Esos ataques son un ejemplo de las graves dificultades que tienen que enfrentar los periodistas que intentan afirmar su libertad editorial y tono crítico, sobre todo frente a las autoridades provinciales. Algunos responsables de medios han contado a la organización como se han deteriorado sus condiciones de trabajo.“A pesar de una situación de la libertad de prensa globalmente satisfactoria, todavía los medios locales padecen demasiadas veces las represalias, más o menos directas, de autoridades locales o provinciales cuya gestión critican, que se aprovechan de la debilidad de sus reacciones cuando son objeto de ataques o se ven amenazados con la supresión de la pauta oficial. Esperamos que la justicia resuelva rápidamente los sucesos ocurridos en las provincias de La Rioja y Salta, y los sancione”, ha declarado Reporteros sin Fronteras.
José Luis Campillay es director del semanario privado Chilecito, fundado en la localidad del mismo nombre. El 9 de noviembre de 2008, cuarenta y ocho horas después de la publicación de un número, cuya portada denunciaba los supuestos fraudes del gobernador de la provincia, Luis Beder Herrera, el periodista recibió llamadas anónimas intimidantes, y su coche fue manipulado, y dañado por un ladrillo. Uno de los mensajes de amenazas fue por escrito, y reproducido más tarde cuando destrozaron su casa. El director señala directamente a los poderes locales: “Intentan que nos pleguemos, pero nosotros no negociamos nuestras opciones editoriales”, ha dicho a la organización.
En cuanto a Néstor Bosetti, director de la emisora privada Radio Fénix, que tiene su sede en la capital de la provincia, ha relatado las amenazas telefónicas que recibió, a finales de octubre, la madre de la cronista Ximena Marenco, y las “persecuciones políticas” que padece el medio. En la última semana de noviembre la censura se ha ejercido, entre otras cosas, a través de la suspensión de la pauta oficial, que representa una importante fuente de ingresos para las radios locales del país. El director añade que el gobierno provincial intenta “desacreditar socialmente” a la radio, y a sus trabajadores: el Ministerio provincial de Seguridad y Justicia ha llegado a acusarle, a él mismo, de tener relaciones con el narcotráfico. “En nuestras ondas, la gente puede decir lo que quiera (...), y eso molesta al gobierno”, ha concluido.
En la provincia de Salta (extremo noroeste), los ataques a los medios han adquirido un tono mucho más grave tras el incendio criminal de los locales de Radio Uno en la localidad de Joaquín V. González, que tuvo lugar en la noche del 26 de noviembre, según información facilitada por el Foro del Periodismo Argentino (FoPeA). Su propietario, Daniel Barboza, que vive con la familia en el mismo edificio, sorprendió a dos personas huyendo del lugar y dejando abandonados unos bidones de gasolina, cuando las llamas ya se habían propagado a la mayor parte de las instalaciones. El periodista ha estimado los daños en cerca de veinte mil pesos (unos 4.600 euros). Para él no hay duda de que existe relación entre el atentado y las severas críticas efectuadas en antena contra el propietario de otra radio local. También se ha quejado de la falta de apoyo de las autoridades provinciales, a las que avisó de la situación.
El 24 de octubre de 2008, al día siguiente de que el empresario Daniel Vila agrediera a los periodistas Enrique Llamas Madariaga y Julio Villalonga, del diario económico de Buenos Aires El cronista, la diputada federal Diana Beatriz Conti (procedente del Partido Justicialista, en el poder) presentó un proyecto de resolución relativo a la seguridad de los periodistas en la Cámara Baja del Congreso. “Todavía no se ha logrado el consenso sobre este punto. Hay conflictos partidistas que están retrasando el debate”, lamentó la diputada en una reciente entrevista con la organización. Reporteros sin Fronteras espera que el Congreso debata rápidamente, y apruebe, dicho proyecto de resolución.
Fuente: Reporteros sin Fronteras