Audiovisual estaba marcada por una historia de esfuerzos memorables desde la recuperación democrática y de una profunda carga emotiva por la aletargada iniciativa para quienes pertenecen al ámbito de las Ciencias de la Comunicación.Por: Federico Corbiére
El encuentro organizado por el Sistema Nacional de Medios Público (SNMP), con la colaboración con el Instituto de Estudios sobre Comunicación (IEC) -dependiente de ese organismo- convocó a diversas personalidades de la vida académica y a funcionarios políticos para discutir el anteproyecto presentado por Cristina Fernández de Kirchner el 18 de marzo, en el Teatro Argentino de La Plata.
Al primer foro realizado en la Ciudad Buenos Aires asistieron al menos unas 200 personas -entre las cuales pudo verse algún legislador tomando nota-, el cual estuvo dividido en dos mesas claramente diferenciadas por el perfil de los expositores.
Bajo la consigna “Espacio para todas las voces”, el pasado viernes 3, desde las 17 horas, debatieron diversos aspectos de la normativa Guillermo Mastrini, Henoch Aguiar, Graciana Peñafort Colombi y Luis Alberto Quevedo. Cerca de las 19, cerraron los representantes del gobierno nacional Tristán Bauer (SNMP), Martín Granovsky (TelAm) y Gabriel Mariotto (ComFeR).
La iniciativa se correspondió con la propuesta a discutir en foros abiertos, en todo el país y de manera simultánea, el texto elaborado por la Presidencia de la Nación, al menos durante 60 días, tiempo en el que CFK comprometió la presentación formal de un proyecto en el Congreso de la Nación, con atención a las críticas y posibles modificaciones.
Durante las exposiciones se cruzaron obligados recuerdos al reciente deceso de Raúl Alfonsín y un sorpresivo espíritu conciliador en la búsqueda de pulir los puntos más conflictivos del articulado.
Salvo la disertación de Graciana Peñafort Colombi (Directora de Asuntos Legales del ComFeR), quien cuestionó la ponencia de Henoch Aguiar, el resto de los panelistas pareció levitar sobre brasas ardientes con el claro objetivo de llagar a puntos de concordancia y acuerdos concretos, desde miradas y posiciones políticas divergentes.
Para sorpresa de muchos la abogada introdujo en la agenda de discusión el tema de la pauta oficial -cuando apenas representa un 3 por ciento del total de la torta publicitaria que reciben los medios-.
Peñafort Colombi defendió la composición del nuevo cuerpo colegiado integrado por tres representantes ligados al Poder Ejecutivo y dos por minorías parlamentarias. Según su interpretación, el contralor de la actuación del Directorio, en tanto autoridad de aplicación, quedaría en manos de la Comisión Bicameral y no del Poder Ejecutivo.
El titular de la cátedra Políticas y Planificación (FSoc-UBA) Guillermo Mastrini, consejero del IEC y co-autor, entre otros libros, de Mucho ruido y pocas leyes. Economía y políticas de comunicación en la Argentina, 1920-2004 (La Crujía, 2005), señaló que en principios generales se trata de un proyecto “bastante bueno”, no obstante realizó algunos señalamientos a tener en cuenta.
Entre ellos, el desafío para que los ciudadanos que están del otro lado de la pantalla dejen su rol de espectador pasivo: “La ciudadanía debe participar y tener opinión política, sino las decisiones las toman otros”, sentenció al argumentar que una ley no se agota sólo en su promulgación.
Mastrini hizo hincapié en el diseño institucional de la ley, sobre las políticas respecto a los licenciatarios y las de contenidos.
Observó positiva la autarquía del Directorio, con la creación del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y del Consejo Asesor Audiovisual para la Infancia, además de la figura del Defensor del Público. También, consideró que habría que revisar la duración de los mandatos del directorio y la forma para que cumplan su rol en tiempos desfasados a los electorales. Destacó la división tripartita de las licencias; y, agregó, que no está establecido con claridad el 33 por ciento perteneciente al Estado; que los mecanismos de audiencias públicas dan mayor calidad institucional; que el cable a demanda y los concursos abiertos son un avance de legislación antimonopólica.
