"La principal función será realizar una auditoría del organismo y evitar cualquier cuestión que tenga que ver con el patrullaje ideológico o el monitoreo de aquellos que piensan diferente", explicó El Sukaria, quien también anunció el inicio de una auditoría exhaustiva en la Defensoría. "La auditoría tiene como propósito evaluar el desempeño de la gestión anterior, el cumplimiento de los objetivos y la finalidad para la que fue designada la ex titular, y verificar si el cometido de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual ha sido cumplido conforme a la ley, en virtud de las denuncias realizadas", se detalla en el decreto de su designación.
La Defensoría del Público es un organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para difundir, promover y defender los derechos de las audiencias de la radio y la televisión. Recibe y canaliza consultas, reclamos y propuestas para que el derecho a la comunicación democrática sea respetado. Entre sus funciones y misiones, establecidas en el artículo 19, está la de "convocar audiencias públicas en diferentes regiones del país a efecto de evaluar el adecuado funcionamiento de los medios de radiodifusión”El Sukaria ha señalado que la Defensoría del Público fue utilizada para "perseguir a periodistas y acomodar amigos". Esta declaración se produjo después de conocerse el nombramiento de cinco miembros de su círculo íntimo e integrantes del PRO de Córdoba, quienes recibirán sueldos de hasta $3.500.000, equivalente a lo que gana un legislador provincial de Córdoba. Estos nombramientos fueron realizados entre el 18 y el 19 de septiembre, destacándose el de Pablo Steinaker como secretario general de la Defensoría. Steinaker, quien es secretario privado y mano derecha de El Sukaria, percibirá $3.500.977,56, el equivalente a un secretario de la Cámara de Diputados, sin contar el concepto de desarraigo, según informó el diario La Voz.
En un video publicado en sus redes sociales, El Sukaria reseñó: "Esta es la calle Alsina 1470. Aquí se encuentra la Defensoría del Público de Servicios Audiovisuales, un lugar donde trabajamos todos los días. Esta institución, nacida con la Ley de Medios (SIC), y en la que me han asignado la responsabilidad de ser interventora, está realizando una auditoría. Aquí defendemos los derechos de las audiencias, es decir, de todos los que consumen radio o televisión. Aquí trabajan 140 personas y depende del Congreso de la Nación. Junto a mi equipo, estamos comprometidos a transparentar, informar y definir qué derechos de las audiencias se vulneran o no. Con el equipo del PRO estamos trabajando incansablemente para elaborar el mejor informe y tomar las mejores decisiones a diario", aseguró la interventora. En otras palabras El Sukaria nos cuenta que el PRO encabeza una auditoría en la Defensoría del Público: ¿es legal?. ¡No! Es un órgano del Poder Legislativo Nacional, quién debería ocuparse del tema.
La funcionaria no oculta que su mandato responde a los lineamientos de Propuesta Republicana (PRO) o Juntos por el Cambio, como se llame la coalición al cierre de esta nota. Ya en 2023, el bloque del PRO en la Cámara de Diputados había presentado un proyecto para disolver la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, argumentando que dicha entidad realiza la misma función que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y que su observatorio de medios excede sus competencias, incurriendo en actos de control periodístico que podrían conducir a la censura. El proyecto, encabezado por la diputada Silvana Giudici, también lleva las firmas de los diputados Fernando Iglesias, Luciano Laspina, José Luis Espert, Damián Arabia, Diego Santilli, Hernán Lombardi, Martín Yeza, Alejandro Finocchiaro, entre otros. En este proyecto, exigen la disolución de la Defensoría y la transferencia de su personal, presupuesto y bienes a la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Es importante señalar que la interventora de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Soher El Sukaria, no cuenta con antecedentes vinculados a medios de comunicación ni a los derechos de las audiencias.
¿A quienes rinde cuenta la Defensoría?
"La Defensoría rendía cuentas anualmente a la Comisión Bicameral del Congreso, que no funciona desde hace tres años, y es a esa comisión a la que, por ley, debe rendir cuentas. También existen controles y rendiciones hacia el Ministerio de Economía, que es quien envía las partidas. Al no estar constituida la comisión, estos procesos se dejaban sin seguimiento administrativo. La mayoría de la información es pública y se encontraba publicada en la página web. El gobierno debería haber conformado la Comisión Bicameral en el Congreso, para que dicha comisión propusiera un nuevo Defensor o Defensora y evaluara la gestión del organismo.
Cabe señalar que el titular o la titular de la Defensoría del Público debe ser designado por resolución conjunta de ambas cámaras del Congreso, a propuesta de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización. Previamente, se debe publicar el nombre y los antecedentes del candidato o la candidata para habilitar un período en el cual los ciudadanos puedan presentar observaciones e impugnaciones.
Un caso similar
En 2019, la primera decisión tomada por la intervención de ese momento fue realizar una auditoría falsa, que pretendió analizar en solo un mes el trabajo de seis años. Como resultado de esta auditoría y tras un informe con clara persecución ideológica, se desplazó a responsables de diversas direcciones sustantivas, así como a quienes estaban a cargo del trabajo territorial y la organización de las audiencias públicas. Además, continuó la política de hostigamiento hacia quienes permanecieron en sus cargos, y no se permitió presentar el informe sobre el monitoreo de los noticieros de la TV abierta, que la Defensoría realiza habitualmente.
No sanciona
Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Comunicación, sostuvo que el rol del organismo es similar al de varios otros en países como el Reino Unido, Alemania o Suecia, y destacó que no tiene facultades sancionatorias. 'Es una entidad que realiza mediaciones entre licenciatarios de radio y TV y las audiencias. Además, su alcance es limitado porque no tiene competencias sobre medios digitales', añadió. Es por eso que siempre se promovió el diálogo y se desarrolló una tarea pedagógica con comunicadores y responsables de medios, contó un exintegrante de la institución.