El caso se refiere a la difusión de audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, atribuidos a la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, cuya publicación fue prohibida por resolución de un juez del fuero Civil y Comercial de la Nación, en una medida que configura censura previa.
Este tipo de censura está expresamente prohibida por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, así como por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Conforme a estos estándares, los eventuales conflictos relacionados con la honra o la intimidad deben resolverse a través de responsabilidades ulteriores —es decir, mediante sanciones posteriores, legales y proporcionales—, y nunca mediante bloqueos preventivos.
Un aspecto especialmente cuestionable de la resolución judicial es que desatiende la protección reforzada que merece la libertad de expresión cuando se trata de asuntos de interés público. Lejos de proteger derechos, prohibir la difusión de información sobre temas relevantes para la ciudadanía vulnera el derecho de la sociedad a estar informada.
"La difusión de información de interés público no puede ser bloqueada de forma preventiva. Eso constituye censura previa, una práctica absolutamente prohibida. La amenaza penal hacia quienes ejercen el periodismo, así como impedir que la sociedad acceda a información relevante, representan graves ataques a la libertad de expresión, a la transparencia y a la rendición de cuentas. En este contexto, hemos solicitado el acceso al expediente —actualmente reservado— y reclamamos que se haga público", expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Amnistía Internacional también advierte que la denuncia penal contra periodistas por presunto espionaje ilegal constituye una amenaza seria a la libertad de expresión, y genera un efecto amedrentador incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos.