Durante un encuentro realizado este jueves en la Secretaría de Comercio Interior, su titular, Guillermo Moreno, mantuvo una reunión con editores periodísticos, durante la cual quedó constituida la Comisión Federal Asesora para la Promoción y Uso Sustentable de Pasta Celulosa y Papel para Diarios
La Comisión, establecida por la Ley 26736, reúne, además de los editores de diarios de todo el país, a representantes de los gremios de Gráficos, de Prensa, y de Vendedores de Diarios y Revistas, así como la de organizaciones representativas de usuarios y consumidores.
El organismo, que será presidido por el propio secretario de Comercio Interior, designó como Secretarios Administrativo y de Actas para secundar a Moreno, al editor periodístico bonaerense Jorge Déboli, quien además es titular de DyPRA, y al puntano, Fausto Rosales, en representación de la Federación de gremios gráficos (FATIDA), respectivamente.
La Comisión, tendrá por función la de asesorar y asistir a la Autoridad de Aplicación (la Secretaría de Comercio Interior) de la Ley 26.736, que declaró de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios, de tal manera, que la industria nacional acceda a la fabricación, comercialización y distribución de dicho insumo, de manera regular y confiable.
Luego de designar las autoridades ya mencionadas y aprobar el reglamento interno, la Comisión emitió su primera resolución, un pedido de informes a la firma Papel Prensa S.A., para que aclare sobre la fórmula polinómica que usó, y por la que estableció a partir del 1° de abril pasado un aumento del 5 % el precio del papel.
Este insumo, que ahora alcanzó los 3.330 pesos la tonelada, equivalentes a 753 dólares, resulta unos 80 dólares más caro que el precio FOB del papel chileno, por cierto de mayor calidad que el nacional.
Jorge Déboli, titular de DyPRA, la entidad que reúne a los diarios regionales de la argentina, al término de la reunión, señaló que “con la conformación de este organismo, se pone en marcha la aplicación de la norma que garantizará el pleno abastecimiento de papel para la prensa gráfica argentina”.
De la comisión no participan como tales las entidades que agrupan a los editores -como AdEPA, DyPRA o AFERA- y por eso es que la representación de Déboli es por Buenos Aires y no por Diarios y Periódicos Regionales Argentinos, que él preside. Su misión es colaborar para que se cumpla la ley, que dispone que se incremente la producción; se equiparen las condiciones en que se accede a las bobinas; y que se venda sólo para editores registrados y no para folletería y otros usos comerciales.
Fuente: DyPRA
lunes, 30 de abril de 2012
Exigen que AEDBA ratifique y cumpla el acuerdo paritario
La comisión interna y los trabajadores de prensa UTPBA de Diario Crónica exigen que la cámara patronal, la Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires, dirigida por Clarín y La Nación, ratifique e implemente el acuerdo paritario firmado el pasado 18 de abril en el Ministerio de Trabajo. El mismo fue firmado ese día por todos los integrantes de la Comisión Paritaria que representa a los trabajadores y por el apoderado de la Cámara Patronal, el representante legal de la Cámara, el gerente y los representantes de algunas de las empresas que la integran.
La última semana de abril debió ratificarse en el Ministerio de Trabajo, sin embargo, en una nueva provocación la cámara patronal intenta reabrir el punto referido al retroactivo y dilatar nuevamente la implementación de un acuerdo firmado luego de 11 meses de discusión y un plan de lucha que incluyó paros, quite de firmas y movilizaciones.
El miércoles 2 de mayo se reunirá el plenario de delegados UTPBA rama diarios para evaluar las medidas a implementar en caso de que la patronal continue con su actitud provocadora, se niegue a ratificar el acuerdo y el Ministerio de Trabajo no tome las medidas necesarias para forzar a AEDBA a cumplir con los compromisos asumidos.
Comisión Interna Diario Crónica
La última semana de abril debió ratificarse en el Ministerio de Trabajo, sin embargo, en una nueva provocación la cámara patronal intenta reabrir el punto referido al retroactivo y dilatar nuevamente la implementación de un acuerdo firmado luego de 11 meses de discusión y un plan de lucha que incluyó paros, quite de firmas y movilizaciones.
El miércoles 2 de mayo se reunirá el plenario de delegados UTPBA rama diarios para evaluar las medidas a implementar en caso de que la patronal continue con su actitud provocadora, se niegue a ratificar el acuerdo y el Ministerio de Trabajo no tome las medidas necesarias para forzar a AEDBA a cumplir con los compromisos asumidos.
Comisión Interna Diario Crónica
La silla vacía de Regina Martínez
Por: Lydia Cacho, @lydiacachosi
Regina Martínez era más bien tímida, siempre cargaba su grabadora, una libreta con pluma negra y de vez en vez se acomodaba los lentes como un tic cuando estaba muy concentrada en entrevista. Durante años fue corresponsal de La Jornada en Veracruz y, como todas las reporteras y reporteros del país, trabajaba también para medios locales para poder subsistir. La última década, hasta antier, fue corresponsal de la revista Proceso. Hasta antier que apareció asesinada en su casa, severamente golpeada. No quiero imaginarme cómo murió, espero que podamos averiguarlo para conocer a los culpables. Regina no hubiera imaginado nada, hubiese buscado la evidencia, las pistas, perseguido a todas las fuentes para contrastar la información. Con discreción y ética hubiese trabajado hasta hallar las piezas del rompecabezas que llevan a la verdad. Así debemos hacerlo sus compañeras, sus compañeros indignados frente a este asesinato.
Ya la organización Artículo 19 reveló hace un mes que del año 2000 al 2011 organizaciones criminales mataron violentamente a 77 periodistas. En meses recientes estos grupos asesinaron a 15 reporteros y reporteras, desaparecieron a tres y atacaron con armas de fuego o explosivos 19 centros de información mediática. Pero también supimos que una gran parte de los ataques a periodistas
los perpetran agentes del Estado: gobernadores, alcaldes, policías y militares incómodos ante las investigaciones periodísticas certeras. No podemos olvidar que éste es el quinto asesinato de periodistas en Veracruz bajo el gobierno de Javier Duarte y que 13 periodistas han salido de Veracruz por amenazas de muerte y censura controlada por el propio Duarte (este es el contexto). Ninguno de los asesinatos en ese estado ha sido esclarecido ni hay detenidos.
Las primeras pistas para investigar su muerte deben, necesariamente, comenzar al leer sus últimos reportajes y notas publicadas por la agencia de noticias APRO, perteneciente a la revista Proceso. “Detienen en Veracruz a 9 policías vinculados con el narco” y “Capturan en Veracruz a la ‘Comandante Tere’, presunta jefa de sicarios”.
Aquí debo acotar que mientras muchos reporteros simplemente transcribían los informes policíacos sobre el narco, Regina investigaba, entrevistaba y, sobre todo, documentaba esas entrevistas, es decir, hacía periodismo como se debe y no como se puede, en un país que incita a no hacer esfuerzos para no arriesgar la vida en esta profesión. Por respeto a ella no debemos especular nada, sino ir a las historias que nos llevan al final de su vida luego de más de 20 años de ejercer periodismo.
Y sí hay solidaridad gremial y social, por eso varios, varias periodistas seguimos con vida. Desde hace 90 años comenzaron a reunirse escritores, escritoras, poetas y periodistas que decidieron utilizar su pluma, su inspiración, su fama y su poder de incidir para proteger a quienes en sus propios países y en remotos territorios vivían persecución y encarcelamiento por
ejercer su libertad de expresarse, por escribir poesía que invitaba al disenso y a la crítica social. Cuando esa agrupación, denominada PEN Internacional, comenzó a revelar no solamente los encarcelamientos injustos sino también las persecuciones de Estado, torturas y asesinatos de periodistas, le siguieron otras organizaciones civiles que se fueron especializando en proteger a quienes desde la literatura, los medios, las redes sociales y el periodismo evidencian actos de corrupción, injusticias, crímenes y violaciones a los derechos humanos.
El escritor John Ralston Saul, presidente de PEN Internacional, propuso hace tiempo que en cada acto de ese club se ponga una silla vacía en representación de las y los periodistas asesinados y desaparecidos de México.
En los últimos años, cada vez que he asistido a algún evento de PEN Internacional una silla vacía en el escenario nos recuerda la ausencia por muerte, desaparición o encarcelamiento de alguien que, como nosotras, simplemente ejerció su profesión sin quebrarse ni callarse. Este lunes 30 de abril de 2012 la silla de Regina no estará vacía, nos sentaremos en ella las reporteras y reporteros que la conocimos, hasta saber quién la asesinó. Ella lo hubiera hecho por nosotras.
www.lydiacacho.net
Regina Martínez era más bien tímida, siempre cargaba su grabadora, una libreta con pluma negra y de vez en vez se acomodaba los lentes como un tic cuando estaba muy concentrada en entrevista. Durante años fue corresponsal de La Jornada en Veracruz y, como todas las reporteras y reporteros del país, trabajaba también para medios locales para poder subsistir. La última década, hasta antier, fue corresponsal de la revista Proceso. Hasta antier que apareció asesinada en su casa, severamente golpeada. No quiero imaginarme cómo murió, espero que podamos averiguarlo para conocer a los culpables. Regina no hubiera imaginado nada, hubiese buscado la evidencia, las pistas, perseguido a todas las fuentes para contrastar la información. Con discreción y ética hubiese trabajado hasta hallar las piezas del rompecabezas que llevan a la verdad. Así debemos hacerlo sus compañeras, sus compañeros indignados frente a este asesinato.
Ya la organización Artículo 19 reveló hace un mes que del año 2000 al 2011 organizaciones criminales mataron violentamente a 77 periodistas. En meses recientes estos grupos asesinaron a 15 reporteros y reporteras, desaparecieron a tres y atacaron con armas de fuego o explosivos 19 centros de información mediática. Pero también supimos que una gran parte de los ataques a periodistas los perpetran agentes del Estado: gobernadores, alcaldes, policías y militares incómodos ante las investigaciones periodísticas certeras. No podemos olvidar que éste es el quinto asesinato de periodistas en Veracruz bajo el gobierno de Javier Duarte y que 13 periodistas han salido de Veracruz por amenazas de muerte y censura controlada por el propio Duarte (este es el contexto). Ninguno de los asesinatos en ese estado ha sido esclarecido ni hay detenidos.
Las primeras pistas para investigar su muerte deben, necesariamente, comenzar al leer sus últimos reportajes y notas publicadas por la agencia de noticias APRO, perteneciente a la revista Proceso. “Detienen en Veracruz a 9 policías vinculados con el narco” y “Capturan en Veracruz a la ‘Comandante Tere’, presunta jefa de sicarios”.
Aquí debo acotar que mientras muchos reporteros simplemente transcribían los informes policíacos sobre el narco, Regina investigaba, entrevistaba y, sobre todo, documentaba esas entrevistas, es decir, hacía periodismo como se debe y no como se puede, en un país que incita a no hacer esfuerzos para no arriesgar la vida en esta profesión. Por respeto a ella no debemos especular nada, sino ir a las historias que nos llevan al final de su vida luego de más de 20 años de ejercer periodismo.
Y sí hay solidaridad gremial y social, por eso varios, varias periodistas seguimos con vida. Desde hace 90 años comenzaron a reunirse escritores, escritoras, poetas y periodistas que decidieron utilizar su pluma, su inspiración, su fama y su poder de incidir para proteger a quienes en sus propios países y en remotos territorios vivían persecución y encarcelamiento por
ejercer su libertad de expresarse, por escribir poesía que invitaba al disenso y a la crítica social. Cuando esa agrupación, denominada PEN Internacional, comenzó a revelar no solamente los encarcelamientos injustos sino también las persecuciones de Estado, torturas y asesinatos de periodistas, le siguieron otras organizaciones civiles que se fueron especializando en proteger a quienes desde la literatura, los medios, las redes sociales y el periodismo evidencian actos de corrupción, injusticias, crímenes y violaciones a los derechos humanos.
El escritor John Ralston Saul, presidente de PEN Internacional, propuso hace tiempo que en cada acto de ese club se ponga una silla vacía en representación de las y los periodistas asesinados y desaparecidos de México.
En los últimos años, cada vez que he asistido a algún evento de PEN Internacional una silla vacía en el escenario nos recuerda la ausencia por muerte, desaparición o encarcelamiento de alguien que, como nosotras, simplemente ejerció su profesión sin quebrarse ni callarse. Este lunes 30 de abril de 2012 la silla de Regina no estará vacía, nos sentaremos en ella las reporteras y reporteros que la conocimos, hasta saber quién la asesinó. Ella lo hubiera hecho por nosotras.
www.lydiacacho.net
La crisis en España deja en la calle a más de 6.000 periodistas
Por: María del Cármen Cruz Martín
La crisis económica sigue cebándose con los trabajadores de los medios de comunicación. La destrucción de empleo en este sector se ha acelerado y ya son más de 6.200 los periodistas que han perdido su empleo desde 2008, según datos del último Observatorio de la Crisis de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). Y es que tras la construcción, es uno de los sectores más perjudicados por la crisis.
La situación, en vez de mejorar, va cada vez va a peor. Solo en lo que va de año, unos 1.400 informadores se han sumado a las listas de desocupados. En enero, los periodistas celebraban su patrón con la noticia de que se habían perdido 4.853 empleos. Tres meses después, en abril, el número de desempleados en el sector se sitúa en 6.234.
El Observatorio de la crisis de la FAPE, que comenzó el seguimiento en noviembre de 2008, señala que en la actualidad hay un 15% menos de puestos de trabajo en los medios de comunicación que cuando comenzó la crisis. Antes de la crisis se calcula que había en activo unos 50.000 periodistas. Desde la FAPE explican que la cifra que barajan es solo una estimación y que la pérdida de empleos real podría ser incluso superior a sus estadísticas.
La reducción de plantillas mediante despidos individuales, Expedientes de Regulación de Empleo(ERE) o el cierre de medios están detrás del aumento de periodistas desempleados.
Unos datos “escalofriantes”
Desde la FAPE califican estos datos de “escalofriantes”, pues el problema no solo afecta a los propios implicados, a los periodistas, sino que “puede tener efecto también en la ciudadanía porque supone un empobrecimiento de la democracia, un empobrecimiento de la libertad de expresión”, asegura a RTVE.es la presidenta de la FAPE, Elsa González.
Parte de la explicación de esta pérdida de empleos en los medios de comunicación está en la caída de la publicidad, un ingreso fundamental para este sector y que viene descendiendo desde el comienzo de la crisis económica. Pero para la presidenta de la FAPE no es el único problema. González achaca la grave crisis que atraviesan los medios de comunicación al “inmovilismo en el modelo productivo”.
A su juicio, “seguimos con un modelo ya muerto. Las empresas no lo han actualizado adaptándolo a las demandas del ciudadano que cada vez más piden información continuamente”.
Últimos cierres de medios
Desde que comenzó la crisis, muchos son los medios de comunicación que han tenido que echar el cierre. El último ha sido el diario veterano La Voz de Asturias. El pasado 19 de abril, tras 89 años en los quioscos, salió por última vez. Ya en enero, la empresa editora, Mediapubli, declaró un concurso voluntario de acreedores para encarar la crisis, pero no ha podido superar el proceso concursal.
El mes de abril ha sido un mes negro para más medios. Las cabeceras de El Día de Guadalajara, el de Toledo, el de Albacete y el de Cuenca también han echado el cerrojo. “No nos pilló de sorpresa porque veníamos de una situación complicada desde el verano. Primero tuvimos recortes de sueldo y luego empezamos a sufrir retrasos en el pago de las nóminas de 3-4 meses”, cuenta a RTVE.es Roberto del Barrio, trabajador de El Día de Guadalajara hasta principios de mes.
Entre los cuatro diarios hay unas 30 personas afectadas. “La empresa filtró que las distintas cabeceras provinciales se reconvertirían en una sola regional a partir de abril, pero cuando llegamos a trabajar el día 2 nos dijeron que habría un ERE extintivo. Ahora estamos esperando las cartas de despido. Probablemente la empresa entrará en concurso de acreedores y los trabajadores iremos al FOGASA”, asegura Del Barrio.
En lo que va de 2012, también ha dejado de publicarse el periódico Público. El 24 de febrero, dos meses después de que la empresa editora, Mediapubli, presentara también concurso de acreedores, veía por última vez la luz. Desde entonces solo ha funcionado la versión digital, aunque Mediapubli ya ha anunciado que prescindirá del 84% de la plantilla.
“En septiembre de 2011 hubo un ERE que se cerró con un plan de bajas incentivadas,. Entonces nos dijeron que estuviéramos tranquilos porque el proyecto de Público era a medio-largo plazo. Sin embargo, a los cuatro meses presentó el concurso de acreedores y poco después dejó de publicarse. Los que se fueron en septiembre lo hicieron con indemnizaciones entre 33 y 35 días, pero ahora, solo nos han dado los 20 días que establece la reforma laboral”, se queja Ramiro Varea, uno de los extrabajadores dePúblico.
Los ERE que se avecinan
Otra de las amenazas en el sector de la comunicación son los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), de los que no se salvan ni grandes medios ni empresas públicas.
La Generalitat Valenciana anunció a principios de año la apertura de un ERE para Canal 9, que puede afectar a un millar de los 1.800 empleados que tiene. Para junio o julio, podría presentarse la propuesta de expediente.
En cuanto a grandes medios, sobre las plantillas de El Mundo y El País se ciernen sendos ERE. En el caso de El Mundo, la empresa, Unidad Editorial, comunicó el pasado viernes que despedirá a entre 195 y 220 de una plantilla de unos 600 en el periódico de papel, la web, el servicio de documentación y las revistas de Yo Dona, Magazine y Metrópolis.
Ya en 2009, como parte de una serie de medidas de ahorro, hubo un ERE con bajas incentivadas que acabó con 164 despidos en Unidad Editorial.
“En enero la empresa nos comunicó que había que prorrogar las medidas de ahorro porque la situación era aún peor ya que había menos ingresos por publicidad. Empezamos a negociar, pero el mes pasado los accionistas italianos empezaron a insistir en que había que despedir a gente porque el negocio tradicional no prosperaba”, según fuentes del Comité de Empresa de El Mundo.
“La empresa nos ha dicho que está dispuesta a negociar y a no aplicar la reforma laboral. Nosotros les hemos pedido un plan de bajas incentivadas”, explican desde el Comité de Empresa.
En El País, las aguas también están revueltas desde que un directivo de Prisa, la empresa editora, comunicara a CC.OO. que se estaba preparando un ERE en el grupo empresarial.
“El miércoles 25 nos reunimos con la empresa para que nos explicaran si era cierto. No lo confirmaron, pero tampoco lo negaron. Tan solo nos dijeron que estaban estudiando varias medidas para reestructurar la plantilla, aunque por el momento desconocían cómo se iba a llevar a cabo”, afirman a RTVE.es fuentes delComité de Empresa de El País.
Para la plantilla de este periódico, tampoco es la primera vez que se enfrentan a recortes. A principios de año, vivió un ERE que afectó a unas 2.000 personas. Además, a finales de año se terminó de negociar un nuevo convenio colectivo para tres años que fijaba que durante ese período se congelaba el sueldo a la vez que se perdía la paga extra de beneficios. “Calculamos que la plantilla ha perdido un 18% de poder adquisitivo”, aseguran estas mismas fuentes.
Una mala situación desde 2008
Se pueden contar por decenas los medios de comunicación que han desaparecido desde el inicio de la crisis. Los diarios gratuitos fueron de los primeros afectados. ADN dejó de publicarse el 23 de diciembre de 2011. La edición digital había cerrado en enero de 2009. En las mismas fechas, corrió la misma suerte Metro Directo que también cerró.
En la prensa regional, el balance tampoco es mejor. Han dejado de publicarse laTribuna de Salamanca, el Xornal de Galicia, el Faro de Murcia, Extremadura al día y La Voz de Jerez, entre otros. El periódico Segundamano desapareció en noviembre de 2008, aunque siguió en su versión por Internet.
Tampoco se han librado del cierre revistas que llevaban años en los quioscos. Son los casos de la publicación juvenil Superpop, que nació en 1977 y desapareció en mayo de 2011, de Don Balón, que salió a la luz en 1975 y cerró el pasado septiembre, o de la revista gay Zero, que dejó de editarse en noviembre de 2009 después de once años.
En el sector audiovisual la situación es similar. La cadena Localia, del grupo Prisa y que contaba con un centenar de emisoras en muchas ciudades españolas, cerró en 2008. También del mismo grupo, en diciembre de 2010 dejó de emitir CNN+. En 2009, dejó de emitir la cadena de economía Bloomberg TV España. Y Veo7, que comenzó sus emisiones con la llegada de la TDT, dejó de hacerlo en junio de 2011.
Además de los cierres, prácticamente la totalidad de los medios de comunicación que sobreviven han aprobado expedientes de regulación de empleo y han reducido sus plantillas, y en algunos casos incluso han suprimido ediciones regionales.
Precisamente para hacer más visible la crisis del sector y defender la profesión, la FAPE ha convocado concentraciones en varias ciudades de España el próximo 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, bajo el lema: “Sin periodistas no hay periodismo. Sin periodismo no hay democracia”.
“Queremos visibilizar la situación que viven los medios de comunicación y los periodistas y la incidencia que tiene su situación en la sociedad”, concluye la presidenta de la FAPE.
Fuente: rtve.es
La crisis económica sigue cebándose con los trabajadores de los medios de comunicación. La destrucción de empleo en este sector se ha acelerado y ya son más de 6.200 los periodistas que han perdido su empleo desde 2008, según datos del último Observatorio de la Crisis de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). Y es que tras la construcción, es uno de los sectores más perjudicados por la crisis.
La situación, en vez de mejorar, va cada vez va a peor. Solo en lo que va de año, unos 1.400 informadores se han sumado a las listas de desocupados. En enero, los periodistas celebraban su patrón con la noticia de que se habían perdido 4.853 empleos. Tres meses después, en abril, el número de desempleados en el sector se sitúa en 6.234.
El Observatorio de la crisis de la FAPE, que comenzó el seguimiento en noviembre de 2008, señala que en la actualidad hay un 15% menos de puestos de trabajo en los medios de comunicación que cuando comenzó la crisis. Antes de la crisis se calcula que había en activo unos 50.000 periodistas. Desde la FAPE explican que la cifra que barajan es solo una estimación y que la pérdida de empleos real podría ser incluso superior a sus estadísticas.
