¿Cuál es la situación del espacio cívico en Uruguay?
En la sociedad civil coincidimos en que desde 2020 ha habido en Uruguay un retroceso sostenido en materia de libertad de expresión, lo cual ha redundado en una en una reducción del espacio cívico. Los cambios negativos se comenzaron a sentir desde que llegó al poder el actual presidente Luis Lacalle Pou, quien de inmediato envió al Congreso la controversial Ley de Urgente Consideración (LUC), una enorme ley ómnibus que incluía cambios regresivos en materia de libertad de expresión y de reunión pacífica.
La LUC, por ejemplo, amplió los márgenes de arbitrariedad de los agentes de seguridad para disolver manifestaciones con un criterio de uso del espacio público que es bastante discutible. Se aprobó en medio de la crisis por la pandemia de COVID-19 y tuvo una discusión exprés, es decir, no tuvo el tratamiento parlamentario que se requiere para una ley con más de 200 artículos sobre temas de lo más variados. Cabe subrayar que la LUC no se ciñó a los propósitos de una ley de urgente consideración, que en un contexto de crisis económica debería enfocarse en proveer las herramientas para hacer frente a esa situación.
La regresión del espacio cívico que se ha producido en Uruguay es bastante particular, porque no ha habido ataques directos a la sociedad civil, a las fuentes de financiamiento o al reconocimiento legal de las organizaciones, como ha ocurrido en países como Ecuador o Nicaragua. Lo que vemos, en cambio, es un discurso de los principales voceros del gobierno que busca estigmatizar a periodistas y organizaciones que han sido críticos de la gestión gubernamental.
Si el proyecto de Ley Audiovisual que promueve el gobierno se aprueba, veríamos un retroceso aún mayor.
¿Necesita Uruguay una nueva Ley Audiovisual?
Uruguay no necesita una nueva ley, sino que se implemente bien la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue aprobada luego de un proceso participativo, abierto y democrático, con el asesoramiento de expertos y organismos internacionales. La sociedad civil ha reclamado reiteradamente por el hecho de que hay aspectos de esta ley que directamente no se aplican.
De aprobarse la ley que se está discutiendo en el Congreso, sería enorme el retroceso en materia de libertad de expresión y de derechos conquistados por grandes grupos en situación de vulnerabilidad y por otros que, antes de la ley vigente, nunca habían sido reconocidos en la legislación.
Es por eso que pensamos que lo mejor sería actualizar la ley Ley Audiovisual existente, siempre en línea con los estándares internacionales de libertad de expresión y apuntando a la implementación de aquellos aspectos que no han sido aplicados todavía, en lugar de reemplazar la ley con otra totalmente regresiva.
¿Cuáles son los cambios que plantea el proyecto?
En primer lugar, hay que hay que señalar el proyecto de ley que llegó del Poder Ejecutivo era mucho peor. El proyecto surgió del Partido Nacional, al cual pertenece el presidente, y no había sido negociado previamente ni siquiera con los demás partidos políticos que conforman la coalición de gobierno. La discusión del proyecto con los demás partidos en el Congreso permitió corregirlo y mejorarlo.
Pero el proyecto de ley profundiza algunos problemas y crea otros nuevos. Uno de sus efectos más regresivos tiene que ver con la concentración mediática, que impacta sobre la diversidad y la pluralidad. Uruguay tiene un sistema mediático híper concentrado, y la nueva ley permitiría legalizar situaciones de hecho que contravienen la ley vigente. Por ejemplo, el Grupo Clarín de Argentina tiene ocho licencias de televisión. Si se aplicara la ley vigente, que establece un máximo de tres, tendría que deshacerse de cinco. El nuevo proyecto, casualmente, fija en ocho el máximo de licencias que un grupo puede tener. Si se aprobara, también se consolidaría la situación de cuatro grupos locales que exceden largamente el límite que establece la ley actual.
El proyecto también abre paso a la extranjerización de los medios de comunicación. Entre los aspectos positivos de la ley vigente que se cumplen se encuentra la disposición de que los medios audiovisuales no pueden tener más de 49% de capital extranjero. El nuevo proyecto de ley borra este límite, permitiendo la extranjerización de los contenidos. Asimismo, plantea eliminar el pago del canon por las licencias de frecuencia –es decir, de la porción del espectro radioeléctrico– que otorga el Estado.
