Todo sucedió una semana después de que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el domingo, 1 de enero de 2023 –y por tercera vez– la presidencia de Brasil. Aproximadamente a partir de las 13:00 y durante más de cuatro horas la mayor democracia de América Latina se remeció el domingo, 8 de enero. Más de seis mil partidarios del expresidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, se movilizaron en Brasilia, y cientos de ellos atacaron con inusitada violencia las sedes de los tres poderes del Estado en un intento por desconocer el resultado de las urnas y provocar una intervención militar que destituyera al líder del Partido de los Trabajadores (PT) que acababa de asumir el poder.
Un guion similar –perfeccionado en su estrategia– al que desencadenaron otros ultraderechistas el 6 de enero de 2021, en Estados Unidos, cuando partidarios del todavía presidente de ese país, Donald Trump, tomaron por asalto el Capitolio, en Washington. El objetivo: desconocer el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales, que a esas horas sancionaba el Congreso de ese país. Trump había sido derrotado en su intento por ser reelecto al igual que Bolsonaro. En ambos casos la ultraderecha acusó "fraude electoral".
Dos años después, el violento intento de golpe de Estado en Brasil confirmó de manera tangible y dramática lo que se venía anunciando: que la crisis de la democracia en América ha alcanzado niveles de alto peligro. Que ya no solo el sistema cruje y hace erupciones esporádicas en algunos países, como en Perú en estas horas. O crisis crónicas, como Nicaragua, Venezuela, El Salvador y Guatemala. Y que en esta nueva encrucijada de vida el periodismo, y principalmente el buen periodismo ético, enfrenta un desafío inédito.
Esta vez, la asonada golpista en Brasil fue más violenta que el ataque al Capitolio en 2021. Los partidarios de Bolsonaro tomaron por asalto el Palacio del Planalto, sede de la presidencia; la sede del Congreso y del Supremo Tribunal Federal, arrasando con ventanales, oficinas, documentos, cuadros y esculturas de gran valor. La destrucción, filmada por los propios terroristas, mostró incluso a vándalos defecando encima de documentos oficiales de la República. Peculiar forma de mostrar el profundo desprecio por la vida democrática.
Los videos también revelaron la inercia y/o complicidad de las fuerzas policiales ante los desmanes. Nada de todo aquello fue sorpresivo. Tampoco la permanente campaña contra las instituciones democráticas del país para así instalar la idea de que Lula ganó con el 51% de los votos por fraude y, por tanto, es legítimo provocar su destitución para que Bolsonaro recupere el poder.
Dos otros elementos clave. El primero: Trump y Bolsonaro son parte de una ofensiva antidemocrática internacional que cuenta con pilares en Europa y América. Son grupos, partidos, miembros de gobiernos y congresos e incluso movimientos religiosos que se reúnen periódicamente para coordinar acciones y financiamiento para su despliegue. Uno de los hombres importantes de esta internacional ultraderechista es Steve Bannon, asesor de Trump, estrechamente ligado a Bolsonaro desde hace años.
El segundo elemento: esta embestida identifica al periodismo como un blanco a eliminar. Sus campañas de desinformación no podrían expandir su captura sin hacer paralelamente un feroz ataque sin tregua contra el buen periodismo. Esto es, precisamente, lo que Rosental Alves, director del Centro Knight de Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas, en Austin, uno de los más estudiosos periodistas del sistema de medios internacional, analiza y alerta en este espacio.
"Los periodistas no estábamos preparados"
"La ofensiva golpista que se intensificó en Brasil con el rechazo a la elección presidencial de Lula, y que culminó el 8 de enero con el ataque a las sedes de los tres poderes del Estado, confirmó el reto, el enorme desafío que enfrenta el buen periodismo no solo en América –incluido Estados Unidos– sino en el mundo, para defender la democracia. Una ofensiva antidemocrática para la que los periodistas y el periodismo como institución no estábamos preparados", afirma Rosental Alves.
El también miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo explica esta falta de preparación recurriendo a una comparación que él bien conoce:
El director del Knight Center apunta a lo que precisamente está pasando en estos momentos en Brasil, cuando los principales líderes de la ultraderecha de ese país, empezando por Bolsonaro, intentan demostrar que no hubo intentos golpistas instigados o protagonizados por ellos y que es la izquierda la que usó esa violencia para inculparlos. O es obra de descontentos solitarios. Pero lo cierto es que hay pruebas de que aquí operó una estrategia bien planificada y desde hace meses. También hubo alertas. Y de envergadura.