Por último, remarcó la necesidad de dar mayor flexibilidad a los cableros que no prestan servicios en zonas densamente pobladas -obligados a ofrecer una señal de aire- y que los gravámenes a la televisión abierta destinados al cine deberían financiar a la propia televisión.
A continuación el titular de la materia Legislación Comparada de la misma casa de altos estudios, Henoch Aguiar, pidió gancho y anticipó su desacuerdo terminante con la entrada al sector de las prestadoras telefónicas -impedidas en los pliegos de licitación durante la reforma del Estado, en 1989-. Aguiar realizó un largo recorrido sobre los artículos a corregir y destacó algunos aspectos a retomar de viejos proyectos como el CO.CO.DE (Consejo para la Consolidación de la Democracia) de fines de los 80 y otro que se tituló “Bases para una ley de Comunicación Audiovisual”, además de iniciativas más recientes.
El también autor de El futuro no espera. Políticas para desarrollar la sociedad del conocimiento (La Crujía, 2007) le puso nota al proyecto: ocho.
Explicó que se trata de una “ley necesaria”, que va a durar mucho tiempo y que por esa razón habría que evitar condicionamientos, pensados en los términos de un River-Boca, entre el gobierno y los medios.
Por tales motivos, señaló que el proyecto de ley debería tener tres elementos causales para su promulgación: coraje para que no devenga en gubernamental, ser menos ingenua frente a los monopolios y menos rígida en sus cuotas, para garantizar el federalismo.
Por su parte, Luis Alberto Quevedo, miembro de FLACSO, del Canal Encuentro y el portal Educ.ar, lateralizo el debate desde la mirada que hicieron los medios sobre el anteproyecto e ironizó que su no tratamiento legislativo ya se asemeja a un “rezo laico”. Frente a las críticas del Grupo Clarín señaló la aparición de informes sobre la libertad de expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) los días previos a la presentación oficial, entre ellos: “Muchos gobiernos creen que la prensa molesta” y la lectura que se hizo de la misma, como un acto político de extorsión y de electoralismo.
Respecto a los “excesos de interpretación” sobre las condición de revisión de las licencias cada dos años, el sociólogo agregó que habrá que corregir la norma si se presta a ambigüedades, y que los medios no deben confundir interés público con manipulación de contenidos. Asimismo, señaló la pobreza actual del debate político.
La segunda mesa representó los fundamentos políticos y culturales por los cuales debe motorizarse la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, desde la perspectiva gubernamental.
El presidente del SNMP Tristán Bauer señaló su compromiso con este tiempo, que consideró histórico, para revertir el decreto de la dictadura pergeniado por Jorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy.
Martín Granovsky, luego de relatar una serie de anécdotas sobre la prestación del servicio brindado por TelAm, señaló que esta “no es una ley de prensa” sino un proyecto que se adapta a una nueva realidad (tecnológica), a la que hay que regular no desde los contenidos ni las ideas.
Por último, el interventor del ComFeR Gabriel Mariotto también recordó el fallecimiento de Raúl Alfonsín y señaló la ausencia en los homenajes -transmitidos tanto en televisión como enla prensa gráfica - de alguna mención al ya citado proyecto CO.CO.DE, que estaba en la plataforma del espacio político del ex mandatario.
Lo cual implica que de haber algún grado de circularidad entre ese paso inicial dado en 1987 y el anteproyecto anunciado a mediados de marzo no deberían presentarse mayores divergencias políticas cuando la nueva ley ingrese al recinto.
La clave del debate, seguramente, estará centrada en la elaboración de una normativa a largo plazo, que por distracción no agudice el ingenio de nuevas conductas monopólicas por parte de los diversos incumbentes del sector.
Los audios de la Jornada:
Guillermo Mastrini