Tal vez nunca como en estos días se manoseó tanto el concepto de libertad de expresión, sobre todo en boca de quienes se oponen al proyecto o pretenden dilatarlo hasta que desaparezca. Lo cierto es que el texto base toma la discusión de más de cuatrocientas organizaciones de todo el país que quieren La democratización de la palabra.
Por: Alicia Simeoni
La democracia tiene muchas deudas internas. Una, sin duda es la de dar a la sociedad, una ley que tenga en cuenta que la información es un derecho humano y un bien social. Después de 26 años de que comenzó el período constitucional y cinco en que organizaciones del más amplio espectro social reunidas en la Coalición por una Radiodifusión Democrática elaboraron los puntos indispensables que debe tener una norma en la materia, el gobierno de Cristina Fernández recogió esa iniciativa, le dio forma legal y la envió al Congreso Nacional para su tratamiento. ¿Capacidad de leer el momento político, cuestión de principios, decisión más astucia?. Las respuestas pueden ser muchas y dependerá de quien la formule, pero sea una u otra, lo cierto es que el texto toma la discusión de base de más de cuatrocientas organizaciones de todo el país que quieren la democratización de la palabra. Desde que el miércoles 26 de agosto el proyecto de ley -que venía muy demorado- llegó a las cámaras, las grandes concentraciones mediáticas perdieron cualquier atisbo de cordura. Si bien en los últimos meses ya se castigaba al anteproyecto, la remisión al Congreso hizo cerrar filas alrededor de los intereses económicos para mostrar que 'el proyecto K atentaría contra la libertad de expresión y sería una ley mordaza' para lo que se recurrió a términos rimbombantes y catástróficos. Tal vez nunca como en estos días se manoseó tanto el concepto de libertad de expresión -ese que contempla los derechos del informador y del informado según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- y que en sí mismo contiene la idea de un sujeto universal, el que en nuestro país tiene expropiada la palabra desde siempre, porque así como hay pobres, excluidos y estigmatizados de la estructura económica y social, los hay de los medios de comunicación. El anteproyecto es desconcentrador y otorga el 33 por ciento del espectro radioeléctrico a las organizaciones sin fines de lucro, un disparador insoportable para quienes los medios nunca cumplieron con la responsabilidad social que tienen y que no quieren dejar, ni aunque sea compartir, el que tienen como posicionamiento de un poder que abre las puertas de tantos otros. Sólo así se explica la apelación del titular del Grupo Uno, Daniel Vila, al término libertad de expresión y la comparación de la gravedad del proyecto con la de un golpe de estado. No será fácil lo que viene como lo explican dos integrantes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, el Sindicato de Prensa Rosario y la Foro Argentino de Radios Comunitarias quienes también hablan de las mezquindades que se despiertan en políticos y otros sectores para los que nunca es el momento de discutir sobre la estructura de la propiedad de los medios de comunicación.
El martes próximo se inician las audiencias públicas para considerar el texto y es importante la palabra del Partido Socialista- en este caso en la voz de la diputada Silvia Ausgburger-, cuyos legisladores tendrán un papel fundamental ya que entienden que este es el momento de discutir, aunque señalen los puntos con lo que no acuerdan. Un dato para tener en cuenta: quedan en la Argentina tres leyes de la dictadura, la de Radiodifusión, la de entidades financieras y el régimen penal de la minoridad, todo cierra en el círculo que sigue siendo una negación de los conceptos básicos de la democracia.
Opiniones
Stella Hernández, secretaria gremial del Sindicato de Prensa Rosario, organización que integra la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación CTA:
En primer término hay que tener en cuenta que este debate llega con 26 años de retraso, por eso dijimos que era un día histórico el del miércoles 26 de agosto cuando desde el Poder Ejecutivo se tuvo la decisión política de enviar, para el tratamiento legislativo, el proyecto que recoge los 21 Puntos elaborados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática de la que nuestra organización es fundadora. Y el del jueves pasado también fue un día histórico, cuando por primera vez el Congreso Nacional comenzó el debate sobre otra comunicación, la que necesita la profundización de la democracia.
También fue un día difícil donde las mezquindades quedaron al descubierto, ya que en el debate parlamentario de cerca de nueve horas se intentaron maniobras dilatorias con las que se busca frenar la sanción de una nueva ley. La titular de la Comisión de Libertad de Expresión Silvana Giúdice convocó antes del debate a conferencia de prensa para dar a conocer la resolución de realizar siete audiencias públicas en todo el país, como si la historia recién empezara. Con esa propuesta se desconoce que este proyecto de ley viene con discusiones en 24 foros públicos donde se hicieron 1.200 aportes y que hay 50 artículos modificados como síntesis de esos foros. Ya en el 2001 se hicieron audiencias públicas para discutir el entonces proyecto del gobierno de la Rúa, hubo una multiplicidad de proyectos sobre ley de radiodifusión, también el enviado por el gobierno de Raúl Alfonsín, pero nunca tuvieron tratamiento por parte del Congreso Nacional. Y no hay casualidad en esa falta sino más bien causalidad, fue el resultado de la presión de los grupos concentrados de los medios. Por eso es que hablamos de estrategias de dilación por parte de algunos legisladores y bloques como la Coalición Cívica, el PRO, el peronismo disidente, el radicalismo, el cobismo, que están en línea directa con los intereses de los grandes medios.
Hay que respetar y reconocer el trabajo de las organizaciones, de los trabajadores y de los distintos actores de la comunicación y de la sociedad civil en su conjunto que vienen reclamando por la derogación de la ley de la dictadura y que han puesto su ladrillo en la construcción colectiva de una nueva ley. Acompañamos el debate parlamentario pero no aceptamos estrategias dilatorias que apuntan a postergar el tratamiento de la ley.
