argumentó que "todos los habitantes de la Nación se ven directa y/o indirectamente afectados por la designación de las autoridades de este organismo que tiene a su cargo tan sensible tarea".
Sabbatella fue propuesto por la presidenta Cristina Kirchner para reemplazar al frente del Afsca a Santiago Aragón, un dirigente cercano al vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, aunque el candidato oficial debe someterse a un proceso de diez días de impugnaciones antes de su definitiva designación como titular del organismo.
Fuente: Noticias Argentinas
La impugnación, la segunda que recibe el candidato, fue presentada ante la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de una carta documento, en la que afirmó que Sabbatella "no cumple con los requisitos de idoneidad e independencia política que el cargo requiere".En su presentación, Carrió evaluó que de los antecedentes publicados en el Boletín Oficial se desprende que el actual diputado nacional de Nuevo Encuentro no tiene la "alta calificación profesional" requerida por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
"El artículo 14 requiere que los directores deben ser personas de alta calificación profesional en materia de comunicación social y poseer una reconocida trayectoria democrática y republicana, pluralista y abierta al debate y al intercambio de ideas diferentes", indicó la diputada.
En este sentido, afirmó que Sabbatella "incumple" estos requisitos porque "ni observa la alta calificación profesional en la materia que exige el cargo para cumplir con el requisito de idoneidad, ni cuenta con el grado de independencia política respecto del Poder Ejecutivo".
La impugnación de Carrió se suma a la que ya presentó la diputada nacional del PRO Laura Alonso, quien en términos similares a los de su par de la Coalición Cívica, señaló que "la AFSCA no necesita un militante sino un profesional que garantice independencia y objetividad".
"Su pública y manifiesta adhesión política respecto de la Presidenta de la Nación -que además es quien lo nombra-, condiciona a priori la autonomía e imparcialidad de sus actos; considerando que estará en sus manos nada menos que aplicar, interpretar y hacer cumplir la presente ley y normas reglamentarias", escribió ahora Carrió.
Además, la diputada se anticipó a un posible rechazo de su impugnación por parte del Ejecutivo "invocando el inciso E del artículo 2 del decreto número 1525/2009", que reserva las impugnaciones para las "organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las entidades académicas".
Por ello, en su escrito pidió que "se declare la inconstitucionalidad" de ese artículo porque "limita irrazonablemente y mediante un exceso en las facultades" del Presidente de la Nación previstas por la Constitución Nacional, "la legitimación para impugnar".
Al respecto, Carrió argumentó que "todos los habitantes de la Nación se ven directa y/o indirectamente afectados por la designación de las autoridades de este organismo que tiene a su cargo tan sensible tarea".
Sabbatella fue propuesto por la presidenta Cristina Kirchner para reemplazar al frente del Afsca a Santiago Aragón, un dirigente cercano al vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, aunque el candidato oficial debe someterse a un proceso de diez días de impugnaciones antes de su definitiva designación como titular del organismo.
Fuente: Noticias Argentinas
Victoria Donda advirtió que el Gobierno “también incumple la Ley de Medios”
"La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no es sólo el artículo 161 que se refiere a la desinversión", aclaró la diputada del FAP, y recordó que la norma también contempla un 33% del espectro radioeléctrico para las ONG´s
Victoria Donda, diputada de Libres del Sur, con respecto al debate generado estos últimos días sobre la aplicación de la Ley de Medios - ley votada por la legisladora del FAP – sostuvo que “la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no es sólo el artículo 161 que se refiere a la desinversión. De hecho, debo decir que este gobierno está incumpliendo lo que refiere a garantizar el 33% del espectro radioeléctrico a las organizaciones sin fines de lucro.”
Por otro lado, la referente del FAP afirmó: “Si bien hubo concursos para las televisoras de baja potencia, el precio de los pliegos no difería mucho de los pliegos para entidades comerciales. Lo que no se explica, es porqué, si hay una transmisión experimental hace dos años en Televisión Digital, las señales experimentales son sólo de grupos afines al gobierno como C5N, CN23, Telefe y 360 o canales estatales como el 7, Paka Paka, Encuentro o INCAAtv. Nunca se le brindó esta posibilidad ‘experimental’ a las televisoras comunitarias.”
Finalmente, la legisladora cerró su concepto: “El gobierno está por designar al tercer presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) desde que está vigente la ley y traba el acceso a los directores que le corresponden a la oposición parlamentaria, tanto en el AFSCA como en Radio y Televisión Argentina (RTA). El gobierno tampoco hace ningún esfuerzo para designar al defensor del público, una figura importante que incorporó la ley y en líneas generales mantiene al AFSCA tal cómo funcionaba el ComFeR”
"Sabbatella debe renunciar a su banca"
La diputada de Libres del Sur en el FAP, Victoria Donda, opimó sobre la casi segura designación del diputado Martín Sabbatella al frente del AFSCA el próximo lunes. “Sabbatella debería renunciar a su banca en caso del aceptar el nuevo cargo - y a pesar de todas las impugnaciones que se le efectuaron -, como lo hizo el diputado Santiago Aragón cuando estuvo en la misma situación.”
Por otro lado, la legisladora del FAP explicó que desde su punto de vista, “Sabbatella, si es coherente con la ética pública que ha pregonado y por respeto a la gente que lo votó, debería dejar su diputación a quien represente los votos obtenidos por la lista en la que participó en 2009”
Fuente: Prensa Victoria Donda
Victoria Donda, diputada de Libres del Sur, con respecto al debate generado estos últimos días sobre la aplicación de la Ley de Medios - ley votada por la legisladora del FAP – sostuvo que “la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no es sólo el artículo 161 que se refiere a la desinversión. De hecho, debo decir que este gobierno está incumpliendo lo que refiere a garantizar el 33% del espectro radioeléctrico a las organizaciones sin fines de lucro.”Por otro lado, la referente del FAP afirmó: “Si bien hubo concursos para las televisoras de baja potencia, el precio de los pliegos no difería mucho de los pliegos para entidades comerciales. Lo que no se explica, es porqué, si hay una transmisión experimental hace dos años en Televisión Digital, las señales experimentales son sólo de grupos afines al gobierno como C5N, CN23, Telefe y 360 o canales estatales como el 7, Paka Paka, Encuentro o INCAAtv. Nunca se le brindó esta posibilidad ‘experimental’ a las televisoras comunitarias.”
Finalmente, la legisladora cerró su concepto: “El gobierno está por designar al tercer presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) desde que está vigente la ley y traba el acceso a los directores que le corresponden a la oposición parlamentaria, tanto en el AFSCA como en Radio y Televisión Argentina (RTA). El gobierno tampoco hace ningún esfuerzo para designar al defensor del público, una figura importante que incorporó la ley y en líneas generales mantiene al AFSCA tal cómo funcionaba el ComFeR”
"Sabbatella debe renunciar a su banca"
La diputada de Libres del Sur en el FAP, Victoria Donda, opimó sobre la casi segura designación del diputado Martín Sabbatella al frente del AFSCA el próximo lunes. “Sabbatella debería renunciar a su banca en caso del aceptar el nuevo cargo - y a pesar de todas las impugnaciones que se le efectuaron -, como lo hizo el diputado Santiago Aragón cuando estuvo en la misma situación.”
