Se reunió la Junta de Accionistas. La cita duró más de ocho horas. Se debía tratar el proyecto de un nuevo periódico y la renuncia de su gerente.
La Junta de Accionistas de El Telégrafo coincidió ayer con la publicación de tres posturas en defensa de la gestión como diario público. La Dirección, el quipo de
Redacción y los columnistas de opinión discrepan con un periódico gubernamental, propagandístico, que se haga con la misma infraestructura del matutino.En la mañana, en los bajos del diario, se notó la expectativa de otros medios, incluso de los trabajadores por conocer la decisión de los accionistas. Ellos se reunieron en la sala de sesiones con el gerente general, Álex Camacho. La convocatoria pública se hizo el 20 de enero pasado y estaba previsto conocer y resolver los nuevos proyectos del diario, así como el informe de la política de tiraje, precio y circulación.
Ayer se reunió la Junta de Accionistas. La cita duró más de ocho horas. Se debía tratar el proyecto de un nuevo periódico y la renuncia de su gerente.
La Junta de Accionistas de El Telégrafo coincidió ayer con la publicación de tres posturas en defensa de la gestión como diario público. La Dirección, el quipo de Redacción y los columnistas de opinión discrepan con un periódico gubernamental, propagandístico, que se haga con la misma infraestructura del matutino.
En la mañana, en los bajos del diario, se notó la expectativa de otros medios, incluso de los trabajadores por conocer la decisión de los accionistas. Ellos se reunieron en la sala de sesiones con el gerente general, Álex Camacho. La convocatoria pública se hizo el 20 de enero pasado y estaba previsto conocer y resolver los nuevos proyectos del diario, así como el informe de la política de tiraje, precio y circulación.También el estado del proyecto de la nueva planta y el ejercicio económico de 2009. El último punto era la renuncia del gerente y, si era el caso, el nombramiento de su reemplazo. Entre los trabajadores se conoció que Camacho laboró hasta ayer, pero no se pudo obtener la versión oficial.
Hasta el cierre de esta edición no se dieron detalles sobre las resoluciones, pero se informó que el lunes se darían declaraciones.
Una de las secretarias del matutino entregó a los periodistas de otros medios la edición de ayer, en la que se publicaron las diferentes opiniones.
En la página 2, en el espacio ‘Desde la mesa de redacción’, el director, Rubén Montoya, calificó como “una dura prueba” las decisiones que el principal accionista, el Ministerio de Telecomunicaciones, debía tomar en relación a conformar un nuevo medio.
“Con un proceso consolidado (que incluye una necesaria Ley de Comunicación), los medios públicos deben ser administrados y dirigidos por la sociedad”.
Se pregunta ¿cuál creen que es la casa de un medio público? Esto a propósito de los comentarios de “que las cosas malas se lavan en casa” y que no es malo discrepar.
Montoya fue el primero en oponerse públicamente a la intención del Régimen de sacar un nuevo diario, con la infraestructura de El Telégrafo. Dijo que ya hay un equipo de 10 personas a cargo del proyecto, a pesar de que el Directorio no lo había aprobado.
Ayer, él no participó en la Junta de Accionistas, pues estuvo fuera del diario toda la mañana.
En la edición de ayer, en la página 9, también se publicó una carta de la Redacción, que tiene el respaldo y fue pagado por 63 firmantes, como señala el aviso.
“Somos profesionales que, aunque podríamos trabajar en otra empresa, decidimos hacerlo aquí porque creemos en el proyecto inicial de un medio público”.
La reflexión de los periodistas, fotógrafos, diseñadores y editores se da también por el nuevo diario. “Se piensa implementar, amparado por El Telégrafo, por ahora con el mismo presupuesto, y presumiblemente con los mismos recursos humanos, pero ya no con la visión del medio público”.
Mientras, en la página 11 hay una carta de los columnistas. “Cualquier decisión o iniciativa que tienda a vincular a estos medios con actividades de promoción y difusión del gobierno de turno supondría un retroceso”.
Los antecedentes
La Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) traspasó sus acciones al Ministerio de Finanzas en agosto del 2007. Esa Cartera tenía el 98% de las acciones.
En noviembre, la ministra de Finanzas y entonces presidenta de la Junta de Accionistas del diario, María Elsa Viteri, pidió la renuncia al gerente Álex Camacho.
Desde mediados de diciembre, el mayor accionista es el Ministerio de Telecomunicaciones.
Diario El Telégrafo cambió su diseño y contenido hace dos años. Desde entonces se publica en tamaño berlinés, con el carácter de un medio público. Las obras civiles para la nueva rotativa se ejecutan. El presupuesto es de USD 17 millones.
Fuente: Diario El Comercio
Más repercusiones en las páginas de El Telégrafo
¿A dónde va El Telégrafo?
Por: Jeannine Zambrano. Columnista, jzambrano@telegrafo.com.ec
Se ha dicho hasta el cansancio que El Telégrafo es un medio público. Lo ha proclamado el Gobierno; lo ha defendido su directiva, sus periodistas, su cuerpo editorial, sus lectores. Pero parece que pocos entendemos –o estamos tratando de entender- cuáles son los compromisos y la dimensión de un medio verdaderamente público; porque ni el Gobierno, ni los medios, ni muchos ciudadanos lo comprenden.
Lo público, degradado hasta más no poder por nuestra historia política de despojo de ciudadanía, es apenas asumido como lo opuesto a lo privado. No se logra ver que se trata del ejercicio de la ciudadanía, en su sentido ulterior de conciencia y ética social, que no es ni lo meramente gubernamental ni lo estatal. ¿Cómo aspirar entonces a que se defienda la existencia de medios públicos?