La reducción de plantillas mediante despidos individuales, Expedientes de Regulación de Empleo(ERE) o el cierre de medios están detrás del aumento de periodistas desempleados.
Unos datos “escalofriantes”
Desde la FAPE califican estos datos de “escalofriantes”, pues el problema no solo afecta a los propios implicados, a los periodistas, sino que “puede tener efecto también en la ciudadanía porque supone un empobrecimiento de la democracia, un empobrecimiento de la libertad de expresión”, asegura a RTVE.es la presidenta de la FAPE, Elsa González.
Parte de la explicación de esta pérdida de empleos en los medios de comunicación está en la caída de la publicidad, un ingreso fundamental para este sector y que viene descendiendo desde el comienzo de la crisis económica. Pero para la presidenta de la FAPE no es el único problema. González achaca la grave crisis que atraviesan los medios de comunicación al “inmovilismo en el modelo productivo”.
A su juicio, “seguimos con un modelo ya muerto. Las empresas no lo han actualizado adaptándolo a las demandas del ciudadano que cada vez más piden información continuamente”.
Últimos cierres de medios
Desde que comenzó la crisis, muchos son los medios de comunicación que han tenido que echar el cierre. El último ha sido el diario veterano La Voz de Asturias. El pasado 19 de abril, tras 89 años en los quioscos, salió por última vez. Ya en enero, la empresa editora, Mediapubli, declaró un concurso voluntario de acreedores para encarar la crisis, pero no ha podido superar el proceso concursal.
El mes de abril ha sido un mes negro para más medios. Las cabeceras de El Día de Guadalajara, el de Toledo, el de Albacete y el de Cuenca también han echado el cerrojo. “No nos pilló de sorpresa porque veníamos de una situación complicada desde el verano. Primero tuvimos recortes de sueldo y luego empezamos a sufrir retrasos en el pago de las nóminas de 3-4 meses”, cuenta a RTVE.es Roberto del Barrio, trabajador de El Día de Guadalajara hasta principios de mes.
Entre los cuatro diarios hay unas 30 personas afectadas. “La empresa filtró que las distintas cabeceras provinciales se reconvertirían en una sola regional a partir de abril, pero cuando llegamos a trabajar el día 2 nos dijeron que habría un ERE extintivo. Ahora estamos esperando las cartas de despido. Probablemente la empresa entrará en concurso de acreedores y los trabajadores iremos al FOGASA”, asegura Del Barrio.
En lo que va de 2012, también ha dejado de publicarse el periódico Público. El 24 de febrero, dos meses después de que la empresa editora, Mediapubli, presentara también concurso de acreedores, veía por última vez la luz. Desde entonces solo ha funcionado la versión digital, aunque Mediapubli ya ha anunciado que prescindirá del 84% de la plantilla.
“En septiembre de 2011 hubo un ERE que se cerró con un plan de bajas incentivadas,. Entonces nos dijeron que estuviéramos tranquilos porque el proyecto de Público era a medio-largo plazo. Sin embargo, a los cuatro meses presentó el concurso de acreedores y poco después dejó de publicarse. Los que se fueron en septiembre lo hicieron con indemnizaciones entre 33 y 35 días, pero ahora, solo nos han dado los 20 días que establece la reforma laboral”, se queja Ramiro Varea, uno de los extrabajadores dePúblico.
Los ERE que se avecinan
Otra de las amenazas en el sector de la comunicación son los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), de los que no se salvan ni grandes medios ni empresas públicas.
La Generalitat Valenciana anunció a principios de año la apertura de un ERE para Canal 9, que puede afectar a un millar de los 1.800 empleados que tiene. Para junio o julio, podría presentarse la propuesta de expediente.
En cuanto a grandes medios, sobre las plantillas de El Mundo y El País se ciernen sendos ERE. En el caso de El Mundo, la empresa, Unidad Editorial, comunicó el pasado viernes que despedirá a entre 195 y 220 de una plantilla de unos 600 en el periódico de papel, la web, el servicio de documentación y las revistas de Yo Dona, Magazine y Metrópolis.
Ya en 2009, como parte de una serie de medidas de ahorro, hubo un ERE con bajas incentivadas que acabó con 164 despidos en Unidad Editorial.
“En enero la empresa nos comunicó que había que prorrogar las medidas de ahorro porque la situación era aún peor ya que había menos ingresos por publicidad. Empezamos a negociar, pero el mes pasado los accionistas italianos empezaron a insistir en que había que despedir a gente porque el negocio tradicional no prosperaba”, según fuentes del Comité de Empresa de El Mundo.
“La empresa nos ha dicho que está dispuesta a negociar y a no aplicar la reforma laboral. Nosotros les hemos pedido un plan de bajas incentivadas”, explican desde el Comité de Empresa.
En El País, las aguas también están revueltas desde que un directivo de Prisa, la empresa editora, comunicara a CC.OO. que se estaba preparando un ERE en el grupo empresarial.
“El miércoles 25 nos reunimos con la empresa para que nos explicaran si era cierto. No lo confirmaron, pero tampoco lo negaron. Tan solo nos dijeron que estaban estudiando varias medidas para reestructurar la plantilla, aunque por el momento desconocían cómo se iba a llevar a cabo”, afirman a RTVE.es fuentes delComité de Empresa de El País.
Para la plantilla de este periódico, tampoco es la primera vez que se enfrentan a recortes. A principios de año, vivió un ERE que afectó a unas 2.000 personas. Además, a finales de año se terminó de negociar un nuevo convenio colectivo para tres años que fijaba que durante ese período se congelaba el sueldo a la vez que se perdía la paga extra de beneficios. “Calculamos que la plantilla ha perdido un 18% de poder adquisitivo”, aseguran estas mismas fuentes.
Una mala situación desde 2008
Se pueden contar por decenas los medios de comunicación que han desaparecido desde el inicio de la crisis. Los diarios gratuitos fueron de los primeros afectados. ADN dejó de publicarse el 23 de diciembre de 2011. La edición digital había cerrado en enero de 2009. En las mismas fechas, corrió la misma suerte Metro Directo que también cerró.
En la prensa regional, el balance tampoco es mejor. Han dejado de publicarse laTribuna de Salamanca, el Xornal de Galicia, el Faro de Murcia, Extremadura al día y La Voz de Jerez, entre otros. El periódico Segundamano desapareció en noviembre de 2008, aunque siguió en su versión por Internet.
Tampoco se han librado del cierre revistas que llevaban años en los quioscos. Son los casos de la publicación juvenil Superpop, que nació en 1977 y desapareció en mayo de 2011, de Don Balón, que salió a la luz en 1975 y cerró el pasado septiembre, o de la revista gay Zero, que dejó de editarse en noviembre de 2009 después de once años.
En el sector audiovisual la situación es similar. La cadena Localia, del grupo Prisa y que contaba con un centenar de emisoras en muchas ciudades españolas, cerró en 2008. También del mismo grupo, en diciembre de 2010 dejó de emitir CNN+. En 2009, dejó de emitir la cadena de economía Bloomberg TV España. Y Veo7, que comenzó sus emisiones con la llegada de la TDT, dejó de hacerlo en junio de 2011.
Además de los cierres, prácticamente la totalidad de los medios de comunicación que sobreviven han aprobado expedientes de regulación de empleo y han reducido sus plantillas, y en algunos casos incluso han suprimido ediciones regionales.
Precisamente para hacer más visible la crisis del sector y defender la profesión, la FAPE ha convocado concentraciones en varias ciudades de España el próximo 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, bajo el lema: “Sin periodistas no hay periodismo. Sin periodismo no hay democracia”.
“Queremos visibilizar la situación que viven los medios de comunicación y los periodistas y la incidencia que tiene su situación en la sociedad”, concluye la presidenta de la FAPE.
Fuente: rtve.es
Llaman a movilizarse y parar en todos los diarios porteños
Por la homologación del acuerdo paritario firmado el 18-4
Sin distinción de color político ni línea editorial, los dueños de los diarios porteños nucleados en AEDBA acaban de borrar con el codo lo escrito con la mano apenas diez días atrás. En lo que constituye una abierta provocación y una falta de respeto a los once meses de negociación transcurridos en el Ministerio de Trabajo, las autoridades de la cámara se negaron a homologar este viernes el acuerdo que suscribieron el 18 de abril con el cuerpo de delegados paritarios, refrendado luego por asambleas en todos los matutinos involucrados. El Colectivo de Trabajadores de Prensa (CTP) convoca a los compañeros de todo el gremio a movilizarse y propone realizar un inmediato paro total de actividades, que podría votarse en el plenario de delegados convocado para el miércoles próximo.
Los trabajadores de la rama diarios de la UTPBA firmamos la semana pasada un acuerdo con la cámara que nuclea a los diarios más influyentes del país, que incluye un nuevo escalafón con un básico para la categoría de redactor de 5.723 pesos, un aumento acumulado que va del 23,2 al 35 por ciento, una suma fija de mil pesos y un pago retroactivo del 8 por ciento por cada mes transcurrido desde el cierre de los acuerdos de 2011, entre otros puntos.
Cuando sólo restaba la homologación para el cobro de la primera cuota de la recomposición salarial, esta nueva maniobra artera de dilación sólo puede interpretarse como una provocación de AEDBA contra todos los trabajadores. Luego de las masivas movilizaciones que protagonizamos en los últimos meses a Perfil, La Nación y el Ministerio de Trabajo, y tras la histórica elección de delegados paritarios en los diarios del grupo Clarín, no podemos permitir que un puñado de patrones crea que puede desafiar la ley mediante la prepotencia del poder.
Exigimos al Ministerio de Trabajo que despliegue en las próximas horas todas las medidas a su alcance para garantizar el cumplimiento del acuerdo. Dentro de AEDBA están representadas las patronales de diarios afines y también opuestos al Gobierno, pero todos están alcanzados por las generales de la ley.
Colectivo de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa
colectivodeprensa.blogspot.com.ar
Sin distinción de color político ni línea editorial, los dueños de los diarios porteños nucleados en AEDBA acaban de borrar con el codo lo escrito con la mano apenas diez días atrás. En lo que constituye una abierta provocación y una falta de respeto a los once meses de negociación transcurridos en el Ministerio de Trabajo, las autoridades de la cámara se negaron a homologar este viernes el acuerdo que suscribieron el 18 de abril con el cuerpo de delegados paritarios, refrendado luego por asambleas en todos los matutinos involucrados. El Colectivo de Trabajadores de Prensa (CTP) convoca a los compañeros de todo el gremio a movilizarse y propone realizar un inmediato paro total de actividades, que podría votarse en el plenario de delegados convocado para el miércoles próximo.
Los trabajadores de la rama diarios de la UTPBA firmamos la semana pasada un acuerdo con la cámara que nuclea a los diarios más influyentes del país, que incluye un nuevo escalafón con un básico para la categoría de redactor de 5.723 pesos, un aumento acumulado que va del 23,2 al 35 por ciento, una suma fija de mil pesos y un pago retroactivo del 8 por ciento por cada mes transcurrido desde el cierre de los acuerdos de 2011, entre otros puntos.
Cuando sólo restaba la homologación para el cobro de la primera cuota de la recomposición salarial, esta nueva maniobra artera de dilación sólo puede interpretarse como una provocación de AEDBA contra todos los trabajadores. Luego de las masivas movilizaciones que protagonizamos en los últimos meses a Perfil, La Nación y el Ministerio de Trabajo, y tras la histórica elección de delegados paritarios en los diarios del grupo Clarín, no podemos permitir que un puñado de patrones crea que puede desafiar la ley mediante la prepotencia del poder.
Exigimos al Ministerio de Trabajo que despliegue en las próximas horas todas las medidas a su alcance para garantizar el cumplimiento del acuerdo. Dentro de AEDBA están representadas las patronales de diarios afines y también opuestos al Gobierno, pero todos están alcanzados por las generales de la ley.
Colectivo de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa
colectivodeprensa.blogspot.com.ar
Martín Becerra: “Las elites son muy agresivas con los gobiernos que presentan posibilidades de cambios”
Los procesos de concentración mediática y de oposición de estos grandes medios a los gobiernos populares en América latina son un dato que observan las embajadas norteamericanas en la región. Las relaciones con los gobiernos
Por: Natalia Aruguete
¿Es posible establecer un denominador común en la mirada de la Embajada de Estados Unidos sobre el escenario mediático de América latina?
Las embajadas (de Estados Unidos) en los distintos países de América latina tienen un comportamiento bastante similar cuando se trata de gobiernos que son francos adversarios o tienen una línea claramente enfrentada con Estados Unidos. Es el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Honduras cuando estaba (Manuel) Zelaya, antes del golpe de Estado. La regularidad del comportamiento estadounidense consiste en ser un articulador de la oposición a esos gobiernos que considera hostiles. Además, hay una diferencia entre la administración Bush y la de Obama, que en el libro vemos como importante. El golpe en Honduras se produjo con el cambio de administración en Estados Unidos. Eso hizo que la actitud de la embajada cambiara y pasara a escandalizarse por el comportamiento de los golpistas con los que venía reuniéndose, incluidos los empresarios mediáticos. Otro análisis merece el grupo de países grandes, Brasil y México, que son en sí mismos enormes mercados, enormes negocios en la actualidad, además de potenciales negocios a futuro. Entre éstos también hay diferencias. No es lo mismo Brasil que México, que es prácticamente una extensión de la economía estadounidense. Hay países que son amigos, como Chile o Colombia. Chile es un buen alumno que no genera disturbios. En cambio, Colombia, uno de los países latinoamericanos donde más inversión y presencia estadounidense hay, es un país con una tradición de conflicto que despierta la necesidad de actuar mucho más activamente de parte de Estados Unidos.
La embajada tiene la idea de que los medios chilenos son “numerosos, competitivos, modernos y libres”. No critica el alto nivel de concentración que ustedes observan en el libro. En el caso de la Argentina, lo advierte al menos. ¿A qué responden las diferencias en la mirada de Estados Unidos entre países “aliados” y “enemigos”?
En principio, en Chile no hubo ningún debate acerca de la regulación de los medios y la concentración que existe en ese mercado, como sí hubo en la Argentina, con presidentes –como es el caso de Cristina Fernández y de Luiz Inácio Lula da Silva– que enuncian el rol político que tienen los medios, más allá de que se traduzca en regulación o no. Lula tuvo enfrentamientos públicos con O’Globo. Ese no es el caso de Chile. La Concertación chilena –y el presidente Sebastián Piñera menos aún– ni siquiera ha verbalizado la concentración mediática y la convergencia entre el interés económico de un grupo de medios y su línea editorial.
¿Eso significa que son los gobiernos los que estimulan o limitan el involucramiento de la embajada en este terreno?En los tres casos que mencioné diría que sí. Incluso en el caso de Colombia. Porque cuando la embajada se involucra tiene informantes, fuentes que provienen de la dirigencia política de esos países. Es decir, en los distintos países funciona como un “confesionario” de diversos actores. Los cables de Wikileaks reúnen el testimonio de las escuchas que la embajada realiza de fuentes calificadas de la elite política, empresarial y mediática. En Chile, esa elite ni siquiera verbaliza la cuestión de los medios.
En su análisis mencionan que existe una “circularidad” entre medios y política, sobre todo en la Argentina y Brasil, donde la embajada usa testimonios de la elite política, económica y periodística como fuente de información y es, al mismo tiempo, fuente de información de los medios.Esa circularidad es muy endogámica. Para sostener sus cables internos, en muchos casos la embajada se vale del testimonio de algunas de sus fuentes calificadas: empresarios, políticos, grandes periodistas o dueños de medios de comunicación. Al mismo tiempo, esos periodistas, políticos y empresarios citan el despacho de los diplomáticos norteamericanos del cual ellos fueron la fuente informativa. Y lo usan como una fuente de autoridad para legitimar la posición pública que tienen cuando escriben la columna dominical. El de Joaquín Morales Solá es un caso emblemático: cita a la embajada para legitimar la información que brinda, pero es al mismo tiempo el periodista que más contacto tiene con esa institución. Esa endogamia
produce una alta ineficacia informativa. En este aspecto se nota el estilo de los distintos embajadores.
¿Podría citar algún ejemplo que grafique esta diferencia?
Hay embajadores como (Earl) Anthony Wayne (fue embajador en la Argentina durante la sanción de la ley de medios), que son cuadros diplomáticos. Y comprenden el peligro que encierra basar el diagnóstico de un país como éste en un grupo muy pequeño. Porque, provengan de los medios, del gobierno o de la oposición, son muy pocas personas para hablar de todo un país. Funcionarios como Wayne toman distancia. Otros embajadores, en cambio, no toman distancia, quedan engrampados y les erran por mucho a los diagnósticos.
¿Estas diferencias en la performance de los diplomáticos norteamericanos responden a cuestiones subjetivas o a que no hay una línea unívoca en la política exterior hacia la región?Hay matices que, desde luego, tienen que ver con la dimensión subjetiva. Con respecto a la descalificación que realiza la embajada en Bolivia sobre el presidente Evo Morales, creo que otros embajadores no habrían caído tan bajo. Pero más allá de la cuestión de estilo, la línea acérrimamente crítica hacia el gobierno de Morales no se habría modificado si cambiaba el embajador.
¿Por qué?
Hay un rasgo que avala lo que digo. Cuando la embajada se relaciona con la elite política, económica y mediática de los países de la región –-elite que valora mucho ese contacto– es esta elite la que otorga la regularidad, y no la subjetividad del funcionario, que puede ser más liberal o más conservador.
¿Por qué la elite tiene tanta incidencia para delinear esa regularidad política de la diplomacia estadounidense?Porque la regularidad está situada en el plano sociopolítico de las elites de la región, que son muy agresivas con todos los gobiernos que presentan posibilidades de cambios. Tal es la agresividad que, cuando el embajador recibe ese testimonio, si es ingenuo o comparte esa mirada, “compra” ese diagnóstico. En otros casos son más distantes, como lo fue Wayne con la ley de medios en Argentina: escuchó al Gobierno, escuchó a los columnistas de los diarios más concentrados y luego observó: “En realidad, a nosotros no nos parece que esté en riesgo la libertad de expresión, sino que es una excelente oportunidad para hacer negocios con las señales estadounidenses. El Gobierno nos abre la puerta para eso”.
En esta observación se vislumbra un claro pragmatismo de parte de Estados Unidos.
Cuando redactábamos el libro, con Sebastián Lacunza, discutimos mucho este aspecto. El es periodista y yo vengo de la academia. Desde la universidad miramos más las determinaciones económicas de los procesos sociales; el periodismo suele mirar más las determinaciones políticas o ideológicas. Yo creo que los cables reúnen las dos cosas: es importante la dimensión política, pero no basta para hacer una lectura del funcionamiento de la embajada norteamericana, que en muchos casos defiende intereses comerciales y punto. Lo político maquilla su posicionamiento, pero, en definitiva, aparece la cuestión económica fuertemente.
Sin embargo, en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia se manifiesta más fuertemente esta dimensión político-ideológica.Pero lo diría por el lado contrario. Con Bolivia, Venezuela y Ecuador aparece una lectura más radical en lo político-ideológico. Pero, desde esa lectura, podríamos preguntarnos por qué no avalan todo lo que ha hecho Vicente Fox o Felipe Calderón, que es un aliado de Estados Unidos. Sin embargo, la embajada en México no opera con un criterio sólo ideológico, porque ven que el monopolio de Telmex les quita posibilidades de negocios a las empresas de telecomunicaciones estadounidenses. Y lo ven como una aberración desde el punto de vista del libre mercado. Lo cual me hace sospechar que la oposición a Correa, a Evo y a Chávez sea únicamente política. Creo que hay también una cuestión de intereses económicos. Evidentemente, el plan económico que desarrollan estos tres gobiernos no favorece la presencia comercial de Estados Unidos.
¿Qué efectos tuvo el proceso de discusión del proyecto de la ley de medios argentina en la relación entre la embajada y empresarios mediáticos opositores al Gobierno?A pesar de lo que dicen los editorialistas y políticos, la política exterior de un país tan importante como Estados Unidos, o incluso Brasil, no se define solo por una cosa. Hubo dos acontecimientos casi simultáneos: Argentina adoptó la norma japonés-brasileña de TV digital mientras (José Antonio) Aranda y la plana mayor de Clarín le aseguraba a la embajada que Argentina adoptaría la norma estadounidense. Y al mismo tiempo impulsó la ley de medios. La embajada puso en la balanza una cantidad de cuestiones.
¿Y cómo operaron ambas políticas?
La elección de la norma nipón-brasileña fue un revés para los Estados Unidos. Pero la ley de medios no solo que no les molestaba sino que, al intentar desarticular la concentración del mercado de TV por cable –cuya posición dominante ejerce (el Grupo) Clarín– beneficia hipotéticamente la situación de las señales norteamericanas. En eso, la embajada demuestra pragmatismo y sangre fría, con mucho distanciamiento respecto del fervor y de la posición cerril que adoptaron los grandes grupos comerciales de medios.
¿”Sangre fría” significa darse cuenta de que los medios no tienen toda la razón ni están en una situación de absoluto poder?
Eso por un lado. Pero también significa relativizar la importancia de un hecho, por más importante que sea en la política interna, al lado de la gran cantidad de intereses que ellos deben defender en forma simultánea.
A partir del reconocimiento de la embajada a Pedro Carmona como presidente de Venezuela, cuando se había tratado de un golpe de Estado, ¿es posible inferir una posible influencia, o al menos conocimiento previo, de que el golpe se fuera a producir?En el caso hondureño yo diría que sí, pero en el venezolano, no. Lo que sí es claro en Venezuela y Ecuador es el reconocimiento de la embajada como articuladora y financiadora de ONG y medios de comunicación, así como columnistas y periodistas opositores a Correa y Chávez, que adoptaron posiciones golpistas. Pero eso es una reconstrucción indirecta; no podría afirmar que la embajada fue la que alentó el golpe.
Ese financiamiento no es fácil de captar en otros países.
Claramente no. En el caso venezolano, la embajada admite literalmente que hay flujo económico hacia ONG y medios de comunicación. En ningún otro país he visto eso.
¿Por qué generó tanta alerta en la diplomacia norteamericana el desarrollo de la red de medios estatales que impulsó Chávez?