Por otro lado, la legisladora del FAP explicó que desde su punto de vista, “Sabbatella, si es coherente con la ética pública que ha pregonado y por respeto a la gente que lo votó, debería dejar su diputación a quien represente los votos obtenidos por la lista en la que participó en 2009”
Fuente: Prensa Victoria Donda
Cristina Fernández: La prensa independiente no existe
Al presentarse en la Universidad de Georgetown ante estudiantes de Estudios Latinamericanos, la presidente Cristina Kircher afirmó que el periodismo independiente no existe: "Siempre la mirás desde algún lado. Decir que sos independiente es como hablar de algo soso o insulso"
Estas afirmaciones la realizó durante la sesión de preguntas y respuestas que le siguieron a su discurso en el que habló de la historia de su país. Uno de los asistentes, Gavin Bade, alumno de 20 años de Política Internacional, le preguntó: "¿Por qué nosotros tenemos la oportunidad para hablar contigo cuando usted no habló con la prensa en Argentina por muchos años?"
En su respuesta Kirchner, además de los juicios sobre la prensa independiente, dejó claro su principal molestia ante los medios argentinos al señalar que lamentablemente estos "no sean como los de Estados Unidos, que dicen a qué partidos políticos apoyan", y reiteró: "No hay prensa independiente u objetiva".
También le dijo al muchacho: "Me gustaría que vieras lo que son allí las conferencias de prensa. Si no les gusta la respuesta que vos das, gritan y hasta una vez patearon una puerta en la Casa de Gobierno. Fue un periodista de un diario centenario. No vamos a decir prestigioso, centenario".
Con información del Diario La Nación, vía: etcetera.com
En su respuesta Kirchner, además de los juicios sobre la prensa independiente, dejó claro su principal molestia ante los medios argentinos al señalar que lamentablemente estos "no sean como los de Estados Unidos, que dicen a qué partidos políticos apoyan", y reiteró: "No hay prensa independiente u objetiva".
También le dijo al muchacho: "Me gustaría que vieras lo que son allí las conferencias de prensa. Si no les gusta la respuesta que vos das, gritan y hasta una vez patearon una puerta en la Casa de Gobierno. Fue un periodista de un diario centenario. No vamos a decir prestigioso, centenario".
Con información del Diario La Nación, vía: etcetera.com
Carlos Moltini pronosticó un futuro turbulento para la industria del cable
El segundo día de Jornadas Internacionales tuvo intensa actividad por la mañana y un mayor número de asistentes, iniciando con el acto inaugural ante la presencia del jefe de gobierno, Mauricio Macri, y con la conferencia sobre convergencia, regulaciones y estrategias de crecimientos en Latinoamérica por la tarde.
Walter Burzaco, presidente de ATVC, destacó en su discurso inaugural: ‘En los 50 años de desarrollo, la televisión por cable en Argentina ha sido motor del desarrollo local y regional. Hoy estamos orgullosos de poder ofrecer TV digital, HD, PPV, VOD y la capacidad de acceder a contenidos desde la red mundial. La industria emplea a más de 15.000 trabajadores, sin contar a los productores, realizadores, actores y periodistas que también forman parte. Prestamos servicios a más de 1.200 localidades y tenemos señales locales en más de 900 ciudades del interior del país’.
Además, los ejecutivos mencionaron sus objeciones sobre la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que, según manifestó Burzaco, ‘no habla de Internet ni de convergencia. No sólo no tuvo en cuenta a la industria a la hora de discutirla, sino que tampoco se centró en el usuario. De hecho lo único que ha logrado es apartarnos de ellos’.
Sergio Veiga aseveró: ‘Quisiera que nuestro trabajo aconteciera siempre en un clima de negocios. Que la calidad de los contenidos producidos en Argentina, siga siendo valorada por el mercado latinoamericano. Para eso se necesita un contexto macroeconómico sólido y estable’.
Entre los eventos destacados de la mañana, estuvo el desayuno de Fox International Channels en la Fundación Fortabat, con presencia de Adrián Herzcovich, Edgar Spielmann, Diego Reck, Santiago de Carolis y el abogado Francisco Escutia, de LAAPIP. Se anunció que Speed se convertirá en octubre en Fox Sports 3, con lo cual se configurará un tier deportivo con 13.500 horas anuales de programación, la mayor parte en vivo. Moviecity Play se integrará a Fox Play, con lo cual se tendrá un sistema OTT con estructura similar a la TV paga. Por otra parte, FIC confirmó el inicio de la producción de la serie original Lynch, parte de la cual se rodará en Buenos Aires. Finalmente, se habló de la nueva campaña contra la piratería que encabeza Fox, con el inicio del Fondo Unido contra la Piratería, con el cual se apoyarán económicamente los esfuerzos que realicen los cableoperadores de la región, aportando fondos por igual importe al que comprometan dichos operadores; FIC espera que otras empresas se adhieran para potenciar su accionar. También por la mañana, se realizó el desayuno de Tepal, donde sus miembros discutieron la actualidad de la industria.
Por la tarde, La TV por cable como dinamizador de las comunicaciones, congregó a Juan Vázquez, VP de Producto y Estrategia de VTR Chile, Eduardo Stigol, CEO de Inter de Venezuela, Enrique Yamuni Robles, director general de Megacable de México, y Carlos Moltini, gerente general de Cablevisión Argentina.
Vásquez describió el ingreso de la empresa en el campo de la telefonía móvil, que definió como 'no exenta de riegos'. Señaló que aplicó una estrategia ofensiva y otra defensiva, ya que el 60% de los ingresos del mercado están en el área móvil; VTR tiene el 65% de cuota de mercado de TV, el 60% en Internet y el 50% en telefonía fija.
Stigol destacó que la ley de telecomunicaciones en Venezuela admite ofrecer todos los servicios, por lo que la empresa lanzó Inter Satelital, servicio que le permite acceder al resto de los hogares que no cubre con sus redes. Hoy tiene 2 millones de hogares pasados; DirecTV y Movistar TV atienden a un mercado de 4,3 millones.
Yamuni resaltó que en México crece la cuota de mercado de la TV satelital por existir zonas no cableadas o con servicios de cable muy básicos. Dijo que las redes están 100% digitalizadas y que ofrece 35 canales HD, VOD en 15 ciudades (que pasarán a 40 en octubre), y servicio OTT dentro de la casa del usuario y premium fuera de la casa, con autenticación.
A diferencia de los oradores que lo precedieron, Moltini pronosticó un futuro turbulento para la industria. Describió la evolución del negocio de cable en la Argentina durante los últimos años como habiendo 'dejado de ser una industria' y pasar a ser 'un capítulo de la industria' para lo cual se necesita 'un fuerte proceso de inversión' que requiere 'masa crítica' y hablar de 'mercado de telecomunicaciones' y no de televisión paga o telefonía en forma independiente.