Nuestra organización, la Federación de la que formamos parte y la Coalición destacamos la importancia del debate y que se planteen todas las objeciones que se consideren necesarias sobre el proyecto, que se hagan todos los aportes para enriquecerlo, que se señale lo que hay que sacar o corregir, pero lo que nos resulta inadmisible es que no se trate o se demore indefinidamente.
Hay algo que queda muy claro sobre la importancia de este proyecto de ley y es directamente proporcional a la feroz reacción de los multimedios y monopolios que lo que pretenden es que no haya ley y seguir con la hegemonía en el uso de la palabra.
Daniel Fossaroli (secretario del Foro Argentino de Radios Comunitarias-FARCo, miembro fundador de Aire Libre Radio, Comunitaria de Rosario)
La primera comisión en el congreso en tratar el tema fue la de Libertad de Expresión, todo un contrasentido porque casualmente lo que se vio sobre el tema del proyecto de ley de medios, y en los medios más grandes y de alcance nacional en todo el país, fue la exhibición de una sola mirada. Se habló de la ley de medios K y eso significa un sólo modo de ver y decir cómo es la realidad. ¡Cómo si no se pudiera ver este tema desde otro lugar, como si no hubiese otra manera de entenderlo!...También podría haberse titulado acerca de que se trataba del triunfo de la sociedad, porque ese anteproyecto llega a las cámaras después de una pelea de muchos años. O se podría haber dicho que una de las grandes deudas de la democracia se empezaba a tratar legislativamente.
Si en todo el país hay una sola lectura de la realidad no existe la libertad de expresión ni la multiplicidad de voces. ¿Qué es lo que quieren defender, entonces, los diputados de la oposición?. ¿Quieren que haya menos libertad de expresión que la que hay hoy?
Si se presta atención, si se quiere demostrar que la comunicación está concentrada en muy pocas manos, es suficiente con mirar dos o tres medios que llegan a todo el país, para comprobar que son los mismos tres o cuatro temas los que concentran la atención. El resto no existe, y el resto no pasa, no ocurre.
Hay un sector que se opone a esta ley y quiere buscar cualquier artimaña para que no salga y esperar a que haya mejores condiciones para impulsar una ley que favorezca a sus intereses.
La dilación y el no tratamiento tienen que ver con buscar excusas para estirar el debate. Esto que pasó en la Comisión de Libertad de Expresión de plantear que se realicen audiencias públicas fue otra estrategia dilatoria.
Parece que la oposición cree que el debate comienza ahora. Lo que pasa es que ahora sale a la luz pública y el debate comenzó muchos años atrás, mientras nos ignoraron toda la vida. Y queríamos dar la discusión. Como trabajadores de la comunicación e integrantes de radios comunitarias, venimos reclamando este debate hace muchos años. Hasta este momento los grandes medios y muchos más no quisieron hacerlo. Para ellos las condiciones sociales hoy son adversas. Podrían llegar a detenerlo o a dificultarlo, pero lo que no podrían hacer es imponer una ley que favorezca a sólo 4 o 5 grupos económicos. Por eso quieren retrasarlo para que todo quede como está, que no cambie nada. En esta situación de no reglamentación los beneficiados son ellos, porque seguramente quienes pueden ejercer la "libertad de expresión" son quienes más poder económico tienen.
Siento profundísima pena porque personas por las que uno siente respeto y admiración, como Pino Solanas, y que en algún momento fueron referentes en temas como este, no puedan ver más allá de sus intereses al momento de encasillarse en estructuras partidarias.
Cabría agregar algo sobre cómo se posicionan estos compañeros cuando lo que dicen se parece cada vez más al discurso de la derecha. Si lo que yo digo intentando defender una causa popular es lo mismo que dice la derecha debería preguntarme qué sucede. ¿Quién es el enemigo, quien está del otro lado? Si se respetara el proceso de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, como tantas veces se dice, no entiendo por qué tantos que hoy hablan no se sumaron a discutir, a construir con nosotros el que se sintetizó como el proyecto de cientos de organizaciones. Esas ideas, esos puntos, fueron recogidos por el proyecto que el Ejecutivo envió al Congreso Nacional.
Favorablemente se pudo lograr no dilatar tanto. Se pudo quedar en hacer tres audiencias públicas. Rozando pero les ganamos esa pulseada.
Silvia Ausgburger, presidenta del bloque de Diputados del Partido Socialista.
En cuanto a la letra del proyecto tenemos tres puntos en los que seremos inflexibles porque de ellos dependen que se sancione una ley que ayude a profundizar el proceso democrático o en hacer una que sea funcional a un gobierno de turno.
Esos tres puntos tienen que ver, en primer término, con la que será la autoridad de aplicación, luego con la regulación de la publicidad oficial y por último con el ingreso de prestadores que sean los grupos que concentran el servicio de telefonía. Somos fieles defensores de lo elaborado por la de iniciativa ciudadana por una Radiodifusión Democrática.
En el punto 19 de esa iniciativa se expresa que la autoridad de aplicación democrática deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada, además, por organizaciones de la sociedad civil. Eso es lo que queremos para la autoridad de aplicación, pero para el proyecto del gobierno no es federal y tiene una mayoría del Poder Ejecutivo Nacional, porque dependerá de la Secretaría de Medios. Creo que ese artículo hace de una ley que sea funcional al gobierno de turno o sirve para una ley democrática.
En cuanto a la regulación de la publicidad oficial, el punto 3º elaborado por la Coalición sostiene que "también estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos fiscales o prebendas". Es necesario un articulado o capítulo que tenga en cuenta este tema y el proyecto oficial no lo contempla.