Es indudable que este proyecto de ley se redactó en acuerdo con los grandes grupos mediáticos uruguayos y extranjeros. Esto explica la coincidencia entre las situaciones de concentración de medios que hoy se dan de hecho y las disposiciones del proyecto que les darían cobertura legal.
¿Tendría la nueva ley algún efecto sobre la campaña para las elecciones de octubre?
Esta es una ley hecha a medida de los deseos y los requerimientos de los grandes grupos mediáticos. Cabe pensar que el hecho de que los canales favorecidos queden en deuda con los partidos en el gobierno en el año previo a las elecciones nacionales podría tener algún efecto.
Un tema que también se ha regulado por vía legal es el de la propaganda electoral gratuita. La ley actual dispone que las frecuencias son públicas y para usarlas las empresas deben solicitar licencias al gobierno. A cambio, están obligados a darles a los partidos políticos que participan de las campañas electorales tiempo de aire para transmitir sus mensajes electorales.
Los canales de televisión se referían a esto como una “expropiación” porque les privaba de recibir ganancias por este servicio. Esto es absolutamente falso, porque solo se puede ser expropiado de algo de lo que uno es propietario, y las frecuencias son del Estado. Ahora bien, el gobierno actual ha decidido compensar económicamente a los canales de televisión por el uso de esos minutos gratuitos para campaña electoral.
Podría esperarse entonces que en esta campaña electoral los canales de televisión abiertos comerciales, que son los principales beneficiarios de estos cambios, retribuyan de alguna manera la generosidad del gobierno al aprobar una ley hecha a su medida.
¿Cómo ha reaccionado la sociedad civil frente al proyecto, y cómo ha avanzado el proceso legislativo?
El grupo Coalición por una Comunicación Democrática, compuesto por varias organizaciones sociales, encabeza la oposición a la derogación de la ley vigente y a la aprobación de este proyecto. Algunos partidos políticos de oposición también han hecho sentir su rechazo.
No ha habido, en cambio, fuertes reacciones de la ciudadanía en sentido amplio, en buena medida porque la mayoría de la gente se informa precisamente a través de los medios que se verían beneficiados por esta reforma, por lo que difícilmente llegue a la ciudadanía la información necesaria para tomar posición en este tema. De ahí que no haya habido reacciones masivas como sí las ha habido en relación con otros temas que han sido cubiertos de manera bastante más profunda por los medios.
El proyecto de ley fue aprobado en el Senado el 14 de mayo, con los votos de los legisladores oficialistas y en ausencia de la oposición. Sin embargo, un integrante de la coalición de gobierno, el partido nacionalista de derecha Cabildo Abierto, introdujo cambios en el proyecto que permitirían controlar los contenidos que emiten los medios, en desacuerdo con el resto de la coalición de gobierno.
La regulación de contenidos que propone el proyecto también ha sido rechazada por la Sociedad Interamericana de Prensa, la UNESCO y la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y numerosos expertos internacionales. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que se legalice la censura previa, y ha instado a los legisladores uruguayos a ceñirse a los estándares internacionales sobre libertad de expresión.
La diputada colarada María Eugenia Roselló (foto) señaló que se entendió que por una "cuestión numérica" era "conveniente" postergar el tratamiento.
A pedido del Partido Colorado (PC), la aprobación de las modificaciones a la ley Audiovisual quedó para después de las elecciones internas. Así lo acordaron este martes las bancadas oficialistas, antes de que el proyecto se discutiera en el plenario de la Cámara de Diputados en la sesión extraordinaria prevista para las 11.00, según confirmó la diputada colorada María Eugenia Roselló a la diaria.
Roselló señaló que en el seno de la organización se entendió que por una "cuestión numérica" era "conveniente" postergar el tratamiento del tema, ya que tampoco cuenta con el respaldo del Frente Amplio y, por lo tanto, la iniciativa naufragaría en el Plenario.
Este lunes, la diaria había adelantado que los diputados del PC manejaban la posibilidad de pedirle al presidente Luis Lacalle Pou que vete el artículo 72 del proyecto, que generó mucho ruido incluso dentro del oficialismo.
El artículo, agregado por Cabildo Abierto (CA) en el Senado, establece que "los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos".
Por su parte, el diputado Juan Martín Rodríguez, coordinador de bancada del Partido Nacional, había dicho a la diaria que "por una cuestión numérica" no se puede hacer otra cosa más que "escuchar el planteo y actuar en consecuencia".
Fotos: Archivo y Ernesto Ryan
Fuentes: Civicus, Señales, La Diaria