En la última sesión del día, abogados de DirecTV, Cablevisión y estudios jurídicos explicaron la tipología de los actos de toma clandestina de señales por parte de particulares y la organización, y modos de operación de comerciantes y personas que venden equipos FTA para ser modificados de modo que puedan recibir señales codificadas, "bloqueadores" que impiden que se registre el consumo en el caso de convenios de prepago, y redes clandestinas que distribuyen las señales a partir de un domicilio que está registrado con el proveedor.
Muchas de las acciones legales contra estos casos han surgido de denuncias anónimas por teléfono o Internet, de las que Cablevisión registró 400 el año pasado y lleva más de 200 en lo que va de 2012. Se estima que la clandestinidad sobre Cablevisión es del 13,5%, lo que representaría unos 400.000 usuarios no registrados.
Fuente: Prensario
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| Carlos Moltini y Fernando Cravero de Cablevisión junto a Henoch Aguiar |
Además, los ejecutivos mencionaron sus objeciones sobre la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que, según manifestó Burzaco, ‘no habla de Internet ni de convergencia. No sólo no tuvo en cuenta a la industria a la hora de discutirla, sino que tampoco se centró en el usuario. De hecho lo único que ha logrado es apartarnos de ellos’.
Sergio Veiga aseveró: ‘Quisiera que nuestro trabajo aconteciera siempre en un clima de negocios. Que la calidad de los contenidos producidos en Argentina, siga siendo valorada por el mercado latinoamericano. Para eso se necesita un contexto macroeconómico sólido y estable’.
Entre los eventos destacados de la mañana, estuvo el desayuno de Fox International Channels en la Fundación Fortabat, con presencia de Adrián Herzcovich, Edgar Spielmann, Diego Reck, Santiago de Carolis y el abogado Francisco Escutia, de LAAPIP. Se anunció que Speed se convertirá en octubre en Fox Sports 3, con lo cual se configurará un tier deportivo con 13.500 horas anuales de programación, la mayor parte en vivo. Moviecity Play se integrará a Fox Play, con lo cual se tendrá un sistema OTT con estructura similar a la TV paga. Por otra parte, FIC confirmó el inicio de la producción de la serie original Lynch, parte de la cual se rodará en Buenos Aires. Finalmente, se habló de la nueva campaña contra la piratería que encabeza Fox, con el inicio del Fondo Unido contra la Piratería, con el cual se apoyarán económicamente los esfuerzos que realicen los cableoperadores de la región, aportando fondos por igual importe al que comprometan dichos operadores; FIC espera que otras empresas se adhieran para potenciar su accionar. También por la mañana, se realizó el desayuno de Tepal, donde sus miembros discutieron la actualidad de la industria.
Por la tarde, La TV por cable como dinamizador de las comunicaciones, congregó a Juan Vázquez, VP de Producto y Estrategia de VTR Chile, Eduardo Stigol, CEO de Inter de Venezuela, Enrique Yamuni Robles, director general de Megacable de México, y Carlos Moltini, gerente general de Cablevisión Argentina.
Vásquez describió el ingreso de la empresa en el campo de la telefonía móvil, que definió como 'no exenta de riegos'. Señaló que aplicó una estrategia ofensiva y otra defensiva, ya que el 60% de los ingresos del mercado están en el área móvil; VTR tiene el 65% de cuota de mercado de TV, el 60% en Internet y el 50% en telefonía fija.
Stigol destacó que la ley de telecomunicaciones en Venezuela admite ofrecer todos los servicios, por lo que la empresa lanzó Inter Satelital, servicio que le permite acceder al resto de los hogares que no cubre con sus redes. Hoy tiene 2 millones de hogares pasados; DirecTV y Movistar TV atienden a un mercado de 4,3 millones.
Yamuni resaltó que en México crece la cuota de mercado de la TV satelital por existir zonas no cableadas o con servicios de cable muy básicos. Dijo que las redes están 100% digitalizadas y que ofrece 35 canales HD, VOD en 15 ciudades (que pasarán a 40 en octubre), y servicio OTT dentro de la casa del usuario y premium fuera de la casa, con autenticación.
A diferencia de los oradores que lo precedieron, Moltini pronosticó un futuro turbulento para la industria. Describió la evolución del negocio de cable en la Argentina durante los últimos años como habiendo 'dejado de ser una industria' y pasar a ser 'un capítulo de la industria' para lo cual se necesita 'un fuerte proceso de inversión' que requiere 'masa crítica' y hablar de 'mercado de telecomunicaciones' y no de televisión paga o telefonía en forma independiente.
En la última sesión del día, abogados de DirecTV, Cablevisión y estudios jurídicos explicaron la tipología de los actos de toma clandestina de señales por parte de particulares y la organización, y modos de operación de comerciantes y personas que venden equipos FTA para ser modificados de modo que puedan recibir señales codificadas, "bloqueadores" que impiden que se registre el consumo en el caso de convenios de prepago, y redes clandestinas que distribuyen las señales a partir de un domicilio que está registrado con el proveedor.
Muchas de las acciones legales contra estos casos han surgido de denuncias anónimas por teléfono o Internet, de las que Cablevisión registró 400 el año pasado y lleva más de 200 en lo que va de 2012. Se estima que la clandestinidad sobre Cablevisión es del 13,5%, lo que representaría unos 400.000 usuarios no registrados.
Fuente: Prensario
jueves, 27 de septiembre de 2012
Crece la pauta oficial a favor del Grupo Vila Manzano
Entre los diarios se consolida el apoyo al grupo Manzano-Vila y desplaza a PáginaI12
Por: José Crettaz
Un relevamiento privado del mercado publicitario confirma que la pauta oficial creció mucho en lo que va del año -alrededor de 70%- y revela importantes cambios en los grupos de medios más beneficiados con el dinero del Estado. En diarios y revistas, aunque por poco, el grupo Szpolski-Garfunkel le cedió el primer puesto a Manzano-Vila.
En la televisión abierta porteña también hubo un cambio relevante: después de varios años en los que concentró la mayor parte de la pauta oficial, Canal 9 dejó ese lugar a Telefe.
Hace 15 meses que el Gobierno no informa sobre el reparto de la pauta. El gobierno nacional no brinda información oficial sobre el reparto de la pauta publicitaria desde hace quince meses. Tampoco se sabe con exactitud cuál es el presupuesto total destinado a este fin porque hay más de una caja (Anses, AFIP y Jefatura de Gabinete, entre otras) que se administran de manera centralizada o descentralizada según la época (o la intención de dar o ocultar información). De acuerdo con el presupuesto, este año, el jefe de Gabinete, Juan Abal Medina, maneja unos $ 606,6 millones para publicidad oficial, pero según asociaciones civiles pro transparencia esa cifra podría superar los $ 1000 millones.
Según el informe, preparado por una consultora internacional reconocida que prefiere no ser identificada, en TV abierta, en el primer semestre, Telefe (líder en rating, propiedad de Telefónica de España) ingresó $ 45,8 millones, un 131% más que el mismo período del año pasado. En tanto, Canal 9 (del empresario mexicano Remigio González) facturó $ 31,3 millones, prácticamente lo mismo que en 2011. América (cuya propiedad comparten el ex diputado justicialista José Luis Manzano, Daniel Vila y el actual diputado opositor Francisco de Narváez) recibió 7% menos que el año pasado, $ 17,1 millones. Y Canal 13 (Grupo Clarín) llegó a $ 1,8 millones, con un crecimiento del 270%.
