El Fondo Monetario Internacional (FMI), el campo y la prensa, a tiro de fusil. Así, como está, la ley de Comunicación Audiovisual no sale, dijo un parlamentario oficialista.
Por: Hugo E. Grimaldi
Mientras el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Amado Boudou, pasaba su remendada gorra en Londres ante los países que manejan el Fondo Monetario Internacional (FMI) para impedir una auditoría severa sobre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INdEC); y los ruralistas terminaban a la vera de las rutas su protesta con renovadas promesas de que ahora viene lo mejor en materia de acción política, ya que piensan aglutinar de frente, mar... a la oposición, un legislador del Frente para la Victoria se refería a lo que se cocina en los despachos del Congreso sobre el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Justamente, coincidieron en un día las tres cuestiones que lo tienen a Néstor Kirchner en su atalaya como atento vigía y disparando perdigonadas a tontas y a locas: el Fondo, el campo y los medios.
Yo entiendo a muchos opositores. A este tipo es difícil comprarle un auto usado, decía el parlamentario kirchnerista en su descarnada descripción del ex presidente de la Nación, y se preguntaba, en simultáneo, cuánta cuerda le queda aún a Kirchner para seguir metiéndole miedo a muchos justicialistas, para cooptar y remover funcionarios públicos y para devaluar, inclusive, la figura de su esposa, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Es un milagro que alguien que perdió como perdió y que ha seguido cayendo en imagen continúe siendo Pugliese, señaló la fuente con admiración crítica, desnudando, además, sus preferencias tangueras y en la misma semana en que se conocieron encuestas sobre estrepitosas pérdidas de confianza del Gobierno nacional
Mire, este país ama la acción del Estado, no le importa la discrecionalidad y los peronistas lo sabemos muy bien. Hasta el ARI, el socialismo o la UCR bien podrían haber escrito casi todo el Proyecto de Medios, pero no le creen a Kirchner, como tampoco le creen ni el campo ni el Fondo, añadió el político y así enlazó los tres temas que obsesionan al ex presidente. Los tres berretines, sentenció.
Luego arrimó su opinión a la hora de hacer un probable conteo de votos: así, como está, la Ley no sale, arriesgó. Según él, al bloque oficialista todavía no le dan los números en la Cámara de Diputados, ni mucho menos en la de Senadores. Entonces, explicó que hay dos o tres costados del proyecto que son resistidos con mucha fuerza por los bloques de centroizquierda de mucha afinidad ideológica con la iniciativa pergeñada por la Casa Rosada, pero que no creen en la pretendida democratización y pluralidad que pregona el Poder Ejecutivo. En cuanto a por qué esos diputados que están a mitad de camino entre la crítica acérrima y la sumisión oficialista no plantean con más claridad sus disensos, el avezado político aventuró que revisan todo con cuatro ojos, porque en cada costado ven una trampa y por eso no quieren saber nada. Y añadió que tampoco hablan tanto públicamente, porque no les gustaría que les ocurra lo que le pasó a la Negra (por Graciela Caamaño, quien dijo que no iba a votar la ley y la mandaron a buscar una coima), pero la verdad es que no se tragan ni lo de las telefónicas, ni la composición de los órganos de fiscalización. El artículo 25 de la futura ley es precisamente uno de los más resistidos por los bloques que podrían inclinar la balanza a favor del oficialismo en la Cámara Baja, ya que son diputados que participan de la necesidad de cambiar la legislación, pero entienden que se deben acotar del todo las posiciones dominantes y no reemplazar unas por otras. Por eso, se niegan a convalidar que se les abra las puertas del mercado a las poderosas empresas de telefonía para que accedan al llamado triple play (entrega de voz, datos y televisión en un solo paquete de servicios), ya que habían quedado explícitamente afuera del negocio, a partir de los pliegos de la venta de Entel. Ahora, la nueva legislación les pone alfombra roja con una serie de requerimientos que no son para nada difíciles de completar, habida cuenta el premio que tienen por delante. Este ingreso, como así también el del resto de las empresas de servicios públicos, fue invalidado en primer lugar por los cableros del interior, ya que suponen que la nueva ley de medios va a barrer del mercado a muchas pequeñas y medianas empresas (PyME). Sin embargo, el principal reparo de los diputados que no comulgan con ese artículo es que se estaría a las puertas de reconcentrar el mercado en cabeza de nuevos grupos que, se teme, respondan a los amigos del kirchnerismo.
Órganos de contralor
Otro punto central que rechazan estos diputados-clave para que se destrabe la posibilidad de tratar el proyecto, diputados que más de una vez le han servido al oficialismo para conseguir quórum o para ganar votaciones, son las estructuras que tendrán a cargo la fiscalización de todo el Sistema de Servicios de Comunicación Audiovisual: una autoridad federal, un consejo federal más un consejo asesor dedicado a la infancia, una comisión bicameral de promoción y seguimiento de la actividad y una defensoría del público.