Nuestro tercer punto de gran preocupación se refiere al ingreso de prestadores que vienen de los grupos que se dedican a los servicios de telefonía. Estamos en desacuerdo con esa posibilidad y creemos que hay que prohibirla expresamente. ¿Por qué? Porque estas empresas que han sido oligopolios durante mas de 15 años van a generar oligopolios en los medios de comunicación. Y lo que se intenta es garantizar la pluralidad y democracia en los medios.
En cuanto al momento de discutir la ley creemos que este es el momento y por supuesto que queremos dar el debate y contar con una ley de la democracia. Durante estos 26 años fuimos participando de sucesivas propuestas y nuestra vocación por contar con una ley de la democracia es desde siempre. Sin embargo el de ayer fue un mal comienzo en la cámara. En todos los temas que hemos tratado siempre nos pusimos nos pusimos de acuerdo en una agenda o una metodología de trabajo. Creo que la mayor responsabilidad en que la situación fuera ésa la tiene el oficialismo que debió haber recurrido a Labor Parlamentaria para discutir esa agenda de trabajo. Ahora estamos convocados para una reunión el martes próximo. Lo que se llevó adelante el jueves fue la agenda que impusieron.
Al Partido Socialista le interesa ponerse de acuerdo en una nueva agenda y decidirá su voto en función del dictamen de las comisiones y de que tengamos la letra exacta de lo que será aprobado.
Con respecto a la fundamentación de que hay que aprobar la ley antes del 10 es tan interesada como la que dice que no se puede discutir hasta después del 10 de diciembre. Los primeros quieren aprobar cualquier ley sin debate y los segundos no quieren que haya ley. El socialismo quiere una ley que respete en forma irrestricta los 21 Puntos de la Iniciativa Ciudadana por una nueva ley para la democracia. Porque fue esa Coalición la que sostuvo, desinteresadamente en la agenda publica, la necesidad de una nueva ley con las características que se sintetizan en esos 21 Puntos.
Fuente: Diario RosarioI12
Todos los proyectos para cambiar la Ley de Radiodifusión
Llegó al Congreso el juego de los parecidos
Los autores del proyecto oficial son los mismos que participaron del armado de las propuestas opositoras. Todos los textos se basan en iniciativas presentadas durante gobiernos anteriores.
Por: Adriana Meyer
Los diputados y diputadas de la oposición sobreactúan sus diferencias con el proyecto oficial de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En sus iniciativas para reemplazar a la ley de radiodifusión de la dictadura los supuestos abismos se transforman en matices. Los autores de la ley que impulsa el kirchnerismo son los mismos que
participaron del armado de las propuestas alternativas y todos los textos en danza abrevan en algunas presentadas en el Congreso durante gobiernos anteriores. Pase, vea y compruebe la distancia que hay entre las declaraciones y las redacciones.Dos expertos que trabajaron en el borrador que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el 27 de agosto coincidieron ante PáginaI12, en que casi todas las iniciativas “tienen la misma matriz y fueron elaboradas por la misma gente”. Se referían a la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación (CoSiTMeCoS) y a su asesor, Damián Loreti, abogado doctorado en Ciencias de la Información, titular de la cátedra de Derecho a la Información en Comunicación de la UBA y vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Los lineamientos surgidos de la CoSiTMeCoS hace una década influyeron en los proyectos de los ex diputados Pablo Fondevila e Irma Parentella, que a su vez fueron retomados en 2001 por la iniciativa de Gustavo López, durante el gobierno de la Alianza. En el anterior período legislativo recogieron esa posta tanto el justicialista Osvaldo Nemirovsci como la radical K Silvia Vázquez.
El proyecto del Poder Ejecutivo retomó ese enfoque legislativo, al que le sumó los 21 puntos de la Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión de la Democracia y un aporte considerable de legislación comparada. El borrador de la diputada radical Silvana Giudici reproduce el proyecto de su autoría, Vilma Baragiola y Claudio Lozano de 2006, que a su vez tomaba como antecedente los proyectos de Margarita Stolbizer y Héctor Polino de 2002. En tanto, el otro proyecto que tiene estado parlamentario pertenece al diputado Horacio Alcuaz, del Acuerdo Cívico y Social, que retomó fielmente la propuesta de Stolbizer y Daniel Carbonetto de 2002.
Así, no parece que en la letra de las iniciativas se libre alguna batalla político-ideológica. “Los monopolios frenaron esto durante décadas a fuerza de un feroz lobby y lo lograron, nunca necesitaron impulsar su propio proyecto porque su objetivo es que no haya nueva ley, mantener el status quo, y la mejor prueba es que la derecha no tiene un proyecto”, dijo un asesor parlamentario que está en la cocina del actual trámite legislativo. De hecho, el diputado PRO Federico Pinedo tiene uno pero sólo referido a la creación de la empresa “Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado”, que presentó en 2004, 2006 y 2008.
Tal como le marcó el interventor del ComFeR, Gabriel Mariotto, la diputada Giudici cuestiona en sesiones y notas periodísticas aspectos de la propuesta oficial que figuran en su propio proyecto. En una reciente entrevista con este diario, criticó “el 33 por ciento del espectro para la comunicación estatal no gubernamental”, pero el anteproyecto del Gobierno fija ese porcentaje para “personas de existencia ideal sin fines de lucro”. En su iniciativa, la diputada asignó el 40 por ciento de reserva del espectro para ese mismo sector de potenciales prestadores. Giudici previó que no podrán ser titulares de servicios de radiodifusión “quienes presten servicios públicos en condiciones monopólicas”, lo cual podría significar un impedimento para la participación de las empresas de telecomunicaciones, el aspecto más cuestionado al proyecto oficial, que abre esa posibilidad. Sin embargo, las excepciones del artículo 7 del proyecto de la legisladora radical propiciarían en la práctica que las telefónicas ingresen al mundo de los servicios de comunicación audiovisuales. Es decir, su propuesta posee lo que le cuestiona a la del Ejecutivo. Además, la legisladora, que preside la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara baja, coincidió con el proyecto oficial en otorgar a las universidades nacionales o provinciales una licencia de radio y otra de televisión, pero en su proyecto nada dice respecto de los pueblos originarios.