Todas estas cifras refieren a la inversión bruta en publicidad, sin contar eventuales descuentos, y se construyen midiendo el espacio y el tiempo destinados efectivamente por los medios a emitir avisos del gobierno nacional y multiplicar esas cantidades por los respectivos tarifarios de publicidad. Los descuentos son una práctica común en este negocio, aunque el Estado, que suele demorar sus pagos, es el anunciante que menos porcentaje de rebaja recibe. En lo que va del año, sólo en los diarios relevados, el Gobierno gastó $ 252 millones, un 66% más que en 2011. Y hasta junio, había destinado $ 98 millones a la TV abierta porteña, un 33% más que el año pasado.
En lo que va de este año, los diarios de Manzano y Vila (las versiones de Uno de Mendoza, Paraná y Santa Fe, y La Capital de Rosario) recibieron unos $ 53 millones, un 223% más que en el mismo período del año anterior. En tanto, los empresarios kirchneristas Sergio Szpolski y Matías Garfunkel facturaron $ 52 millones principalmente por la pauta publicada en Tiempo Argentino y la revista semanal Veintirés, lo que significó un 92% de aumento. PáginaI12, cuyos reales propietarios son una incógnita desde hace casi dos décadas, quedó en tercer lugar con $ 36,5 millones y apenas recuperó la inflación anual porque esa cifra sólo aumentó el 25%.
Otras empresas editoriales privilegiadas con los fondos públicos son la de Raúl y Alejandro Olmos, que embolsó $ 33 millones por los diarios Crónica y BAE (a los que hay que sumar otros $ 14 millones por Crónica TV), y la del empresario rosarino Orlando Vignatti, que con Ámbito Financiero y Buenos Aires Herald ingresó $ 32 millones.
Algunos medios del interior reciben una pauta llamativamente importante para sus áreas de cobertura, como Norte de Resistencia, Chaco, que habría facturado $ 5,3 millones en lo que va del año (370% más que el mismo período del año pasado), y El Diario de Paraná, Entre Ríos (afín al gobernador kirchnerista Sergio Urribarri), que ingresó $ 3 millones (413% más) en estos meses.
El diario La Nación y su grupo de revistas sólo registró ingresos por 184.000 pesos, un 85% menos que el año pasado. Los cinco diarios del Grupo Clarín, en conjunto, perdieron 52% y este año facturaron $ 1,3 millones. Sin embargo, en este caso hay que destacar que Los Andes (Mendoza), del mismo grupo, tuvo un incremento de 513%. Editorial Perfil, que ganó en varias instancias un reclamo judicial por discriminación con la pauta oficial, recibió 700.000 pesos, un 7,5% más que en el período enero-agosto del año pasado, pero lejos de Editorial Televisa/Atlántida, su principal competidor, que sumando sus publicaciones embolsó $ 5,5 millones (de los cuales $ 2,1 millones fueron a la revista Gente). Por su parte, el diario El Cronista y sus revistas (de De Narváez) perdieron el 62% de la pauta, que pasó de $ 2,4 millones el año pasado a 926.000.
En la radiofonía, Radio 10 y sus FM Pop, Mega y Vale, que son líderes en audiencia en sus segmentos y aún están en manos de Daniel Hadad, recibieron $ 14 millones en lo que va del año. Individualmente considerada, Radio del Plata, de los dueños de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, y sexta en audiencia, supera a la Diez: recibió $ 13,2 millones. Más atrás están La Red (Manzano-Vila-De Narváez), tercera en rating, que habría embolsado $ 6,4 millones, y el grupo de emisoras que aún comparten (y disputan) Raúl Moneta y Matías Garfunkel, que ingresaron unos $ 6,1 millones (y tuvieron un crecimiento interanual del 150%). En ese conjunto están las FM Metro, Blue y Rock&Pop.
Un tema tabú para todos los partidos
Discrecionalidad y falta de transparencia, los rasgos comunes
La poca o nula disposición para brindar información sobre el gasto estatal en pauta publicitaria no es exclusiva del gobierno nacional, según confirman todas las organizaciones civiles pro transparencia. "Este reparto es poco transparente en la gran mayoría de las jurisdicciones y hemos verificado sistemáticas resistencias de diferentes gobiernos, de todo color político y partidario, a entregar datos sobre publicidad oficial", afirmó Eleonora Rabinovich, directora ejecutiva de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), entidad que ya litigó contra la Jefatura de Gabinete de la nación, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Córdoba y Neuquén, por falta de acceso a la información pública sobre pauta. "Siempre obtuvimos fallos favorables: la información sobre pauta es información pública", afirmó Rabinovich.
La discrecionalidad, aunque en distintos grados, también es una característica del reparto que trasciende los colores políticos. En el contexto de una consultoría para Poder Ciudadano, el investigador Martín Becerra relevó los minutos de publicidad oficial contratados por los gobiernos nacional, porteño y bonaerense en 2011. "Entre otras cosas, ese trabajo reveló que la arbitrariedad del manejo de recursos canalizados como publicidad oficial, utilizados como premio o castigo, es un rasgo común a distintas formaciones políticas, el Frente para la Victoria y Pro entre ellas", afirmó Becerra.
Para Silvana Giudici, presidenta de la Fundación Libertad de Expresión y Democracia (LED), es más grave la discrecionalidad nacional. "Desde 2003 el Gobierno viene incrementando recursos de manera exponencial para distribuir arbitrariamente a los medios que quiso engordar para ayudar a construir el relato que quiere imponerle a la sociedad; la novedad durante este año es que además engordaron la estructura de la Secretaría de Comunicación para darle menos transparencia de la que ya tenía y para que La Cámpora se constituya en el comisario político sobre los recursos a distribuir."
Jugando con la libertad de expresión
Por: Pablo Secchi
El 28 de septiembre se celebra en todo el mundo el día del acceso a la información pública. La experiencia de nuestro país en el tema poco nos deja celebrar. Lo más rescatable, hasta cierto punto, es el decreto que reglamenta este derecho en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, pero que por la ausencia de voluntad política no termina de garantizar a los ciudadanos el acceso que debería ser para todos y todas. La ley nacional tan reclamada desde hace años brilla por su ausencia, por lo que nuestro país queda relegado incluso entre las naciones latinoamericanas en esta temática.
El acceso a los datos sobre la pauta publicitaria del gobierno nacional es uno de los casos en los que se observa la ausencia de una política clara y coherente en materia de acceso a la información pública. Valga la siguiente aclaración: Poder Ciudadano y otras entidades reclaman la regulación de la pauta desde la época en que los mayores beneficiarios de estos fondos eran totalmente distintos de los que se benefician actualmente.
¿Cuál es la situación hoy? Sólo alcanza con ingresar a la página de la Jefatura de Gabinete de Ministros y ver que la información sobre la distribución de la pauta está totalmente desactualizada. Las últimas respuestas que recibió Poder Ciudadano sobre este tema carecen de los datos necesarios para un análisis serio. Estas respuestas, por ejemplo, ya no cuentan con la identificación clara de los proveedores, dado que aducen contener "datos personales". Muchas de las respuestas sobre pedidos de información responden lo mismo, aun cuando lo consultado no implica ningún dato personal.
