El Gobierno impulsa un recorte drástico en Radio y Televisión Argentina con más de 900 despidos previstos, en medio de una fuerte interna entre Manuel Adorni y el interventor Eduardo González. La Casa Rosada cuestiona la falta de avances en el ajuste, la calidad de la programación, los acuerdos con productoras privadas y la débil sintonía con la agenda cultural oficialista, mientras crecen los conflictos gremiales por salarios congelados y dónde se denuncia censura y control editorial
En varios despachos cercanos al presidente Javier Milei crece el malestar por la lentitud con la que avanza el recorte en Canal 7 y Radio Nacional. La motosierra aún no impacta con la intensidad esperada, y el foco comienza a centrarse en la gestión de Eduardo González, presidente de Radio y Televisión Argentina (RTA), ingeniero aeronáutico con pasado en el Grupo América y exdirector de Azul TV en 2001.
Los contenidos actuales de la TV Pública son considerados de baja calidad, en su mayoría tercerizados, y con acuerdos de publicidad poco transparentes entre el canal y productoras privadas. Entre los ejemplos mencionados están los programas de panelistas que replican formatos radiales sin innovación ni atractivo masivo.
Desde la Casa Rosada, sectores ligados a la Secretaría de Comunicación que encabeza Manuel Adorni y al Ministerio de Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, exigen mayor decisión para reducir al mínimo los medios públicos, incluso a costa de indemnizaciones elevadas. A pesar de los retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas ofrecidas en 2024, consideran que el "desguace" aún no avanza al ritmo deseado.
Está previsto que RTA lance una nueva ronda de retiros voluntarios antes de fin de año, con el objetivo de avanzar luego en desvinculaciones directas, pese a la resistencia de los cuatro gremios con representación en la TV Pública y Radio Nacional.
La programación también está en la mira. Los funcionarios libertarios consideran que el canal no cumple con su rol en la batalla cultural. Se apuntaba a firmar acuerdos con producciones afines, como el caso de "Tuttle Twins", una serie animada de origen estadounidense, auspiciada por la fundación Libertas, que impulsa ideas libertarias y conservadoras, con una crítica explícita al legado de Karl Marx.
El proyecto quedó frenado por decisión del propio González tras la polémica que desató su posible emisión. La fundación Libertas está asociada a la película "Sound of Freedom", basada en la historia de Timothy Ballard, un ex agente estadounidense vinculado a denuncias de abuso sexual por parte de excolaboradoras. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habría recomendado evitar cualquier vínculo oficial con Ballard, incluso impidiendo una entrevista con el presidente Milei.
La serie animada está producida por Ángel Studios, una empresa con fuerte orientación religiosa y conservadora, conocida por títulos como The Chosen ("Los elegidos"), sobre la vida de Jesús.
La interna se amplifica por la falta de producción propia. Los pasillos del canal, tradicionalmente bulliciosos, hoy lucen vacíos. El único objetivo que parece regir la gestión actual es que la TV Pública no genere pérdidas. Para ello, se recurre a la tercerización y a acuerdos de coproducción con empresas privadas, como se hizo en gobiernos anteriores, pero que en el pasado motivaron denuncias por desvío de fondos.
El modelo vigente implica que el canal asume los costos técnicos y de infraestructura, mientras las productoras pagan los sueldos de las figuras y comercializan publicidad. Las ganancias, si las hay, se reparten en partes iguales. Este esquema también se extiende a contenidos para redes y streaming, para los cuales se reutilizó el histórico Estudio 8, transformado en un "streamroom".
No obstante, esta reconversión tampoco estuvo libre de polémica. Durante el estreno del programa "La pasión", se acusó al canal de pagar USD 15.000 a la actriz China Suárez por participar en una entrevista sobre su vida personal. La cifra fue difundida por el periodista Nacho Rodríguez y desmentida por el canal, aunque el periodista ratificó su información.
En paralelo, los trabajadores denuncian salarios por debajo de la línea de pobreza, con sueldos congelados incluso por debajo del índice inflacionario, sumado a restricciones en la línea editorial: según empleados, se habría prohibido el uso del término "represión" al cubrir las protestas en el Congreso.
El Gobierno pretende achicar la planta de RTA en medio de una interna entre Adorni y el interventor
Por: Giselle Leclercq
El Gobierno nacional avanza con el objetivo de reducir drásticamente la estructura de Radio y Televisión Argentina (RTA). En las próximas semanas se pondría en marcha un nuevo plan de retiros voluntarios que precederá a un conjunto de desvinculaciones, con la meta de achicar la planta en un 45%.
La medida, que se enmarca en la política general de reducción del Estado, fue confirmada a Perfil por tres funcionarios. Aunque no se oficializó aún, las cifras ya circulan internamente:
- TV Pública: 153 de 849 empleados serían desvinculados (18%).
- Radio Nacional: 584 de 1.169 quedarían afuera (50%).
- Ex empleados de TelAm: 228 en total, todos serían desvinculados.
- Contenidos Públicos S.E.: de 127, quedarían solo 10 (92% de reducción).
- APESAU (Agencia de Publicidad del Estado): de 167 empleados, se prevé la salida de 62 (37%).
El detonante del plan fue el informe económico interno que mostró que, al no haber producción de contenidos, los salarios se convirtieron en el único gran gasto de RTA. Federico Sturzenegger, titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, habría sido uno de los impulsores directos de la medida.
Sin embargo, fuentes cercanas a Manuel Adorni aseguran que no fue idea exclusiva de Sturzenegger, sino parte de la hoja de ruta ya anunciada por el presidente Milei. A pesar de ello, Adorni mantiene diferencias con el interventor Eduardo González, a quien critican por su forma de negociar con los gremios y su escasa sintonía con la batalla cultural que promueve el oficialismo.
La tensión también creció tras un acuerdo salarial que el interventor habría cerrado sin consultar a la Secretaría de Trabajo. El incremento fue de apenas 1%, lo que generó una nueva ola de protestas internas.
Desde SiPreBA, el sindicato que representa a los trabajadores de prensa, su secretario general advirtió: "En los medios públicos ya hubo reducción con los llamados retiros en 2024. No solo no sobra nadie, sino que falta gente para tareas estratégicas. Tenemos sueldos congelados desde agosto. Queremos salarios justos, como los que se negocian en el sector privado. Si no hay respuesta, iniciaremos acciones legales".
El conflicto sindical, los sueldos congelados y la ausencia de producción sostienen el malestar dentro de los medios públicos. Y mientras en el oficialismo crece la presión por desguazar definitivamente RTA, la gestión de González queda cada vez más cuestionada.
Fuentes: Agencia Noticias Argentinas y Diario Perfil