Aparece indignada, denunciadora, financiadora de toda expresión opositora, con un discurso que se asemeja mucho al de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa). Lo mismo vale para Bolivia. Insisto en que estas tres embajadas (la de Venezuela, Bolivia y Ecuador) se comportan de forma muy distinta de las del resto de los países. No abundan en matices que sí muestran las de otros países. Cuando la diplomacia en Buenos Aires plantea que una cosa es el interés de los empresarios mediáticos que los visitan y otra es la libertad de expresión, están haciendo una distinción fundamental, que forma parte de la discusión que se dio la sociedad argentina cuando se debatió la ley de medios. Las otras embajadas no aceptan esta diferencia.
No solo en estos tres países, tampoco la embajada en Chile se plantea esa diferencia.
Sí, tenés razón. Mi hipótesis es que no se la plantea porque no es un tema. Pero OK, no la plantea. Sí lo hace en Colombia, que es un país aliado.
Y allí, además, critican la falta de libertad de expresión de parte del gobierno.
Por supuesto, pero además ellos no lo hacen motu proprio, sino que había personajes de altísimo nivel dentro del gabinete de Alvaro Uribe que discuten a Uribe. Es la interna del gobierno relatada por la embajada, recogiendo voces que dicen que Uribe es peligroso porque no vacila en violar los derechos humanos.
¿Qué pudieron visualizar, a través de los cables de Wikileaks, sobre la mirada estadounidense de la relación entre Luiz Inácio Lula da Silva y los grandes medios brasileños?Allí opera un doble pragmatismo. Por un lado, el pragmatismo de los gobiernos de Lula –que ha continuado con el gobierno de Dilma Rousseff–- con el sistema de medios concentrados. Por el otro, el pragmatismo de la embajada cuando testimonia esto. A pesar de que en Brasil también la embajada se nutre de información de destacadísimos columnistas de grandes medios, que tienen una mirada muy crítica de esos gobiernos y le piden una posición mucho más agresiva. Pero la embajada, con mucha altura, recoge testimonio, cita fuentes y punto. Durante la candidatura de Dilma, (su adversario, José) Serra se refirió a la candidata del PT como “la Juana de Arco guerrillera”, citando como fuente de autoridad a la embajada. Una campaña que Estados Unidos debió desmentir. En la Argentina, la embajada también tuvo que desmentir a Clarín. Claramente tiene un perfil muchísimo más moderado que los voceros de los grupos dirigentes en nuestros países.
¿Por qué en el libro se plantea que Wikileaks avivó un debate histórico sobre quién informa, con qué criterios y qué se oculta?
El hecho de liberar tal caudal de información y que la organización WikiLeaks decidiera aliarse con cinco grandes medios para su difusión –-alianza que quedó rápidamente frustrada porque el líder de Wikileaks interpretó que esos grandes medios editorializan cualquier pavada o lo están traicionando– se inscribe en la discusión sobre qué rol juegan los medios. Por un lado, porque esa discusión es fruto de la desintermediación de la labor que históricamente hicieron los medios. Esto es un proceso que aún no concluyó.
¿En qué elementos se basa para decir que no concluyó?
En que el primer impulso que tuvo Julian Assange fue hacer una alianza con los medios, porque entendía que a través de Internet los cables no tendrían trascendencia pública, por eso necesitaba de la intermediación de los medios, pero no es menos cierto que esa labor se ha resentido mucho. Hay una erosión de esa labor entre los años ’70 y la actualidad, entre otras cosas por la proliferación de redes informacionales y sociales que van componiendo el paisaje mediático. El otro nivel de discusión que aparece en escena es el rol político de los medios como editores y seleccionadores de una porción de la realidad. La desnaturalización del credo de la objetividad periodística es simultánea al proceso de discusión sobre la desintermediación de los hechos. Es un combo explosivo visto desde los medios tradicionales, porque pone en tela de juicio dos pilares fundamentales de éstos. Un medio tradicional no pensaba que hubiera forma de que la gente se enterara de algo si no era a través suyo. Segundo, edita (la información) sosteniendo un fetiche de objetividad que permite que eso que edita circule como si fuera natural. Esas dos cuestiones están puestas en tela de juicio en toda la región. Más aún, en relación con los grandes medios, están puestas en tela de juicio por los propios gobiernos.
Desde el análisis de la estructura de medios, ¿qué evidencia esta convergencia entre el mundo digital y los periódicos, en la difusión de los cables de Wikileaks?
Esa es una de las enseñanzas del caso Wikileaks. Pero insisto en que es un proceso, de ninguna manera licuaría el poder que tienen los medios de establecer, construir y diseñar agenda. Ese poder existe y seguirá por muchos años más, pero por primera vez está siendo asediado por condiciones sociopolíticas y tecnológicas, lo cual deriva en crisis socioeconómicas.
¿En qué sentido?
En que hay condiciones sociopolíticas que reclaman la apertura del juego y desmitifican la labor presuntamente objetiva del periodismo, más condiciones tecnológicas que multiplican las ventanas de información. Yo no soy un apocalíptico de los medios tradicionales, ni creo que ya operó su reemplazo por los nuevos medios. El caso Wikileaks lo enseña. De hecho, de la información de esos cables, intermediados por estos grandes diarios, a la Argentina le llegaba básicamente lo que publicaba El País de España, replicado por Clarín y La Nación. Me refiero a antes de que se liberaran. Y lo que llegaba es que los K estaban desequilibrados o la Presidenta era bipolar, pero evitaban tematizar todo lo demás que hemos visto. Es Santiago O’Donnell, en su libro ArgenLeaks, quien saca a la luz algo que los diarios no habían mencionado.
¿A qué se refiere?
A que ni los (diarios) afines ni los opositores tematizaron las visitas que recibió la embajada en Buenos Aires de (Héctor) Magnetto, por ejemplo, que son fundamentales. No sólo para entender el sistema de medios, sino para entender la política argentina de los últimos ocho o nueve años. Esto también habla de la labor editorial intermediadora de los medios tradicionales, que todavía opera como tapón. Sobre todo en un esquema de opinión pública polarizada como el que tenemos hoy en la Argentina. Los medios son un obstáculo para la aparición de temas gigantescos en la agenda. Afortunadamente, existen mayores posibilidades de discutir eso hoy que hace veinte años, por razones sociopolíticas y tecnológicas.
El monopolio de la palabra
Por: Natalia Aruguete
Investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Quilmes, Martín Becerra investiga, desde hace más de una década, los principales resortes del sistema de medios en Argentina y América latina –con fuerte énfasis en el proceso de concentración que se dio en las últimas décadas–, desde la Economía Política de la Comunicación.
La gran proliferación de documentos que surgieron de un sesudo y largo proceso de investigación se plasmó en diversos libros. Publicó: Los dueños de la palabra y Los monopolios de la verdad, en 2009, Periodistas y magnates, en 2006 (en coautoría con el investigador Guillermo Mastrini), y Sociedad de la información, proyecto, convergencia y divergencia, en 2003. De reciente aparición, Wiki Media Leaks. La relación entre medios y gobiernos de América latina bajo el prisma de los cables de WikiLeaks (Ediciones B), escrito en coautoría con el periodista Sebastián Lacunza, aborda exhaustivamente las relaciones entre la Embajada de los Estados Unidos en distintos países de la región y las elites políticas, económicas y de medios locales. Este libro aporta un interesante análisis de los principales actores de la red informativa de este segmento del planeta y, más enriquecedor aún, de los contextos sociopolíticos en los que “periodistas y magnates” fijan la agenda y forman opinión pública.
Por: Natalia Aruguete
¿Es posible establecer un denominador común en la mirada de la Embajada de Estados Unidos sobre el escenario mediático de América latina?
Las embajadas (de Estados Unidos) en los distintos países de América latina tienen un comportamiento bastante similar cuando se trata de gobiernos que son francos adversarios o tienen una línea claramente enfrentada con Estados Unidos. Es el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Honduras cuando estaba (Manuel) Zelaya, antes del golpe de Estado. La regularidad del comportamiento estadounidense consiste en ser un articulador de la oposición a esos gobiernos que considera hostiles. Además, hay una diferencia entre la administración Bush y la de Obama, que en el libro vemos como importante. El golpe en Honduras se produjo con el cambio de administración en Estados Unidos. Eso hizo que la actitud de la embajada cambiara y pasara a escandalizarse por el comportamiento de los golpistas con los que venía reuniéndose, incluidos los empresarios mediáticos. Otro análisis merece el grupo de países grandes, Brasil y México, que son en sí mismos enormes mercados, enormes negocios en la actualidad, además de potenciales negocios a futuro. Entre éstos también hay diferencias. No es lo mismo Brasil que México, que es prácticamente una extensión de la economía estadounidense. Hay países que son amigos, como Chile o Colombia. Chile es un buen alumno que no genera disturbios. En cambio, Colombia, uno de los países latinoamericanos donde más inversión y presencia estadounidense hay, es un país con una tradición de conflicto que despierta la necesidad de actuar mucho más activamente de parte de Estados Unidos.
La embajada tiene la idea de que los medios chilenos son “numerosos, competitivos, modernos y libres”. No critica el alto nivel de concentración que ustedes observan en el libro. En el caso de la Argentina, lo advierte al menos. ¿A qué responden las diferencias en la mirada de Estados Unidos entre países “aliados” y “enemigos”?
En principio, en Chile no hubo ningún debate acerca de la regulación de los medios y la concentración que existe en ese mercado, como sí hubo en la Argentina, con presidentes –como es el caso de Cristina Fernández y de Luiz Inácio Lula da Silva– que enuncian el rol político que tienen los medios, más allá de que se traduzca en regulación o no. Lula tuvo enfrentamientos públicos con O’Globo. Ese no es el caso de Chile. La Concertación chilena –y el presidente Sebastián Piñera menos aún– ni siquiera ha verbalizado la concentración mediática y la convergencia entre el interés económico de un grupo de medios y su línea editorial.
¿Eso significa que son los gobiernos los que estimulan o limitan el involucramiento de la embajada en este terreno?En los tres casos que mencioné diría que sí. Incluso en el caso de Colombia. Porque cuando la embajada se involucra tiene informantes, fuentes que provienen de la dirigencia política de esos países. Es decir, en los distintos países funciona como un “confesionario” de diversos actores. Los cables de Wikileaks reúnen el testimonio de las escuchas que la embajada realiza de fuentes calificadas de la elite política, empresarial y mediática. En Chile, esa elite ni siquiera verbaliza la cuestión de los medios.
En su análisis mencionan que existe una “circularidad” entre medios y política, sobre todo en la Argentina y Brasil, donde la embajada usa testimonios de la elite política, económica y periodística como fuente de información y es, al mismo tiempo, fuente de información de los medios.Esa circularidad es muy endogámica. Para sostener sus cables internos, en muchos casos la embajada se vale del testimonio de algunas de sus fuentes calificadas: empresarios, políticos, grandes periodistas o dueños de medios de comunicación. Al mismo tiempo, esos periodistas, políticos y empresarios citan el despacho de los diplomáticos norteamericanos del cual ellos fueron la fuente informativa. Y lo usan como una fuente de autoridad para legitimar la posición pública que tienen cuando escriben la columna dominical. El de Joaquín Morales Solá es un caso emblemático: cita a la embajada para legitimar la información que brinda, pero es al mismo tiempo el periodista que más contacto tiene con esa institución. Esa endogamia
produce una alta ineficacia informativa. En este aspecto se nota el estilo de los distintos embajadores.
¿Podría citar algún ejemplo que grafique esta diferencia?
Hay embajadores como (Earl) Anthony Wayne (fue embajador en la Argentina durante la sanción de la ley de medios), que son cuadros diplomáticos. Y comprenden el peligro que encierra basar el diagnóstico de un país como éste en un grupo muy pequeño. Porque, provengan de los medios, del gobierno o de la oposición, son muy pocas personas para hablar de todo un país. Funcionarios como Wayne toman distancia. Otros embajadores, en cambio, no toman distancia, quedan engrampados y les erran por mucho a los diagnósticos.
¿Estas diferencias en la performance de los diplomáticos norteamericanos responden a cuestiones subjetivas o a que no hay una línea unívoca en la política exterior hacia la región?Hay matices que, desde luego, tienen que ver con la dimensión subjetiva. Con respecto a la descalificación que realiza la embajada en Bolivia sobre el presidente Evo Morales, creo que otros embajadores no habrían caído tan bajo. Pero más allá de la cuestión de estilo, la línea acérrimamente crítica hacia el gobierno de Morales no se habría modificado si cambiaba el embajador.
¿Por qué?
Hay un rasgo que avala lo que digo. Cuando la embajada se relaciona con la elite política, económica y mediática de los países de la región –-elite que valora mucho ese contacto– es esta elite la que otorga la regularidad, y no la subjetividad del funcionario, que puede ser más liberal o más conservador.
¿Por qué la elite tiene tanta incidencia para delinear esa regularidad política de la diplomacia estadounidense?Porque la regularidad está situada en el plano sociopolítico de las elites de la región, que son muy agresivas con todos los gobiernos que presentan posibilidades de cambios. Tal es la agresividad que, cuando el embajador recibe ese testimonio, si es ingenuo o comparte esa mirada, “compra” ese diagnóstico. En otros casos son más distantes, como lo fue Wayne con la ley de medios en Argentina: escuchó al Gobierno, escuchó a los columnistas de los diarios más concentrados y luego observó: “En realidad, a nosotros no nos parece que esté en riesgo la libertad de expresión, sino que es una excelente oportunidad para hacer negocios con las señales estadounidenses. El Gobierno nos abre la puerta para eso”.
En esta observación se vislumbra un claro pragmatismo de parte de Estados Unidos.
Cuando redactábamos el libro, con Sebastián Lacunza, discutimos mucho este aspecto. El es periodista y yo vengo de la academia. Desde la universidad miramos más las determinaciones económicas de los procesos sociales; el periodismo suele mirar más las determinaciones políticas o ideológicas. Yo creo que los cables reúnen las dos cosas: es importante la dimensión política, pero no basta para hacer una lectura del funcionamiento de la embajada norteamericana, que en muchos casos defiende intereses comerciales y punto. Lo político maquilla su posicionamiento, pero, en definitiva, aparece la cuestión económica fuertemente.
Sin embargo, en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia se manifiesta más fuertemente esta dimensión político-ideológica.Pero lo diría por el lado contrario. Con Bolivia, Venezuela y Ecuador aparece una lectura más radical en lo político-ideológico. Pero, desde esa lectura, podríamos preguntarnos por qué no avalan todo lo que ha hecho Vicente Fox o Felipe Calderón, que es un aliado de Estados Unidos. Sin embargo, la embajada en México no opera con un criterio sólo ideológico, porque ven que el monopolio de Telmex les quita posibilidades de negocios a las empresas de telecomunicaciones estadounidenses. Y lo ven como una aberración desde el punto de vista del libre mercado. Lo cual me hace sospechar que la oposición a Correa, a Evo y a Chávez sea únicamente política. Creo que hay también una cuestión de intereses económicos. Evidentemente, el plan económico que desarrollan estos tres gobiernos no favorece la presencia comercial de Estados Unidos.
¿Qué efectos tuvo el proceso de discusión del proyecto de la ley de medios argentina en la relación entre la embajada y empresarios mediáticos opositores al Gobierno?A pesar de lo que dicen los editorialistas y políticos, la política exterior de un país tan importante como Estados Unidos, o incluso Brasil, no se define solo por una cosa. Hubo dos acontecimientos casi simultáneos: Argentina adoptó la norma japonés-brasileña de TV digital mientras (José Antonio) Aranda y la plana mayor de Clarín le aseguraba a la embajada que Argentina adoptaría la norma estadounidense. Y al mismo tiempo impulsó la ley de medios. La embajada puso en la balanza una cantidad de cuestiones.
¿Y cómo operaron ambas políticas?
La elección de la norma nipón-brasileña fue un revés para los Estados Unidos. Pero la ley de medios no solo que no les molestaba sino que, al intentar desarticular la concentración del mercado de TV por cable –cuya posición dominante ejerce (el Grupo) Clarín– beneficia hipotéticamente la situación de las señales norteamericanas. En eso, la embajada demuestra pragmatismo y sangre fría, con mucho distanciamiento respecto del fervor y de la posición cerril que adoptaron los grandes grupos comerciales de medios.
¿”Sangre fría” significa darse cuenta de que los medios no tienen toda la razón ni están en una situación de absoluto poder?
Eso por un lado. Pero también significa relativizar la importancia de un hecho, por más importante que sea en la política interna, al lado de la gran cantidad de intereses que ellos deben defender en forma simultánea.
A partir del reconocimiento de la embajada a Pedro Carmona como presidente de Venezuela, cuando se había tratado de un golpe de Estado, ¿es posible inferir una posible influencia, o al menos conocimiento previo, de que el golpe se fuera a producir?En el caso hondureño yo diría que sí, pero en el venezolano, no. Lo que sí es claro en Venezuela y Ecuador es el reconocimiento de la embajada como articuladora y financiadora de ONG y medios de comunicación, así como columnistas y periodistas opositores a Correa y Chávez, que adoptaron posiciones golpistas. Pero eso es una reconstrucción indirecta; no podría afirmar que la embajada fue la que alentó el golpe.
Ese financiamiento no es fácil de captar en otros países.
Claramente no. En el caso venezolano, la embajada admite literalmente que hay flujo económico hacia ONG y medios de comunicación. En ningún otro país he visto eso.
¿Por qué generó tanta alerta en la diplomacia norteamericana el desarrollo de la red de medios estatales que impulsó Chávez?
Aparece indignada, denunciadora, financiadora de toda expresión opositora, con un discurso que se asemeja mucho al de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa). Lo mismo vale para Bolivia. Insisto en que estas tres embajadas (la de Venezuela, Bolivia y Ecuador) se comportan de forma muy distinta de las del resto de los países. No abundan en matices que sí muestran las de otros países. Cuando la diplomacia en Buenos Aires plantea que una cosa es el interés de los empresarios mediáticos que los visitan y otra es la libertad de expresión, están haciendo una distinción fundamental, que forma parte de la discusión que se dio la sociedad argentina cuando se debatió la ley de medios. Las otras embajadas no aceptan esta diferencia.
No solo en estos tres países, tampoco la embajada en Chile se plantea esa diferencia.
Sí, tenés razón. Mi hipótesis es que no se la plantea porque no es un tema. Pero OK, no la plantea. Sí lo hace en Colombia, que es un país aliado.
Y allí, además, critican la falta de libertad de expresión de parte del gobierno.
Por supuesto, pero además ellos no lo hacen motu proprio, sino que había personajes de altísimo nivel dentro del gabinete de Alvaro Uribe que discuten a Uribe. Es la interna del gobierno relatada por la embajada, recogiendo voces que dicen que Uribe es peligroso porque no vacila en violar los derechos humanos.
¿Qué pudieron visualizar, a través de los cables de Wikileaks, sobre la mirada estadounidense de la relación entre Luiz Inácio Lula da Silva y los grandes medios brasileños?Allí opera un doble pragmatismo. Por un lado, el pragmatismo de los gobiernos de Lula –que ha continuado con el gobierno de Dilma Rousseff–- con el sistema de medios concentrados. Por el otro, el pragmatismo de la embajada cuando testimonia esto. A pesar de que en Brasil también la embajada se nutre de información de destacadísimos columnistas de grandes medios, que tienen una mirada muy crítica de esos gobiernos y le piden una posición mucho más agresiva. Pero la embajada, con mucha altura, recoge testimonio, cita fuentes y punto. Durante la candidatura de Dilma, (su adversario, José) Serra se refirió a la candidata del PT como “la Juana de Arco guerrillera”, citando como fuente de autoridad a la embajada. Una campaña que Estados Unidos debió desmentir. En la Argentina, la embajada también tuvo que desmentir a Clarín. Claramente tiene un perfil muchísimo más moderado que los voceros de los grupos dirigentes en nuestros países.
¿Por qué en el libro se plantea que Wikileaks avivó un debate histórico sobre quién informa, con qué criterios y qué se oculta?
El hecho de liberar tal caudal de información y que la organización WikiLeaks decidiera aliarse con cinco grandes medios para su difusión –-alianza que quedó rápidamente frustrada porque el líder de Wikileaks interpretó que esos grandes medios editorializan cualquier pavada o lo están traicionando– se inscribe en la discusión sobre qué rol juegan los medios. Por un lado, porque esa discusión es fruto de la desintermediación de la labor que históricamente hicieron los medios. Esto es un proceso que aún no concluyó.
¿En qué elementos se basa para decir que no concluyó?
En que el primer impulso que tuvo Julian Assange fue hacer una alianza con los medios, porque entendía que a través de Internet los cables no tendrían trascendencia pública, por eso necesitaba de la intermediación de los medios, pero no es menos cierto que esa labor se ha resentido mucho. Hay una erosión de esa labor entre los años ’70 y la actualidad, entre otras cosas por la proliferación de redes informacionales y sociales que van componiendo el paisaje mediático. El otro nivel de discusión que aparece en escena es el rol político de los medios como editores y seleccionadores de una porción de la realidad. La desnaturalización del credo de la objetividad periodística es simultánea al proceso de discusión sobre la desintermediación de los hechos. Es un combo explosivo visto desde los medios tradicionales, porque pone en tela de juicio dos pilares fundamentales de éstos. Un medio tradicional no pensaba que hubiera forma de que la gente se enterara de algo si no era a través suyo. Segundo, edita (la información) sosteniendo un fetiche de objetividad que permite que eso que edita circule como si fuera natural. Esas dos cuestiones están puestas en tela de juicio en toda la región. Más aún, en relación con los grandes medios, están puestas en tela de juicio por los propios gobiernos.
Desde el análisis de la estructura de medios, ¿qué evidencia esta convergencia entre el mundo digital y los periódicos, en la difusión de los cables de Wikileaks?
Esa es una de las enseñanzas del caso Wikileaks. Pero insisto en que es un proceso, de ninguna manera licuaría el poder que tienen los medios de establecer, construir y diseñar agenda. Ese poder existe y seguirá por muchos años más, pero por primera vez está siendo asediado por condiciones sociopolíticas y tecnológicas, lo cual deriva en crisis socioeconómicas.
¿En qué sentido?