Desde 2003 la inversión del gobierno nacional en publicidad oficial creció en forma desmesurada, arrancando en $40 millones y superando holgadamente en la actualidad los $ 1000 millones. Estas inversiones tienen una fuerte tendencia a financiar medios de comunicación editorialmente favorables al Gobierno, y especialmente mensajes de cualquier tipo a favor del Gobierno o en contra del enemigo de turno.
No es casual la ausencia de una ley de acceso a la información pública, como tampoco lo es la ausencia de una regulación de la pauta publicitaria. Ambas son decisiones políticas del gobierno nacional. También lo fue la decisión del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires cuando decidió vetar artículos clave de la regulación de la publicidad oficial local en 2009. Pareciera que la posibilidad de manejar la pauta oficial se convirtió en una herramienta más a la hora de gobernar. Lo peligroso es que esta herramienta juega con el presupuesto público, con la libertad de expresión y con la equidad entre los diferentes actores políticos.
Fuente: Diario La Nación
Por: José Crettaz
Un relevamiento privado del mercado publicitario confirma que la pauta oficial creció mucho en lo que va del año -alrededor de 70%- y revela importantes cambios en los grupos de medios más beneficiados con el dinero del Estado. En diarios y revistas, aunque por poco, el grupo Szpolski-Garfunkel le cedió el primer puesto a Manzano-Vila.
Hace 15 meses que el Gobierno no informa sobre el reparto de la pauta. El gobierno nacional no brinda información oficial sobre el reparto de la pauta publicitaria desde hace quince meses. Tampoco se sabe con exactitud cuál es el presupuesto total destinado a este fin porque hay más de una caja (Anses, AFIP y Jefatura de Gabinete, entre otras) que se administran de manera centralizada o descentralizada según la época (o la intención de dar o ocultar información). De acuerdo con el presupuesto, este año, el jefe de Gabinete, Juan Abal Medina, maneja unos $ 606,6 millones para publicidad oficial, pero según asociaciones civiles pro transparencia esa cifra podría superar los $ 1000 millones.
Según el informe, preparado por una consultora internacional reconocida que prefiere no ser identificada, en TV abierta, en el primer semestre, Telefe (líder en rating, propiedad de Telefónica de España) ingresó $ 45,8 millones, un 131% más que el mismo período del año pasado. En tanto, Canal 9 (del empresario mexicano Remigio González) facturó $ 31,3 millones, prácticamente lo mismo que en 2011. América (cuya propiedad comparten el ex diputado justicialista José Luis Manzano, Daniel Vila y el actual diputado opositor Francisco de Narváez) recibió 7% menos que el año pasado, $ 17,1 millones. Y Canal 13 (Grupo Clarín) llegó a $ 1,8 millones, con un crecimiento del 270%.
Todas estas cifras refieren a la inversión bruta en publicidad, sin contar eventuales descuentos, y se construyen midiendo el espacio y el tiempo destinados efectivamente por los medios a emitir avisos del gobierno nacional y multiplicar esas cantidades por los respectivos tarifarios de publicidad. Los descuentos son una práctica común en este negocio, aunque el Estado, que suele demorar sus pagos, es el anunciante que menos porcentaje de rebaja recibe. En lo que va del año, sólo en los diarios relevados, el Gobierno gastó $ 252 millones, un 66% más que en 2011. Y hasta junio, había destinado $ 98 millones a la TV abierta porteña, un 33% más que el año pasado.
En lo que va de este año, los diarios de Manzano y Vila (las versiones de Uno de Mendoza, Paraná y Santa Fe, y La Capital de Rosario) recibieron unos $ 53 millones, un 223% más que en el mismo período del año anterior. En tanto, los empresarios kirchneristas Sergio Szpolski y Matías Garfunkel facturaron $ 52 millones principalmente por la pauta publicada en Tiempo Argentino y la revista semanal Veintirés, lo que significó un 92% de aumento. PáginaI12, cuyos reales propietarios son una incógnita desde hace casi dos décadas, quedó en tercer lugar con $ 36,5 millones y apenas recuperó la inflación anual porque esa cifra sólo aumentó el 25%.
Otras empresas editoriales privilegiadas con los fondos públicos son la de Raúl y Alejandro Olmos, que embolsó $ 33 millones por los diarios Crónica y BAE (a los que hay que sumar otros $ 14 millones por Crónica TV), y la del empresario rosarino Orlando Vignatti, que con Ámbito Financiero y Buenos Aires Herald ingresó $ 32 millones.
Algunos medios del interior reciben una pauta llamativamente importante para sus áreas de cobertura, como Norte de Resistencia, Chaco, que habría facturado $ 5,3 millones en lo que va del año (370% más que el mismo período del año pasado), y El Diario de Paraná, Entre Ríos (afín al gobernador kirchnerista Sergio Urribarri), que ingresó $ 3 millones (413% más) en estos meses.
El diario La Nación y su grupo de revistas sólo registró ingresos por 184.000 pesos, un 85% menos que el año pasado. Los cinco diarios del Grupo Clarín, en conjunto, perdieron 52% y este año facturaron $ 1,3 millones. Sin embargo, en este caso hay que destacar que Los Andes (Mendoza), del mismo grupo, tuvo un incremento de 513%. Editorial Perfil, que ganó en varias instancias un reclamo judicial por discriminación con la pauta oficial, recibió 700.000 pesos, un 7,5% más que en el período enero-agosto del año pasado, pero lejos de Editorial Televisa/Atlántida, su principal competidor, que sumando sus publicaciones embolsó $ 5,5 millones (de los cuales $ 2,1 millones fueron a la revista Gente). Por su parte, el diario El Cronista y sus revistas (de De Narváez) perdieron el 62% de la pauta, que pasó de $ 2,4 millones el año pasado a 926.000.
En la radiofonía, Radio 10 y sus FM Pop, Mega y Vale, que son líderes en audiencia en sus segmentos y aún están en manos de Daniel Hadad, recibieron $ 14 millones en lo que va del año. Individualmente considerada, Radio del Plata, de los dueños de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, y sexta en audiencia, supera a la Diez: recibió $ 13,2 millones. Más atrás están La Red (Manzano-Vila-De Narváez), tercera en rating, que habría embolsado $ 6,4 millones, y el grupo de emisoras que aún comparten (y disputan) Raúl Moneta y Matías Garfunkel, que ingresaron unos $ 6,1 millones (y tuvieron un crecimiento interanual del 150%). En ese conjunto están las FM Metro, Blue y Rock&Pop.
Un tema tabú para todos los partidos
Discrecionalidad y falta de transparencia, los rasgos comunes
La poca o nula disposición para brindar información sobre el gasto estatal en pauta publicitaria no es exclusiva del gobierno nacional, según confirman todas las organizaciones civiles pro transparencia. "Este reparto es poco transparente en la gran mayoría de las jurisdicciones y hemos verificado sistemáticas resistencias de diferentes gobiernos, de todo color político y partidario, a entregar datos sobre publicidad oficial", afirmó Eleonora Rabinovich, directora ejecutiva de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), entidad que ya litigó contra la Jefatura de Gabinete de la nación, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Córdoba y Neuquén, por falta de acceso a la información pública sobre pauta. "Siempre obtuvimos fallos favorables: la información sobre pauta es información pública", afirmó Rabinovich.
