A menos de un mes de que el periodista guatemalteco dejara la cárcel, un fallo revocó repentinamente su arresto domiciliario. Esto ha abierto un debate sobre la independencia judicial en Guatemala. El periodista, fundador y director de elPeriodico, fue detenido en julio de 2022 tras publicar un editorial en el que describe un presunto entramado de corrupción en el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei
Tras ello, los abogados del periodista apelaron ante un tribunal superior que dispuso que la Sala de Apelaciones explique en un plazo de 48 horas el porqué Zamora debe volver a prisión. Eso les permitió ganar algo de tiempo, que ya se agota.
Entre este jueves y viernes se conocerá el desenlace.
El caso ha abierto nuevamente un debate sobre la independencia del sistema de justicia en Guatemala y la persecución a la prensa que, en los últimos años, ha destapado importantes casos de corrupción en el país centroamericano.
Juan Francisco Sandoval conoce de primera mano cómo operan las cortes en Guatemala y tiene claro el porqué una Sala busca regresar al periodista a una cárcel. Sandoval fue titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la misma institución que hoy busca condenar a José Rubén Zamora y que apeló su arresto domiciliario.
Según el exfiscal, galardonado con el premio Campeones Internacionales Anticorrupción, que otorga el Departamento de Estado de Estados Unidos a 12 personas en el mundo, la mitad de las cortes en Guatemala continúan ligadas a grupos de poder, a pesar de haberse renovado el pasado 13 de octubre.
"Hubo un mal proceso de selección de magistrados. De hecho, en un pequeño análisis que hice de la Corte Suprema de Justicia, el 68 % de los magistrados tiene compromisos con lo que denominamos ‘pacto de corruptos’", dijo a la Voz de América.
En el caso de Rubén Zamora, fue la Sala de Apelaciones la que determinó enviarlo a prisión nuevamente.
Según el exfiscal, cuando esas salas fueron electas, hubo un especial interés en que magistrados ligados a grupos de poder las integraran nuevamente, en especial, las que ven casos penales como el de Zamora.
También el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, condenó la decisión, diciendo que "cualquier resolución en contra de la libertad de expresión es ilegítima" y que "el gobierno guatemalteco tomará medidas para defender la libertad de expresión".
Nuevamente buscan que José Rubén Zamora vuelva a prisión de forma completamente abusiva y arbitraria. Está a prueba nuestro sistema judicial y el pueblo de Guatemala ha sido claro en demandar respeto al ejercicio periodístico.
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) November 15, 2024
Cualquier resolución que atente contra la libertad…
Pocas esperanzas
El panorama no es muy alentador según Sandoval, quien cree que Zamora volverá a prisión. "La única manera en que no ocurra es que le otorguen un amparo provisional por medio de una Cámara y ahí es donde van a demostrar si en realidad hubo un cambio en la Corte Suprema de Justicia", señaló.
La defensa de Zamora ha expresado a varios medios de ese país que la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos enderezar ese tipo de resoluciones.
Cuando Zamora abandonó la cárcel Mariscal Zavala, en la ciudad de Guatemala, el pasado 19 de octubre, salió convencido de que la Fiscalía buscaría regresarlo a prisión nuevamente.
"Estoy extraordinariamente feliz por el apoyo de la prensa independiente, de organizaciones", dijo. "Yo creo que van a tratar de encerrarme otra vez, si me van a volver a traer, los voy a esperar en mi casa, ese tipo de acciones los está acabando a ellos, no a mi", dijo el periodista, fundador del extinto medio elPeriódico.
La acusación
En julio de 2022, la fiscalía allanó la vivienda del periodista y lo detuvo por supuesto lavado de dinero tras haberle pedido a un amigo que bancarizara unos 38.000 dólares que, según Zamora, eran producto de la venta de un cuadro para financiar al medio que dirigía.
Además, lo acusó de obstrucción a la justicia.
La investigación y posterior arresto llegaron luego de que su medio publicó la investigación "La alfombra rusa", que señala al expresidente Alejandro Giammattei de presuntamente haber recibido sobornos de empresarios rusos, envueltos en una alfombra, a cambio de adjudicación de obras.
La fiscal general Consuelo Porras y el jefe de la FECI Rafael Curruchiche, detrás de las acusaciones contra Zamora, fueron sancionados por 40 países que les impiden ingresar a sus territorios tras "obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia en Guatemala".
El pasado 18 de octubre, el juez Erick García le otorgó arresto domiciliario a Zamora alegando que había "excedido los límites establecidos en la ley" y que no representaba peligro de fuga.
Condena ante la revocación del arresto domiciliario
La orden de regreso a prisión de Zamora es una resolución "completamente abusiva y arbitraria", afirmó el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.
Arévalo, quien asumió el cargo en enero de este año, prometió en campaña que buscaría sanear la democracia guatemalteca y acabar con la corrupción.
El funcionario visitó a Zamora en su casa donde permanece aun bajo arresto domiciliario, y afirmó que ese ha sido el "más significativo ejemplo del castigo al que fue sometida la prensa durante el régimen de oscuridad y corrupción".
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también expresó su "más profundo rechazo y estupor" ante la decisión y enfatizó en que Zamora aún no tiene sentencia.
De igual forma, el Comité de Protección a Periodistas (CPJ) agregó que los "los procesos judiciales deben garantizar un trato justo e imparcial, sin convertirse en herramientas para silenciar el periodismo crítico".
Para Amnistía Internacional, que en agosto de este año declaró a Zamora "preso de conciencia", el riesgo de que el periodista vuelva a prisión es "inminente".
Reporteros sin Fronteras (RSF) condenó la decisión del tribunal de apelación de Guatemala de revocar el arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora y ordenar su regreso a la cárcel. La sentencia, dictada el pasado 15 de noviembre, "es un ejemplo más de la corrupción que afecta el sistema judicial guatemalteco y representa una grave amenaza para la libertad de prensa en el país", señaló RSF.
Fuente: Voz de América