Por: Martín Becerra
Era difícil imaginar hace tres años, cuando el Congreso sancionaba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que hacia el fin de 2012 muchos de sus artículos no serían aplicados y que ni la prometida democratización a corto plazo ni el cierre súbito de señales insignia del Grupo Clarín se concretarían. Una fecha, el 7 de diciembre, reactiva la discusión sobre un texto sobre el que se habló mucho y se hizo poco.
La contienda que protagonizan el Gobierno como principal impulsor de la ley y Clarín como el mayor grupo multimedios que la resiste, polarizó el debate público, pero adosó a la agenda cuestiones que eran tabú, como los intereses de grandes conglomerados que subordinan la línea periodística a su renta, o los lazos económicos del Gobierno con empresarios mediáticos afines. El escenario de la discusión, además, se ornamenta con un pesado arsenal de escraches sin presunción de inocencia ni derecho a réplica.
Sin respetarse la letra de la Ley –y en verdad, contradiciéndola–, hay movimientos recientes en el mapa de medios, con algunos grupos en ascenso (Vila-Manzano, Cristóbal López, Szpolski), con el Estado que emerge como emisor con potencia y con otros grupos, como Clarín, que ven acechado el dominio que ejercieron durante décadas. En otro plano, voces que apoyaron la nueva regulación audiovisual porque promovían la diversidad siguen huérfanas de respuesta a su reclamo histórico.
Este proceso encontró un revulsivo en los spots sobre el 7D. Hoy va despejándose el título de lo que sucederá a partir de diciembre, pero no así su contenido. Parece más claro el “qué” que el “cómo”:
1. El qué: la mejor interpretación legal sobre qué supone el 7D fue didácticamente provista por el especialista en derecho público Gustavo Arballo en su blog “Saber leyes no es saber derecho”. En su fallo de mayo pasado, la Corte Suprema indicó que el plazo de adecuación a la ley venció ya en diciembre de 2011. Lo que está en suspenso por la medida cautelar que tiene el Grupo Clarín es la aplicación del artículo 161 de la ley, pero al caer la cautelar el 7D, de no mediar fallo judicial, Clarín no contaría con un año de plazo extra, sostiene Arballo.
2. El cómo: lo que la Ley de Medios, sus reglamentaciones (sobre todo la Resolución 297/2010 que establece pautas para la adecuación) y los fallos de la Corte aportan en relación al tema apenas alcanzan para elucidar qué debería hacer Clarín. Pero las mismas normas ofrecen ambigüedad acerca de qué activos, y cómo, deben transferirse o venderse a terceros. De no mediar fallo a su favor, Clarín deberá adecuarse. Pero no es tan claro cómo debe hacerlo. Esto vale también para el resto de grupos que están en infracción y a los que el Gobierno permitió eludir la adecuación pese a no contar con cautelares, basándose en la premisa de que ello sería asimétrico respecto de la holgada posición de Clarín.
El fallo de la Corte conduce a que Clarín deberá encuadrarse en las generales de la ley. Lo que nadie sabe es cómo. ¿Será aceptado, por ejemplo, que los grupos se adecuen a través de transferencias a la parentela? Lo que sea autorizado en otros casos será, al final, válido también para Clarín.
La base normativa para gestionar los procesos de desinversión de quienes presentaron propuestas dista de ser diáfana. Pero hay menos respaldo aún para orientar la eventual intervención estatal en el caso de que, como es previsible, un grupo se resista a adecuarse a la ley.
Además, a las resistencias de los actores concentrados y a las ambigüedades normativas se suma un aspecto medular: el Gobierno optó hasta ahora por una interpretación muy selectiva y a cuentagotas de la Ley de Medios, restringiendo sólo al oficialismo la conformación de los órganos de control y de aplicación (Comisión Bicameral, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), así como la llamada Comisión de Análisis, Asesoramiento y Seguimiento de los Procesos de Adecuación. El Gobierno subordinó, en suma, la ejecución de políticas al único objetivo de despiezar a Clarín.
Para corregir lo actuado y para sembrar coherencia en la implementación de la ley se precisa dotar de legitimidad un proceso que viene revirado. Como la historia no acaba el 7D, el tipo de construcción que se realice con este material plagado de conflictos condicionará la eficacia de su continuidad a mediano y largo plazo.
*Especialista en medios. En Twitter @aracalacana
Fuente: Diario Perfil
