Entre los actores que impulsan este reclamo se encuentran el Foro Ambiental de Traslasierra, el Cabildo Abierto de Traslasierra y vecinas y vecinos de la localidad de Las Tapias, en la provincia de Córdoba. Gracias a esa articulación, la Justicia dictó una clausura preventiva sobre Integración Minera SRL, empresa minera que opera en la zona, aunque en algunos medios trascendió erróneamente que la firma habría decidido retirarse definitivamente. Según explican desde las organizaciones, eso no ocurrió: la empresa continúa allí, aunque formalmente se encuentra clausurada.
En Señales, Luis María Jiménez —antropólogo, consultor ambiental e integrante del Foro Ambiental de Traslasierra— , reconstruye el trasfondo del conflicto y aporta precisiones clave. La mina en cuestión —explica— tiene una historia extensa: fue inaugurada en 1936 por el propio Estado nacional, a través de Fabricaciones Militares, y desde entonces funcionó de manera intermitente, con períodos de actividad y otros de inactividad, hasta llegar al presente. Sin embargo, el contexto que rodea a la explotación cambió radicalmente con el paso de las décadas.
Donde antes había un área prácticamente despoblada, hoy existe una zona urbanizada. En un radio cercano a la mina hay dos escuelas, una ubicada a unos 1.400 metros y otra a 1.200, y la toma principal de agua potable que abastece a la localidad de Las Tapias se encuentra a apenas 600 metros del yacimiento. A esto se suman las explosiones, el movimiento constante y una serie de inconvenientes que alteran la tranquilidad característica del entorno serrano.
Polvo en el aire y organización vecinal
Frente a esa situación, los vecinos comenzaron a organizarse y a buscar respuestas. El año pasado, un grupo de habitantes decidió analizar un polvo fino que se había dispersado por toda la zona luego de detonaciones en la mina. Los estudios de laboratorio determinaron que se trataba de harina de piedra. Aunque no se detectaron químicos extraños, se concluyó que la sustancia es altamente tóxica cuando se inhala, ya que, si bien proviene de elementos naturales, no es habitual que la piedra esté pulverizada en partículas tan pequeñas como para ser respiradas.
Ese hallazgo marcó un punto de inflexión. A partir de allí, se profundizaron las investigaciones, se multiplicaron los pedidos de información y aumentó la presión sobre las autoridades. Como resultado, la Secretaría de Minería colocó un informe en la puerta del predio en el que se indicaba que toda actividad minera estaba prohibida. Sin embargo, de manera paralela, las explosiones con dinamita continuaron.
Ese hallazgo marcó un punto de inflexión. A partir de allí, se profundizaron las investigaciones, se multiplicaron los pedidos de información y aumentó la presión sobre las autoridades. Como resultado, la Secretaría de Minería colocó un informe en la puerta del predio en el que se indicaba que toda actividad minera estaba prohibida. Sin embargo, de manera paralela, las explosiones con dinamita continuaron.
Denuncias penales y una clausura preventiva
Ante esa contradicción, los vecinos avanzaron con denuncias penales, asesorados para que no se tratara de presentaciones comunes, sino de denuncias específicas por la violación de disposiciones de organismos oficiales. La causa fue tomada por la Fiscalía N.º 1 de Villa Dolores, que dio inicio a actuaciones en las que intervinieron distintas instituciones vinculadas al cuidado ambiental. Finalmente, Policía Ambiental realizó una inspección en el lugar y determinó una clausura provisoria.
Desde las organizaciones celebraron inicialmente la medida, aunque rápidamente aclararon que se trata de una clausura preventiva y no definitiva. Además, al profundizar las averiguaciones en la Secretaría de Minería, descubrieron que la empresa cuenta en paralelo con un estudio de impacto ambiental presentado para obtener la habilitación formal para la explotación.
Irregularidades, filtraciones y agua en riesgo
Según Jiménez, hay elementos suficientes para sostener que la empresa trabajó de manera ilegal durante años. Entre las irregularidades comprobadas se encuentran la acumulación de explosivos sin autorización, el uso de explosivos sin los permisos correspondientes y otras faltas que resultarían extensas de enumerar. A esto se suma un dato especialmente preocupante: la existencia de filtraciones que llegan a las napas subterráneas y que estarían contaminando las aguas aguas abajo.
Pese a las dificultades propias de la Feria Judicial, las denuncias y la presión ante la Fiscalía continuaron. Jiménez señala que los turnos de urgencia del Poder Judicial no se suspenden durante ese período, lo que permitió avanzar con nuevas actuaciones, entre ellas el pedido de un allanamiento en el predio para constatar la situación real descripta en el acta de Policía Ambiental.