En que hay condiciones sociopolíticas que reclaman la apertura del juego y desmitifican la labor presuntamente objetiva del periodismo, más condiciones tecnológicas que multiplican las ventanas de información. Yo no soy un apocalíptico de los medios tradicionales, ni creo que ya operó su reemplazo por los nuevos medios. El caso Wikileaks lo enseña. De hecho, de la información de esos cables, intermediados por estos grandes diarios, a la Argentina le llegaba básicamente lo que publicaba El País de España, replicado por Clarín y La Nación. Me refiero a antes de que se liberaran. Y lo que llegaba es que los K estaban desequilibrados o la Presidenta era bipolar, pero evitaban tematizar todo lo demás que hemos visto. Es Santiago O’Donnell, en su libro ArgenLeaks, quien saca a la luz algo que los diarios no habían mencionado.
¿A qué se refiere?
A que ni los (diarios) afines ni los opositores tematizaron las visitas que recibió la embajada en Buenos Aires de (Héctor) Magnetto, por ejemplo, que son fundamentales. No sólo para entender el sistema de medios, sino para entender la política argentina de los últimos ocho o nueve años. Esto también habla de la labor editorial intermediadora de los medios tradicionales, que todavía opera como tapón. Sobre todo en un esquema de opinión pública polarizada como el que tenemos hoy en la Argentina. Los medios son un obstáculo para la aparición de temas gigantescos en la agenda. Afortunadamente, existen mayores posibilidades de discutir eso hoy que hace veinte años, por razones sociopolíticas y tecnológicas.
El monopolio de la palabra
Por: Natalia Aruguete
Investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Quilmes, Martín Becerra investiga, desde hace más de una década, los principales resortes del sistema de medios en Argentina y América latina –con fuerte énfasis en el proceso de concentración que se dio en las últimas décadas–, desde la Economía Política de la Comunicación.
La gran proliferación de documentos que surgieron de un sesudo y largo proceso de investigación se plasmó en diversos libros. Publicó: Los dueños de la palabra y Los monopolios de la verdad, en 2009, Periodistas y magnates, en 2006 (en coautoría con el investigador Guillermo Mastrini), y Sociedad de la información, proyecto, convergencia y divergencia, en 2003. De reciente aparición, Wiki Media Leaks. La relación entre medios y gobiernos de América latina bajo el prisma de los cables de WikiLeaks (Ediciones B), escrito en coautoría con el periodista Sebastián Lacunza, aborda exhaustivamente las relaciones entre la Embajada de los Estados Unidos en distintos países de la región y las elites políticas, económicas y de medios locales. Este libro aporta un interesante análisis de los principales actores de la red informativa de este segmento del planeta y, más enriquecedor aún, de los contextos sociopolíticos en los que “periodistas y magnates” fijan la agenda y forman opinión pública.
Fuente: Diario PáginaI12
domingo, 29 de abril de 2012
La Embajada de los EE.UU. como confesionario
Por: Martín Becerra
Casi un año y medio después de la megafiltración de más de 250 mil cables intercambiados entre el Departamento de Estado norteamericano y sus embajadas en todo el mundo, con Sebastián Lacunza publicamos el libro Wiki Media Leaks: la relación entre medios y gobiernos de América Latina bajo el prisma de los cables de WikiLeaks (Ediciones B). El libro sistematiza los cables que refieren a medios, periodistas y empresas de telecomunicaciones e internet dentro de un conjunto de 32 mil despachos relativos a América latina. Aunque los Estados Unidos tienen relaciones muy diferentes con los gobiernos de la región, sus embajadas funcionan como auténticos confesionarios para la elite política, periodística y empresarial de cada país. Los cables analizados en el libro se concentran en el lapso 2004-2010. El material diplomático liberado por la organización de Julian Assange expone una trama irresistible a ser contada. No obstante, hay despachos que ningún medio difundió, como bien testimonia el libro ArgenLeaks, de Santiago O’Donnell, que es previo al que ahora editamos con Lacunza.
La filtración de los papeles del Departamento de Estado reúne los elementos ideales de “noticiabilidad”. La trama refiere al gobierno más poderoso del planeta, pero al mismo tiempo involucra a los políticos y dirigencias locales; combina pasado y presente, aludiendo a hechos que, en muchos casos, repercuten en la actualidad; amenaza con socavar los cimientos de algunas viejas certezas del oficio periodístico, como la necesidad de intermediación profesional para la difusión de información, pero no alcanza a quebrarlas; remite ingeniosamente al imaginario tecnológico digital; repone desde un lugar novedoso la compleja discusión sobre el rol de los grandes grupos de comunicación, sus diversos intereses económicos y sus sesgos y juicios editoriales. Con su indiscreción, la organización de Assange atizó un debate histórico, pero que venía alcanzando un voltaje inusitado en América latina. ¿Quién informa? ¿Con qué criterio? ¿Con qué intereses? Y, sobre todo, ¿qué se oculta? Con mayor o menor rigor, muchos medios fueron vehículo de la filtración, pero en contadísimas excepciones se atrevieron a publicar documentos diplomáticos que pudieran perjudicarlos, o que tan sólo aludieran a ellos. Ahora Wiki Media Leaks difunde esos cables en un panorama regional que, a la vez, informa sobre el sistema de medios en toda América latina.
En el caso argentino, la documentación confirma que, para la Casa Blanca, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner no convencieron a la embajada para encolumnarlos ni con sus aliados incondicionales, ni con sus enemigos. Otro tanto podría decirse de las gestiones de Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil. La lectura del material deja claro que Washington prefiere no exacerbar los conflictos que polarizan el espacio público en la Argentina, y que existen más áreas de cooperación que las que ambos gobiernos admiten en público. El rol de la embajada como confesionario de oficialistas y opositores, de columnistas y de empresarios de grupos de medios, ubica a los diplomáticos además en posesión de secretos que sólo la filtración de WikiLeaks permite difundir masivamente. La embajada escucha a Héctor Magnetto y a ministros del Gobierno. Un ejemplo es el de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522. En líneas generales, los empresarios de medios, periodistas, editores y políticos pidieron auxilio en la embajada y le reclamaron que evitara el cambio de regulación. Los cables diplomáticos lo cuentan con un detalle que no se registra en ningún otro país de la región.
El análisis de los cables revela, además, que la embajada en Buenos Aires no sólo no operó políticamente contra la Ley de Medios sino que articuló con altos funcionarios gubernamentales parte de su contenido para que no fuese contrario a los intereses de las empresas estadounidenses.
El libro Wiki Media Leaks constata que el confesionario de la embajada es más moderado que muchas de sus visitas locales y que es más pragmático a la hora de operar con la información calificada que obtiene en las voluntarias sesiones de confesión.
*Coautor del libro Wiki Media Leaks, docente e investigador (UNQ-Conicet)
Twitcam sobre WikiMediaLeaks y la transferencias de medios de Hadad a Cristóbal López
Miércoles 2 de mayo, a las 21 hs, "A Dos Twitts" con Sebastián Lacunza, coautor de Wiki Media Leaks junto a Martín Becerra. Es periodista de Ámbito Financiero, corresponsal de Il Manifesto. Egresado UBA y País Vasco, docente universitario.
"Este libro aborda en exclusividad el material inédito sobre las tensas relaciones (o acuerdos de convivencia, en algunos casos) entre dueños de medios, periodistas y editores influyentes con los gobiernos latinoamericanos y la Casa Blanca. Se lee también como un gran mapa para saber quién es quién en la red informativa de la región y cómo el periodismo, desde siempre, ha sido un agente más en la construcción del poder político."
En el encuentro se hablará de medios y poder en Latinoamérica, entonces, y por supuesto, de la reciente compra por parte de Cristóbal López de los medios de Daniel Hadad.
¿Cómo hacer para ver "A Dos Twitts"? No se necesita tener cuenta de twitter, solo entrar en www.adostwitts.blogspot.com
¿Cómo hacer para participar en "A Dos Twitts"? Ahí se necesita una cuenta de twitter para poder participar del chat y preguntar al panel: http://twitcam.com/9s2kz
Casi un año y medio después de la megafiltración de más de 250 mil cables intercambiados entre el Departamento de Estado norteamericano y sus embajadas en todo el mundo, con Sebastián Lacunza publicamos el libro Wiki Media Leaks: la relación entre medios y gobiernos de América Latina bajo el prisma de los cables de WikiLeaks (Ediciones B). El libro sistematiza los cables que refieren a medios, periodistas y empresas de telecomunicaciones e internet dentro de un conjunto de 32 mil despachos relativos a América latina. Aunque los Estados Unidos tienen relaciones muy diferentes con los gobiernos de la región, sus embajadas funcionan como auténticos confesionarios para la elite política, periodística y empresarial de cada país. Los cables analizados en el libro se concentran en el lapso 2004-2010. El material diplomático liberado por la organización de Julian Assange expone una trama irresistible a ser contada. No obstante, hay despachos que ningún medio difundió, como bien testimonia el libro ArgenLeaks, de Santiago O’Donnell, que es previo al que ahora editamos con Lacunza.
La filtración de los papeles del Departamento de Estado reúne los elementos ideales de “noticiabilidad”. La trama refiere al gobierno más poderoso del planeta, pero al mismo tiempo involucra a los políticos y dirigencias locales; combina pasado y presente, aludiendo a hechos que, en muchos casos, repercuten en la actualidad; amenaza con socavar los cimientos de algunas viejas certezas del oficio periodístico, como la necesidad de intermediación profesional para la difusión de información, pero no alcanza a quebrarlas; remite ingeniosamente al imaginario tecnológico digital; repone desde un lugar novedoso la compleja discusión sobre el rol de los grandes grupos de comunicación, sus diversos intereses económicos y sus sesgos y juicios editoriales. Con su indiscreción, la organización de Assange atizó un debate histórico, pero que venía alcanzando un voltaje inusitado en América latina. ¿Quién informa? ¿Con qué criterio? ¿Con qué intereses? Y, sobre todo, ¿qué se oculta? Con mayor o menor rigor, muchos medios fueron vehículo de la filtración, pero en contadísimas excepciones se atrevieron a publicar documentos diplomáticos que pudieran perjudicarlos, o que tan sólo aludieran a ellos. Ahora Wiki Media Leaks difunde esos cables en un panorama regional que, a la vez, informa sobre el sistema de medios en toda América latina.
En el caso argentino, la documentación confirma que, para la Casa Blanca, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner no convencieron a la embajada para encolumnarlos ni con sus aliados incondicionales, ni con sus enemigos. Otro tanto podría decirse de las gestiones de Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil. La lectura del material deja claro que Washington prefiere no exacerbar los conflictos que polarizan el espacio público en la Argentina, y que existen más áreas de cooperación que las que ambos gobiernos admiten en público. El rol de la embajada como confesionario de oficialistas y opositores, de columnistas y de empresarios de grupos de medios, ubica a los diplomáticos además en posesión de secretos que sólo la filtración de WikiLeaks permite difundir masivamente. La embajada escucha a Héctor Magnetto y a ministros del Gobierno. Un ejemplo es el de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522. En líneas generales, los empresarios de medios, periodistas, editores y políticos pidieron auxilio en la embajada y le reclamaron que evitara el cambio de regulación. Los cables diplomáticos lo cuentan con un detalle que no se registra en ningún otro país de la región.
El análisis de los cables revela, además, que la embajada en Buenos Aires no sólo no operó políticamente contra la Ley de Medios sino que articuló con altos funcionarios gubernamentales parte de su contenido para que no fuese contrario a los intereses de las empresas estadounidenses.
El libro Wiki Media Leaks constata que el confesionario de la embajada es más moderado que muchas de sus visitas locales y que es más pragmático a la hora de operar con la información calificada que obtiene en las voluntarias sesiones de confesión.
*Coautor del libro Wiki Media Leaks, docente e investigador (UNQ-Conicet)
Twitcam sobre WikiMediaLeaks y la transferencias de medios de Hadad a Cristóbal López
"Este libro aborda en exclusividad el material inédito sobre las tensas relaciones (o acuerdos de convivencia, en algunos casos) entre dueños de medios, periodistas y editores influyentes con los gobiernos latinoamericanos y la Casa Blanca. Se lee también como un gran mapa para saber quién es quién en la red informativa de la región y cómo el periodismo, desde siempre, ha sido un agente más en la construcción del poder político."
En el encuentro se hablará de medios y poder en Latinoamérica, entonces, y por supuesto, de la reciente compra por parte de Cristóbal López de los medios de Daniel Hadad.
¿Cómo hacer para ver "A Dos Twitts"? No se necesita tener cuenta de twitter, solo entrar en www.adostwitts.blogspot.com
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Los desafíos democráticos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Entrevista a Martín Becerra, Docente e investigador
Por: Victoria Linari vlinari@miradasalsur.com
"Valoro la discusión pública previa a la sanción de la ley y también el debate social y político durante su tratamiento en el Congreso, pero creo que hasta ahora no se ha estado a la altura de los desafíos democráticos que la ley plantea en estos últimos dos años y medio tras su sanción”, dice el investigador y docente universitario Martín Becerra.
Al margen de la pausa en la aplicación del artículo 161, ¿cuáles son los resultados más importantes que se dieron en estos dos años de vigencia de la ley y cuáles los que faltan?
En este lapso el gobierno avanzó, en un plan que tiene desde mi perspectiva muchos puntos interesantes, en el desarrollo de la televisión digital terrestre y gratuita. Pero lo hizo al margen de una exigencia elemental de la ley, que es que las nuevas señales se sometan a un concurso público. Hasta ahora nadie conoce otra obligación planteada en la ley: disponer de un plan técnico que brinde certidumbre acerca de cuántas licencias hay operativas y cuántas habrá con la digitalización de la televisión, y cuáles serán los topes para operadores no lucrativos en función de esa totalidad hoy desconocida por la sociedad. En el plano institucional, la falta de funcionamiento de la Comisión Bicameral, la no designación del Defensor del Público, la ausencia de la oposición que debería controlar al oficialismo en el Directorio de Afsca y de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, merecen destacarse como déficit. La falta de transparencia en el accionariado de grupos concentrados; la operación en redes privadas que la ley prohíbe; el funcionamiento de los medios de gestión estatal, que dista de ser público y tiende a ser gubernamental; la no aplicación del artículo que exige que los licenciatarios que reciben publicidad oficial informen sus montos y las campañas en que fueron empleados... todos estos son artículos que no se cumplen. Tampoco la cláusula que obliga a los operadores de televisión por cable a ofrecer un servicio con “tarifa social” dirigido a la población de menores recursos. Por último, a dos años y medio uno de los actores centrales en la discusión de la ley, que fueron los medios sin fines de lucro a los que la ley reserva nada menos que el 33% de las licencias, hasta ahora siguen siendo los convidados de piedra en el sistema de comunicación masiva de este país.
¿Cuáles serán las consecuencias de la resolución de la Corte Suprema, en caso de que se rechace la cautelar o se establezca el plazo de adecuación a la norma?
En el corto plazo, supongo que Clarín irá a instancias internacionales y al mismo tiempo ralentizará la vía administrativa de la adecuación de sus numerosas licencias a los límites establecidos por ley. Esto hará difícil que esa adecuación se produzca antes de la sucesión presidencial de 2015.
Fuente: Miradas al Sur
Por: Victoria Linari vlinari@miradasalsur.com
"Valoro la discusión pública previa a la sanción de la ley y también el debate social y político durante su tratamiento en el Congreso, pero creo que hasta ahora no se ha estado a la altura de los desafíos democráticos que la ley plantea en estos últimos dos años y medio tras su sanción”, dice el investigador y docente universitario Martín Becerra.
Al margen de la pausa en la aplicación del artículo 161, ¿cuáles son los resultados más importantes que se dieron en estos dos años de vigencia de la ley y cuáles los que faltan?
En este lapso el gobierno avanzó, en un plan que tiene desde mi perspectiva muchos puntos interesantes, en el desarrollo de la televisión digital terrestre y gratuita. Pero lo hizo al margen de una exigencia elemental de la ley, que es que las nuevas señales se sometan a un concurso público. Hasta ahora nadie conoce otra obligación planteada en la ley: disponer de un plan técnico que brinde certidumbre acerca de cuántas licencias hay operativas y cuántas habrá con la digitalización de la televisión, y cuáles serán los topes para operadores no lucrativos en función de esa totalidad hoy desconocida por la sociedad. En el plano institucional, la falta de funcionamiento de la Comisión Bicameral, la no designación del Defensor del Público, la ausencia de la oposición que debería controlar al oficialismo en el Directorio de Afsca y de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, merecen destacarse como déficit. La falta de transparencia en el accionariado de grupos concentrados; la operación en redes privadas que la ley prohíbe; el funcionamiento de los medios de gestión estatal, que dista de ser público y tiende a ser gubernamental; la no aplicación del artículo que exige que los licenciatarios que reciben publicidad oficial informen sus montos y las campañas en que fueron empleados... todos estos son artículos que no se cumplen. Tampoco la cláusula que obliga a los operadores de televisión por cable a ofrecer un servicio con “tarifa social” dirigido a la población de menores recursos. Por último, a dos años y medio uno de los actores centrales en la discusión de la ley, que fueron los medios sin fines de lucro a los que la ley reserva nada menos que el 33% de las licencias, hasta ahora siguen siendo los convidados de piedra en el sistema de comunicación masiva de este país.
¿Cuáles serán las consecuencias de la resolución de la Corte Suprema, en caso de que se rechace la cautelar o se establezca el plazo de adecuación a la norma?
En el corto plazo, supongo que Clarín irá a instancias internacionales y al mismo tiempo ralentizará la vía administrativa de la adecuación de sus numerosas licencias a los límites establecidos por ley. Esto hará difícil que esa adecuación se produzca antes de la sucesión presidencial de 2015.
Fuente: Miradas al Sur
Análisis sobre linea editorial de radios y televisión de Buenos Aires
El dial de la AM y la grilla de los canales dedicados a informar revelan que hay supremacía de bajada de línea oficial por sobre los espacios críticos. Cómo se distribuyen los alineados
Por: Rosario Ayerdi
La crítica a la concentración de medios repetida por el Gobierno difiere del verdadero rol del kirchnerismo en la grilla de radio y televisión, en la que la mayoría de las señales son oficialistas o aliados.
AM 530, La Voz de las Madres, es la primera radio que anuncia un dial en el que los “medios hegemónicos” son los afines al Gobierno. Sólo Radio Mitre mantiene su rol crítico, entre las 15 radios AM que desde Buenos Aires cuentan con mayor alcance. En tanto, también figura Radio Ciudad (AM 1110) , del Gobierno porteño.
Dentro del bloque de emisoras que son sostenidas con publicidad oficial se distingue un grupo mayoritario de alineadas indisimuladamente al oficialismo, integrado por Cooperativa, Del Pueblo, La Red, Belgrano, Splendid y Del Plata o América, mientras que tanto Rivadavia como El Mundo resultan también medios básicamente aliados atados al kirchnerismo, pero que en algunos espacios se permiten información no necesariamente militante.
Radio Continental (AM 590) es un caso muy singular: se trata de la única que mantiene una programación en la que conviven voces oficialistas y críticas como Magdalena Ruiz Guiñazú y Víctor Hugo Morales, quienes comparten el aire de las mañanas. En la emisora a cargo del grupo español Prisa se reparte la tarde con voces independientes, por lo general más inclinadas a la crítica que a la aprobación de la gestión oficial.
La venta de medios que concretó Daniel Hadad incluye la radio más escuchada, Radio 10, y el canal de noticias, C5N, se lee como una ventaja para el kirchnerismo. Sucede que, si bien Hadad nunca fue confrontativo con el Gobierno, tampoco lo fue con otros dirigentes como el gobernador Daniel Scioli, el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, e intendentes del Conurbano. La misma política editorial llevó adelante el canal de noticias C5N, que ahora con la llegada de Cristóbal López permite suponer un alineamiento mayor con el gobierno central y más alejado de otros poderes.
Un zapping por los primeros 15 canales de televisión –tal como los presenta Cablevisión, por ejemplo– también da cuenta de una grilla en la que predominan los medios aliados del Gobierno. Pese a que en radio el Grupo Uno de Daniel Vila y José Luis Manzano tiene perfil oficialista, la alianza pretende mostrarse más equilibrada en los canales que controlan (América 24 y América TV). Prueba de ello fue la campaña electoral del año pasado, en la que el accionista y diputado opositor Francisco De Narváez compitió contra el kirchnerismo. Sin embargo, el legislador admitió en varias oportunidades sentirse incómodo con la inclinación kirchnerista de sus socios, enfrentados desde hace tiempo con el Grupo Clarín.
En la grilla televisiva se repite el esquema de predominio oficialista frente a los habitualmente llamados hegemónicos. Tanto Crónica TV como Canal 9 marcan la mayor adhesión al oficialismo, seguidos con menor intensidad por Telefe y Canal 26 y, obviamente, la Televisión Pública y el canal Encuentro. Dentro de estos 15 canales, el Grupo Clarín posee cuatro señales que se ubican a partir del canal 11, donde se sintoniza Todo Noticias. A este canal informativo lo siguen Canal 13, Metro y Magazine, con programación dedicada más a lo artístico que a la información.
Otras infografías para sumar a Pocos serios:
Por: Rosario Ayerdi
La crítica a la concentración de medios repetida por el Gobierno difiere del verdadero rol del kirchnerismo en la grilla de radio y televisión, en la que la mayoría de las señales son oficialistas o aliados.
AM 530, La Voz de las Madres, es la primera radio que anuncia un dial en el que los “medios hegemónicos” son los afines al Gobierno. Sólo Radio Mitre mantiene su rol crítico, entre las 15 radios AM que desde Buenos Aires cuentan con mayor alcance. En tanto, también figura Radio Ciudad (AM 1110) , del Gobierno porteño.
Dentro del bloque de emisoras que son sostenidas con publicidad oficial se distingue un grupo mayoritario de alineadas indisimuladamente al oficialismo, integrado por Cooperativa, Del Pueblo, La Red, Belgrano, Splendid y Del Plata o América, mientras que tanto Rivadavia como El Mundo resultan también medios básicamente aliados atados al kirchnerismo, pero que en algunos espacios se permiten información no necesariamente militante.
Radio Continental (AM 590) es un caso muy singular: se trata de la única que mantiene una programación en la que conviven voces oficialistas y críticas como Magdalena Ruiz Guiñazú y Víctor Hugo Morales, quienes comparten el aire de las mañanas. En la emisora a cargo del grupo español Prisa se reparte la tarde con voces independientes, por lo general más inclinadas a la crítica que a la aprobación de la gestión oficial.