Matriz UCR-Coalición Cívica
A partir de su artículo 7 los proyectos de la radical Giudici y Alcuaz, que pertenece al espacio de Stolbizer, son casi idénticos. Al igual que la iniciativa oficial, establecen que las sociedades titulares de licencias deben estar constituidas en el país y, aunque expresado de otra forma, también coincidieron en exceptuar de este requisito de nacionalidad “cuando se tratare de sociedades o personas extranjeras que recibieran el amparo de tratados de protección recíproca de inversiones vigentes (TPI), de mercados comunes o de cualquier otra naturaleza que establezcan igualdad de trato o libre circulación de capitales”. De nuevo, en el plenario de las comisiones parlamentarias denunciaron que el oficialismo impulsa una ley que habilita la extranjerización de los medios, pero en sus proyectos hicieron la misma salvedad respecto de los TPI. A diferencia de Giudici-Alcuaz, el texto impulsado por el Ejecutivo limita a no más del 30 por ciento la participación de capital extranjero.
Los tres proyectos propician que las licencias serán otorgadas mediante “concursos públicos, abiertos y permanentes”, aunque los opositores quieren que duren 15 años en lugar de 10 como propone el PEN. Los tres coinciden en que para concretar la prórroga de las licencias debe haber audiencias públicas. Pero Giudici no consideró necesario poner límite de tiempo a las licencias para los operadores de servicios por abono (cable), que serían adjudicadas en forma directa sin concurso.
Las limitaciones a la concentración de licencias en un sentido antimonopólico son considerablemente mayores y más precisas en el proyecto oficial, pero no están ausentes en los otros dos. Los tres consideraron que las licencias de comunicación audiovisual son intransferibles. También hay similitud en cuanto al contenido de la programación, los tres proyectos establecen un mínimo del 70 por ciento de producción nacional, pero los opositores pensaron que era suficiente con exigir un 25 por ciento para la música nacional, mientras que el proyecto K dice que debe ser un 30 por ciento, y de ese porcentaje pretende que la mitad que haya sido producida de manera independiente.
Las mayores diferencias aparecen respecto de la autoridad de aplicación, que la oposición se empeñaba en propugnar que fuera independiente, hasta que en uno de los 24 foros de debate previos al anteproyecto Loreti les explicó que el único poder independiente es el Judicial. Así, en los textos de Giudici y Alcuaz quedó redactado que el Ente Federal de Radiodifusión (EnFeR) será un organismo “autárquico” que funcionará en la órbita del Poder Ejecutivo. La piedra de la discordia radica en que el proyecto oficial pone a la autoridad bajo la órbita de la Secretaría de Medios de Comunicación, donde la oposición ubica el gran margen de discrecionalidad de la propuesta del kirchnerismo. Por lo demás, todos hablan de una comisión bicameral y de directorios de Consejos Federales integrados de manera plural por los sindicatos de trabajadores, sectores empresarios, académicos y provinciales. Giudici y Alcuaz no contemplaron la creación de un organismo específico de medios públicos como la Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, que sí aparece en el proyecto oficial y también en el que impulsa la diputada radical Silvia Vázquez.
Matriz Cortina y Vázquez
Al igual que la propuesta enviada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el proyecto de Vázquez –que acompaña los cambios oficiales con su propia visión– reserva el 33 por ciento de las localizaciones planificadas para personas jurídicas sin fines de lucro. También coincide en el tope de licencias a nivel local y en el límite del 35 por ciento de abonados al cable por licenciatario, uno de los ejes de las restricciones antimonopólicas. La conformación de la autoridad de aplicación, que esta diputada llamaría Comisión Nacional de Radio y Televisión (CoNaRTe), es muy similar a la que pensó el Gobierno. Respecto de la publicidad oficial, obliga al cursar el 25 por ciento a través de RTA (Radio y Televisión Argentina).
En sintonía con el proyecto oficial, la propuesta del socialista Roy Cortina “promueve el modelo de servicio público europeo, siendo una de sus principales implicancias, además de la extensión de la capacidad regulatoria y de control del Estado, que el ánimo de lucro cede ante las necesidades de interés general involucradas”. Su proyecto reduce a 12 los límites de concentración de licencias en manos de un mismo titular, elimina la renovación automática de licencias y establece porcentajes del 30 y 20 por ciento de reserva para licenciatarios comunitarios de radio y televisión, respectivamente. La autoridad de aplicación pensada por Cortina es autárquica sin dependencia del Poder Ejecutivo, y fija porcentajes de asignación de la pauta comercial oficial para que sea “imparcial y no discriminatoria”.
Matriz abierta
Los representantes de los pueblos originarios acudieron durante meses a cuanto foro hubo de debate del proyecto. Según comentó a PáginaI12 Luis Lázaro, coordinador general del ComFeR, lograron así ser incluidos como potenciales licenciatarios, diferenciados de lo que la norma denomina como “prestadores de gestión privada sin fines de lucro”. La misma diferenciación pretende un sector de los medios alternativos, populares y comunitarios. Más allá de las urgencias del Gobierno y la intención de dilatar los plazos de la oposición, tendrán por delante varias audiencias públicas para lograrlo.