La discrecionalidad, aunque en distintos grados, también es una característica del reparto que trasciende los colores políticos. En el contexto de una consultoría para Poder Ciudadano, el investigador Martín Becerra relevó los minutos de publicidad oficial contratados por los gobiernos nacional, porteño y bonaerense en 2011. "Entre otras cosas, ese trabajo reveló que la arbitrariedad del manejo de recursos canalizados como publicidad oficial, utilizados como premio o castigo, es un rasgo común a distintas formaciones políticas, el Frente para la Victoria y Pro entre ellas", afirmó Becerra.
Para Silvana Giudici, presidenta de la Fundación Libertad de Expresión y Democracia (LED), es más grave la discrecionalidad nacional. "Desde 2003 el Gobierno viene incrementando recursos de manera exponencial para distribuir arbitrariamente a los medios que quiso engordar para ayudar a construir el relato que quiere imponerle a la sociedad; la novedad durante este año es que además engordaron la estructura de la Secretaría de Comunicación para darle menos transparencia de la que ya tenía y para que La Cámpora se constituya en el comisario político sobre los recursos a distribuir."
Jugando con la libertad de expresión
Por: Pablo Secchi
El 28 de septiembre se celebra en todo el mundo el día del acceso a la información pública. La experiencia de nuestro país en el tema poco nos deja celebrar. Lo más rescatable, hasta cierto punto, es el decreto que reglamenta este derecho en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, pero que por la ausencia de voluntad política no termina de garantizar a los ciudadanos el acceso que debería ser para todos y todas. La ley nacional tan reclamada desde hace años brilla por su ausencia, por lo que nuestro país queda relegado incluso entre las naciones latinoamericanas en esta temática.
El acceso a los datos sobre la pauta publicitaria del gobierno nacional es uno de los casos en los que se observa la ausencia de una política clara y coherente en materia de acceso a la información pública. Valga la siguiente aclaración: Poder Ciudadano y otras entidades reclaman la regulación de la pauta desde la época en que los mayores beneficiarios de estos fondos eran totalmente distintos de los que se benefician actualmente.
¿Cuál es la situación hoy? Sólo alcanza con ingresar a la página de la Jefatura de Gabinete de Ministros y ver que la información sobre la distribución de la pauta está totalmente desactualizada. Las últimas respuestas que recibió Poder Ciudadano sobre este tema carecen de los datos necesarios para un análisis serio. Estas respuestas, por ejemplo, ya no cuentan con la identificación clara de los proveedores, dado que aducen contener "datos personales". Muchas de las respuestas sobre pedidos de información responden lo mismo, aun cuando lo consultado no implica ningún dato personal.
Desde 2003 la inversión del gobierno nacional en publicidad oficial creció en forma desmesurada, arrancando en $40 millones y superando holgadamente en la actualidad los $ 1000 millones. Estas inversiones tienen una fuerte tendencia a financiar medios de comunicación editorialmente favorables al Gobierno, y especialmente mensajes de cualquier tipo a favor del Gobierno o en contra del enemigo de turno.
No es casual la ausencia de una ley de acceso a la información pública, como tampoco lo es la ausencia de una regulación de la pauta publicitaria. Ambas son decisiones políticas del gobierno nacional. También lo fue la decisión del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires cuando decidió vetar artículos clave de la regulación de la publicidad oficial local en 2009. Pareciera que la posibilidad de manejar la pauta oficial se convirtió en una herramienta más a la hora de gobernar. Lo peligroso es que esta herramienta juega con el presupuesto público, con la libertad de expresión y con la equidad entre los diferentes actores políticos.
Fuente: Diario La Nación
Encuentro: Experiencias de organización sindical en el lugar de trabajo
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Orlando Barone y la periodista Ana Guzzetti
Por: Rolando Astarita
Pocas veces he escrito algo “sobre caliente”. Siempre pienso en notas más “de largo plazo”. Hoy hago una excepción. Confieso que escribo con indignación, que no siempre es buena consejera, pero siento el deber de hacerlo. Voy al grano.
Ayer, miércoles 26, puse un rato 6,7,8, el programa oficialista del canal oficialista. El tema que charlaba el panel eran las conferencias de prensa. Todos aportaban argumentos para defender la negativa de la presidenta Kirchner a dar conferencias de prensa. En esas circunstancias, Orlando Barone recordó una conferencia de prensa, de 1974, en la que una periodista del diario El Mundo le hizo una pregunta “inconveniente” a Perón. La periodista se llamaba Ana Guzzetti, y El Mundo estaba vinculado al PRT. Guzzetti le preguntó a Perón qué medidas iba a tomar el gobierno ante la escalada de atentados fascistas, perpetrados por grupos parapoliciales, que estaban sufriendo los militantes populares. Tengamos en cuenta que por ese entonces había habido una ola de bombas contra unidades básicas y locales de partidos de izquierda. Por toda respuesta, Perón le dijo a Guzzetti que debía probar lo de parapoliciales, y llamó a su edecán para que tomara los datos de la periodista, a fin de iniciarle una causa.
Pues bien, Barone reivindicó esa respuesta de Perón, ya que en su opinión lo de la periodista había sido una provocación; había hecho una pregunta “irresponsable” (estoy citando de memoria, pero seguramente podrán ver la grabación del programa). Con esto, Barone quería demostrar lo inconveniente que son las conferencias de prensa, y lo acertado que estuvo Perón en parar la “provocación”. En ese punto, Gabriela Cerruti, que había sido invitada al programa, le recordó que la periodista de El Mundo había terminado secuestrada y desaparecida. Barone se llamó a silencio. “No es un ejemplo feliz”, le observó Cerruti. El resto del panel no dijo palabra y fueron a la tanda.
Cambié de canal, asqueado. Hay cosas que tocan recuerdos muy dolorosos. Aquella conferencia de prensa de 1974 tuvo amplia repercusión en ese momento. Por aquellos días todos sentíamos cómo avanzaba a pasos agigantados la represión de los grupos fascistas y parapoliciales, amparados en el aparato del Estado. La joven periodista se había animado a poner el dedo en la llaga del fascismo. Perón respondió con la amenaza (que no era menor en aquel contexto), y poco después Ana Guzzetti fue secuestrada y torturada (aunque creo que no desapareció). El diario El Mundo fue cerrado poco después de esa conferencia de prensa.
Para concluir, me parece muy significativo que Barone considere que lo de Ana Guzzetti fue una provocación; que haya reivindicado aquella respuesta brutal de Perón; que no haya sentido siquiera la necesidad de rectificarse cuando Cerrutti le recordó cuál había sido la suerte corrida por la periodista; y que el resto del plantel estable del programa oficialista haya callado. A esto le llaman hoy “progresismo de izquierda” y “lucha contra los monopolios mediáticos”. A veces, un acto revela más contenido que 100 discursos.