El Gobierno, mediante decreto ejecutivo, convirtió a Ecuador TV y a Radio Pública en empresas públicas, con un directorio integrado por un delegado del Ministro de Telecomunicaciones, la Senplades y la Secretaría de Comunicación. Un directorio de gobierno atenta contra la autonomía de los medios públicos.
Para que estos puedan construirse -porque en eso están, en pleno proceso de construcción-, la Ley de Comunicación debe rescatarlos de la camisa de fuerza de la Ley de Empresas Públicas, en la que se habla, por ejemplo, de “funcionarios de carrera”, y en la que se concibe –como es lógico- que la administración y dirección esté conducida por el Gobierno. Si esto no ocurre, si los medios públicos siguen siendo entendidos como una empresa más del Estado, si no son administrados independientemente y con miras a cumplir sus fines ciudadanos, están condenados al fracaso.
En el caso de El Telégrafo, la Junta de Accionistas acaba de aprobar medidas para oficializar al nuevo diario gubernamental, con el presupuesto y en la infraestructura de ET. De nada han servido los argumentos que defienden la naturaleza pública de ET, que se pervierte al mezclarse con un diario controlado por el Gobierno, sea o no propagandístico. El Gobierno no logra distinguir entre un medio público, uno estatal y uno gubernamental. Hace poco, el Vicepresidente saludó a ANDES, la agencia noticiosa del Gobierno, como un medio público. No: es una agencia gubernamental. No puede mantener una agenda independiente e imparcial, como ingenuamente proclamaba Moreno, pues su misión –legítima- es informar desde la perspectiva de Gobierno.
También los medios privados llevan su cuota. Cuando se refieren a los canales incautados, canales estatales, como medios públicos, están enredando a la audiencia. Cuando citan, sin cuestionarlo, al académico Teodoro Bustamante que habla de El Ciudadano como medio público, están confundiendo, una vez más, al medio de gobierno con el público. ¿Será que el Ecuador no está listo aún para tener medios públicos? Si l@s ciudadan@s no toman la posta de su defensa y construcción, si no logran ver –y me permito hablar en nombre de El Telégrafo-, los esfuerzos denodados por construir un periodismo ciudadano, entonces tendremos que esperar sentados a ver pasar el cadáver y que el presente se escriba en renglones torcidos. La historia juzgará.
Medios públicos
Por: Xavier Flores Aguirre, Editorialista, xavier.flores@telegrafo.com.ec
Este 29 de enero, 34 editorialistas de este diario publicamos una carta abierta en la que sostenemos que el desarrollo y consolidación de los medios públicos es una decisión acertada para “la gran tarea de diversificar y democratizar la oferta informativa” y que para la obtención de dichos propósitos es “condición indispensable” que el medio público tenga “independencia informativa respecto del poder político”. En este sentido, quienes firmamos esa carta abierta somos críticos de “la intención de algunos funcionarios del Gobierno Nacional de crear un órgano de difusión oficial […] cobijado bajo la infraestructura de diario El Telégrafo” porque “esta cercanía de hecho entre un medio público y un órgano de difusión y propaganda oficial podría comprometer el proceso y afectar notablemente las posibilidades de consolidación de diario El Telégrafo como medio público”.
La idea de un medio público está a contramano de la experiencia histórica y de una parte de las ideas que predominan (en buena medida, por la profusa difusión de las mismas en los medios de comunicación privados) en el ámbito de la comunicación social. Suelen escucharse críticas acerbas sobre el trabajo periodístico de El Telégrafo; sin perjuicio de que algunas de esas críticas sean razonables, tengo la impresión de que la gran mayoría de las mismas se las hace desde un sesgo prejuicioso que habla mal (de la capacidad intelectual o de la intención) del emisor del comentario y no empaña al destinatario de sus dichos.
Las críticas deben sostenerse en hechos ciertos que sirvan de premisas para el debate: esos hechos ciertos son los que suelen encubrirse en los prejuicios propios de la torpeza o la mala leche.
Hecho cierto, por ejemplo, es la intención política que motivó la publicación de nuestra carta abierta. Al respecto, valga precisar que el Gobierno tiene el legítimo derecho de crear y desarrollar un medio gubernamental que represente sus intereses; pero lo que sí resulta nefasto para la tarea de “diversificar y democratizar la oferta informativa” es que en la creación de ese medio gubernamental se irrespete la autonomía administrativa y financiera de diario El Telégrafo.
Ahora, en buena medida, ese eventual irrespeto sucede por la ausencia de una regulación precisa en materia de medios públicos, cuya “creación” y “fortalecimiento” en aras de fomentar “la pluralidad y la diversidad en la comunicación”, valga recordarlo, es obligación del Estado, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución. Esa regulación de los medios públicos debería garantizar su autonomía con relación al poder político y económico, establecer las directrices de su gestión, programación y fiscalización, así como determinar las atribuciones de un órgano colegiado deliberativo y representativo de la sociedad que sea el encargado de cumplirlas. Si es redactada en esos términos, esa regulación servirá de salvaguarda para eventuales pretensiones políticas de afectar la necesaria autonomía de los medios públicos. Esta regulación merece un robusto debate en la actual Comisión Ocasional de Comunicación y, ulteriormente, en el pleno de la Asamblea Nacional.
Fuente: Diario El Telégrafo
Ver anteriores: Genera debate la intención del gobierno de Ecuador de crear un diario gubernamental, El Gobierno de Ecuador confunde un medio público con uno gubernamental