Cambios al proyecto K
El bloque Solidaridad e Igualdad (SI) que preside el diputado Eduardo Macaluse no cuenta con un proyecto propio, pero elaboró una serie de propuestas de modificación del proyecto oficial. Su principal preocupación también es la autoridad de aplicación de la futura ley.
Desde el SI plantean que el sistema de medios dependa directamente de la Jefatura de Gabinete, y no de la Secretaría de Medios, para separarlo “del manejo de la pauta oficial, la comunicación de Estado y de los actos de gobierno”. También sugieren aumentar de 5 a 6 los miembros de la autoridad de aplicación, que el director provenga del sector académico y sea propuesto por el Consejo Federal entre los representantes de las facultades y carreras de Comunicación de universidades nacionales. “Esto reduce la capacidad del Ejecutivo para monopolizar decisiones, permite mayor transparencia al incorporar un director no político y aumenta la calidad del trabajo técnico de la Autoridad”, argumentaron.
Además propusieron que las audiencias públicas no sólo se realicen previamente a la prórroga de la licencia sino también antes de la adjudicación de la misma, que la aprobación de las nuevas reglas en materia de multiplicidad de licencias debiera ser previamente ratificada no sólo por la Comisión Bicameral sino además que sea sometida a votación de ambas cámaras, y que “las excepciones que habilitarán a las empresas de telecomunicaciones a obtener licencias impidan la conformación de concentraciones indebidas de servicios de comunicación audiovisual”. También indicaron que sería deseable que “en el período de transición hacia el nuevo ordenamiento del espacio radioeléctrico las organizaciones sin fines de lucro y los pueblos originarios tengan prioridad de ocupación de espacios del espectro que se fuesen liberando por caducidad, renuncia o extinción de licencias vigentes”.
A través de un comunicado, los presidentes de Partido SI de la ciudad de Buenos Aires, Emilio García Méndez; Santa Fe, Oscar Belbey, y provincia de Buenos Aires, Alejandro Cruz, aseguraron que “apoyan el tratamiento parlamentario, el espíritu y los contenidos generales del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” enviado por el Ejecutivo. También manifestaron “la voluntad de trabajar en pos de modificaciones que aporten y garanticen a esta iniciativa pluralidad, transparencia y eficacia en los controles”.
Iniciativas propias
En los últimos días lograron estado parlamentario para ser debatidos en comisiones los proyectos de los diputados Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires) y Claudio Lozano (Buenos Aires para Todos-Proyecto Sur). La principal discrepancia que lleva a Bonasso a proclamar que no va a votar “con el Gobierno” radica, una vez más, en la autoridad de aplicación de la nueva ley. Propone que no dependa del Poder Ejecutivo sino del Congreso. También pretende que la Defensoría del Público sea parlamentaria y no dependiente del Ejecutivo, al igual que la adjudicación de licencias y la incorporación de nuevas tecnologías. Pero, como en la propuesta oficial, Bonasso incorporó también los 21 puntos de la Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión de la Democracia. Por su parte, Lozano confesó que tomó la letra del proyecto oficial y elaboró una versión “mejorada y superadora”, que denominó “las 23 razones de Proyecto Sur para discrepar con el proyecto del Ejecutivo de regulación de la comunicación audiovisual”. En su artículo 2 estipuló que “toda persona podrá requerir a la Autoridad de Aplicación el cumplimiento de las obligaciones previstas por esta ley”, mientras que cuestionó que el proyecto oficial diga “toda persona que acredite interés...”, porque “deja en manos de la autoridad de aplicación el reconocer si existe o no tal interés y le permite excluir a una persona en el ejercicio de estos derechos”. En el mismo sentido estableció que “la renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante” y destacó que el Ejecutivo no les atribuye ese carácter a las audiencias. Y propuso un tratamiento diferenciado de los potenciales licenciatarios del sector, “persona de existencia ideal sin fines de lucro”, porque “no es lo mismo la Fundación Konex que la Asociación Madres de Plaza de Mayo”. Pero la diferencia fundamental que marcó Lozano es dejar afuera del reparto de licencias a las grandes empresas de servicios públicos y telecomunicaciones, y permitir que “sólo las cooperativas o empresas del pueblo” puedan ser proveedoras de contenidos y a la vez distribuidoras de los mismos.
Una voz alternativa
Un centenar de medios comunitarios, populares y alternativos; organizaciones sociales, gremiales, políticas, de derechos humanos y culturales; periodistas y comunicadores emitieron una declaración en la que suscribieron las modificaciones al anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual presentadas por la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA). Reclamaron al Poder Ejecutivo que incluyera en la iniciativa las modificaciones que la RNMA presentó en distintos foros realizados en el país.
Algunos de los cambios requeridos son la derogación del decreto 527/05, que extendió la prórroga por 10 años más a los actuales licenciatarios, el reconocimiento expreso en el texto de la ley de los medios comunitarios, populares y alternativos como actores diferenciados de los “prestadores de gestión privada sin fines de lucro con el siguiente alcance: asignación específica del espectro, asignación automática de licencia a todos aquellos medios que al momento de la sanción de la ley estén transmitiendo, y devolución de los equipos decomisados, mecanismos diferenciados y específicos para el acceso a licencias y armado del plan técnico, representantes en la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación y en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, fondo de promoción y desarrollo destinado específicamente a medios comunitarios, populares y alternativos, y exención del pago de los gravámenes del artículo 84.
También reclamaron al Parlamento el pronto tratamiento del proyecto, y en ese proceso exigimos que la RNMA participe del debate en las comisiones en que sea tratado, “como una garantía de transparentarlo ante los sectores directamente involucrados. Asimismo, pidieron que la RNMA participe del proceso de reglamentación de la norma una vez que sea aprobada. Firmaron la declaración Indymedia, Agencia Walsh, Agencia Noticias Redacción (ANRed), Radio Sur, Pañuelos en Rebeldía, Prensa de Frente, entre unos cien medios, además de cincuenta organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales, políticos y estudiantiles.