La venta de medios que concretó Daniel Hadad incluye la radio más escuchada, Radio 10, y el canal de noticias, C5N, se lee como una ventaja para el kirchnerismo. Sucede que, si bien Hadad nunca fue confrontativo con el Gobierno, tampoco lo fue con otros dirigentes como el gobernador Daniel Scioli, el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, e intendentes del Conurbano. La misma política editorial llevó adelante el canal de noticias C5N, que ahora con la llegada de Cristóbal López permite suponer un alineamiento mayor con el gobierno central y más alejado de otros poderes.
Un zapping por los primeros 15 canales de televisión –tal como los presenta Cablevisión, por ejemplo– también da cuenta de una grilla en la que predominan los medios aliados del Gobierno. Pese a que en radio el Grupo Uno de Daniel Vila y José Luis Manzano tiene perfil oficialista, la alianza pretende mostrarse más equilibrada en los canales que controlan (América 24 y América TV). Prueba de ello fue la campaña electoral del año pasado, en la que el accionista y diputado opositor Francisco De Narváez compitió contra el kirchnerismo. Sin embargo, el legislador admitió en varias oportunidades sentirse incómodo con la inclinación kirchnerista de sus socios, enfrentados desde hace tiempo con el Grupo Clarín.
En la grilla televisiva se repite el esquema de predominio oficialista frente a los habitualmente llamados hegemónicos. Tanto Crónica TV como Canal 9 marcan la mayor adhesión al oficialismo, seguidos con menor intensidad por Telefe y Canal 26 y, obviamente, la Televisión Pública y el canal Encuentro. Dentro de estos 15 canales, el Grupo Clarín posee cuatro señales que se ubican a partir del canal 11, donde se sintoniza Todo Noticias. A este canal informativo lo siguen Canal 13, Metro y Magazine, con programación dedicada más a lo artístico que a la información.
Otras infografías para sumar a Pocos serios:
Fuente: Diario Perfil
¿Por qué Daniel Hadad vendió sus medios?
Una predicción de Einstein fue que, si las abejas desaparecieran del planeta, a la humanidad sólo le quedarían cuatro años de vida. Sin las abejas no se polinizarían muchos frutos, y así plantas, animales y hombres irían desapareciendo progresivamente en cadena. ¿Pasaría lo mismo con la democracia si ya no quedaran más periodistas al frente de los medios de comunicación?
No se trata de que los periodistas sean buenas personas –como en cualquier actividad, hay periodistas que merecen todo tipo de condenas– sino de que, por su naturaleza y su lógica profesional, aun defectuosamente hacen las cosas de una manera diferente a un empresario tradicional o un funcionario del Estado, pudiendo cumplir una función especial dentro del ecosistema político.
La acumulación de Moneta, Garfunkel, Szpolski, los dueños de Electroingeniería, Olmos y ahora Cristóbal López al frente de medios de comunicación produce una transformación sugestiva. Pero si alguien compra es porque alguien vende, y –al igual que en el tema de la Ley de Medios o la nacionalización de la mayoría de YPF– no se trata de una confrontación entre buenos y malos.
Por qué vendió Hadad. Habría que comenzar por el principio de parsimonia del filósofo medieval Guillermo de Ockham: “Cuando dos teorías en igualdad de condiciones tienen las mismas consecuencias, la teoría más simple tiene más probabilidades de ser correcta que la compleja”. En este caso, comenzar por lo más simple es tener en cuenta lo que siempre pasa cuando alguien vende: no gana plata y/o prevé que no va a ganar. A pesar de haber logrado en poco tiempo convertirse en el segundo canal de noticias más visto del país y con una audiencia mucho más calificada que las del tercero, el cuarto y el quinto canal de noticias, C5N no logra ser rentable contando incluso con la enorme “capacidad comercial” de Hadad, que haciendo malabarismos consigue publicidad oficial simultáneamente del Gobierno nacional, de Macri y de Scioli.
Es que competir con TN es muy difícil. Primero, porque lleva años de liderazgo y audiencia fidelizada. Segundo, porque está en la preferencial ubicación entre Telefe y El Trece. Y tercero, porque cuenta con recursos económicos imposibles para cualquier otro, ya que divide sus costos de producción con los de los noticieros de El Trece.
Crónica TV, Canal 26 y América 24 se conforman con cautivar a públicos menos exigentes que los de TN y C5N, y por eso requieren menos inversión. América 24 también divide sus costos con los noticieros de América, pero además tanto los dueños de América como los de Canal 26 cuentan con ganancias que les dejan sus empresas de televisión por cable, las mayores del país después de Cablevisión/Multicanal de Clarín. De Crónica TV se puede decir que todavía le quedan algunas de las ventajas de haber sido el primero de todos los canales de noticias (especialmente en el interior) y de ofrecer una temática más popular, pero aun así es probable que esté contando con ayuda de terceros para sobrevivir.
¿Por qué los canales de noticias pierden dinero en la Argentina? Porque hay muchos más de los que el mercado puede sostener con publicidad genuina. En Estados Unidos hay sólo tres canales de noticias, en Brasil sólo dos, en Chile sólo uno, y en España hasta tuvo que cerrar la CNN/Canal Plus, una sociedad entre CNN y el diario El País, nada menos. Y la respuesta a por qué hay tantos canales de noticias en la Argentina es porque no se sustentan con publicidad genuina.
La aparición de la publicidad no genuina tiene una doble incidencia negativa en el ecosistema periodístico clásico. No sólo fabrica medios artificialmente, sino que les hace la vida más difícil a los medios normales canibalizándoles parte de sus audiencias y sus anunciantes comerciales tradicionales, a los que no pocas veces el Gobierno aprieta para que contribuyan con una forma de impuesto revolucionario publicitando en los medios afines.
Hadad gana dinero con las radios, pero éstas son un negocio más pequeño que la televisión y no dejan lo suficiente como para sostener las pérdidas de C5N. Además, tampoco a Hadad le gusta perder su propio dinero, por lo que en los últimos años fue sumando socios minoritarios a los que les vendía una parte de su empresa para con ese aporte solventar las pérdidas. Los dueños de la minoría a los que ya les había vendido son varios (se habla de Werthein, Brito, Eurnekian, Montoto, Eskenazi, el propio Cristóbal López y Colella, el ex CEO de Yabrán), de modo que sus influencias estarían atomizadas y muy diluidas.
Una cosa es la causa y otra la oportunidad; o sea: ¿por qué ahora? Por varias razones. Primero, porque para seguir invirtiendo en C5N ya había vendido el 45% del total de las acciones y si seguía con ese método, perdería la mayoría del 55% que le vendió a Cristóbal López y que asegura el control de la empresa.
También porque el escenario político y económico le anticipa múltiples problemas:
1) La inflación hace que los costos sigan aumentando más que las ventas, y las empresas perderán rentabilidad en los próximos años. Si era difícil mantener C5N en los años del boom de consumo, más difícil será cuando se frene.
2) La baja en sólo tres semanas del 11% del valor de todas las acciones de las empresas que cotizan en bolsa es una señal de que hay quienes suponen que habrá en el mediano plazo algún cimbronazo en la economía argentina, y que es mejor vender ahora y guardar los dólares para recomprar más barato dentro de algunos años, cuando haya otro clima político y económico.
3) Antes de fin de año se haría plenamente aplicable la Ley de Medios, obligando a desinvertir a aquellos que tienen más licencias de lo permitido; Hadad debía desprenderse de dos.
4) En el Congreso se presentó un proyecto de ley que grava con el impuesto a las ganancias la compra y la venta de acciones, que actualmente están desgravadas. Al no poderse corregir los balances por inflación, los patrimonios netos de las empresas quedaron totalmente desactualizados, y lo que se cobre por la venta de las acciones de una empresa puede llegar a ser considerado todo ganancia para el fisco. Si Hadad vendiera después de aprobarse esa ley, el 35% de lo cobrado se lo llevaría la AFIP.
5) La profundización del modelo kirchnerista que rompe alianzas del pasado y eyecta a un tibio por semana le impediría a Hadad mantener la cuota de mínima neutralidad con la que ha venido haciendo equilibrio. El levantamiento del programa de Longobardi mientras hablaba Alberto Fernández fue una señal.
Hadad ya no podría apoyar al Gobierno nacional y simultáneamente al de la Ciudad y al de la Provincia, y además seguir sin atacar a los opositores y críticos, si quiere continuar recibiendo publicidad oficial. Cuando pidió disculpas por el levantamiento del programa de Longobardi, lo que dijo fue premonitorio: “Lo valioso de este antecedente que tuvimos anoche es que estamos todos atentos y alertas, y ninguno de nosotros quiere ningún tipo de censura; y con mayúscula lo digo: el día que Alberto Fernández esté censurado en algunos de los medios que tengo el gusto de dirigir, ese día preferiría no trabajar más en esta profesión”.
Por qué compró López. Comentan que Cristóbal López dice abiertamente que compró para tener defensa cuando vayan por él, como fueron por los Eskenazi. Otros sostienen que es para obtener del Gobierno más negocios. En cualquiera de los casos, no habría comprado para ganar dinero con los medios y reinvertir en ellos. Pobres medios si son medios para otros fines.
Fuente: Diario Perfil
No se trata de que los periodistas sean buenas personas –como en cualquier actividad, hay periodistas que merecen todo tipo de condenas– sino de que, por su naturaleza y su lógica profesional, aun defectuosamente hacen las cosas de una manera diferente a un empresario tradicional o un funcionario del Estado, pudiendo cumplir una función especial dentro del ecosistema político.
La acumulación de Moneta, Garfunkel, Szpolski, los dueños de Electroingeniería, Olmos y ahora Cristóbal López al frente de medios de comunicación produce una transformación sugestiva. Pero si alguien compra es porque alguien vende, y –al igual que en el tema de la Ley de Medios o la nacionalización de la mayoría de YPF– no se trata de una confrontación entre buenos y malos.Por qué vendió Hadad. Habría que comenzar por el principio de parsimonia del filósofo medieval Guillermo de Ockham: “Cuando dos teorías en igualdad de condiciones tienen las mismas consecuencias, la teoría más simple tiene más probabilidades de ser correcta que la compleja”. En este caso, comenzar por lo más simple es tener en cuenta lo que siempre pasa cuando alguien vende: no gana plata y/o prevé que no va a ganar. A pesar de haber logrado en poco tiempo convertirse en el segundo canal de noticias más visto del país y con una audiencia mucho más calificada que las del tercero, el cuarto y el quinto canal de noticias, C5N no logra ser rentable contando incluso con la enorme “capacidad comercial” de Hadad, que haciendo malabarismos consigue publicidad oficial simultáneamente del Gobierno nacional, de Macri y de Scioli.
Es que competir con TN es muy difícil. Primero, porque lleva años de liderazgo y audiencia fidelizada. Segundo, porque está en la preferencial ubicación entre Telefe y El Trece. Y tercero, porque cuenta con recursos económicos imposibles para cualquier otro, ya que divide sus costos de producción con los de los noticieros de El Trece.
Crónica TV, Canal 26 y América 24 se conforman con cautivar a públicos menos exigentes que los de TN y C5N, y por eso requieren menos inversión. América 24 también divide sus costos con los noticieros de América, pero además tanto los dueños de América como los de Canal 26 cuentan con ganancias que les dejan sus empresas de televisión por cable, las mayores del país después de Cablevisión/Multicanal de Clarín. De Crónica TV se puede decir que todavía le quedan algunas de las ventajas de haber sido el primero de todos los canales de noticias (especialmente en el interior) y de ofrecer una temática más popular, pero aun así es probable que esté contando con ayuda de terceros para sobrevivir.
¿Por qué los canales de noticias pierden dinero en la Argentina? Porque hay muchos más de los que el mercado puede sostener con publicidad genuina. En Estados Unidos hay sólo tres canales de noticias, en Brasil sólo dos, en Chile sólo uno, y en España hasta tuvo que cerrar la CNN/Canal Plus, una sociedad entre CNN y el diario El País, nada menos. Y la respuesta a por qué hay tantos canales de noticias en la Argentina es porque no se sustentan con publicidad genuina.
La aparición de la publicidad no genuina tiene una doble incidencia negativa en el ecosistema periodístico clásico. No sólo fabrica medios artificialmente, sino que les hace la vida más difícil a los medios normales canibalizándoles parte de sus audiencias y sus anunciantes comerciales tradicionales, a los que no pocas veces el Gobierno aprieta para que contribuyan con una forma de impuesto revolucionario publicitando en los medios afines.
Hadad gana dinero con las radios, pero éstas son un negocio más pequeño que la televisión y no dejan lo suficiente como para sostener las pérdidas de C5N. Además, tampoco a Hadad le gusta perder su propio dinero, por lo que en los últimos años fue sumando socios minoritarios a los que les vendía una parte de su empresa para con ese aporte solventar las pérdidas. Los dueños de la minoría a los que ya les había vendido son varios (se habla de Werthein, Brito, Eurnekian, Montoto, Eskenazi, el propio Cristóbal López y Colella, el ex CEO de Yabrán), de modo que sus influencias estarían atomizadas y muy diluidas.
Una cosa es la causa y otra la oportunidad; o sea: ¿por qué ahora? Por varias razones. Primero, porque para seguir invirtiendo en C5N ya había vendido el 45% del total de las acciones y si seguía con ese método, perdería la mayoría del 55% que le vendió a Cristóbal López y que asegura el control de la empresa.
También porque el escenario político y económico le anticipa múltiples problemas:
1) La inflación hace que los costos sigan aumentando más que las ventas, y las empresas perderán rentabilidad en los próximos años. Si era difícil mantener C5N en los años del boom de consumo, más difícil será cuando se frene.
2) La baja en sólo tres semanas del 11% del valor de todas las acciones de las empresas que cotizan en bolsa es una señal de que hay quienes suponen que habrá en el mediano plazo algún cimbronazo en la economía argentina, y que es mejor vender ahora y guardar los dólares para recomprar más barato dentro de algunos años, cuando haya otro clima político y económico.
3) Antes de fin de año se haría plenamente aplicable la Ley de Medios, obligando a desinvertir a aquellos que tienen más licencias de lo permitido; Hadad debía desprenderse de dos.
4) En el Congreso se presentó un proyecto de ley que grava con el impuesto a las ganancias la compra y la venta de acciones, que actualmente están desgravadas. Al no poderse corregir los balances por inflación, los patrimonios netos de las empresas quedaron totalmente desactualizados, y lo que se cobre por la venta de las acciones de una empresa puede llegar a ser considerado todo ganancia para el fisco. Si Hadad vendiera después de aprobarse esa ley, el 35% de lo cobrado se lo llevaría la AFIP.
5) La profundización del modelo kirchnerista que rompe alianzas del pasado y eyecta a un tibio por semana le impediría a Hadad mantener la cuota de mínima neutralidad con la que ha venido haciendo equilibrio. El levantamiento del programa de Longobardi mientras hablaba Alberto Fernández fue una señal.
Hadad ya no podría apoyar al Gobierno nacional y simultáneamente al de la Ciudad y al de la Provincia, y además seguir sin atacar a los opositores y críticos, si quiere continuar recibiendo publicidad oficial. Cuando pidió disculpas por el levantamiento del programa de Longobardi, lo que dijo fue premonitorio: “Lo valioso de este antecedente que tuvimos anoche es que estamos todos atentos y alertas, y ninguno de nosotros quiere ningún tipo de censura; y con mayúscula lo digo: el día que Alberto Fernández esté censurado en algunos de los medios que tengo el gusto de dirigir, ese día preferiría no trabajar más en esta profesión”.
Por qué compró López. Comentan que Cristóbal López dice abiertamente que compró para tener defensa cuando vayan por él, como fueron por los Eskenazi. Otros sostienen que es para obtener del Gobierno más negocios. En cualquiera de los casos, no habría comprado para ganar dinero con los medios y reinvertir en ellos. Pobres medios si son medios para otros fines.
Fuente: Diario Perfil
Internas en el FAP por la designación de director en la AFSCA
Cuenta Quique Pesoa
Queridisima gente.
Estuve leyendo los mensajes que llegaron a la página. También la cantidad de radios nuevas que quieren retransmitir el futuro programa. Se me arrugó el alma. Pido perdón por no contarles esto antes, pero la verdad es que sigo esperando una definición que no llega.
La cosa vino así. Recibí un llamado de Hermes Binner. Sabrán que tengo alguna relación con él y que puse mi voz para todas sus campañas. No soy socialista. Hay por allí una cuestión de honestidad y transparencia, relativa al conjunto de la política argentina, que me atrae.
Por ley, la tercera minoría parlamentaria, encabezada por Hermes, tiene derecho a nombrar a uno de los siete directores, con rango de secretario de estado, de la AFSCA, Autoridad Federal para la aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales, ex ComFeR.
Binner me ofreció esa posibilidad. Luego de algunos cabildeos familiares, periodísticos, amistosos y demás, decidí aceptarla. Que quede claro, se me estaba ofreciendo la posibilidad, no el cargo en si.
Acto seguido, hablé con la gente de LT8 Radio Rosario para explicarles que era éticamente imposible que yo estuviese trabajando para una radio, perteneciente a un multimedios que luego tendría que controlar. Obvio. Se lamentaron mucho porque ya se había comenzado a correr la voz sobre el incio del programa en Abril. Volvieron a llamar esta vez ofreciendo que yo sea la voz identificatoria de la emisora. Les expliqué que estábamos en la misma situación. Que no iba a ser posible.
Corrieron los meses. Los tiempos políticos son otros y yo los desconozco.
Margarita Stolbizer, integrante de ese bloque, presentó a un abogado de nota para ese mismo cargo. Allí comenzaron las discusiones internas... si Pesoa o si el boga. Deben ser negociaciones bastante complicadas.
Nuevo llamado de Hermes para ofrecerme, esta vez el cargo concreto, no la posibilidad, ser director, con el mismo rango, pero en RTA, Radio y Televisión Argentina.
Rápidamente le contesté que no, que allí no tenía nada que hacer. Siempre supimos que los medios que llaman públicos, nunca lo fueron. Jamás fueron del estado, si del gobierno de turno. Desde su creación, todos los gobiernos, sean del signo que fueren, cooptaron canal 7 y Radio Nacional. Allí si que son todos oficialistas.
Nada iba a poder hacer yo, solo robar un sueldo.
Le dije a Binner que insista con el cargo en la AFSCA, que había descubierto algunas grietas en ese sistema como para poder construir algo de verdad.
Ocuparme de aquellas cosas de las que nadie se hace cargo porque no son negocio o por que nada dejan políticamente. Por ejemplo las radios comunitarias. Necesitan apoyo, gente que vaya a verlos y a solucionarles problemas ingentes. He allí una grieta.
Se sorprendió algo con mi negativa. Dice mi amigo el Bigote Acosta, periodista rosarino, que solo un loco se niega a un cargo semejante. Acepto el epíteto, pero estoy seguro de lo que contesté.
Así las cosas, sigo esperando una definición que no llega.
Está bien, fue un lance, corrí el riesgo de perder este trabajo rentado en esa radio de Rosario y lo perdí. Saben, por que lo he dicho, que una de las condiciones que puse fue que las ciento sesenta radios pudiesen seguir repitiendo el programa, gratuitamente. Esto fue aceptado.
Ahora estoy, como dije, un tanto contrito con esta situación. Veré de ponerle remedio.
Gracias por el aguante.
abrazo serrano
Quique
Ver anterior: Quique Pesoa candidato del FAP al directorio de la AFSCA
Queridisima gente.
Estuve leyendo los mensajes que llegaron a la página. También la cantidad de radios nuevas que quieren retransmitir el futuro programa. Se me arrugó el alma. Pido perdón por no contarles esto antes, pero la verdad es que sigo esperando una definición que no llega.
La cosa vino así. Recibí un llamado de Hermes Binner. Sabrán que tengo alguna relación con él y que puse mi voz para todas sus campañas. No soy socialista. Hay por allí una cuestión de honestidad y transparencia, relativa al conjunto de la política argentina, que me atrae.Por ley, la tercera minoría parlamentaria, encabezada por Hermes, tiene derecho a nombrar a uno de los siete directores, con rango de secretario de estado, de la AFSCA, Autoridad Federal para la aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales, ex ComFeR.
Binner me ofreció esa posibilidad. Luego de algunos cabildeos familiares, periodísticos, amistosos y demás, decidí aceptarla. Que quede claro, se me estaba ofreciendo la posibilidad, no el cargo en si.
Acto seguido, hablé con la gente de LT8 Radio Rosario para explicarles que era éticamente imposible que yo estuviese trabajando para una radio, perteneciente a un multimedios que luego tendría que controlar. Obvio. Se lamentaron mucho porque ya se había comenzado a correr la voz sobre el incio del programa en Abril. Volvieron a llamar esta vez ofreciendo que yo sea la voz identificatoria de la emisora. Les expliqué que estábamos en la misma situación. Que no iba a ser posible.
Corrieron los meses. Los tiempos políticos son otros y yo los desconozco.
Margarita Stolbizer, integrante de ese bloque, presentó a un abogado de nota para ese mismo cargo. Allí comenzaron las discusiones internas... si Pesoa o si el boga. Deben ser negociaciones bastante complicadas.
Nuevo llamado de Hermes para ofrecerme, esta vez el cargo concreto, no la posibilidad, ser director, con el mismo rango, pero en RTA, Radio y Televisión Argentina.
Rápidamente le contesté que no, que allí no tenía nada que hacer. Siempre supimos que los medios que llaman públicos, nunca lo fueron. Jamás fueron del estado, si del gobierno de turno. Desde su creación, todos los gobiernos, sean del signo que fueren, cooptaron canal 7 y Radio Nacional. Allí si que son todos oficialistas.
Nada iba a poder hacer yo, solo robar un sueldo.
Le dije a Binner que insista con el cargo en la AFSCA, que había descubierto algunas grietas en ese sistema como para poder construir algo de verdad.
Ocuparme de aquellas cosas de las que nadie se hace cargo porque no son negocio o por que nada dejan políticamente. Por ejemplo las radios comunitarias. Necesitan apoyo, gente que vaya a verlos y a solucionarles problemas ingentes. He allí una grieta.
Se sorprendió algo con mi negativa. Dice mi amigo el Bigote Acosta, periodista rosarino, que solo un loco se niega a un cargo semejante. Acepto el epíteto, pero estoy seguro de lo que contesté.
Así las cosas, sigo esperando una definición que no llega.
