El presupuesto 2026 de la provincia de Santa Fe asciende a 14 billones 125.704 millones 195 mil pesos, un número de catorce dígitos que dimensiona la magnitud del Estado santafesino y obliga a observar con detalle cómo se distribuye cada área. Entre los datos más llamativos aparece un trabajo del periodista y diputado provincial del Frente por la Soberanía, Carlos del Frade, quien analizó el Anexo Estadístico III del proyecto y reveló el volumen de recursos destinados a publicidad, propaganda y desarrollos comunicacionales, así como a inversiones en fibra óptica en distintos organismos provinciales.
Según ese análisis, las partidas asignadas a estos rubros en la Gobernación, el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública y la Caja de Asistencia Social (Lotería de Santa Fe) suman 44.556 millones 431 mil pesos. Dividido por los 365 días del año, el cálculo es contundente: 122 millones 72.413 pesos diarios destinados a pauta oficial y acciones comunicacionales. La cifra supera incluso el presupuesto completo del Ministerio de Cultura y sextuplica lo asignado al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.
El peso del gasto comunicacional es aún mayor si se considera que este relevamiento no incluye las áreas de prensa del resto de los ministerios ni las partidas de comunicación del Poder Judicial y Legislativo. Es decir: el total real que el Estado santafesino destina a su visibilidad y difusión es considerablemente más alto.
El desglose realizado por Del Frade muestra que solo la Gobernación prevé 23.997 millones 607 mil pesos entre relaciones públicas, ceremonial y protocolo, comunicación de gobierno, contenidos, imagen y publicidad. A esto se suman los 12.958 millones 824 mil pesos del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública para la imprenta oficial, las comunicaciones de la provincia y el tendido de fibras ópticas. Finalmente, la Caja de Asistencia Social destina otros 7.600 millones de pesos a publicidad y propaganda.
Mientras tanto, el Ministerio de Cultura cuenta con un presupuesto de 41.138 millones 919 mil pesos, apenas el 0,29% del total provincial. Traducido a escala diaria, equivale a 112 millones 709.367 pesos, menos de lo que la provincia destina por día a la pauta oficial. Y la situación del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático es aún más precaria: recibe solo 19.605 millones 653 mil pesos, el 0,13% del total, un monto insuficiente para una provincia marcada por emergencias ambientales recurrentes.
El contraste entre el gasto comunicacional y la inversión en áreas estratégicas como cultura y ambiente no es un detalle menor: expone un orden de prioridades políticas que reclama un debate urgente y profundo. La concentración de recursos en publicidad oficial plantea interrogantes sobre su distribución, su transparencia y los criterios de asignación. ¿Qué medios o empresas resultan beneficiados y por qué? ¿Cómo se garantiza que estos fondos no se conviertan en un mecanismo de dependencia o condicionamiento mediático?
Los datos aportados por el informe de Del Frade no solo muestran una asimetría presupuestaria: invitan a revisar cómo se administra el dinero público destinado a la palabra estatal, quiénes acceden a esos recursos y en qué medida esa distribución favorece o restringe la pluralidad informativa. En un contexto donde la comunicación oficial concentra más fondos que áreas clave para la vida cultural y la protección ambiental, la discusión sobre la democratización de la pauta deja de ser un asunto técnico y se convierte en una cuestión de política pública y calidad democrática.
Carlos del Frade señaló que "falta discutir y aprobar el presupuesto en la Legislatura, en la Cámara de Diputados. Yo voy a votar en contra: una vez más voy a votar en contra del presupuesto, como siempre lo hice. Entre otras cuestiones, porque estas partidas que están en el presupuesto 2026 representan —por ejemplo, solamente en tres áreas hice el cálculo— lo que tiene que ver con Gobernación, Ministerio de Gobierno y Lotería: entre las tres van a sumar 44 mil 556 millones 431 mil pesos. Son 122 millones de pesos diarios".
Explicó que esa suma corresponde solo a algunas partidas: "Yo dejo afuera todo lo que tiene que ver con los departamentos de prensa de los distintos ministerios, del Poder Judicial, de los legislativos; lo dejo afuera, como también dejo afuera lo del canal de la provincia". Y remató con la comparación: "Es más que todo el año del presupuesto 2026 para el Ministerio de Cultura, que es de 41 mil millones de pesos, y dos veces —y más todavía— lo del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, que es solamente de 19 mil millones de pesos".
El diputado planteó entonces su inquietud central: "Lo que pregunto, porque me parece fundamental, es cómo se distribuye esa pauta enorme oficial. Cuánta plata, por ejemplo, se les da a algunos medios. Cero pesos. Porque son críticos. Y eso está mal". En ese punto recordó el mandato de la Unesco cuando publicó el informe Un solo mundo, voces múltiples, también conocido como Informe MacBride, que incluso provocó la salida de Estados Unidos y Gran Bretaña del organismo. "Quedó garantizado para casi todos los países del mundo que el Estado tiene que asegurar el pluralismo de voces, más allá del punto de vista político de cualquier producción periodística. Eso se dejó de lado".
Por eso adelantó que insistirá con el pedido de información: "Lo que yo quiero preguntar, lo que voy a preguntar, es cuáles son las pautas para democratizar esa pauta fenomenal de dinero que está vinculado a la comunicación, a todo lo que tiene que ver con la prensa del gobierno y demás cuestiones. Porque si además sirve para censurar, estamos en una democracia de muy baja intensidad en la provincia de Santa Fe, en donde solamente sale lo que las voces quieren decir como si fuera algo maravilloso todo lo que está pasando en la provincia".
Y cerró con un ejemplo: "Mirá lo que pasa en el diario La Capital, hasta dónde llega la cuestión mediática. Desde hace por lo menos tres meses, los días domingo —que es el día de mayor circulación del diario, por lo menos de lo que queda del papel, y los que consumimos el papel lo sabemos— no sale información policial".
A pesar de que el gobierno de Santa Fe sostiene en su propia página oficial que la publicación de la pauta forma parte de una "política de transparencia activa", y ofrece resúmenes anuales de inversión publicitaria desde 2008, esa transparencia quedó abruptamente interrumpida: desde 2023 la provincia dejó de publicar los datos de pauta oficial, justo cuando el volumen de recursos destinados a comunicación comenzó a crecer de manera exponencial.
En septiembre, la diputada y convencional constituyente Alicia Graciela Azanza lanzó una de las críticas más duras contra el gobierno de Maximiliano Pullaro por el manejo de la pauta oficial, al que acusó de utilizar fondos públicos como un mecanismo de control de la narrativa y de disciplinamiento mediático. Señaló que la prensa santafesina se ha convertido en un "instrumento de propaganda", condicionada por un sistema de asignación que premia la docilidad y castiga la crítica, afectando la independencia periodística y la pluralidad informativa. Respaldó sus cuestionamientos con cifras del presupuesto —que destinan miles de millones a comunicación oficial— y advirtió que ese esquema promueve una connivencia entre poder político y medios, dejando a los periodistas "asfixiados" y temerosos de represalias. Para Azanza, el Ejecutivo prioriza controlar el relato antes que garantizar justicia y verdad, por lo que reclamó poner fin al uso de la pauta como herramienta de propaganda y defender una prensa verdaderamente libre.