Pocos días antes de que Lula asumiera el mando, fue arrestado –también en Brasilia– George Washington de Oliveira Sousa. Buscaba hacer estallar un camión bomba en el aeropuerto de la capital de Brasil. Un acto terrorista de una dimensión criminal para provocar la intervención militar y así impedir que Lula asumiera el mando del país el 1 de enero. La misma intervención militar que buscaban el 8 de enero los miles que tomaron por asalto las tres sedes de los poderes del Estado.
Sousa declaró tras su arresto que en la planificación de su acto terrorista no estuvo solo. Y entregó al menos el nombre de un cómplice: Alan Diego dos Santos Rodrigues. Ambos son bolsonaristas que frecuentan el Congreso y los círculos del poder. Ambos estuvieron en uno de los campamentos que los partidarios del expresidente levantaron frente a cuarteles del país desde el 30 de octubre de 2022, para denunciar fraude en las elecciones presidenciales. Sousa y Rodrigues acamparon frente al Cuartel General del Ejército en la zona oeste de Brasilia. El primero está preso. El segundo, prófugo. Ni así el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, ordenó desalojar las carpas levantadas a nueve kilómetros del Palacio presidencial del Planalto. Y mayoritariamente desde esos campamentos salieron los miles de vándalos que arrasaron con lo que encontraron a su paso en la Explanada de los Tres Poderes, donde se ubican las sedes del Congreso, el Palacio Presidencial y el Tribunal Supremo. Un triángulo y símbolo republicano, obra del connotado arquitecto y demócrata Oscar Niemayer.
El gobernador Rocha niega toda relación con los actos terroristas y la inacción de la policía bajo su mando. Lo hace desde miles de kilómetros a la distancia. Está en Orlando (Florida). Lo mismo dice Jair Bolsonaro desde una residencia en el mismo Orlando, ciudad a la que se dirigió al abandonar su país el 30 de diciembre para no traspasarle el mando al líder del PT. De hecho, nunca ha reconocido su triunfo. Sigue afirmando que hubo un fraude urdido y sancionado por el Tribunal Superior Electoral.
Al escribir estas líneas son más de 1.700 los detenidos por la asonada golpista en Brasil. El presidente Lula ha dicho que se recurrirá a todos los medios legales para llegar hasta los financistas y responsables intelectuales de una asonada de terror inédita en Brasil. Imposible no recordar las palabras de Flavio Dino, nuevo ministro de Justicia, cuando fue detenido George Sousa en su intento por hacer explotar un camión bomba en el aeropuerto de Brasilia: "No estamos ante un lobo solitario, hay gente poderosa detrás de esto".
Ahora esas palabras resuenan en un eco que se acrecienta. Si no desmantelan al menos en parte esa organización sediciosa, la estabilidad democrática del gobierno de Lula, de Brasil y de la región no están garantizadas.
Para que esta vez no prime la impunidad, no solo importa la función de la justicia. Sin buen periodismo no será posible avanzar en verdad ni justicia sobre lo ocurrido. Así se ha demostrado en estos años: el buen periodismo tendrá que jugar un rol clave para aportar al despojo del manto protector del que gozan las fuerzas ultraderechistas en Brasil desde los tiempos de la dictadura militar que asoló ese país. Un botón de muestra: aún no hay claridad oficial –pero sí periodismo de investigación– sobre quiénes asesinaron al expresidente Joao Goulart, cuya destitución por un Golpe de Estado el 1 de abril de 1964 dio inicio a una larga dictadura. Goulart murió en el exilio en Argentina, en 1976, en plena dictadura encabezada por el general Jorge Rafael Videla.
También el buen periodismo tendrá que saber defenderse de la poderosa campaña de desinformación y desprestigio que busca impedir que los ciudadanos se informen veraz y oportunamente. Rosental Alves apunta a ese nudo esencial:
Una tensa calma se ha instalado en Brasil. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva –como dijo en estos días– sabe de campamentos y de protestas; por eso no le ordenó a las Fuerzas Armadas asumir la seguridad de su país. Está consciente de que allí, en la policía militar, en los servicios de inteligencia y en determinados grupos del empresariado y del poder, están los soportes activos de Bolsonaro y la ultraderecha. Defender la democracia y hacer limpieza será una tarea prioritaria en terreno minado. También para los periodistas.