Más allá de la burocracia que conllevan todas estas estructuras que prevé la futura norma, lo que se critica de modo más cerrado es que los cinco miembros del órgano principal de control, la autoridad federal, serán designados por el Poder Ejecutivo de turno, aunque habrá dos opositores provenientes del Congreso y que serán ellos una suerte de Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR) paralelo, los que dictaminarán cada dos años desde la órbita oficial, si tal o cual emisora o televisora cumple o no cumple con los estándares técnicos previstos y si puede o no puede seguir en el aire, lo que podría prestarse a groseras manipulaciones.
Otro punto que hace al fondo de la cuestión son los tiempos en que se pretende tratar el proyecto, lo que no es un dato secundario, ya que está en juego la composición de la Cámara Baja y esto es lo que subyace en los apuros del oficialismo del tratamiento express y en las chicanas opositoras para dilatar los tiempos. Después del 10 de diciembre no sale más, aseguró el parlamentario kirchnerista.
Uno de los diputados de centro-izquierda, Eduardo Macaluse, integrante del bloque Solidaridad e Igualdad (SI), de ex aliados del ARI fundado por Elisa Carrió, tiene su corazoncito y su conciencia muy cerca de los fundamentos de la legislación que plantea el oficialismo, pero fue maltratado el jueves por el bloque mayoritario en el plenario de comisiones, cuando intervino para proponer que, entre la postura del Gobierno nacional de acelerar los tiempos y de discutir el proyecto solamente en tres audiencias públicas que se harán en el Congreso esta misma semana o la posición opositora que se había votado en la Comisión de Libertad de Expresión de llevar las audiencias al interior hasta fines de noviembre, se podría ir por un camino intermedio.
En síntesis, el legislador propuso hacer menos de siete, pero fuera de la Capital Federal, con un sentido más federalista y sin que lleve tanto tiempo, pero que tampoco sea un maratón en la cual solamente se dispongan 10 minutos para cada expositor, como se teme que va a ocurrir.
A pesar de la buena voluntad de buscar consenso, se le contestó a Macaluse con un no rotundo, casi despectivo, y la votación convalidó el tratamiento acelerado. De qué se extraña. Lo que se dice en Olivos no se discute, se cumple, ratificó el legislador kirchnerista, después de recordarle al periodista, por cuarta vez, la reserva que impone el off the record.
Temas centrales
Pese a que a muchos legisladores no les parece un tema relevante, hasta ahora no se ha puesto sobre el tapete un tema central que es mirado con mucho cuidado por todo el ambiente empresario y que afectará aún más el alicaído clima de negocios: la inseguridad jurídica. El punto principal es que si se obliga a las empresas a desinvertir (o a malvender sus activos), esto implicaría avanzar sobre los derechos adquiridos por los actuales jugadores del mercado, quienes han hecho inversiones a la espera de recuperarlas, pero dentro de las actuales reglas de juego.
Otro punto que el Gobierno nacional no quiere debatir en esta instancia es la asignación de la publicidad oficial, algo que los opositores de todo pelaje entienden que está indisolublemente unido a la posibilidad de condicionar la opinión de los medios.
Es especialmente importante este aspecto, remarcan, ya que habrá un cúmulo de organizaciones de gestión privada, sin fines de lucro, tal como dice el proyecto, que pueden ser dependientes casi con exclusividad de ese financiamiento y que, por lo tanto, haya injerencia oficial en sus contenidos periodísticos y que así esos difusores sirvan para engrosar la cadena oficial del gobierno de turno.
Quienes apoyan el proyecto en esencia, aún intelectuales que simpatizan con el Gobierno nacional, han sido muy críticos durante los últimos días con la propia presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en particular, a causa del afán marketinero que puso en presentar la división de operadores en tercios, ya que sostienen que esos porcentajes llaman al engaño, porque el Estado nacional nunca podría llegar a disponer de un 33% de las emisoras de radio y televisión ni aún sumando las universidades, lo que dejaría los porcentajes abiertos para todo lo que deseen acrecentar las empresas privadas con o sin fines de lucro.
Precisamente, este afán presidencial de hacer anuncios rimbombantes que después no pueden confrontarse con la realidad ha sido recurrente en las últimas semanas, como por ejemplo cuando la jefa de Estado mencionó que no se enviaron proyectos de ley de medios en democracia y la confusión de cifras que tuvo entre recaudación y blanqueo.
Si se descarta la posibilidad de que sean chicanas de alto nivel destinadas a subestimar a los ciudadanos, no se entiende muy bien por qué los asesores le están pasando una letra inadecuada a la Presidenta, si porque creen que así serán más papistas que el Papa y harán quedar bien al Gobierno nacional, o bien, si para perjudicarla. Al respecto, el parlamentario kirchnerista expresó un sentimiento de piedad por la investidura presidencial y pidió una vez más reserva de su identidad.
Fuente: Agencia DyN