Fuente: Rolando Astarita [Blog]
"La ultraizquierda son ustedes"
Conferencia de prensa del Presidente Perón el 08/02/74
Al producirse el ataque del ERP al Regimiento de Azul (19 de enero de 1974) el presidente Perón lanzó públicamente una advertencia: "Si no tenemos ley el camino será otro, pero les aseguro que puestos a enfrentar la violencia con la violencia nosotros tenemos más medios, ¡y lo haremos a cualquier precio, porque no estamos aquí de monigotes!"
A los pocos días, durante una conferencia de prensa en Olivos (publicada en La Nación el 09/02/74), la periodista Ana Guzzetti del diario El Mundo (financiado por el PRT-ERP, mientras el diario Noticias era financiado por la organización Montoneros) le reclamó:
Ana Guzzetti: Señor presidente, cuando usted tuvo la primera conferencia de prensa con nosotros, yo le pregunté qué medidas iba a tomar el gobierno para parar la escalada de atentados fascistas que sufrían los militantes populares. A partir de los hechos conocidos por todos, de Azul, y después de su mensaje llamando a defender al gobierno, esa escalada fascista se ha ampliado mucho más. En el término de dos semanas hubo exactamente veinticinco unidades básicas voladas, que no pertenecen precisamente a la ultraizquierda; hubo doce militantes muertos, y ayer se descubrió el asesinato de un fotógrafo. Evidentemente, todo esto está hecho por grupos parapoliciales de ultraderecha.
Perón: ¿Usted se hace responsable de lo que dice? Eso de parapoliciales lo tiene que probar. (dirigiéndose al edecán aeronáutico dijo) ¡Tomen los datos necesarios para que el Ministerio de Justicia inicie la causa contra esta señorita!
Sin intimidarse la periodista respondió:
Ana Guzzetti: ¡Quiero saber qué medidas va a tomar el gobierno para investigar tantos atentados fascistas!
Perón: Las que se están tomando, esos son asuntos policiales que están provocados por la ultraizquierda y la ultraderecha; la ultraizquierda, que son ustedes (señalado a la periodista con el dedo) y la ultraderecha, que son los otros. De manera que arreglense entre ustedes; la policía procederá y la justicia también. Indudablemente que el poder ejecutivo lo único que puede hacer es detenerlos a ustedes y entregarlos a la justicia; a ustedes y a los otros. Lo que nosotros queremos es paz, y lo que ustedes no quieren es paz.
Ana Guzzetti: Le aclaro que soy militante del Movimiento Peronista desde hace trece años.
Perón: ¡Hombre, lo disimula muy bien!
La clausura del diario El Mundo se produjo de inmediato, y dos nuevas muertes se sumarán a la violencia desatada: Montoneros atenta contra el sindicalista Rogelio Coria y el ERP contra el juez Jorge Quiroga.
Pocas veces he escrito algo “sobre caliente”. Siempre pienso en notas más “de largo plazo”. Hoy hago una excepción. Confieso que escribo con indignación, que no siempre es buena consejera, pero siento el deber de hacerlo. Voy al grano.
Pues bien, Barone reivindicó esa respuesta de Perón, ya que en su opinión lo de la periodista había sido una provocación; había hecho una pregunta “irresponsable” (estoy citando de memoria, pero seguramente podrán ver la grabación del programa). Con esto, Barone quería demostrar lo inconveniente que son las conferencias de prensa, y lo acertado que estuvo Perón en parar la “provocación”. En ese punto, Gabriela Cerruti, que había sido invitada al programa, le recordó que la periodista de El Mundo había terminado secuestrada y desaparecida. Barone se llamó a silencio. “No es un ejemplo feliz”, le observó Cerruti. El resto del panel no dijo palabra y fueron a la tanda.
Cambié de canal, asqueado. Hay cosas que tocan recuerdos muy dolorosos. Aquella conferencia de prensa de 1974 tuvo amplia repercusión en ese momento. Por aquellos días todos sentíamos cómo avanzaba a pasos agigantados la represión de los grupos fascistas y parapoliciales, amparados en el aparato del Estado. La joven periodista se había animado a poner el dedo en la llaga del fascismo. Perón respondió con la amenaza (que no era menor en aquel contexto), y poco después Ana Guzzetti fue secuestrada y torturada (aunque creo que no desapareció). El diario El Mundo fue cerrado poco después de esa conferencia de prensa.
Para concluir, me parece muy significativo que Barone considere que lo de Ana Guzzetti fue una provocación; que haya reivindicado aquella respuesta brutal de Perón; que no haya sentido siquiera la necesidad de rectificarse cuando Cerrutti le recordó cuál había sido la suerte corrida por la periodista; y que el resto del plantel estable del programa oficialista haya callado. A esto le llaman hoy “progresismo de izquierda” y “lucha contra los monopolios mediáticos”. A veces, un acto revela más contenido que 100 discursos.
NdE: Gabriela Cerruti aclaró en su cuenta de Twitter: "La periodista es Ana Guzzeti, fue secuestrada y torturada pero no desapareció. Gracias x las precisiones"
Conferencia de prensa del Presidente Perón el 08/02/74
Al producirse el ataque del ERP al Regimiento de Azul (19 de enero de 1974) el presidente Perón lanzó públicamente una advertencia: "Si no tenemos ley el camino será otro, pero les aseguro que puestos a enfrentar la violencia con la violencia nosotros tenemos más medios, ¡y lo haremos a cualquier precio, porque no estamos aquí de monigotes!"
A los pocos días, durante una conferencia de prensa en Olivos (publicada en La Nación el 09/02/74), la periodista Ana Guzzetti del diario El Mundo (financiado por el PRT-ERP, mientras el diario Noticias era financiado por la organización Montoneros) le reclamó:
Ana Guzzetti: Señor presidente, cuando usted tuvo la primera conferencia de prensa con nosotros, yo le pregunté qué medidas iba a tomar el gobierno para parar la escalada de atentados fascistas que sufrían los militantes populares. A partir de los hechos conocidos por todos, de Azul, y después de su mensaje llamando a defender al gobierno, esa escalada fascista se ha ampliado mucho más. En el término de dos semanas hubo exactamente veinticinco unidades básicas voladas, que no pertenecen precisamente a la ultraizquierda; hubo doce militantes muertos, y ayer se descubrió el asesinato de un fotógrafo. Evidentemente, todo esto está hecho por grupos parapoliciales de ultraderecha.
Perón: ¿Usted se hace responsable de lo que dice? Eso de parapoliciales lo tiene que probar. (dirigiéndose al edecán aeronáutico dijo) ¡Tomen los datos necesarios para que el Ministerio de Justicia inicie la causa contra esta señorita!
Sin intimidarse la periodista respondió:
Ana Guzzetti: ¡Quiero saber qué medidas va a tomar el gobierno para investigar tantos atentados fascistas!
Perón: Las que se están tomando, esos son asuntos policiales que están provocados por la ultraizquierda y la ultraderecha; la ultraizquierda, que son ustedes (señalado a la periodista con el dedo) y la ultraderecha, que son los otros. De manera que arreglense entre ustedes; la policía procederá y la justicia también. Indudablemente que el poder ejecutivo lo único que puede hacer es detenerlos a ustedes y entregarlos a la justicia; a ustedes y a los otros. Lo que nosotros queremos es paz, y lo que ustedes no quieren es paz.