Está bien, fue un lance, corrí el riesgo de perder este trabajo rentado en esa radio de Rosario y lo perdí. Saben, por que lo he dicho, que una de las condiciones que puse fue que las ciento sesenta radios pudiesen seguir repitiendo el programa, gratuitamente. Esto fue aceptado.
Ahora estoy, como dije, un tanto contrito con esta situación. Veré de ponerle remedio.
Gracias por el aguante.
abrazo serrano
Quique
Ver anterior: Quique Pesoa candidato del FAP al directorio de la AFSCA
Funcionario tucumano intima a La Gaceta por informar
Carta documento contra un columnista
La libertad de opinar y de expresarse está garantizada en la Constitución nacional. Se sabe, huelga recordarlo, y sin embargo en algunos casos -lamentablemente-, los primeros que reniegan de esta cláusula básica de convivencia social son los funcionarios; precisamente aquellos que tienen la obligación de facilitar el cumplimiento de la Carta Magna. En ese marco, suena increíble, y hasta insólito, que aún haya hombres públicos que renieguen de la crítica y amenacen, intimen y traten de amordazar a la prensa por cumplir con su misión de informar y de opinar; elementos esenciales para la vigencia del sistema democrático.
Es lo que hizo el presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia, Miguel Chaibén Terraf, a raíz de un hecho verídico que comentó y a una opinión crítica que vertió el periodista de La Gaceta Federico van Mameren en su columna dominical "Panorama Tucumano", el 22 del corriente mes. Antes de tomar actitudes apresuradas, el titular del organismo de control debió recordar lo que decía Joaquín V. González en 1897: "no puede haber responsabilidad alguna por la crítica o la disidencia, aun cuando sean expresadas ardorosamente, ya que toda sociedad plural y diversa necesita del debate democrático, el que se nutre de las opiniones teniendo como meta la paz social" (Manual de la Constitución Argentina, N 158, página 167, Buenos Aires, 1897).
¿Qué es lo que molestó a Terraf, al punto de enviar una carta documento al periodista? Van Mameren indicó que el 14 de marzo, el gobernador, José Alperovich, y el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, suscribieron el decreto 413/14 (MGyJ), por el que se designó como juez de Paz de Tafí Viejo a la señorita Gabriela Terraf. Señaló que la joven "está emparentada directamente con el presidente del Tribunal de Cuentas" y opinó que el organismo "oportunamente supo marcar graves errores del Ejecutivo; si lo hace ahora se puede interpretar que busca disimular estas cuestiones parentales, y si no encuentra fallas servirá para justificar esa ineficacia".
Esta opinión crítica sobre un hecho cierto alteró a Terraf, que intimó al autor de la columna y a La Gaceta, y advirtió sobre el inicio de acciones legales por calumnias e injurias y por daños y perjuicios. Ello pese a que el texto no se hace alusión a hechos que puedan tildarse de falsos o de inexactos, ni tampoco contiene acusaciones o imputaciones delictuosas en su contra. Esta situación lleva a reflexionar sobre las reacciones intempestivas de los funcionarios cuando una noticia los involucra y a considerar que la verdadera intención es silenciar a la prensa.
El titular del organismo entiende que la nota induce "deliberadamente, con suspicacia, un vínculo entre este hecho -la designación de Gabriela Terraf- y mi actuación como presidente del Tribunal de Cuentas, expresando, además, que esta circunstancia condicionará mi actuación en el cargo que detento, dejando traslucir un cuadro de afirmaciones de tenor asertivas, del que se deduce de manera indubitable la imputación directa de la comisión de delitos tipificados en nuestro Código Penal, correspondientes a las figuras de tráfico de influencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público". En este punto, cabe apuntar: "es su interpretación del texto", que no dice nada de esto, ni acusa, ni alude a una comisión de delitos. Sólo se opina, ¿o acaso al funcionario le gustaría que las críticas se prohiban cuando se trate de hombres con responsabilidades públicas? Eso es de otros tiempos, más oscuros y de clara violación de la letra constitucional y de nula vocación democrática.
Y Terraf prosigue: "bajo cualquier circunstancia esta acusación carece de sustento fáctico, jurídico y moral. Su comentario deliberadamente proyecta un cono de sospecha sobre toda la actividad futura de un órgano del Estado en pleno". E intima a ratificar o rectificar aseveraciones y acusaciones.
Cuando de publicaciones y opiniones periodísticas se trata, además del pensamiento de Joaquín V. González, todo funcionario público tendría que tener siempre presente lo que reiteradamente señala nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en sus fallos: "en el marco del debate público sobre temas de interés general, y en especial sobre el Gobierno, toda expresión que admita ser clasificada como una opinión, por sí sola, no da lugar a responsabilidad civil o penal a favor de las personas que ocupan cargos en el Estado; no se daña la reputación de éstas mediante opiniones o evaluaciones, sino exclusivamente a través de la difusión maliciosa de información falsa. Sólo corresponde tomar como objeto de posible reproche jurídico la utilización de palabras inadecuadas, esto es, la forma de la expresión y no su contenido pues éste, considerado en sí, en cuanto de opinión se trate, es absolutamente libre".
Fuente: Diario La Gaceta
La libertad de opinar y de expresarse está garantizada en la Constitución nacional. Se sabe, huelga recordarlo, y sin embargo en algunos casos -lamentablemente-, los primeros que reniegan de esta cláusula básica de convivencia social son los funcionarios; precisamente aquellos que tienen la obligación de facilitar el cumplimiento de la Carta Magna. En ese marco, suena increíble, y hasta insólito, que aún haya hombres públicos que renieguen de la crítica y amenacen, intimen y traten de amordazar a la prensa por cumplir con su misión de informar y de opinar; elementos esenciales para la vigencia del sistema democrático.
¿Qué es lo que molestó a Terraf, al punto de enviar una carta documento al periodista? Van Mameren indicó que el 14 de marzo, el gobernador, José Alperovich, y el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, suscribieron el decreto 413/14 (MGyJ), por el que se designó como juez de Paz de Tafí Viejo a la señorita Gabriela Terraf. Señaló que la joven "está emparentada directamente con el presidente del Tribunal de Cuentas" y opinó que el organismo "oportunamente supo marcar graves errores del Ejecutivo; si lo hace ahora se puede interpretar que busca disimular estas cuestiones parentales, y si no encuentra fallas servirá para justificar esa ineficacia".
Esta opinión crítica sobre un hecho cierto alteró a Terraf, que intimó al autor de la columna y a La Gaceta, y advirtió sobre el inicio de acciones legales por calumnias e injurias y por daños y perjuicios. Ello pese a que el texto no se hace alusión a hechos que puedan tildarse de falsos o de inexactos, ni tampoco contiene acusaciones o imputaciones delictuosas en su contra. Esta situación lleva a reflexionar sobre las reacciones intempestivas de los funcionarios cuando una noticia los involucra y a considerar que la verdadera intención es silenciar a la prensa.
El titular del organismo entiende que la nota induce "deliberadamente, con suspicacia, un vínculo entre este hecho -la designación de Gabriela Terraf- y mi actuación como presidente del Tribunal de Cuentas, expresando, además, que esta circunstancia condicionará mi actuación en el cargo que detento, dejando traslucir un cuadro de afirmaciones de tenor asertivas, del que se deduce de manera indubitable la imputación directa de la comisión de delitos tipificados en nuestro Código Penal, correspondientes a las figuras de tráfico de influencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público". En este punto, cabe apuntar: "es su interpretación del texto", que no dice nada de esto, ni acusa, ni alude a una comisión de delitos. Sólo se opina, ¿o acaso al funcionario le gustaría que las críticas se prohiban cuando se trate de hombres con responsabilidades públicas? Eso es de otros tiempos, más oscuros y de clara violación de la letra constitucional y de nula vocación democrática.
Y Terraf prosigue: "bajo cualquier circunstancia esta acusación carece de sustento fáctico, jurídico y moral. Su comentario deliberadamente proyecta un cono de sospecha sobre toda la actividad futura de un órgano del Estado en pleno". E intima a ratificar o rectificar aseveraciones y acusaciones.
Cuando de publicaciones y opiniones periodísticas se trata, además del pensamiento de Joaquín V. González, todo funcionario público tendría que tener siempre presente lo que reiteradamente señala nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en sus fallos: "en el marco del debate público sobre temas de interés general, y en especial sobre el Gobierno, toda expresión que admita ser clasificada como una opinión, por sí sola, no da lugar a responsabilidad civil o penal a favor de las personas que ocupan cargos en el Estado; no se daña la reputación de éstas mediante opiniones o evaluaciones, sino exclusivamente a través de la difusión maliciosa de información falsa. Sólo corresponde tomar como objeto de posible reproche jurídico la utilización de palabras inadecuadas, esto es, la forma de la expresión y no su contenido pues éste, considerado en sí, en cuanto de opinión se trate, es absolutamente libre".
Fuente: Diario La Gaceta
Las ventas de medios de Daniel Hadad violan la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Por: Pascual Calicchio @pascualicchio
El 26 de abril, se hizo pública la venta de una serie de medios pertenecientes a Daniel Hadad que pasarán a manos del Grupo Indalo, propiedad del empresario Cristóbal López.
Esta venta, la primera de magnitud posterior a la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) generó ruido entre muchos sectores que apoyaron la sanción de dicha ley y hoy se sienten decepcionados porque en lugar de ver aparecer nuevas voces ven cómo se hacen grandes negocios y se conforman nuevos grupos financiados directa o indirectamente por el Estado que lejos están de representar una nueva forma de hacer periodismo.
La Nación y Clarín (que excede ampliamente la cantidad de licencias permitidas por la ley pero no se desprende de ellas porque está vigente un amparo que presentó contra el artículo 161) aprovechan y se ponen irónicos denunciando el crecimiento de los medios afines al gobierno y hasta denunciando que violan la ley que ellos mismos cuestionan.
En ese marco una gran cantidad de compañeros y compañeras han empezado a cuestionar a la LSCA por ver que sólo viene sirviendo para que crezcan los grupos de medios amigos del gobierno que en muchos casos más que medios periodísticos parecen herramientas de propaganda donde sólo se escuchan las cosas que el gobierno quiere que se escuchen.
Por eso, y porque creo que la LSCA es una de las mejores leyes que tenemos y fue construida con el aporte de muchos compañeros y compañeras del campo popular, es quiero hacer algunas consideraciones al respecto.
¿Por qué violan la ley?
Mucho se ha escrito sobre quienes son y que intereses representan, por lo que me voy a referir exclusivamente a lo que tiene que ver con la ley, ya que en este caso el problema sería el mismo si el comprador no fuera kirchnerista.
Vamos a partir que todo lo que sabemos públicamente es lo que informó el Grupo Indalo a través de un comunicado en el que finalizan diciendo que “En los próximos días se llevarán a cabo los actos legales, incluidos los requeridos por la Ley de Medios y los organismos de contralor que correspondan”.
En la AFSCA dicen que no hay abierto ningún expediente, por lo tanto la primer violación a la Ley de Medios es no haber pedido autorización a la autoridad de aplicación que es la única que es excepcionalmente puede autorizar una transferencia de licencias.
Digo excepcionalmente porque el artículo 41 de la ley 26522 es muy claro “Las autorizaciones y licencias de servicios de comunicación audiovisual son intransferibles”. Esto significa que si alguien, por ejemplo, quiere desprenderse de su licencia porque el medio le da pérdidas (no parece el caso de Hadad) debe devolver la licencia al Estado y este licitarla nuevamente.
El artículo 41 prevé solo la posible transferencia de acciones o cuota parte de la licencia después de transcurridos cinco años “respetando que se mantenga en los titulares de origen más del cincuenta por ciento (50%) del capital suscripto o por suscribirse y que represente más del cincuenta por ciento (50%) de la voluntad social” siempre y cuando el AFSCA lo permita. Y es contundente al decir que “La realización de transferencias sin la correspondiente y previa aprobación será sancionada con la caducidad de pleno derecho de la licencia adjudicada y será nula de nulidad absoluta.”
En tono de broma decíamos por Twitter que le dábamos una idea gratis a Hadad: que dijera que se estaba adecuando al artículo 161, hacía su negocio y era felicitado por el gobierno por hacer lo que no hace Clarín. Parece que este argumento está entre los posibles según se puede leer en Página 12 y en Chequeado.com, aunque sería discutible su validez.
Y aún si de alguna manera se justificara la transferencia, el que quedaría en infracción sería Cristóbal López ya que estaría violando el artículo 45 de la ley que solo lo autorizaría a tener una AM y 2 FM en la misma zona por lo que las otras 2 FM deberían ser transferidas a otro dueño o seguir en manos de Hadad.
Como señaló Santiago Marino, docente y coordinador de la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes, a Chequeado.com: “Hasta tanto la AFSCA no permita el traspaso, la venta no es avalada por el ente regulador y los medios no podrían operar en términos legales”, De lo contrario, el Grupo Indalo tendría que ser sancionado “con la caducidad de pleno derecho de la licencia adjudicada y será nula de nulidad absoluta” (art. 41).
Otros puntos que tendrá que analizar la AFSCA es si el Grupo Indalo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos por el artículo 25, si se cumple con incumple el registro d accionistas (art. 56) y la incidencia que tiene que Cristóbal López sea contratista del Estado.
¿Y el 33%?
Uno de los puntos por los que más peleamos desde los medios populares, comunitarios, alternativos, fue porque se reservara el 33% del espectro radioeléctrico para aquellos medios que tenían un fin social y no comercial y que habían estado proscriptos por la ley anterior y lo logramos, hoy ese aspecto de la ley es referencia en toda Latinoamérica.
Sin embargo el escepticismo se extiende en este sector al ver que a la hora de la reglamentación y su implementación las cosas no son como se esperaba, a pesar que muchos de ellos estuvieron a la cabeza de la lucha por la ley, e incluso muchos apoyan las políticas del gobierno, pero ven como la mayor parte de los recursos del Estado (TDA, publicidad oficial, subsidios del INCAA, reglamentaciones) están dirigidos a los medios del Estado (que no se han mostrado muy plural es en su programación) y a los medios privados manejados por empresarios “amigos” del gobierno o beneficiados por la obra pública, mientras al sector comunitario que parte en desventaja para ocupar el 33% que le corresponde, recibe muy poco.
Por el lado de las radios todavía no hay un plan técnico y plazos para su legalización, solo se ha reglamentado el artículo 49 para radios de muy baja potencia y en zonas sin conflicto, la publicidad oficial es casi inexistente y solo han conseguido un subsidio del Ministerio de Desarrollo de unos 2.000.000 de pesos para unas 40 radios de FARCo (Foro Argentino de Radios Comunitarias) que si bien son importantes parecen muy poco frente a los $ 1.224,7 millones que el Estado invirtió en el 2010 en publicidad.
Por el lado de las televisoras el valor de los pliegos para la TV Digital resultaron prohibitivos para las organizaciones sin fines de lucro y desde el Espacio Abierto de Televisoras Alternativas, Populares y Comunitarias todavía se está trabajando junto al AFSCA para lograr pliegos accesibles para televisoras de baja potencia.
La oposición se debe integrar a la AFSCA y esta ponerse a la altura de las circunstancias
Planteado el tema en las redes sociales, en las clases de la universidad, en algunos medios y en distintos debates, queda la sensación de que esto ya está arreglado. Sin embargo creo que la difusión que se le de al tema puede convertirse en una traba para esta transferencia.
Muchos compañeros y compañeras con los que hemos luchado por tener esta ley comparten esta visión, pero no se animan a plantearlo en público por miedo a que las críticas sean usadas contra el gobierno al que apoyan o para no “hacerle el juego a la derecha”. Creo que se equivocan. Ya nos pasó con el 527. Es nuestro silencio el que le hace el juego a la derecha (que está fuera, pero también adentro del gobierno). La ley la tienen que cumplir todos: Clarín y los amigos del gobierno. Esa es la garantía de que no se termine desprestigiando.
Un gran paso para que esto suceda sería que se convoque a la “Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual” para que se elijan los dos representantes de la oposición que finalmente van a incorporarse al AFSCA. En estos dos años los mismos se habían negado a participar y la Comisión solo se reunió para elegir al representante del oficialismo. Con el cambio de la composición del Congreso el FAP quedó como la segunda minoría detrás de la UCR superando al Peronismo Federal y anunció su intención de ocupar los cargos que le corresponde, obligando a la UCR a cambiar su posición. Su candidato es Alejandro Pereyra del GEN.
Un AFSCA pluralista estaría en mejores condiciones de controlar que la 26.522 se cumpla y no haya privilegios para nadie, el trabajo de difusión, la creación de nuevos medios y la organización de los comunicadores populares es la garantía de que la ley no quede en letra muerta.
El 26 de abril, se hizo pública la venta de una serie de medios pertenecientes a Daniel Hadad que pasarán a manos del Grupo Indalo, propiedad del empresario Cristóbal López.
Esta venta, la primera de magnitud posterior a la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) generó ruido entre muchos sectores que apoyaron la sanción de dicha ley y hoy se sienten decepcionados porque en lugar de ver aparecer nuevas voces ven cómo se hacen grandes negocios y se conforman nuevos grupos financiados directa o indirectamente por el Estado que lejos están de representar una nueva forma de hacer periodismo.
En ese marco una gran cantidad de compañeros y compañeras han empezado a cuestionar a la LSCA por ver que sólo viene sirviendo para que crezcan los grupos de medios amigos del gobierno que en muchos casos más que medios periodísticos parecen herramientas de propaganda donde sólo se escuchan las cosas que el gobierno quiere que se escuchen.
Por eso, y porque creo que la LSCA es una de las mejores leyes que tenemos y fue construida con el aporte de muchos compañeros y compañeras del campo popular, es quiero hacer algunas consideraciones al respecto.
¿Por qué violan la ley?
Mucho se ha escrito sobre quienes son y que intereses representan, por lo que me voy a referir exclusivamente a lo que tiene que ver con la ley, ya que en este caso el problema sería el mismo si el comprador no fuera kirchnerista.
Vamos a partir que todo lo que sabemos públicamente es lo que informó el Grupo Indalo a través de un comunicado en el que finalizan diciendo que “En los próximos días se llevarán a cabo los actos legales, incluidos los requeridos por la Ley de Medios y los organismos de contralor que correspondan”.
En la AFSCA dicen que no hay abierto ningún expediente, por lo tanto la primer violación a la Ley de Medios es no haber pedido autorización a la autoridad de aplicación que es la única que es excepcionalmente puede autorizar una transferencia de licencias.
Digo excepcionalmente porque el artículo 41 de la ley 26522 es muy claro “Las autorizaciones y licencias de servicios de comunicación audiovisual son intransferibles”. Esto significa que si alguien, por ejemplo, quiere desprenderse de su licencia porque el medio le da pérdidas (no parece el caso de Hadad) debe devolver la licencia al Estado y este licitarla nuevamente.
El artículo 41 prevé solo la posible transferencia de acciones o cuota parte de la licencia después de transcurridos cinco años “respetando que se mantenga en los titulares de origen más del cincuenta por ciento (50%) del capital suscripto o por suscribirse y que represente más del cincuenta por ciento (50%) de la voluntad social” siempre y cuando el AFSCA lo permita. Y es contundente al decir que “La realización de transferencias sin la correspondiente y previa aprobación será sancionada con la caducidad de pleno derecho de la licencia adjudicada y será nula de nulidad absoluta.”
En tono de broma decíamos por Twitter que le dábamos una idea gratis a Hadad: que dijera que se estaba adecuando al artículo 161, hacía su negocio y era felicitado por el gobierno por hacer lo que no hace Clarín. Parece que este argumento está entre los posibles según se puede leer en Página 12 y en Chequeado.com, aunque sería discutible su validez.
Y aún si de alguna manera se justificara la transferencia, el que quedaría en infracción sería Cristóbal López ya que estaría violando el artículo 45 de la ley que solo lo autorizaría a tener una AM y 2 FM en la misma zona por lo que las otras 2 FM deberían ser transferidas a otro dueño o seguir en manos de Hadad.
Como señaló Santiago Marino, docente y coordinador de la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes, a Chequeado.com: “Hasta tanto la AFSCA no permita el traspaso, la venta no es avalada por el ente regulador y los medios no podrían operar en términos legales”, De lo contrario, el Grupo Indalo tendría que ser sancionado “con la caducidad de pleno derecho de la licencia adjudicada y será nula de nulidad absoluta” (art. 41).
Otros puntos que tendrá que analizar la AFSCA es si el Grupo Indalo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos por el artículo 25, si se cumple con incumple el registro d accionistas (art. 56) y la incidencia que tiene que Cristóbal López sea contratista del Estado.
¿Y el 33%?
Uno de los puntos por los que más peleamos desde los medios populares, comunitarios, alternativos, fue porque se reservara el 33% del espectro radioeléctrico para aquellos medios que tenían un fin social y no comercial y que habían estado proscriptos por la ley anterior y lo logramos, hoy ese aspecto de la ley es referencia en toda Latinoamérica.
Sin embargo el escepticismo se extiende en este sector al ver que a la hora de la reglamentación y su implementación las cosas no son como se esperaba, a pesar que muchos de ellos estuvieron a la cabeza de la lucha por la ley, e incluso muchos apoyan las políticas del gobierno, pero ven como la mayor parte de los recursos del Estado (TDA, publicidad oficial, subsidios del INCAA, reglamentaciones) están dirigidos a los medios del Estado (que no se han mostrado muy plural es en su programación) y a los medios privados manejados por empresarios “amigos” del gobierno o beneficiados por la obra pública, mientras al sector comunitario que parte en desventaja para ocupar el 33% que le corresponde, recibe muy poco.
Por el lado de las radios todavía no hay un plan técnico y plazos para su legalización, solo se ha reglamentado el artículo 49 para radios de muy baja potencia y en zonas sin conflicto, la publicidad oficial es casi inexistente y solo han conseguido un subsidio del Ministerio de Desarrollo de unos 2.000.000 de pesos para unas 40 radios de FARCo (Foro Argentino de Radios Comunitarias) que si bien son importantes parecen muy poco frente a los $ 1.224,7 millones que el Estado invirtió en el 2010 en publicidad.
Por el lado de las televisoras el valor de los pliegos para la TV Digital resultaron prohibitivos para las organizaciones sin fines de lucro y desde el Espacio Abierto de Televisoras Alternativas, Populares y Comunitarias todavía se está trabajando junto al AFSCA para lograr pliegos accesibles para televisoras de baja potencia.