El retiro de maquinaria y la hipótesis del allanamiento
Ante esa contradicción, los vecinos avanzaron con denuncias penales, asesorados para que no se tratara de presentaciones comunes, sino de denuncias específicas por la violación de disposiciones de organismos oficiales. La causa fue tomada por la Fiscalía N.º 1 de Villa Dolores, que dio inicio a actuaciones en las que intervinieron distintas instituciones vinculadas al cuidado ambiental. Finalmente, Policía Ambiental realizó una inspección en el lugar y determinó una clausura provisoria.
Desde las organizaciones celebraron inicialmente la medida, aunque rápidamente aclararon que se trata de una clausura preventiva y no definitiva. Además, al profundizar las averiguaciones en la Secretaría de Minería, descubrieron que la empresa cuenta en paralelo con un estudio de impacto ambiental presentado para obtener la habilitación formal para la explotación.
Irregularidades, filtraciones y agua en riesgo
Según Jiménez, hay elementos suficientes para sostener que la empresa trabajó de manera ilegal durante años. Entre las irregularidades comprobadas se encuentran la acumulación de explosivos sin autorización, el uso de explosivos sin los permisos correspondientes y otras faltas que resultarían extensas de enumerar. A esto se suma un dato especialmente preocupante: la existencia de filtraciones que llegan a las napas subterráneas y que estarían contaminando las aguas aguas abajo.
Pese a las dificultades propias de la Feria Judicial, las denuncias y la presión ante la Fiscalía continuaron. Jiménez señala que los turnos de urgencia del Poder Judicial no se suspenden durante ese período, lo que permitió avanzar con nuevas actuaciones, entre ellas el pedido de un allanamiento en el predio para constatar la situación real descripta en el acta de Policía Ambiental.
El retiro de maquinaria y la hipótesis del allanamiento
En ese contexto, en las últimas semanas se produjo un hecho significativo: la empresa comenzó a retirar maquinaria del lugar. Para las organizaciones, esto podría interpretarse como una señal de que la firma fue alertada sobre un posible allanamiento inminente. No descartan, incluso, que ese retiro anticipe una salida definitiva, aunque por el momento se manejan con cautela.
Sin embargo, el escenario volvió a complejizarse. Mientras se observaba el repliegue de la empresa originalmente clausurada, comenzaron a registrarse movimientos de camiones que retiraban piedra molida del área. Se trataría de una firma dedicada al mantenimiento vial, con contratos directos con la Gobernación de Córdoba y en carácter de proveedora del Estado provincial. Esa condición, advierten desde el Foro Ambiental, le otorgaría un fuerte blindaje político.
Sin embargo, el escenario volvió a complejizarse. Mientras se observaba el repliegue de la empresa originalmente clausurada, comenzaron a registrarse movimientos de camiones que retiraban piedra molida del área. Se trataría de una firma dedicada al mantenimiento vial, con contratos directos con la Gobernación de Córdoba y en carácter de proveedora del Estado provincial. Esa condición, advierten desde el Foro Ambiental, le otorgaría un fuerte blindaje político.
Por esa razón, las organizaciones optaron por no adelantar conclusiones. Buscan interiorizarse con mayor precisión sobre qué está ocurriendo y determinar si efectivamente se está retirando material de una mina que permanece clausurada. Jiménez subraya que confían plenamente en la información aportada por los vecinos y que el retiro de maquinaria no es un rumor, sino un hecho comprobado.
La empresa que actualmente aparece vinculada a estos movimientos se llama Vial RG y estaría ingresando a la zona para abastecerse de material pétreo pulverizado. No obstante, aún no pueden asegurar de manera concluyente que se trate exactamente de la misma mina clausurada, ya que el complejo incluye cuatro minas, de las cuales solo una —la Mina Las Tapias— estaba en actividad y fue la que recibió la clausura.
La imposibilidad de acceder al interior del predio, por tratarse de propiedad privada y contar con carteles que prohíben el ingreso, limita las verificaciones directas. Desde las organizaciones remarcan que su accionar se rige estrictamente por los marcos legales y que su fortaleza radica, justamente, en exigir el cumplimiento de la ley sin vulnerarla.
Seguir organizados, aun con la mina cerrada
Mientras tanto, continúan desplegando acciones de visibilización, presentaciones administrativas y medidas legales, además de movilizaciones y actos frente a la entrada de la mina. "Estamos actuando en distintos ámbitos", resume Jiménez, quien también agradece la posibilidad de difundir la situación que atraviesa esta región del valle de Traslasierra, ubicada a unos 240 kilómetros al oeste de la ciudad de Córdoba y contigua a Villa Dolores.
Luis María Jiménez forma parte de un entramado de organizaciones ambientales que, en Córdoba, lograron poner un freno a una actividad extractiva cuestionada, y que hoy permanecen en estado de alerta para evitar que la clausura quede en una mera formalidad.