Ana Guzzetti: Le aclaro que soy militante del Movimiento Peronista desde hace trece años.
Perón: ¡Hombre, lo disimula muy bien!
La clausura del diario El Mundo se produjo de inmediato, y dos nuevas muertes se sumarán a la violencia desatada: Montoneros atenta contra el sindicalista Rogelio Coria y el ERP contra el juez Jorge Quiroga.
Fuente: El Ortiba
Pepe Mujica: "En Argentina los medios construyeron poder y tienen aparato"
El presidente uruguayo José Mujica recibió ayer a "La Diaria" en su chacra de Rincón del Cerro, entre otros temas dialogó de la Ley de Medios que irá este año al Parlamento, el rol de la prensa, los medios públicos y de paso el escenario de polarización que ocurre en Argentina
¿El Ejecutivo va a enviar una ley de servicios de comunicación audiovisual al Parlamento?
Hay una ley que me dijeron que tiene como 170 artículos; yo no la leí. Este año se tiene que discutir en el Consejo de Ministros y después va a ir al Parlamento. Si el Parlamento la aprueba, es otra historia.
En Argentina el debate de la ley de medios generó un escenario de polarización entre Clarín y medios más kirchneristas. ¿Teme que eso pueda darse en Uruguay?
No, porque acá no hay ningún medio que le corresponda al gobierno. Allá sí, construyeron poder y tienen aparato. Acá no va a haber polarización porque están todos en contra del gobierno. Se van a pelear entre ellos.
¿Cuál considera que debe ser el rol de la prensa?
Es complejo. El peor defecto que tiene el periodismo contemporáneo es que por bajo presupuesto ha masificado el periodismo y les exige a muchachos jóvenes, que arrancan, que sirvan para un barrido y para un fregado. Y entonces uno nota que falta tiempo en la cabeza, faltan un par de miles de libros, falta cultura general.
¿No hay en el FA una idea de que la prensa de izquierda tiene que ser funcional al gobierno del FA?
Yo creo en las clases sociales, no creo en la independencia del periodismo. Ése es un invento. Una cosa es ser cortesano con el poder, y otra cosa es irla de equidistante entre izquierda y derecha. No, viejo. No hay equidistancia. Pero no importa, ésos son puntos de vista.
¿Debería crearse un multimedio del Estado?
Habría que desarrollar más los medios del Estado. Si no los desarrolla el Estado, los desarrollan las grandes empresas. Un ejemplo es la BBC. La BBC es del Estado pero le da palo al Estado y al que venga.
Fuente: La Diaria
Hay una ley que me dijeron que tiene como 170 artículos; yo no la leí. Este año se tiene que discutir en el Consejo de Ministros y después va a ir al Parlamento. Si el Parlamento la aprueba, es otra historia.
En Argentina el debate de la ley de medios generó un escenario de polarización entre Clarín y medios más kirchneristas. ¿Teme que eso pueda darse en Uruguay?
No, porque acá no hay ningún medio que le corresponda al gobierno. Allá sí, construyeron poder y tienen aparato. Acá no va a haber polarización porque están todos en contra del gobierno. Se van a pelear entre ellos.
¿Cuál considera que debe ser el rol de la prensa?
Es complejo. El peor defecto que tiene el periodismo contemporáneo es que por bajo presupuesto ha masificado el periodismo y les exige a muchachos jóvenes, que arrancan, que sirvan para un barrido y para un fregado. Y entonces uno nota que falta tiempo en la cabeza, faltan un par de miles de libros, falta cultura general.
¿No hay en el FA una idea de que la prensa de izquierda tiene que ser funcional al gobierno del FA?
Yo creo en las clases sociales, no creo en la independencia del periodismo. Ése es un invento. Una cosa es ser cortesano con el poder, y otra cosa es irla de equidistante entre izquierda y derecha. No, viejo. No hay equidistancia. Pero no importa, ésos son puntos de vista.
¿Debería crearse un multimedio del Estado?
Habría que desarrollar más los medios del Estado. Si no los desarrolla el Estado, los desarrollan las grandes empresas. Un ejemplo es la BBC. La BBC es del Estado pero le da palo al Estado y al que venga.
Fuente: La Diaria
Laura Alonso: Por qué Sabbatella no puede presidir AFSCA
La diputada nacional del PRO, Laura Alonso, aseguró que el candidato a presidir el AFSCA, Martín Sabbatella, "no cuenta con la formación profesional requerida para el cargo", sino que "sólo es un militante de alto rango"
"De concretarse su designación conllevará una abierta violación de la ley de medios, dado que no cumple con el requisito de alta calificación profesional: no posee título universitario afín, tampoco matriculación profesional, ni antecedentes profesionales en la materia", explicó.
En un comunicado de prensa, Alonso se preguntó cómo Sabbatella "va a garantizar equilibrio y balance" cuando manifestó "un alineamiento político sin rajaduras con Néstor y Cristina Kirchner".
"Sabbatella es un comisario político que sólo le brindará un servicio a la presidenta: destruir a un grupo de medios y controlar al resto. Además debería renunciar a su banca de Diputado Nacional por incompatibilidad manifiesta y violación de la Constitución Nacional. La Presidencia de la AFSCA demanda capacidad profesional y técnica, equilibrio e imparcialidad. Sabbatella carece de todos estos atributos", concluyó.
En su página la Diputada destacó que Sabbatella:
1. 'Carece de las condiciones de alta calificación en la materia exigidas por la Ley de Medios'
2. 'La AFSCA no necesita un militante sino un profesional que garantice independencia y objetividad'
3. 'La designación va en contra de lo expresado por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA y la 'Declaración conjunta para la Promoción de la diversidad en los Medios de Comunicación'
"De concretarse su designación conllevará una abierta violación de la ley de medios, dado que no cumple con el requisito de alta calificación profesional: no posee título universitario afín, tampoco matriculación profesional, ni antecedentes profesionales en la materia", explicó.
En un comunicado de prensa, Alonso se preguntó cómo Sabbatella "va a garantizar equilibrio y balance" cuando manifestó "un alineamiento político sin rajaduras con Néstor y Cristina Kirchner".
"Sabbatella es un comisario político que sólo le brindará un servicio a la presidenta: destruir a un grupo de medios y controlar al resto. Además debería renunciar a su banca de Diputado Nacional por incompatibilidad manifiesta y violación de la Constitución Nacional. La Presidencia de la AFSCA demanda capacidad profesional y técnica, equilibrio e imparcialidad. Sabbatella carece de todos estos atributos", concluyó.
En su página la Diputada destacó que Sabbatella:
1. 'Carece de las condiciones de alta calificación en la materia exigidas por la Ley de Medios'
2. 'La AFSCA no necesita un militante sino un profesional que garantice independencia y objetividad'
3. 'La designación va en contra de lo expresado por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA y la 'Declaración conjunta para la Promoción de la diversidad en los Medios de Comunicación'