Radiaciones por antenas y transmisores. Mala onda
Las radiaciones electromagnéticas de las antenas y transmisores de los canales 11 y 13 de televisión superan los máximos autorizados por el ministerio de Salud. Una comisión
determinará sus efectos sobre la salud. El mismo efecto se investiga en el Polo Tecnológico Constituyentes, donde están las radios Mitre, La Marea y Amadeus. El debate jurídico sobre la validez de los contratos.Por: Horacio Verbitsky
Las radiaciones electromagnéticas de un conjunto de antenas y transmisores de radio y televisión instaladas en un edificio del microcentro de Buenos Aires y en un predio en el partido bonaerense de San Martín, lindero con la Capital Federal, superan los máximos autorizados por una resolución del ministerio de Salud de 1995, de acuerdo con una medición realizada por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI. Una comisión intersectorial creada por el ministerio de Salud debe pronunciarse ahora sobre los efectos de esas radiaciones no ionizantes sobre la salud. El edificio del microcentro es el Alas, en Leandro Alem entre Córdoba y Viamonte, que pertenece a la Fuerza Aérea. Allí funcionan las plantas transmisoras de los canales 11 y 13 de televisión y de las radiodifusoras Buenos Aires (Rock&Pop) y Cadena 3. El de la provincia de Buenos Aires está en las avenidas General Paz y de los Constituyentes, sede del Polo Tecnológico Constituyentes, una Sociedad Anónima con mayoría estatal integrada por el propio INTI, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Universidad Nacional de San Martín, el Servicio Geológico Minero Argentino y el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF). En ese sitio están instaladas las plantas transmisoras de las radios Mitre y La Marea, en Amplitud Modulada, y Amadeus, en Frecuencia Modulada. Hasta hace dos semanas, Amadeus pertenecía a Daniel Hadad, quien con la misma antena y en la misma frecuencia opera ahora la radio para adolescentes TKM. Además hay una discusión jurídica entre el ministerio de Defensa y las empresas de radiodifusión por la vigencia de los contratos de locación. No está claro cómo incidirá esta situación en la disputa entre el Grupo Clarín, que en el último año apoyó con ardor militante el proyecto destituyente de las patronales agropecuarias y a los partidos de oposición, y el Estado Nacional, que respondió con la apertura de la venta de pliegos para instalar nuevos cables que había sido cerrada hace una década por el gobierno radical, la rescisión del contrato con la AFA para transmitir partidos de fútbol, la negativa del ComFeR a la fusión de Cablevisión con Multicanal y el envío al Congreso del proyecto desconcentrador de servicios audiovisuales. En un alarde de objetividad que ratifica la conveniencia del proyecto, Clarín lo menciona en el diario, la radio y la televisión, abierta y por cable, como “Ley K de medios” o “Ley para controlar a los medios”.
Mediciones
En el edificio ALAS viven y trabajan más de 800 personas, entre ellas casi 300 niños. Los habitantes son personal civil y militar de la Fuerza Aérea y del ministerio de Defensa. Desde 2007 mostraron inquietud por los posibles efectos de las radiaciones de los transmisores sobre su salud y el ministerio solicitó que la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y el INTI midieran esas emisiones electromagnéticas. La CNC no detectó valores que superasen los de la máxima exposición permitida (MEP), establecidos por las resoluciones 202/95 del Ministerio de Salud y Acción Social y 3690/04 de la CNC. Para el rango de frecuencias de 10 a 400 MHz, que corresponde a las emisiones de mayor potencia desde el edificio, el máximo admisible de Campo Eléctrico es de 27,5 V/m (voltios por metro). En cambio el INTI detectó que en varios puntos del edificio ALAS las radiaciones superan ese valor y en algunos hasta las triplica. La medición estuvo a cargo del ingeniero Juan Carlos Mollo, del Centro de Electrónica e Informática del INTI. Se realizó desde el propio edificio y desde la terraza del que a media cuadra de allí ocupa el Ministerio de Trabajo. Consultado para esta nota, Mollo dijo que el papel del INTI es sólo técnico y que acerca de los efectos que pueden tener las radiaciones sobre la salud deben expedirse médicos o biólogos. La ex ministra Graciela Ocaña resolvió en junio crear una comisión intersectorial e invitó a designar representantes a la CNC, las secretarías de Comunicaciones y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a la Defensoría del Pueblo de la Nación y al Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE). Sus integrantes “no deberán tener vínculos laborales o compromisos comerciales con las empresas que explotan la actividad”. La semana próxima vence el plazo fijado en esa resolución 674/09 para que produzca su primer informe. Pero como es más fácil redactar órdenes que estudiar fenómenos complejos sobre los que es tanto lo que se sabe como lo que se ignora, según la oficina de prensa del ministerio aún está “en proceso de creación”.
