A más de 30 meses de haber ingresado, el proyecto de “ley de medios” que el Ministerio de Industria, Energía y Minería envió al Poder Legislativo sigue sin poder salir de la comisión homónima de la Cámara de Representantes, fruto de la falta de acuerdo entre blancos y colorados de un lado y cabildantes del otro
Algunos integrantes del resto de los partidos de la coalición de gobierno calificaron las nuevas propuestas como otra "piedra en el zapato" al proyecto, y sostuvieron que el propio Cal le hizo saber al resto de los diputados de la comisión que no se trata de aportes personales suyos sino que vienen de las autoridades de Cabildo Abierto. Los artículos propuestos son considerados "inviables" para el resto de la coalición, e implicarían cambios en temas como el financiamiento de los partidos políticos y el control de la "imparcialidad" de la "comunicación política".
🟥 GRAVE | ¿La coalición gobernante quiere derogar la #LeyDeMedios porque era una ley "mordaza" para crear una "Junta de Garantías en la Comunicación Política" que controle y sancione medios si los partidos no hablan de manera proporcional a su representación parlamentaria? 🧵 https://t.co/eQnsX0Kden pic.twitter.com/q7iZ0hG6KM
— Gustavo Gómez (@gusgomezgermano) January 12, 2023
"Imparcialidad" y "comunicación política"
En otro de los artículos, se establece que los ciudadanos "tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada". Por eso, establece que los servicios de radiodifusión regulados en la ley deben "conceder a los actores políticos un trato justo y equilibrado, en forma proporcional a su representación parlamentaria". El artículo propuesto sostiene que dicha obligación también "comprende a todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenido de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo y electoral".
Luego, el proyecto aclara que por actores políticos se refiere tanto a partidos como a fracciones partidarias, y establece cuándo se considerará que esas personas actúan en representación de un partido o fracción. Por ejemplo, podrán representar a los partidos quienes desempeñen cargos electivos por esas colectividades políticas, o cargos de gobierno o de particular confianza "cuya adscripción partidaria fuere de carácter pública y notoria, o resultase del origen de su designación". También cuando estén integrando órganos partidarios, ya sean nacionales, departamentales o locales, "actúen de forma pública y notoria vinculado a un partido político, o hayan actuado en el pasado y no se hubiesen desvinculado públicamente del mismo". Pero en cambio, no se computará que esa participación representa a un partido "cuando la persona realizase actos oficiales en representación de un poder o institución del Estado".
En otro artículo, se sostiene que el contralor de "la imparcialidad y el equilibrio en la información política" le competerá a la Corte Electoral. El organismo se encargará de reglamentar estas disposiciones, conocer "todo lo relacionado con la información y la comunicación política" de los servicios regulados por la ley y "resolver en última instancia sobre las observaciones, amonestaciones y sanciones por violación a la normativa".
Pero a su vez, se establece crear una "Junta de Garantías en la Comunicación Política", como órgano desconcentrado de la Corte Electoral. La propuesta es que tenga nueve miembros, cada uno de ellos designado por un ministro de la Corte y que sea presidida por quien sea seleccionado por el presidente del organismo electoral. Cada uno de ellos tendrá un sueldo equivalente al 95% del de un ministro de la Corte. Este organismo será el que tendrá como cometido la "observación de los programas y espacios", de "forma directa o mediante la contratación de servicios profesionales especializados". Además, recibirá denuncias de violaciones a las disposiciones de la ley y a la "imparcialidad y equilibrio en la comunicación política", y "resolverá en primera instancia sobre dichas denuncias".
Esta Junta de Garantías podrá actuar de oficio o a través de denuncias realizadas por autoridades de los partidos o legisladores nacionales e intendentes. Todas sus decisiones podrán ser apeladas por la Corte Electoral.
Las sanciones por "violaciones a la imparcialidad y equilibrio en la comunicación política" podrán ir, según la propuesta, desde observaciones y amonestaciones públicas a multas de entre 10.000 y hasta 1.000.000 de unidades indexadas ($ 4.972.700).
Diputados del resto de la coalición dijeron a Búsqueda que se sugirió al partido liderado por Guido Manini Ríos presentar el grueso de los artículos en la comisión especial donde se viene analizando el proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos.
¿La coalición gobernante quiere derogar la #LeyDeMedios porque era una ley "mordaza" para crear una "Junta de Garantías en la Comunicación Política" que controle y sancione medios si los partidos no hablan de manera proporcional a su representación parlamentaria?.
Hasta 1.400.000 de dólares de multa podrá poner la "Junta" a los medios por no ser "imparciales". Y suspender el funcionamiento de medios de comunicación de 30 hasta 180 días y "el retiro de la respectiva adjudicación de frecuencia", previa solicitud a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones @Ursec_oficial.
La nueva #LeyDeMedios garantizaría a los partidos políticos el derecho a acceder a los servicios audiovisuales de difusión "en forma proporcional a su representación parlamentaria, con la finalidad de emitir sus mensajes y difundir sus opiniones, valoraciones e informaciones".
Los medios estarán obligados a dar espacio proporcional a todos los partidos en cualquier programa donde se informe/opine/hable de temas públicos. Esto aplicará tanto a las radios (comerciales, públicas y comerciales) como a la TV abierta y la TV paga de todo el país.
No son solamente programas informativos o periodísticos en sentido estricto sino "todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término".
En tanto, Edison Lanza, ex Relator Libertad de Expresión, sostuvo: "Es un despropósito crear una Junta para controlar y sancionar a los medios si son "imparciales". Lo que el Estado debe asegurar es la pluralidad de medios y no meterse a evaluar contenidos! Es una restricción desproporcionada a Libertad de expresión. Ojalá no cuente con mayorías".
Foto: Javier Calvelo / adhocFotos
Fuente: Semanario Búsqueda