La oposición se debe integrar a la AFSCA y esta ponerse a la altura de las circunstancias
Planteado el tema en las redes sociales, en las clases de la universidad, en algunos medios y en distintos debates, queda la sensación de que esto ya está arreglado. Sin embargo creo que la difusión que se le de al tema puede convertirse en una traba para esta transferencia.
Muchos compañeros y compañeras con los que hemos luchado por tener esta ley comparten esta visión, pero no se animan a plantearlo en público por miedo a que las críticas sean usadas contra el gobierno al que apoyan o para no “hacerle el juego a la derecha”. Creo que se equivocan. Ya nos pasó con el 527. Es nuestro silencio el que le hace el juego a la derecha (que está fuera, pero también adentro del gobierno). La ley la tienen que cumplir todos: Clarín y los amigos del gobierno. Esa es la garantía de que no se termine desprestigiando.
Un gran paso para que esto suceda sería que se convoque a la “Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual” para que se elijan los dos representantes de la oposición que finalmente van a incorporarse al AFSCA. En estos dos años los mismos se habían negado a participar y la Comisión solo se reunió para elegir al representante del oficialismo. Con el cambio de la composición del Congreso el FAP quedó como la segunda minoría detrás de la UCR superando al Peronismo Federal y anunció su intención de ocupar los cargos que le corresponde, obligando a la UCR a cambiar su posición. Su candidato es Alejandro Pereyra del GEN.
Un AFSCA pluralista estaría en mejores condiciones de controlar que la 26.522 se cumpla y no haya privilegios para nadie, el trabajo de difusión, la creación de nuevos medios y la organización de los comunicadores populares es la garantía de que la ley no quede en letra muerta.
Herman Schiller: Un periodista con rostro y alma
Por: Osvaldo Bayer
Cuando se comete una injusticia en forma solapada y con sorna en plena democracia uno siente haber entrado en una región vacía y plena de hipocresías. Lo que está ocurriendo con el periodista Herman Schiller ya entra en la región de las máximas hipocresías. Se hace sentir el poder omnímodo en una mezcla de sonriente desparpajo y del que da puntapiés sin mostrar la cara.
Un periodista de ley, Herman Schiller. Lo conocemos todos, desde hace años tenía una audición más que excelente, de periodismo abierto, franco, honesto y de un coraje a toda prueba. En Radio Ciudad. La radio de la ciudad de Buenos Aires. Se había convertido en la voz de los sin voz. Allí iban todos los sábados voceros de villas de extrema pobreza, representativos de barrios más que humildes, madres representantes de mujeres que enfrentan la vida en soledad, gente de mano abierta que se preocupa por los niños con hambre y sed de amor y de alegrías, periodistas preocupados por lograr más equilibrio en la dignidad de la ciudad. Sí, toda esa gente. Todos los que siempre han ayudado a vivir contra lo injusto y lo perverso del sistema. Los honestos representantes de los olvidados en una sociedad tumultuosa e incoherente. Herman Schiller les daba cabida a todos ellos en su audición Leña al fuego. Desde hace trece años. Y de pronto le cerraron la puerta. Macri y los suyos le pusieron llave al cerrojo y empezaron a hacerse los sordos, a mirar sonrientes para el cielo mientras la sequía mata a las flores.
Estamos en una ciudad increíble. Nuestra Capital de los argentinos. Sí. Señoras y señores, argentinos y argentinas: en marzo de este año, la Legislatura de Buenos Aires por unanimidad de sus sesenta diputados aprobó la declaración 20/2012 valorando de “interés cultural de la Ciudad” al programa radial de Schiller. Y el 12 de abril legisladores metropolitanos le hicieron notar “con suma preocupación” al director de esa radio, Baltasar Jaramillo, y a Carlos Ares, director de Proyectos Especiales del Sistema de Medios Públicos, que no habían respondido al acta de los representantes del pueblo que pedían la continuidad “del programa de mayor audiencia de la radio”. Hasta ahora no hubo respuesta y parece que Macri tampoco se enteró de nada. O se hizo. El silencio contra los profundos argumentos. ¿Eso es democracia? Un político inteligente dejaría el programa y lo escucharía para conocer los argumentos de los que él considera sus enemigos. Que no lo son, sino ciudadanos con los mismos derechos que tienen los dueños de los countries esos que ni siquiera escuchan ningún programa de la radio de la Ciudad. Siempre, para un gobernante es mejor escuchar las voces de críticos serios que las alabanzas de los aduladores. Mauricio Macri no le renovó el contrato a Schiller. Así de simple. Idioma argentino. Si al rey no le gusta, jodete. Jódase el oyente porteño y pase a escuchar al Chiche Gelblung en radio Mitre. Ahí te dicen boludo, pelotudo, calentona y no te vienen a hablar de que los niños de villa Curzito no tienen leche.
Herman Schiller. El ejemplo para todos nosotros periodistas. Durante la dictadura sacó a la calle Nueva Presencia, el periódico de la denuncia contra el crimen oficial. Allí apareció la palabra “de-saparecido” en todas las ediciones mientras los grandes diarios nos daban noticias de Miami o de la Costa Azul. Nueva Presencia fue la voz de los desaparecidos y de los desesperados familiares que golpeaban puertas de comisarías y cuarteles para saber dónde estaban sus queridos hijos. Qué páginas de puro coraje. Schiller preguntándole a los desaparecedores dónde estaban las víctimas en los años terribles. Fue uno de los primeros hombres que estuvo con las primeras Madres en esa Plaza de Mayo, lugar de nuestra Libertad, que se había convertido en el espejo negro del dolor y del crimen más abominable de la historia de esta tierra. Y después de Nueva Presencia, ya en democracia, Schiller fue uno de las primeras plumas del periódico Madres de Plaza de Mayo, al que prestó toda su fuerza y claridad. Toda una línea hasta desembocar con la palabra hablada, todos los sábados. La radio de la Ciudad llegaba en la hora de Schiller a todos los rincones: los sin luz ni pan podían expresarse, los desocupados podían hacerse oír, los delegados de fábrica a los que sus gordos dirigentes no escuchaban tenían con Schiller micrófono para expresarse con la amplitud que señalan las palabras Libertad, Libertad, Libertad de nuestro Himno.
Además, todo dicho con voz sabia, ni desesperada ni agitatoria. La tranquilidad y limpieza de la Verdad. Y de pronto Schiller encontró sólo el silencio ante su micrófono. No, el todopoderoso empresario Macri había apagado la luz. ¿Pero cómo, la radio no está para que la voz del pueblo de Buenos Aires se haga oír? ¿Acaso la democracia no se ha hecho para todos? Y justo el que elige el pueblo tiene que preocuparse de eso: que esa voz de todos se escuche y pueda llegar a sus representantes, porque según la Constitución nacional somos todos iguales y no nacidos para que unos vayan al “country” y los otros a un rancho sin agua. ¿No vivimos en las tierras de los hombres de aquel Mayo glorioso?
Mil voces se han levantado para acompañar a Schiller. ¿Pero qué responden Macri y todos sus representantes? Nada, el silencio. No comprenden que para ellos lo mejor es que hay que darle voz al pueblo para conocer sus problemas. Los de arriba, que nunca aparecen por los barrios pobres, podían conocer a través de Leña al fuego esos problemas que siempre han ignorado, repetimos. Los representantes inteligentes de los partidos conservadores europeos permiten esos modos de expresión de los humildes para estar informados y conocer dónde pueden estar los problemas fundamentales de una ciudadanía. Escuchan –algunos ponen el tono radial demasiado bajo, claro– que hay problemas y qué problemas, entonces por lo menos van y ponen una placa en una escuela o abren un comedor para niños hambrientos. Pero aquí, ni eso, le tapan la boca a los que sufren. Así, en Buenos Aires no hay problema ninguno, ni niños sin techo, ni gente sin trabajo y que por lo menos los domingos son manteros y venden lo que trabajan las manos de sus mujeres. Esperamos que la democracia actúe para volver a escuchar a Schiller, el hombre de la claridad.
De lo negativo pasemos a lo positivo, a lo verdaderamente democrático. Como ya se sabe, el Concejo Deliberante del partido y la ciudad de General Pinto, en la provincia de Buenos Aires, votó quitar el nombre del genocida Julio Argentino Roca de todas las localidades de ese partido. Fue por el voto de nueve representantes del Frente para la Victoria y tres en contra del macrismo y el radicalismo. El nuevo nombre aprobado, que llevará ahora esa calle, es Pueblos Originarios. La resolución fue plenamente democrática. Los concejales tuvieron en sus manos el libro del historiador Marcelo Valko, Pedagogía de la desmemoria, donde están todos los documentos del extremo racismo de Roca y el número de hombres de los pueblos originarios muertos por los remington del general genocida y el número de esclavos llevados por el ejército argentino (“indios”, “chinas” y “chinitos”, textualmente cómo los blancos llamaban con un racismo increíble a los pueblos originarios) a la ciudad de Buenos Aires para entregarlos como peones, sirvientas y mandaderos, respectivamente, a las familias porteñas que lo requirieran.
El intendente Alexis Guerrera y los funcionarios de Cultura Julio Galván y Carina Cariqueo tomaron con toda responsabilidad el estudio del proyecto y lo apoyaron. Y se aprobó. Lo lamentable es que ni el macrismo ni el radicalismo tuvieron en cuenta el respeto a la vida y existencia de los pueblos originarios que habitaron y habitan nuestro territorio desde hace siglos. Y que el texto de los documentos firmados por Roca tienen el mismo desprecio racial por ellos que los firmados por Hitler. Esto es ineludible y demostrable a carta cabal. Pero claro, los macristas representan a la gente “de bien” que pasaron a poseer la tierra quitada a los habitantes originarios y los radicales quieren encubrir los propios crímenes cometidos por Yrigoyen en la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde y con los hacheros de La Forestal. Pero todo no es gratuito. La verdad histórica triunfa finalmente, así como la Etica triunfará finalmente en el caso de Herman Schiller. No tenemos duda.
Fuente: Diario PáginaI12
Cuando se comete una injusticia en forma solapada y con sorna en plena democracia uno siente haber entrado en una región vacía y plena de hipocresías. Lo que está ocurriendo con el periodista Herman Schiller ya entra en la región de las máximas hipocresías. Se hace sentir el poder omnímodo en una mezcla de sonriente desparpajo y del que da puntapiés sin mostrar la cara.
Un periodista de ley, Herman Schiller. Lo conocemos todos, desde hace años tenía una audición más que excelente, de periodismo abierto, franco, honesto y de un coraje a toda prueba. En Radio Ciudad. La radio de la ciudad de Buenos Aires. Se había convertido en la voz de los sin voz. Allí iban todos los sábados voceros de villas de extrema pobreza, representativos de barrios más que humildes, madres representantes de mujeres que enfrentan la vida en soledad, gente de mano abierta que se preocupa por los niños con hambre y sed de amor y de alegrías, periodistas preocupados por lograr más equilibrio en la dignidad de la ciudad. Sí, toda esa gente. Todos los que siempre han ayudado a vivir contra lo injusto y lo perverso del sistema. Los honestos representantes de los olvidados en una sociedad tumultuosa e incoherente. Herman Schiller les daba cabida a todos ellos en su audición Leña al fuego. Desde hace trece años. Y de pronto le cerraron la puerta. Macri y los suyos le pusieron llave al cerrojo y empezaron a hacerse los sordos, a mirar sonrientes para el cielo mientras la sequía mata a las flores.Estamos en una ciudad increíble. Nuestra Capital de los argentinos. Sí. Señoras y señores, argentinos y argentinas: en marzo de este año, la Legislatura de Buenos Aires por unanimidad de sus sesenta diputados aprobó la declaración 20/2012 valorando de “interés cultural de la Ciudad” al programa radial de Schiller. Y el 12 de abril legisladores metropolitanos le hicieron notar “con suma preocupación” al director de esa radio, Baltasar Jaramillo, y a Carlos Ares, director de Proyectos Especiales del Sistema de Medios Públicos, que no habían respondido al acta de los representantes del pueblo que pedían la continuidad “del programa de mayor audiencia de la radio”. Hasta ahora no hubo respuesta y parece que Macri tampoco se enteró de nada. O se hizo. El silencio contra los profundos argumentos. ¿Eso es democracia? Un político inteligente dejaría el programa y lo escucharía para conocer los argumentos de los que él considera sus enemigos. Que no lo son, sino ciudadanos con los mismos derechos que tienen los dueños de los countries esos que ni siquiera escuchan ningún programa de la radio de la Ciudad. Siempre, para un gobernante es mejor escuchar las voces de críticos serios que las alabanzas de los aduladores. Mauricio Macri no le renovó el contrato a Schiller. Así de simple. Idioma argentino. Si al rey no le gusta, jodete. Jódase el oyente porteño y pase a escuchar al Chiche Gelblung en radio Mitre. Ahí te dicen boludo, pelotudo, calentona y no te vienen a hablar de que los niños de villa Curzito no tienen leche.
Herman Schiller. El ejemplo para todos nosotros periodistas. Durante la dictadura sacó a la calle Nueva Presencia, el periódico de la denuncia contra el crimen oficial. Allí apareció la palabra “de-saparecido” en todas las ediciones mientras los grandes diarios nos daban noticias de Miami o de la Costa Azul. Nueva Presencia fue la voz de los desaparecidos y de los desesperados familiares que golpeaban puertas de comisarías y cuarteles para saber dónde estaban sus queridos hijos. Qué páginas de puro coraje. Schiller preguntándole a los desaparecedores dónde estaban las víctimas en los años terribles. Fue uno de los primeros hombres que estuvo con las primeras Madres en esa Plaza de Mayo, lugar de nuestra Libertad, que se había convertido en el espejo negro del dolor y del crimen más abominable de la historia de esta tierra. Y después de Nueva Presencia, ya en democracia, Schiller fue uno de las primeras plumas del periódico Madres de Plaza de Mayo, al que prestó toda su fuerza y claridad. Toda una línea hasta desembocar con la palabra hablada, todos los sábados. La radio de la Ciudad llegaba en la hora de Schiller a todos los rincones: los sin luz ni pan podían expresarse, los desocupados podían hacerse oír, los delegados de fábrica a los que sus gordos dirigentes no escuchaban tenían con Schiller micrófono para expresarse con la amplitud que señalan las palabras Libertad, Libertad, Libertad de nuestro Himno.
Además, todo dicho con voz sabia, ni desesperada ni agitatoria. La tranquilidad y limpieza de la Verdad. Y de pronto Schiller encontró sólo el silencio ante su micrófono. No, el todopoderoso empresario Macri había apagado la luz. ¿Pero cómo, la radio no está para que la voz del pueblo de Buenos Aires se haga oír? ¿Acaso la democracia no se ha hecho para todos? Y justo el que elige el pueblo tiene que preocuparse de eso: que esa voz de todos se escuche y pueda llegar a sus representantes, porque según la Constitución nacional somos todos iguales y no nacidos para que unos vayan al “country” y los otros a un rancho sin agua. ¿No vivimos en las tierras de los hombres de aquel Mayo glorioso?
Mil voces se han levantado para acompañar a Schiller. ¿Pero qué responden Macri y todos sus representantes? Nada, el silencio. No comprenden que para ellos lo mejor es que hay que darle voz al pueblo para conocer sus problemas. Los de arriba, que nunca aparecen por los barrios pobres, podían conocer a través de Leña al fuego esos problemas que siempre han ignorado, repetimos. Los representantes inteligentes de los partidos conservadores europeos permiten esos modos de expresión de los humildes para estar informados y conocer dónde pueden estar los problemas fundamentales de una ciudadanía. Escuchan –algunos ponen el tono radial demasiado bajo, claro– que hay problemas y qué problemas, entonces por lo menos van y ponen una placa en una escuela o abren un comedor para niños hambrientos. Pero aquí, ni eso, le tapan la boca a los que sufren. Así, en Buenos Aires no hay problema ninguno, ni niños sin techo, ni gente sin trabajo y que por lo menos los domingos son manteros y venden lo que trabajan las manos de sus mujeres. Esperamos que la democracia actúe para volver a escuchar a Schiller, el hombre de la claridad.
De lo negativo pasemos a lo positivo, a lo verdaderamente democrático. Como ya se sabe, el Concejo Deliberante del partido y la ciudad de General Pinto, en la provincia de Buenos Aires, votó quitar el nombre del genocida Julio Argentino Roca de todas las localidades de ese partido. Fue por el voto de nueve representantes del Frente para la Victoria y tres en contra del macrismo y el radicalismo. El nuevo nombre aprobado, que llevará ahora esa calle, es Pueblos Originarios. La resolución fue plenamente democrática. Los concejales tuvieron en sus manos el libro del historiador Marcelo Valko, Pedagogía de la desmemoria, donde están todos los documentos del extremo racismo de Roca y el número de hombres de los pueblos originarios muertos por los remington del general genocida y el número de esclavos llevados por el ejército argentino (“indios”, “chinas” y “chinitos”, textualmente cómo los blancos llamaban con un racismo increíble a los pueblos originarios) a la ciudad de Buenos Aires para entregarlos como peones, sirvientas y mandaderos, respectivamente, a las familias porteñas que lo requirieran.
El intendente Alexis Guerrera y los funcionarios de Cultura Julio Galván y Carina Cariqueo tomaron con toda responsabilidad el estudio del proyecto y lo apoyaron. Y se aprobó. Lo lamentable es que ni el macrismo ni el radicalismo tuvieron en cuenta el respeto a la vida y existencia de los pueblos originarios que habitaron y habitan nuestro territorio desde hace siglos. Y que el texto de los documentos firmados por Roca tienen el mismo desprecio racial por ellos que los firmados por Hitler. Esto es ineludible y demostrable a carta cabal. Pero claro, los macristas representan a la gente “de bien” que pasaron a poseer la tierra quitada a los habitantes originarios y los radicales quieren encubrir los propios crímenes cometidos por Yrigoyen en la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde y con los hacheros de La Forestal. Pero todo no es gratuito. La verdad histórica triunfa finalmente, así como la Etica triunfará finalmente en el caso de Herman Schiller. No tenemos duda.
Fuente: Diario PáginaI12
sábado, 28 de abril de 2012
La Corte Suprema dejó firme un fallo a favor de la libertad de expresión
Una publicación del diario Olé de 1999 involucraba a Santiago "El Gitano" Lancry en una pelea a balazos entre los miembros de la barrabrava de Boca. Aunque el hincha intentó desvincularse, se declaró "inadmisible" su apelación
La Corte Suprema ratificó un fallo a favor de la libertad de prensa, por una publicación del diario deportivo Olé, ante una demanda que le había entablado un "ferviente simpatizante" de Boca Juniors, caracterizado como presunto barra brava.
Así lo revelaron fuentes judiciales, quienes precisaron que el máximo tribunal, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda, dejó firme un fallo de la Sala D de la Cámara Civil de mediados de 2011.
La resolución de Cámara, ahora convalidada por los jueces de la Corte, había señalado que "ninguna duda cabe de la íntima conexión" entre el socio de Boca, Santiago "el Gitano" Lancry, quien se declaró agraviado por la publicación y la barra brava de la institución.
Lancry había demandado civilmente a Olé por un artículo publicado el domingo 30 de enero de 2000, con el título "La interna de la barra de Boca, la vendetta fue a los balazos".
La nota "daba cuenta de un enfrentamiento ocurrido en la ciudad de Mar del Plata el día 29 de enero de 1999, (en la que) se detallaba una supuesta interna entre los miembros de dicho grupo".
Lancry sostuvo que "fue sindicado falazmente como uno de los líderes de la hinchada y de haber participado en el ataque a seguidores del club Chacarita en marzo de 1999, lo que determinó una prohibición judicial de entrar a la institución de su simpatía durante la mayor parte de ese año".
Lancry aseguró que es "un ferviente simpatizante" y no un líder de la barra brava de Boca. Pero la Justicia no le creyó. "Ninguna duda cabe de la íntima conexión que existe entre Lancry y el grupo que se conoce como barra brava de Boca, de cuyo club es socio. Abundar en mayores consideraciones resulta, obviamente innecesario", habían dicho los camaristas Diego Sánchez y Patricia Barbieri.
En contrario, Ana Brilla de Serrat se había inclinado por darle la razón a Lancry.
Sus colegas consideraron que no se había afectado al barra brava: "no se consideran acreditados de modo alguno los prescindibles presupuestos de la responsabilidad civil".
"Si bien la noticia en virtud de la cual se promueve esta demanda pudo no ser totalmente acertada, en el contexto en que se fueron sucediendo los acontecimientos y haciendo una valoración particularizada de este caso, tomando en cuenta las circunstancias concretas en que la noticia fue divulgada, que se trataba de una noticia de interés general", indicaron.
Los jueces recordaron que Lancry "fue detenido luego en función de su investigación, tomándosele declaración como imputado, no procesado, de haber participado en esos hechos violentos, admitiendo el nombrado el haber estado en el estadio en aquél momento, aunque sin participar de los mismos".
Ahora, la Corte Suprema, al declarar "inadmisible" la última Apelación del abogado de Lancry, Pablo Leonardo Brugnone, dejó firme la sentencia.
Fuente: Diario La Prensa
La Corte Suprema ratificó un fallo a favor de la libertad de prensa, por una publicación del diario deportivo Olé, ante una demanda que le había entablado un "ferviente simpatizante" de Boca Juniors, caracterizado como presunto barra brava.
Así lo revelaron fuentes judiciales, quienes precisaron que el máximo tribunal, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda, dejó firme un fallo de la Sala D de la Cámara Civil de mediados de 2011.
La resolución de Cámara, ahora convalidada por los jueces de la Corte, había señalado que "ninguna duda cabe de la íntima conexión" entre el socio de Boca, Santiago "el Gitano" Lancry, quien se declaró agraviado por la publicación y la barra brava de la institución.
Lancry había demandado civilmente a Olé por un artículo publicado el domingo 30 de enero de 2000, con el título "La interna de la barra de Boca, la vendetta fue a los balazos".
La nota "daba cuenta de un enfrentamiento ocurrido en la ciudad de Mar del Plata el día 29 de enero de 1999, (en la que) se detallaba una supuesta interna entre los miembros de dicho grupo".
Lancry sostuvo que "fue sindicado falazmente como uno de los líderes de la hinchada y de haber participado en el ataque a seguidores del club Chacarita en marzo de 1999, lo que determinó una prohibición judicial de entrar a la institución de su simpatía durante la mayor parte de ese año".
