El 26 de abril, se hizo pública la venta de una serie de medios pertenecientes a Daniel Hadad que pasarán a manos del Grupo Indalo, propiedad del empresario Cristóbal López.
Esta venta, la primera de magnitud posterior a la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) generó ruido entre muchos sectores que apoyaron la sanción de dicha ley y hoy se sienten decepcionados porque en lugar de ver aparecer nuevas voces ven cómo se hacen grandes negocios y se conforman nuevos grupos financiados directa o indirectamente por el Estado que lejos están de representar una nueva forma de hacer periodismo.
En ese marco una gran cantidad de compañeros y compañeras han empezado a cuestionar a la LSCA por ver que sólo viene sirviendo para que crezcan los grupos de medios amigos del gobierno que en muchos casos más que medios periodísticos parecen herramientas de propaganda donde sólo se escuchan las cosas que el gobierno quiere que se escuchen.
Por eso, y porque creo que la LSCA es una de las mejores leyes que tenemos y fue construida con el aporte de muchos compañeros y compañeras del campo popular, es quiero hacer algunas consideraciones al respecto.
¿Por qué violan la ley?
Mucho se ha escrito sobre quienes son y que intereses representan, por lo que me voy a referir exclusivamente a lo que tiene que ver con la ley, ya que en este caso el problema sería el mismo si el comprador no fuera kirchnerista.
Vamos a partir que todo lo que sabemos públicamente es lo que informó el Grupo Indalo a través de un comunicado en el que finalizan diciendo que “En los próximos días se llevarán a cabo los actos legales, incluidos los requeridos por la Ley de Medios y los organismos de contralor que correspondan”.
En la AFSCA dicen que no hay abierto ningún expediente, por lo tanto la primer violación a la Ley de Medios es no haber pedido autorización a la autoridad de aplicación que es la única que es excepcionalmente puede autorizar una transferencia de licencias.
Digo excepcionalmente porque el artículo 41 de la ley 26522 es muy claro “Las autorizaciones y licencias de servicios de comunicación audiovisual son intransferibles”. Esto significa que si alguien, por ejemplo, quiere desprenderse de su licencia porque el medio le da pérdidas (no parece el caso de Hadad) debe devolver la licencia al Estado y este licitarla nuevamente.
El artículo 41 prevé solo la posible transferencia de acciones o cuota parte de la licencia después de transcurridos cinco años “respetando que se mantenga en los titulares de origen más del cincuenta por ciento (50%) del capital suscripto o por suscribirse y que represente más del cincuenta por ciento (50%) de la voluntad social” siempre y cuando el AFSCA lo permita. Y es contundente al decir que “La realización de transferencias sin la correspondiente y previa aprobación será sancionada con la caducidad de pleno derecho de la licencia adjudicada y será nula de nulidad absoluta.”
En tono de broma decíamos por Twitter que le dábamos una idea gratis a Hadad: que dijera que se estaba adecuando al artículo 161, hacía su negocio y era felicitado por el gobierno por hacer lo que no hace Clarín. Parece que este argumento está entre los posibles según se puede leer en Página 12 y en Chequeado.com, aunque sería discutible su validez.
Y aún si de alguna manera se justificara la transferencia, el que quedaría en infracción sería Cristóbal López ya que estaría violando el artículo 45 de la ley que solo lo autorizaría a tener una AM y 2 FM en la misma zona por lo que las otras 2 FM deberían ser transferidas a otro dueño o seguir en manos de Hadad.
Como señaló Santiago Marino, docente y coordinador de la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes, a Chequeado.com: “Hasta tanto la AFSCA no permita el traspaso, la venta no es avalada por el ente regulador y los medios no podrían operar en términos legales”, De lo contrario, el Grupo Indalo tendría que ser sancionado “con la caducidad de pleno derecho de la licencia adjudicada y será nula de nulidad absoluta” (art. 41).
Otros puntos que tendrá que analizar la AFSCA es si el Grupo Indalo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos por el artículo 25, si se cumple con incumple el registro d accionistas (art. 56) y la incidencia que tiene que Cristóbal López sea contratista del Estado.
¿Y el 33%?
Uno de los puntos por los que más peleamos desde los medios populares, comunitarios, alternativos, fue porque se reservara el 33% del espectro radioeléctrico para aquellos medios que tenían un fin social y no comercial y que habían estado proscriptos por la ley anterior y lo logramos, hoy ese aspecto de la ley es referencia en toda Latinoamérica.
Sin embargo el escepticismo se extiende en este sector al ver que a la hora de la reglamentación y su implementación las cosas no son como se esperaba, a pesar que muchos de ellos estuvieron a la cabeza de la lucha por la ley, e incluso muchos apoyan las políticas del gobierno, pero ven como la mayor parte de los recursos del Estado (TDA, publicidad oficial, subsidios del INCAA, reglamentaciones) están dirigidos a los medios del Estado (que no se han mostrado muy plural es en su programación) y a los medios privados manejados por empresarios “amigos” del gobierno o beneficiados por la obra pública, mientras al sector comunitario que parte en desventaja para ocupar el 33% que le corresponde, recibe muy poco.
Por el lado de las radios todavía no hay un plan técnico y plazos para su legalización, solo se ha reglamentado el artículo 49 para radios de muy baja potencia y en zonas sin conflicto, la publicidad oficial es casi inexistente y solo han conseguido un subsidio del Ministerio de Desarrollo de unos 2.000.000 de pesos para unas 40 radios de FARCo (Foro Argentino de Radios Comunitarias) que si bien son importantes parecen muy poco frente a los $ 1.224,7 millones que el Estado invirtió en el 2010 en publicidad.
Por el lado de las televisoras el valor de los pliegos para la TV Digital resultaron prohibitivos para las organizaciones sin fines de lucro y desde el Espacio Abierto de Televisoras Alternativas, Populares y Comunitarias todavía se está trabajando junto al AFSCA para lograr pliegos accesibles para televisoras de baja potencia.
La oposición se debe integrar a la AFSCA y esta ponerse a la altura de las circunstancias
Planteado el tema en las redes sociales, en las clases de la universidad, en algunos medios y en distintos debates, queda la sensación de que esto ya está arreglado. Sin embargo creo que la difusión que se le de al tema puede convertirse en una traba para esta transferencia.
Muchos compañeros y compañeras con los que hemos luchado por tener esta ley comparten esta visión, pero no se animan a plantearlo en público por miedo a que las críticas sean usadas contra el gobierno al que apoyan o para no “hacerle el juego a la derecha”. Creo que se equivocan. Ya nos pasó con el 527. Es nuestro silencio el que le hace el juego a la derecha (que está fuera, pero también adentro del gobierno). La ley la tienen que cumplir todos: Clarín y los amigos del gobierno. Esa es la garantía de que no se termine desprestigiando.
Un gran paso para que esto suceda sería que se convoque a la “Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual” para que se elijan los dos representantes de la oposición que finalmente van a incorporarse al AFSCA. En estos dos años los mismos se habían negado a participar y la Comisión solo se reunió para elegir al representante del oficialismo. Con el cambio de la composición del Congreso el FAP quedó como la segunda minoría detrás de la UCR superando al Peronismo Federal y anunció su intención de ocupar los cargos que le corresponde, obligando a la UCR a cambiar su posición. Su candidato es Alejandro Pereyra del GEN.
Un AFSCA pluralista estaría en mejores condiciones de controlar que la 26.522 se cumpla y no haya privilegios para nadie, el trabajo de difusión, la creación de nuevos medios y la organización de los comunicadores populares es la garantía de que la ley no quede en letra muerta.