Por: Sergio Fernández Novoa*
Entre los desafíos más importantes que enfrentamos los argentinos se encuentra la necesidad de reconfigurar el escenario comunicacional. El primer paso que debemos dar para lograrlo es reconocer que el problema existe.
Para ello, es necesario hacer visible aquello que buena parte de los propietarios de los grandes medios comerciales ocultan: el carácter oligopólico del mapa mediático nacional pone en riesgo la democracia, lesiona la libertad de expresión y obstruye la construcción de ciudadanía.
La democracia no debe restringirse a la mera formalidad. Su calidad institucional será débil si se la limita al sufragio cada dos años. La sociedad contemporánea, a través del desarrollo de los medios de comunicación, tiene una oportunidad inmejorable para generar comunidades participativas, promover el debate de ideas y fortalecer a la educación como herramienta de transformación.
En pos de estos objetivos resulta estratégico democratizar el universo de los medios de comunicación y convertir en protagonistas a los distintos sectores de la sociedad. Es hora de apostar a la pluralidad de voces y de terminar con la hegemonía de quienes sólo entienden a la comunicación desde el punto de vista comercial
Escenarios
El mapa mediático argentino está monopolizado por los intereses económicos y políticos de un reducido grupo de grandes medios. Esto provoca una falta de libertad informativa que sólo puede resolverse si desde el Estado se introducen políticas públicas que permitan la incorporación de nuevos actores.
Los monopolios van a contramano de la posibilidad de un debate plural y democrático. Tanto la producción como la distribución de los mensajes que hoy circulan en forma masiva son resueltos por muy pocos. Los temas de interés, como la asignación de sentidos, están ligados a la génesis desde la que fueron elaborados. Están constituidos, en definitiva, por los propósitos dominantes.
Desde una posición de privilegio, los grandes grupos multimedia acaparan la palabra y la imagen y con ellas disputan la mente de los argentinos. Establecen un tipo de democracia, de relaciones sociales y de institucionalidad. Esta situación, que no es otra cosa que la construcción de hegemonía en resguardo de sus conveniencias, se acentúa por la escasa incidencia de los medios públicos y la reducida presencia de los medios de carácter social.
Este cuadro de situación provoca consecuencias prácticas e incide en la vida cotidiana, tal como se hizo explícito durante el reciente conflicto con los sectores patronales del campo, donde quedó en claro quiénes cuentan con medios de comunicación masiva y quiénes carecen de ellos. Se pudo observar también, con meridiana claridad, la impotencia del Gobierno para hacerse escuchar.
Influyentes
Los grandes medios no son neutrales ni asépticos. Así lo demostraron cada vez que surgieron iniciativas políticas tendientes a lograr una distribución equitativa de la riqueza. Y así ocurrió durante la embestida de los empresarios del campo, donde exhibieron todo su potencial y su pedagogía de la desinformación. Pusieron en evidencia la enorme capacidad que poseen para configurar la realidad.
Durante cuatro meses buena parte de las radios, canales de televisión, revistas y diarios, tanto en papel como digitales, trabajaron de manera articulada y planificada en la disputa por el sentido. Impusieron, prácticamente, una transmisión en cadena permanente. Y tuvieron éxito, no sólo sobre los ciudadanos de a pie, sino sobre muchos dirigentes que, a partir del incesante bombardeo mediático, cambiaron su postura.
Este grado de penetración llegó a alcanzar a muchos dirigentes del campo nacional y popular, quienes hasta poco tiempo atrás difícilmente accedían a espacios en los grandes medios. Sin embargo, a partir de expresiones y posturas funcionales a los designios de los factores de poder, muchos de ellos pasaron a contar con una destaca presencia mediática.
Hay salida
La gran pregunta es cómo se modifica este escenario mediático-comunicacional. La respuesta es una sola: con políticas que permitan plantear nuevas reglas de juego. Hace falta un conjunto de normas que posibiliten desde la articulación entre la radiodifusión y las telecomunicaciones hasta la disposición de recursos estatales para crear nuevos medios de comunicación, como así también apoyar a los emprendimientos de carácter social y comunitario que hoy existen.
El primer paso debe ser la sanción de una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que reemplace a la Ley de Radiodifusión (22.285/80) impuesta por la dictadura militar de Videla y compañía. Una ley que consagre al derecho a la información y a la comunicación como un derecho humano fundamental.
Entre los múltiples aspectos a tener en cuenta en la nueva norma se encuentra la distribución equitativa del espectro radioeléctrico. Para ello es necesario que este se divida en tercios: uno para el sector privado comercial, que ya está suficientemente desarrollado, otro para el sector social sin fines de lucro y el tercero para el sector público.
Es preciso también establecer cuotas de producción de contenidos (televisivos, radiales, musicales y cinematográficos) de carácter local, regional y nacional. Exigir que los medios otorguen espacio a la producción independiente y fomenten el empleo. Medidas que permitan fortalecer la identidad nacional y latinoamericana y superar el panorama actual, donde el 80 % de la producción, circulación y distribución de contenidos la concentran sólo cuatro grupos empresarios.
A su vez hay que promover el desarrollo de los medios pequeños, comunitarios y públicos como también reducir la penetración extranjera y del gran capital concentrado nacional. Es importante la discusión en torno al dinero público, más allá de lo que es conocido como pauta oficial, ya que desde el Estado se puede incentivar el desarrollo de medios, tanto sociales como comunitarios, que hagan posible la pluralidad y la multiplicación de voces e ideas.
Asimismo, las nuevas tecnologías de la comunicación, casi ignoradas en el aspecto regulatorio, pero esenciales en el presente y futuro de la comunicación, deben ser tenidas en cuenta en un nuevo plexo normativo. Es fundamental establecer criterios y pautas para la transición del sistema analógico al digital y garantizar la participación de los distintos actores sociales y el acceso a la comunicación por todos los medios disponibles al conjunto de la sociedad.
Intercambio
Para avanzar en todos estos aspectos y hacer realidad una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que los contemple, es imprescindible dialogar con las distintas organizaciones del campo popular, como así también con los legisladores nacionales de las distintas fuerzas políticas, para construir los consensos necesarios que hagan posible una correlación de fuerzas favorable al cambio.
La resistencia del poder económico-comunicacional a cualquier modificación que afecte sus privilegios es y será muy importante. Por eso debemos discutir con cada organización, con cada referente social, sindical y territorial, con los legisladores y sus partidos. Dar la madre de todas las batallas: la disputa por el sentido.
Aquí los trabajadores de la educación tienen un papel fundamental: interpelar, desde la construcción cotidiana del conocimiento, al sistema de medios, a sus productos y consecuencias. La pugna en torno la comunicación no puede ni debe tener como protagonistas exclusivos a los actuales actores del mundo mediático. Hay que comprometer a todos los argentinos.
Se puede transformar el presente. Disputar con éxito la palabra, hoy mutilada desde el pensamiento único por los dueños del poder y el dinero. Si edificamos la democracia informativa y comunicacional, podremos construir las condiciones de posibilidad de una verdadera democracia económica, política, social y cultural.
*Vicepresidente de la agencia oficial de noticias TelAm