Lancry aseguró que es "un ferviente simpatizante" y no un líder de la barra brava de Boca. Pero la Justicia no le creyó. "Ninguna duda cabe de la íntima conexión que existe entre Lancry y el grupo que se conoce como barra brava de Boca, de cuyo club es socio. Abundar en mayores consideraciones resulta, obviamente innecesario", habían dicho los camaristas Diego Sánchez y Patricia Barbieri.
En contrario, Ana Brilla de Serrat se había inclinado por darle la razón a Lancry.
Sus colegas consideraron que no se había afectado al barra brava: "no se consideran acreditados de modo alguno los prescindibles presupuestos de la responsabilidad civil".
"Si bien la noticia en virtud de la cual se promueve esta demanda pudo no ser totalmente acertada, en el contexto en que se fueron sucediendo los acontecimientos y haciendo una valoración particularizada de este caso, tomando en cuenta las circunstancias concretas en que la noticia fue divulgada, que se trataba de una noticia de interés general", indicaron.
Los jueces recordaron que Lancry "fue detenido luego en función de su investigación, tomándosele declaración como imputado, no procesado, de haber participado en esos hechos violentos, admitiendo el nombrado el haber estado en el estadio en aquél momento, aunque sin participar de los mismos".
Ahora, la Corte Suprema, al declarar "inadmisible" la última Apelación del abogado de Lancry, Pablo Leonardo Brugnone, dejó firme la sentencia.
Fuente: Diario La Prensa
Cristóbal López pagará US$ 49 millones sólo por el 55% del Grupo Hadad
Toma el control de la segunda señal de noticias por US$ 24,5 millones. Esperará la aprobación del Gobierno para pagar las radios. Los puntos oscuros de la operación
Por: Rodolfo Barros, Nicolas Gandini
Cristóbal López pagará US$ 49 millones por el 55% y el control de C5N, Radio 10 y cuatro FMs que lideran el dial. Pero su desembarco será en etapas. En los próximos días pagará US$ 24,5 millones para quedarse con 55% de las acciones de la única señal de noticias en condiciones de competir con TN, de Clarín. Para las radios esperará a la autorización del gobierno de la transferencia y recién así presentará un plan de pagos cuyo precio podría ser menor al previsto. La compra de sólo 55% de las acciones de C5N, dato que se repetirá en las radios en venta, confirma una versión que se da por cierta en el mercado desde hace dos años: Daniel Hadad no es el único dueño del canal noticioso que es segundo en audiencia y de la radio más escuchada del país. Los ex socios de Hadad pasarán a serlo del hombre que domina el mercado del juego en la Argentina. Estas revelaciones fueron confirmadas a Perfil por fuentes del Grupo Indalo que conduce López y hombres de negocios que participaron de reuniones en que Néstor Kirchner le encomendó a empresarios amigos a principios de 2010 “una ayuda para Hadad”.
Frenos judiciales le impedían al ex presidente aplicar la Ley de Medios para lo que la creó: desmembrar a Clarín y le pidió a empresarios cercanos aportes para evitar que las pérdidas operativas de C5N limitaran su performance como propalador de noticias oficiales. Entre los que ingresaron como socios de Hadad se nombran a Gerardo Werthein, que controló la “argentinización de Telecom” y en esos días peleaba con sus socios italianos un valor astronómico por sus acciones. Kirchner aplicó la Ley de Defensa de Competencia y ordenó a Telecom Italia irse del país. En la programación de C5N se emitían informes en los que se aseguraba que la firma europea usaba el espionaje y defraudaba en cada negocio que hacía. Werthein y familia se mostraban interpelados en Radio 10 como los guerreros contra el monopolio Telecom-Telefónica.
Otros de los que se habrían asociado a Hadad fueron Jorge Brito y el mismo Cristóbal López, aunque fuentes de su grupo lo niegan. En el mercado se afirma que C5N pierde plata y que créditos del Banco Macro, de Brito, sostienen su brecha financiera. Brito no respondió a las consultas de este medio, al igual que Werthein. Mario Montoto es otro de los posibles nuevos socios de López.
Otros empresarios reconocieron haber cumplido con el pedido de Kirchner aunque lo hicieron con pautas publicitarias. En ese grupo se nombran a Eduardo Eurnekian y Ernesto Gutiérrez, por Corporación América, la familia Eskenazi, entonces “argentinizadores de YPF”.
Pero estos datos no pudierion lograr mayor chequeo. Hadad, López y otros nombrados no respondieron las preguntas de este medio.
Los medios de Hadad incumplen con la publicación en sus páginas web de la “carpeta pública” que la Ley de Medios exige: es donde debe figurar quién es dueño de cada medio. Perfil solicitó a la encargada de prensa de Hadad, a su agencia de prensa y a su secretaria que informe esos datos, y no tuvo respuesta.
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) debería observar ese incumplimiento y otros que se detallan en nota aparte.
Cristóbal López entra al negocio de los medios por la puerta grande: es el primero de los empresarios que formaron la red de medios paraoficiales que logra comprar audiencia. Un bien que sube el precio de los medios y atrae al Kirchnerismo. Tanto que le facilitó en los principales cables, incluido Cablevisión, de Clarín, un espacio que le negaba a Crónica o Canal 26, de Pierri. Es por ello que López pagará por un poco más de la mitad de C5N un precio US$ 14,5 millones más alto que el que asegura su vendedor invirtió en 2007 para lanzarlo.
La venta de C5N podría cumplir con la Ley de Medios ya que se trata de una señal que se emite a través de terceros que tienen licencia para hacerlo, y no tiene las exigencias que sí deben cumplir los propietarios de canales de TV o radios.
Sus estrategas afirman que están dispuestos a vender dos de las radios que comprarían para no incumplir con el máximo de tres en la Ciudad de Buenos Aires.
Los artículos 24 y 25 prohíben ser dueños de medios a los que tengan 10% o más de acciones de prestadoras por licencia, concesión o permiso de un servicio público. Cristóbal López acaba de comprar 20% de las operadoras de las rutas 2 y 11. Sus abogados dirán que una concesión de ruta no es servicio público.
Quedará pendiente la transferencia de licencias prohibida, a menos que se compre menos del 50 por ciento.
González Oro y Longobardi lloraron por la nueva etapa
Los conductores de la primera y segunda mañana de Radio 10, Marcelo Longobardi y Oscar González Oro, lloraron durante “el pase” del viernes cuando le contaron a los oyentes que la emisora había sido vendida.
Longobardi dijo en su comentario editorial: “Quiero despedirme, no de la radio, pero sí de esta etapa de la radio que ha sido una etapa maravillosa para todos y que se terminó. Empezará otra, cuyas consecuencias desconocemos”.
González Oro, por su lado, reconoció: “Estamos acostumbrados a trabajar en un medio desde hace escasos 14 años donde podías tocar el timbre, donde podías llamar por teléfono a las 3 de la mañana, pedir plata prestada”. El conductor de El oro y el moro explicó al aire cómo se enteró de la noticia de la venta: “En este medio no hay secretos, pero una cosa es suponer y otra que te llame Daniel Hadad, mi amigo, y desde la emoción te diga ‘Negrito, tuve que vender, tuve que aceptar la oferta’”.
Quebrado, el conductor destacó “esta pelea de 14 años en un país que no es fácil hacer periodismo”.
Cómo ganar fortunas con radios flojas de papeles
Especialistas en fusiones y adquisiciones aseguran que, de ser cierto que Daniel Hadad embolsará US$ 40 millones por la venta de sus medios, habrá que premiarlo como empresario del año: ganará dinero vendiendo un grupo de medios que incumple las dos últimas leyes que regulan la actividad, cosa que espanta a cualquier comprador que no cuente con los acuerdos gubernamentales que lo protejan del cumplimiento de las reglas.
Con la confirmación de la venta de Radio 10 y cuatro FM, Hadad, reconoció que no cumplía con la Ley de Medios, que le permite sólo tres emisoras en la Ciudad de Buenos Aires, y también con la “vieja ley de la dictadura” que le daba derecho a no más de dos.
En diciembre pasado venció el plazo para que los multimedios que no cumplían con los máximos de la Ley de Medios presentaran voluntariamente un plan de desinversión. La medida excluye a Clarín, el grupo Vila-Manzano y otros tres multimedios con escudos cautelares. No es el caso de Hadad, que en lugar de desinvertir, ganará dinero gracias a que la Autoridad Federal de Servicios de Comuniación Audiovisual (AFSCA) no inició el proceso para obligarlo a desprenderse de algunos de sus medios.
Hay otras dos singularidades que los especialistas en compra y venta de empresas distinguen en este caso:
- En operaciones de esta magnitud, los vendedores encargan a bancos o brokers la búsqueda de compradores. Hadad no lo hizo.
- Hadad firmó una cláusula para no competir con los compradores, que le impide hacer el mismo negocio. “Nunca vi un non competition agreement de menos de cinco años”, explicó Andrés Willa, con 22 años de experiencia en el negocio de fusiones y adquisiones. “El de Hadad es inusualmente corto y sugerente: en diciembre de 2015, con un nuevo período de gobierno, podrá volver al negocio”.
Siempre oficialista y pragmático
Por: Martín Becerra
Daniel Hadad es el empresario periodístico más pragmático y movedizo de la Argentina. Y uno de los más audaces: ha edificado, vendido y comprado medios con grandes audiencias y con una factura técnica superior al promedio de sus competidores.
Hadad es quien mejor provecho empresarial sacó del conflicto entre Clarín y el Gobierno a partir de 2008. Sus emisoras son oficialistas de casi todos los gobiernos. Reciben publicidad oficial de Cristina Fernández, Daniel Scioli y Mauricio Macri simultáneamente, pero gracias a su impacto en el público, también facturan a los grandes anunciantes privados. Su línea editorial es neoconservadora en política exterior, y concesiva en política nacional, donde hace gala de un pragmatismo que remite al Clarín de otras décadas. Su eclecticismo ideológico en cabotaje tiene, sin embargo, un límite: los temas de “inseguridad”. La reivindicación de la “mano dura” fue y es uno de los sellos distintivos de los medios troquelados por Hadad.
Si el olfato felino que exhibió en el pasado no falla, la anunciada transferencia de cinco licencias radiales y la señal C5N a Cristóbal López superará los serios obstáculos legales para que se concrete la operación.
Estos obstáculos ponen a prueba uno de los símbolos de la gestión de Cristina Fernández: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por un lado, porque la Ley impide que un mismo operador explote más de tres radios en Buenos Aires (una AM y dos FM) y, por otro lado, que las transferencias son excepcionales y en ningún caso quien transfiere puede ceder más del 50% de las acciones.
Si pese a ello la venta fuera aprobada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), se revelaría una astuta jugada a varias bandas de Daniel Hadad. Con la operación, Hadad evitará adecuarse al límite de concentración que hoy supera con sus cuatro FM (Pop, Vale, Mega y TKM) y su AM (Radio 10). Y se capitalizará. Es decir que, en lugar de desinvertir, Hadad vende licencias que enfrentan vallas legales y que, además, caducarán en pocos años.
Además, este movimiento le permitirá tomar oxígeno de una relación que es cada vez menos afable con el gobierno nacional, justamente en el período en que el oficialismo deberá dirimir, en una interna que asoma peliaguda, quién gobernará en 2015. El acuerdo firmado entre Hadad y López establece que recién cuando asuma el sucesor de Cristina Fernández, Hadad podrá volver a operar emisoras de radio y televisión. No sería la primera vez que Hadad negocia por sus medios un alto precio de venta en una coyuntura conflictiva para reaparecer más tarde comprando barato por el cambio de clima.
Mientras tanto, Hadad explorará su proyección latinoamericana en los negocios periodísticos digitales, a través del portal Infobae, en una apuesta que confirma que, más allá de los reparos profesionales, políticos y morales que susciten sus prácticas, se trata de un empresario que desafía la aversión al riesgo del paisaje mediático nacional.
*Doctor en Ciencias de la Comunicación. Coautor de Wiki Media Leaks y Periodistas y magnates, entre otros libros
Fuente: Diario Perfil
Por: Rodolfo Barros, Nicolas Gandini
Cristóbal López pagará US$ 49 millones por el 55% y el control de C5N, Radio 10 y cuatro FMs que lideran el dial. Pero su desembarco será en etapas. En los próximos días pagará US$ 24,5 millones para quedarse con 55% de las acciones de la única señal de noticias en condiciones de competir con TN, de Clarín. Para las radios esperará a la autorización del gobierno de la transferencia y recién así presentará un plan de pagos cuyo precio podría ser menor al previsto. La compra de sólo 55% de las acciones de C5N, dato que se repetirá en las radios en venta, confirma una versión que se da por cierta en el mercado desde hace dos años: Daniel Hadad no es el único dueño del canal noticioso que es segundo en audiencia y de la radio más escuchada del país. Los ex socios de Hadad pasarán a serlo del hombre que domina el mercado del juego en la Argentina. Estas revelaciones fueron confirmadas a Perfil por fuentes del Grupo Indalo que conduce López y hombres de negocios que participaron de reuniones en que Néstor Kirchner le encomendó a empresarios amigos a principios de 2010 “una ayuda para Hadad”.
Frenos judiciales le impedían al ex presidente aplicar la Ley de Medios para lo que la creó: desmembrar a Clarín y le pidió a empresarios cercanos aportes para evitar que las pérdidas operativas de C5N limitaran su performance como propalador de noticias oficiales. Entre los que ingresaron como socios de Hadad se nombran a Gerardo Werthein, que controló la “argentinización de Telecom” y en esos días peleaba con sus socios italianos un valor astronómico por sus acciones. Kirchner aplicó la Ley de Defensa de Competencia y ordenó a Telecom Italia irse del país. En la programación de C5N se emitían informes en los que se aseguraba que la firma europea usaba el espionaje y defraudaba en cada negocio que hacía. Werthein y familia se mostraban interpelados en Radio 10 como los guerreros contra el monopolio Telecom-Telefónica.Otros de los que se habrían asociado a Hadad fueron Jorge Brito y el mismo Cristóbal López, aunque fuentes de su grupo lo niegan. En el mercado se afirma que C5N pierde plata y que créditos del Banco Macro, de Brito, sostienen su brecha financiera. Brito no respondió a las consultas de este medio, al igual que Werthein. Mario Montoto es otro de los posibles nuevos socios de López.
Otros empresarios reconocieron haber cumplido con el pedido de Kirchner aunque lo hicieron con pautas publicitarias. En ese grupo se nombran a Eduardo Eurnekian y Ernesto Gutiérrez, por Corporación América, la familia Eskenazi, entonces “argentinizadores de YPF”.
Pero estos datos no pudierion lograr mayor chequeo. Hadad, López y otros nombrados no respondieron las preguntas de este medio.
Los medios de Hadad incumplen con la publicación en sus páginas web de la “carpeta pública” que la Ley de Medios exige: es donde debe figurar quién es dueño de cada medio. Perfil solicitó a la encargada de prensa de Hadad, a su agencia de prensa y a su secretaria que informe esos datos, y no tuvo respuesta.
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) debería observar ese incumplimiento y otros que se detallan en nota aparte.
Cristóbal López entra al negocio de los medios por la puerta grande: es el primero de los empresarios que formaron la red de medios paraoficiales que logra comprar audiencia. Un bien que sube el precio de los medios y atrae al Kirchnerismo. Tanto que le facilitó en los principales cables, incluido Cablevisión, de Clarín, un espacio que le negaba a Crónica o Canal 26, de Pierri. Es por ello que López pagará por un poco más de la mitad de C5N un precio US$ 14,5 millones más alto que el que asegura su vendedor invirtió en 2007 para lanzarlo.
La venta de C5N podría cumplir con la Ley de Medios ya que se trata de una señal que se emite a través de terceros que tienen licencia para hacerlo, y no tiene las exigencias que sí deben cumplir los propietarios de canales de TV o radios.
Sus estrategas afirman que están dispuestos a vender dos de las radios que comprarían para no incumplir con el máximo de tres en la Ciudad de Buenos Aires.
Los artículos 24 y 25 prohíben ser dueños de medios a los que tengan 10% o más de acciones de prestadoras por licencia, concesión o permiso de un servicio público. Cristóbal López acaba de comprar 20% de las operadoras de las rutas 2 y 11. Sus abogados dirán que una concesión de ruta no es servicio público.
Quedará pendiente la transferencia de licencias prohibida, a menos que se compre menos del 50 por ciento.
González Oro y Longobardi lloraron por la nueva etapa
Los conductores de la primera y segunda mañana de Radio 10, Marcelo Longobardi y Oscar González Oro, lloraron durante “el pase” del viernes cuando le contaron a los oyentes que la emisora había sido vendida.
Longobardi dijo en su comentario editorial: “Quiero despedirme, no de la radio, pero sí de esta etapa de la radio que ha sido una etapa maravillosa para todos y que se terminó. Empezará otra, cuyas consecuencias desconocemos”.
González Oro, por su lado, reconoció: “Estamos acostumbrados a trabajar en un medio desde hace escasos 14 años donde podías tocar el timbre, donde podías llamar por teléfono a las 3 de la mañana, pedir plata prestada”. El conductor de El oro y el moro explicó al aire cómo se enteró de la noticia de la venta: “En este medio no hay secretos, pero una cosa es suponer y otra que te llame Daniel Hadad, mi amigo, y desde la emoción te diga ‘Negrito, tuve que vender, tuve que aceptar la oferta’”.Quebrado, el conductor destacó “esta pelea de 14 años en un país que no es fácil hacer periodismo”.
Cómo ganar fortunas con radios flojas de papeles
Especialistas en fusiones y adquisiciones aseguran que, de ser cierto que Daniel Hadad embolsará US$ 40 millones por la venta de sus medios, habrá que premiarlo como empresario del año: ganará dinero vendiendo un grupo de medios que incumple las dos últimas leyes que regulan la actividad, cosa que espanta a cualquier comprador que no cuente con los acuerdos gubernamentales que lo protejan del cumplimiento de las reglas.
Con la confirmación de la venta de Radio 10 y cuatro FM, Hadad, reconoció que no cumplía con la Ley de Medios, que le permite sólo tres emisoras en la Ciudad de Buenos Aires, y también con la “vieja ley de la dictadura” que le daba derecho a no más de dos.
En diciembre pasado venció el plazo para que los multimedios que no cumplían con los máximos de la Ley de Medios presentaran voluntariamente un plan de desinversión. La medida excluye a Clarín, el grupo Vila-Manzano y otros tres multimedios con escudos cautelares. No es el caso de Hadad, que en lugar de desinvertir, ganará dinero gracias a que la Autoridad Federal de Servicios de Comuniación Audiovisual (AFSCA) no inició el proceso para obligarlo a desprenderse de algunos de sus medios.
Hay otras dos singularidades que los especialistas en compra y venta de empresas distinguen en este caso:
- En operaciones de esta magnitud, los vendedores encargan a bancos o brokers la búsqueda de compradores. Hadad no lo hizo.
- Hadad firmó una cláusula para no competir con los compradores, que le impide hacer el mismo negocio. “Nunca vi un non competition agreement de menos de cinco años”, explicó Andrés Willa, con 22 años de experiencia en el negocio de fusiones y adquisiones. “El de Hadad es inusualmente corto y sugerente: en diciembre de 2015, con un nuevo período de gobierno, podrá volver al negocio”.
Siempre oficialista y pragmático
Por: Martín Becerra
Daniel Hadad es el empresario periodístico más pragmático y movedizo de la Argentina. Y uno de los más audaces: ha edificado, vendido y comprado medios con grandes audiencias y con una factura técnica superior al promedio de sus competidores.
Hadad es quien mejor provecho empresarial sacó del conflicto entre Clarín y el Gobierno a partir de 2008. Sus emisoras son oficialistas de casi todos los gobiernos. Reciben publicidad oficial de Cristina Fernández, Daniel Scioli y Mauricio Macri simultáneamente, pero gracias a su impacto en el público, también facturan a los grandes anunciantes privados. Su línea editorial es neoconservadora en política exterior, y concesiva en política nacional, donde hace gala de un pragmatismo que remite al Clarín de otras décadas. Su eclecticismo ideológico en cabotaje tiene, sin embargo, un límite: los temas de “inseguridad”. La reivindicación de la “mano dura” fue y es uno de los sellos distintivos de los medios troquelados por Hadad.
Si el olfato felino que exhibió en el pasado no falla, la anunciada transferencia de cinco licencias radiales y la señal C5N a Cristóbal López superará los serios obstáculos legales para que se concrete la operación.
Estos obstáculos ponen a prueba uno de los símbolos de la gestión de Cristina Fernández: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por un lado, porque la Ley impide que un mismo operador explote más de tres radios en Buenos Aires (una AM y dos FM) y, por otro lado, que las transferencias son excepcionales y en ningún caso quien transfiere puede ceder más del 50% de las acciones.
Si pese a ello la venta fuera aprobada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), se revelaría una astuta jugada a varias bandas de Daniel Hadad. Con la operación, Hadad evitará adecuarse al límite de concentración que hoy supera con sus cuatro FM (Pop, Vale, Mega y TKM) y su AM (Radio 10). Y se capitalizará. Es decir que, en lugar de desinvertir, Hadad vende licencias que enfrentan vallas legales y que, además, caducarán en pocos años.
Además, este movimiento le permitirá tomar oxígeno de una relación que es cada vez menos afable con el gobierno nacional, justamente en el período en que el oficialismo deberá dirimir, en una interna que asoma peliaguda, quién gobernará en 2015. El acuerdo firmado entre Hadad y López establece que recién cuando asuma el sucesor de Cristina Fernández, Hadad podrá volver a operar emisoras de radio y televisión. No sería la primera vez que Hadad negocia por sus medios un alto precio de venta en una coyuntura conflictiva para reaparecer más tarde comprando barato por el cambio de clima.
Mientras tanto, Hadad explorará su proyección latinoamericana en los negocios periodísticos digitales, a través del portal Infobae, en una apuesta que confirma que, más allá de los reparos profesionales, políticos y morales que susciten sus prácticas, se trata de un empresario que desafía la aversión al riesgo del paisaje mediático nacional.
*Doctor en Ciencias de la Comunicación. Coautor de Wiki Media Leaks y Periodistas y magnates, entre otros libros
Fuente: Diario Perfil