"La ofensiva golpista que se intensificó en Brasil con el rechazo a la elección presidencial de Lula, y que culminó el 8 de enero con el ataque a las sedes de los tres poderes del Estado, confirmó el reto, el enorme desafío que enfrenta el buen periodismo no solo en América –incluido Estados Unidos– sino en el mundo, para defender la democracia. Una ofensiva antidemocrática para la que los periodistas y el periodismo como institución no estábamos preparados", afirma Rosental Alves.
El también miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo explica esta falta de preparación recurriendo a una comparación que él bien conoce:
"La comparación que emerge es con la acción antidemocrática desplegada en los años sesenta y setenta por las dictaduras militares, con apoyo civil, en América Latina. En esos años la tónica fue ‘interrumpir’ los procesos democráticos en nombre del objetivo mayor: ‘salvar’ la democracia del comunismo para no asfixiar la libertad. Ahora ya no es interrumpir, sino destruir los procesos democráticos para lograr una supuesta libertad. Son partidos y movimientos políticos que no creen en el sistema democrático y, por tanto, hacen campaña para promover su cuestionamiento y destrucción y tomar el poder".Rosental Alves aprendió en primera línea cómo funcionaba el sistema en América Latina y en América: fue uno de los mejores reporteros de las dictaduras que asolaron nuestras tierras en esos años. Y hoy sigue manteniendo el pulso y el barómetro del periodismo del mundo a través de talleres y encuentros de periodistas con los principales expertos del mundo en el Knight Center. Así explica cómo funciona hoy el objetivo antidemocrático destructivo:
"Este objetivo pasa por desconocer el rol del periodismo independiente. Hay un intento directo, que no habíamos visto desplegar antes con esta dimensión e intensidad, por demostrar que ese buen periodismo no es aporte para los ciudadanos, no tiene cabida. Es la campaña que hacen presidentes como Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Ortega en Nicaragua y lo que hizo Donald Trump durante su presidencia en los Estados Unidos). Su objetivo es intentar demostrar que la sociedad, la ciudadanía, no necesita más la intermediación de los periodistas, del periodismo, para estar bien informados, pues ellos pueden informarlos directamente".Desinformación, estrategia de destrucción
El director del Knight Center apunta a lo que precisamente está pasando en estos momentos en Brasil, cuando los principales líderes de la ultraderecha de ese país, empezando por Bolsonaro, intentan demostrar que no hubo intentos golpistas instigados o protagonizados por ellos y que es la izquierda la que usó esa violencia para inculparlos. O es obra de descontentos solitarios. Pero lo cierto es que hay pruebas de que aquí operó una estrategia bien planificada y desde hace meses. También hubo alertas. Y de envergadura.
Pocos días antes de que Lula asumiera el mando, fue arrestado –también en Brasilia– George Washington de Oliveira Sousa. Buscaba hacer estallar un camión bomba en el aeropuerto de la capital de Brasil. Un acto terrorista de una dimensión criminal para provocar la intervención militar y así impedir que Lula asumiera el mando del país el 1 de enero. La misma intervención militar que buscaban el 8 de enero los miles que tomaron por asalto las tres sedes de los poderes del Estado.
Sousa declaró tras su arresto que en la planificación de su acto terrorista no estuvo solo. Y entregó al menos el nombre de un cómplice: Alan Diego dos Santos Rodrigues. Ambos son bolsonaristas que frecuentan el Congreso y los círculos del poder. Ambos estuvieron en uno de los campamentos que los partidarios del expresidente levantaron frente a cuarteles del país desde el 30 de octubre de 2022, para denunciar fraude en las elecciones presidenciales. Sousa y Rodrigues acamparon frente al Cuartel General del Ejército en la zona oeste de Brasilia. El primero está preso. El segundo, prófugo. Ni así el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, ordenó desalojar las carpas levantadas a nueve kilómetros del Palacio presidencial del Planalto. Y mayoritariamente desde esos campamentos salieron los miles de vándalos que arrasaron con lo que encontraron a su paso en la Explanada de los Tres Poderes, donde se ubican las sedes del Congreso, el Palacio Presidencial y el Tribunal Supremo. Un triángulo y símbolo republicano, obra del connotado arquitecto y demócrata Oscar Niemayer.
