Por: Jorge Rendo*
La administración de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner salió a la TV abierta el mes pasado con una ataque de cuatro minutos sobre el Grupo Clarín, la empresa de medios más grande de la Argentina. Éste fue el último de una larga serie de abusos. A diferencia de los ataques previos el mensaje no fue "Clarín miente" o que no existe la prensa independiente, como dijo Fernádez en su discurso del miércoles en la Universidad de Georgetown.
Esta vez durante un espacio publicitario de un partido de fútbol de gran audiencia, el gobierno declaró al Grupo Clarín como una amenaza para la democracia argentina anunció que la compañía será obligada a vender algunos de sus medios el 7 de diciembre.
El mensaje del gobierno fue escalofriantemente simple: en diciembre el Grupo Clarín será desmantelado. Cada partido político opositor, la Asociación Interamericana de Prensa y las organizaciones de medios alrededor del mundo han criticado al gobierno argentino la intervención sin precedentes en el mercado privado de medios.
El gobierno argumenta que su acción es necesaria porque la Ley de 2009 estipula que las compañías de medios no pueden poseer medios gráficos (sic) y televisivos y que restringe el número de licencias que lo grupos pueden poseer. El gobierno sostiene que Clarín, cuyas empresas superan el límite dispuesto por la ley, deben ser inmediatamente despojados de aquellos bienes que se contraponen con la ley.
Esta afirmación es falsa. Por una parte, la ley claramente estipula un año de gracia que se iniciará una vez que los procedimientos judiciales relacionados hayan sido agotados. Y no sólo no han sido agotados, sino que varios grupos en el mercado de medios de argentina deberían ser sujetos de la ley, mientras que sólo Clarín ha sido forzado a una venta de activos.
Fernández y sus aliados atacan constantemente a Clarín, sus accionistas y periodistas. La ley y su implementación se han convertido en un capítulo más en la contante batalla contra uno de los pocos medio independientes que quedan en Argentina.
Y no parece que el gobierno vaya a parar una vez que desmantele al Grupo Clarín. El gobierno argentino ha incrementado su influencia económica y política en favor de sus aliados y perseguir a sus opositores, incluidos economistas independientes que osaron publicar las estadísticas económicas reales en lugar de aquéllas dadas por el estado. Fondos publicitarios del gobierno, que han pasado de 40 millones de pesos en el 2003 a 600 millones el pasado año, son canalizados en los medios amigos. El grupo Szpolski, pro Fernández, que tiene una circulación mucho más pequeña que Clarín recibió 125 millones en 2011 mientras que Clarín recibió apenas 3.3 millones. El favoritismo es tan evidente que el diario Perfil ganó un litigio en la Corte Suprema de Justicia, argumentando que había un trato discriminatorio en la pauta oficial. (El gobierno aun no ha cumplido con el fallo del tribunal que había exigido la distribución proporcional de la publicidad oficial)
Fernández debería tomar como ejemplo a los Estados nidos y su compromiso de protección de todas las voces del espectro político. El presidente Obama se pronunció como un entusiasta defensor de la libertad de expresión en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas la semana pasada. Sostuvo elocuentemente que los líderes políticos no tienen derecho a ser susceptibles por la crítica, diciendo que "en los Estados Unidos, incontables publicaciones provocan ofensas.... Como presidente de nuestro país y comandante en jefe de nuestras fuerzas armadas, acepto que la gente va a llamarme de manera terrible todos los días, y siempre voy a defender su derecho a hacerlo".
Así como aceptamos los principios del libre mercado y la justa competencia, también apoyamos un mercado libre de ideas en Argentina. La ley del 2009 puede tener un efecto positivo en los medios argentinos, pero no puede ser de aplicación selectiva y ser usada como herramienta para acosar a los opositores. La aplicación selectiva contra rivales políticos erosiona el estado de derecho, con directas implicancia sobre la libertad e expresión. Espero que Argentina cambie de rumbo antes que sea demasiado tarde.
*Jorge Rendo es director del Grupo Clarín, la mayor compañía de medios en Argentina
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