La alarma
El Informe del INTI indica que los pisos inferiores recibían la radiofrecuencia desde la terraza por la cañería del sistema de aire acondicionado y los radiadores de calefacción. En la terraza había muchas pantallas y estructuras, varias abandonadas. Esto genera una desviación de las radiaciones y las reirradia. El nivel de campo eléctrico en la terraza era tan alto que sólo se realizaron mediciones desde dos puntos, porque el personal del INTI no tenía trajes protectores de la radiación. Sólo los posee el personal de Canal 13 que realiza tareas de mantenimiento allí. Uno de ellos llevaba un medidor de densidad de potencia provisto por Canal 13, que alerta si detecta una fuga importante de radiofrecuencias. El empleado mostró que el medidor no acusaba nada anormal, pero el ingeniero Mollo advirtió que tenía las baterías agotadas. Cuando se las cambiaron, marcó emisiones por encima del límite y sonó la alarma. El funcionario del Canal se asustó. “Casi se desmaya”, dijo Mollo. Luego de esas mediciones, el personal de Telefé pidió a la gerencia trajes de protección. El INTI midió las radiaciones hace poco más de un mes. Los transmisores marca Harris de los canales 11 y 13, de 30 kW de potencia pico de sincronismo, estaban funcionando a la mitad de su potencia nominal de salida. También hay un transmisor de música funcional. Las conclusiones del informe sostienen que en la última década se generó un aumento de la potencia instalada de transmisión sin tomar en cuenta los niveles de radiaciones y se incrementó la cantidad de antenas. Además se constató la presencia de numerosas antenas de microondas sin identificar, de antenas y elementos metálicos fuera de uso que reirradian campo electromagnético, lo mismo que las estructuras de antenas adosadas a los muros del edificio. Los estudios que la Organización Mundial de la Salud realiza desde 1996 no permiten afirmar con certeza que esas radiaciones produzcan daños biológicos o psicológicos mensurables, pese a lo cual se establecieron máximos admisibles. La Argentina fue uno de los primeros países en hacerlo. Pero hay un creciente conocimiento empírico. Las periodistas de Clarín Silvina Heguy y María Eugenia Cerutti publicaron un libro impresionante, “132.000 voltios. El caso Ezpeleta”, sobre un barrio del partido de Quilmes donde varios cables de alta y media tensión llegan a una subestación eléctrica. La manzana que la rodea fue diezmada por el cáncer: hasta el 30 de julio de 2006 habían muerto 14 vecinos y enfermado otros 17.
El Polo Tecnológico
En el Polo Tecnológico Constituyentes la investigación fue iniciada a pedido de su presidente y al mismo tiempo titular del INTI, ingeniero Enrique Martínez, a raíz de las interferencias de los campos electromagnéticos en los sensibles equipos de medición de los distintos laboratorios, sistemas de computación, teléfonos y hasta cajeros automáticos. En marzo la CNC verificó la interferencia de las emisiones de Radio Mitre en las líneas telefónicas de CITEDEF y la intimó a hacerlas cesar. En junio, la División Antenas y Propagación del Centro de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa verificaron “el grave daño que causan a los sensibles equipos de medición de los entes de investigación”. Los valores medidos superaron en cien veces los establecidos en la resolución 329/2000 de la Secretaría de Comunicaciones. Mitre alquiló al Ejército el predio de 2500 metros cuadrados en el que instaló su planta transmisora, de acuerdo con el régimen de contrataciones públicas. En abril de este año, ya vencido el contrato, el Ejército intimó el desalojo. Radio Mitre argumentó que eso contradecía la decisión del Poder Ejecutivo que en 1983 le otorgó una licencia por 15 años, la prorrogó por otros diez en 1998 y por otro tanto en 2007, y solicitó que el contrato se extendiera hasta el vencimiento de esa licencia, en octubre de 2018, invocando el carácter de servicio público de la radiodifusión.
El caso de Clarín
La operadora del Canal 13 es ArteAr, sigla de Arte Argentino, una de las empresas del Grupo Clarín. En el edificio ALAS posee ocho antenas ubicadas en la terraza, un departamento de un centenar de metros cuadrados en el piso 40 donde funciona la planta transmisora, otro de 30 metros cuadrados en el piso 39 y un espacio en el subsuelo para la instalación de un generador eléctrico. En la terraza y los pisos 40 y 39 es donde se registraron las mediciones más altas. La ocupación de esos espacios comenzó en 1960, según contratos de los que la Fuerza Aérea no tiene constancia documental. En febrero de este año Artear adujo que la renovación del contrato era automática si ninguna de las partes lo denunciaba y solicitó una audiencia con la ministra Nilda Garré. En 2003 Canal 13 pagaba por esos espacios un canon de 5.500 pesos mensuales. En abril de este año el Tribunal de Tasaciones de la Nación lo fijó en 13.500 pesos mensuales. En la audiencia con Garré los directivos de ARTEAR dijeron que la antena y la planta transmisora eran “el corazón del canal 13”. En una segunda reunión se les notificó la conclusión de un sumario administrativo sobre los contratos. El único registrado se firmó en diciembre de 2003, venció en diciembre de 2008 y se prorrogó hasta fin de este año, pero soslayó el régimen de contrataciones públicas: no hubo expediente, publicidad ni licitación. Esto permitiría al Estado revocarlo, dada su absoluta nulidad. ARTEAR dijo que el ministerio actuaba de mala fe, con una actitud persecutoria, dado que de otro modo convocaría a una licitación pública para su regularización. El ministerio negó esa intencionalidad: desde la asunción de Garré está regularizando la situación de todos los edificios asignados al uso militar y en casos con menores irregularidades separó a los funcionarios que actuaron y los denunció ante la justicia. Según ARTEAR el traslado de las estructuras a un nuevo emplazamiento sin afectar la transmisión del canal no llevaría menos de seis meses, por lo cual pidió que se revisara la decisión. Ambas cuestiones, igual que la separación de los cables y las obligaciones de desinvertir en caso de aprobarse la ley que discute el Congreso, terminarán en la justicia, donde la ideología y la corrupción juegan en contra del intento de democratización del espectro de las comunicaciones.