El gobernador Rocha niega toda relación con los actos terroristas y la inacción de la policía bajo su mando. Lo hace desde miles de kilómetros a la distancia. Está en Orlando (Florida). Lo mismo dice Jair Bolsonaro desde una residencia en el mismo Orlando, ciudad a la que se dirigió al abandonar su país el 30 de diciembre para no traspasarle el mando al líder del PT. De hecho, nunca ha reconocido su triunfo. Sigue afirmando que hubo un fraude urdido y sancionado por el Tribunal Superior Electoral.
Al escribir estas líneas son más de 1.700 los detenidos por la asonada golpista en Brasil. El presidente Lula ha dicho que se recurrirá a todos los medios legales para llegar hasta los financistas y responsables intelectuales de una asonada de terror inédita en Brasil. Imposible no recordar las palabras de Flavio Dino, nuevo ministro de Justicia, cuando fue detenido George Sousa en su intento por hacer explotar un camión bomba en el aeropuerto de Brasilia: "No estamos ante un lobo solitario, hay gente poderosa detrás de esto".
Ahora esas palabras resuenan en un eco que se acrecienta. Si no desmantelan al menos en parte esa organización sediciosa, la estabilidad democrática del gobierno de Lula, de Brasil y de la región no están garantizadas.
Para que esta vez no prime la impunidad, no solo importa la función de la justicia. Sin buen periodismo no será posible avanzar en verdad ni justicia sobre lo ocurrido. Así se ha demostrado en estos años: el buen periodismo tendrá que jugar un rol clave para aportar al despojo del manto protector del que gozan las fuerzas ultraderechistas en Brasil desde los tiempos de la dictadura militar que asoló ese país. Un botón de muestra: aún no hay claridad oficial –pero sí periodismo de investigación– sobre quiénes asesinaron al expresidente Joao Goulart, cuya destitución por un Golpe de Estado el 1 de abril de 1964 dio inicio a una larga dictadura. Goulart murió en el exilio en Argentina, en 1976, en plena dictadura encabezada por el general Jorge Rafael Videla.
También el buen periodismo tendrá que saber defenderse de la poderosa campaña de desinformación y desprestigio que busca impedir que los ciudadanos se informen veraz y oportunamente. Rosental Alves apunta a ese nudo esencial:
"Al contrario de lo que afirman gobernantes autoritarios y ultraderechistas, el periodismo nunca fue tan necesario, en medio a la cacofonía creada por las plataformas tecnológicas, redes sociales y de mensajería, donde se crean burbujas de información manipulada, tergiversada y malintencionada. Lo que quieren no es interrumpir el periodismo independiente: es terminar con esa institución fundamental para que una democracia funcione. El fin es destruir la democracia; por eso el proceso de esta ola antidemocrática empieza por atacar al periodismo, como hicieron Trump y Bolsonaro".
"La institución del periodismo no estaba preparada para este ataque permanente que hace uso masivo de las redes sociales. Promueve directamente que los ciudadanos dejen de prestar atención a la buena información para concentrarse solo en lo que les llega a través de su Facebook o de sus grupos de WhatsApp. Desgraciadamente la tecnología –tan importante y benéfica en tantos aspectos, como facilitar el periodismo de investigación y la diseminación de buena y oportuna información– ha sido utilizada como herramienta en la promoción de esta ofensiva antidemocrática".Por ahora, la cifra de muertos sigue aumentando por las protestas en Perú; la vicepresidente de Colombia, Francia Márquez, denuncia un atentado con explosivos en su contra y la excomandante Dora María Téllez, quien jugó un rol importante en la derrota de la dictadura de Somoza en Nicaragua, lleva más de un año y medio encerrada y aislada en la oscuridad de la cárcel El Chipote por voluntad de la dupla en el poder: Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Una tensa calma se ha instalado en Brasil. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva –como dijo en estos días– sabe de campamentos y de protestas; por eso no le ordenó a las Fuerzas Armadas asumir la seguridad de su país. Está consciente de que allí, en la policía militar, en los servicios de inteligencia y en determinados grupos del empresariado y del poder, están los soportes activos de Bolsonaro y la ultraderecha. Defender la democracia y hacer limpieza será una tarea prioritaria en terreno minado. También para los periodistas.
Foto: Edilson Rodrigues / Agência Senado
Fuente: Fundación Gabo