Un trapecio sin red
El proyecto de ley sobre servicios audiovisuales es una divisoria de aguas de profundas consecuencias políticas, sociales y culturales. La oposición espera bloquearlo sacando al Congreso de gira por las provincias durante meses y el gobierno espera obtener dictamen de comisiones en Diputados el viernes, luego de tres días de audiencias públicas. Son dos demasías simétricas y una explica a la otra.
Varios gobiernos electos intentaron reformular la ley de la dictadura pero sólo Carlos Menem tuvo éxito, porque su reforma ofreció las comunicaciones como un negocio a los grupos económicos y no privilegió el pluralismo y la libertad de expresión, que tampoco fueron bien servidos durante los años del monopolio estatal. En los demás casos, las dilaciones, la presión mediática y las repentinas conversiones de legisladores frustraron los mejores propósitos. Éste proyecto es superior a los anteriores porque ninguno surgió de un proceso de elaboración tan amplio, extenso y participativo.
Además de reservar espacios al Estado y a las organizaciones de la sociedad procura asegurar la competencia en el segmento de mercado. Su inspiración es más liberal de lo que el propio kirchnerismo dice: como los seres humanos y sus empresas son siempre malos, todos deben enfrentarse sin posiciones dominantes para que cada uno limite la arbitrariedad del otro. Estas son las principales cuestiones que se discuten:
El acceso de las telefónicas inquieta a legisladores y organizaciones sociales. Es comprensible, dado su poderío y su extranjería, agravada por los tratados bilaterales de inversiones que le dan trato de nacional a cualquiera con solo pasar por Delaware, como un casamiento de apuro en Reno. Pero antes de avanzar sobre el coto reservado de Clarín el proyecto les impone que abran su retaguardia para que también en telecomunicaciones haya competencia. La obligación a Telecom Italia de desprenderse de su participación en Telecom Argentina es un primer paso. La exclusión total sería utópica y sólo podría sostenerse obligando a una anacrónica, contaminante y despilfarradora multiplicación de redes, cuando en Europa ya se prueba el sistema PLS, que permitirá transmitir sonido e imágenes por la red de electricidad. Algunas condiciones ya estaban en el decreto 764/2000 de desmonopolización, pero no se cumplieron. Exigencias menos severas para los prestadores de servicios públicos contempla el proyecto de la diputada radical Silvana Giudici (artículo 7, http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=4369D2006), quien además establece un tributo a los radioteledifusores más alto que el del proyecto de CFK. La clave estará en el control de los tres poderes del Estado y de la sociedad.
La autoridad de aplicación: quién la designa, cómo se compone y/o de quién depende. Los cuestionamientos al artículo que reserva el 40 por ciento de ese poder a las dos principales fuerzas de la oposición parlamentaria (hoy serían la UCR y UniónPro), suenan extraños en boca de quienes respaldaron el proyecto de Fernando de la Rúa de 2001, cuyo artículo 167 decía que los cinco directores de la Comisión Nacional de Radio y Televisión serían designados por el presidente de la Nación.
Libertad de expresión. No hay en el proyecto de CFK una sola referencia a contenidos. El proyecto de la súbita libertaria Giudici sí obliga a “difundir información responsable, veraz, evitando afectar el honor, la intimidad y la imagen de las personas” (artículo 69). Este requisito evoca el de la información “oportuna, veraz e imparcial” de la Constitución bolivariana de Venezuela (artículo 58, http://www.constitucion.ve/constitucion_temas_es/view/mostrar_articulo.pag?id_articulo=108&id_tema=34&idTemaParent=) y contradice la declaración de principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (artículo 7, http://www.cidh.org/Basicos/Basicos13.htm). También firma el proyecto de Giudici el diputado Claudio Lozano.
Las organizaciones sociales. Quienes temen que la reserva de un tercio del espectro beneficie al gobierno también pueden consultar el proyecto Giúdici: les asigna un poco menos que CFK en radios AM y televisión VHF (20 por ciento), pero algo más en radios FM y televisión UHF (40 por ciento) (artículo 20).
Tal como con la Resolución 125, el gobierno pena por la endeblez de su construcción política. Ni Roberto Urquía debió haber presidido la Comisión de Presupuesto del Senado (por no hablar de Julio Cobos en la vicepresidencia), ni Graciela Camaño la de Asuntos Constitucionales de Diputados y el empresario de medios Guillermo Jenefes la de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el Senado, donde todos esos temas competen a una sola comisión. Nadie tiene derecho a sorprenderse, pero sí a preocuparse, cuando cada cual actúa como lo que es. El precio puede ser devastador, porque si esta ley no es sancionada su efecto político será el de una resolución 250. Esto debería tornar al gobierno receptivo a las propuestas de otras fuerzas, como el interbloque de 16 diputados que oscilan entre algunas posiciones impecables, maximalistas y autorreferenciales y otras conscientes de que hay un país ahí afuera en el que las corporaciones encabezadas por la Mesa de Enlace preparan el asalto final contra la mera posibilidad de que la política subordine a los poderes fácticos. Ese sector tratará de impedir que este valioso proyecto se frustre, pero también de adosarle otras medidas reclamadas por la coalición para una radiodifusión democrática, como las leyes de acceso a la información pública y de despenalización de calumnias e injurias en temas de interés público, que son dos deudas pendientes del kirchnerismo. Por último, pero para nada menor, no ayuda a la sanción de una ley tan decisiva para la democracia argentina el abuso de poder que el ex presidente Néstor Kirchner ejerció sobre el joven periodista de Clarín Leonardo Mindez, quien se limitó a preguntarle sobre dos temas que parecen pensados para una tesis académica acerca del legítimo interés público: el crecimiento de sus bienes declarados bajo juramento y el uso de su jubilación presidencial. Regocijo para AdEPA y oportunidad perdida para brindar una explicación que todos comprendan.
Fuente: Diario PáginaI12