La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución A/RES/68/163 en su 68º sesión en el año 2013, proclamando el 2 de noviembre como el "Día internacional para para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas" (IDEI por sus siglas en inglés). Esta resolución urge a los Estados Miembros a implementar medidas definitivas para contrarrestar la actual cultura de impunidad. La fecha se eligió en conmemoración del asesinato de dos periodistas franceses en Mali, el 2 de noviembre de 2013
Por: Fernando Ávila, Profesor del grado en Comunicación Audiovisual en la Universidad Europea
El periodismo es un valor fundamental en toda sociedad moderna y democrática. Es un termómetro del grado de desarrollo de un país, de sus instituciones, su gobierno y sus ciudadanos.
Vivimos un momento de transición global hacia espacios de incertidumbre en los que tan pronto nos asedia una pandemia mundial, como una crisis energética o planteamientos de metaversos virtuales que sustituyan los modelos clásicos de vida en el planeta.
Esta coyuntura obliga, más que nunca, a velar por la integridad de las personas, sus necesidades, seguridad y bienestar, más allá de planteamientos distópicos. Es en este momento cuando el periodismo debe mostrar su esencia y velar porque la verdad prevalezca sobre los intereses espurios; porque los ciudadanos aparezcan por delante de las empresas; porque los gobiernos no actúen con impunidad allá donde hay conflictos; porque la sostenibilidad y la prosperidad del planeta cobre protagonismo frente a la destrucción y el egoísmo.
La figura del reportero de guerra ha sido siempre mitificada por la sociedad. En esa mitificación está implícita una parte de respeto hacia el trabajo que realizan y no solo por el riesgo que corren. También por el respeto que genera la figura del que informa sobre realidades perdidas e injusticias sociales sin más recompensa que aportar a la sociedad el conocimiento de dichas injusticias, representar a sus víctimas e intentar que los conflictos terminen. Porque esa es una de las premisas del reportero: la búsqueda de la paz. Es cierto que la tragedia, el sufrimiento o la violencia suponen, según Xavier Giró “…la materia prima por excelencia de las informaciones que ofrecen los medios de comunicación”. Pero también lo es que la tendencia de los reporteros de guerra es alejarse de ese nombre que les convierte en cómplices lingüísticos de la sinrazón de la guerra y vincularse al concepto, acuñado por Johan Vincent Galtung, del periodismo de paz.
Aunque puede ser justificada por otras cuestiones, esta tendencia sirve para posicionar la figura del reportero como un profesional que informa sobre un conflicto del que desea su fin, y aleja en cierta forma la idea preconcebida del reportero de guerra clásico, generalmente unida al concepto bélico y no al pacifista.
Por tal motivo, se puede también justificar la necesidad de la figura del reportero no solo por lo que aporta a los medios de comunicación su trabajo. También por la premisa de paz que conlleva su trabajo y la forma de trasmitir dicha premisa a la sociedad.
Más allá de los reporteros, cuyo riesgo suele ser proporcional al del conflicto que cubren, periodistas de todo el mundo son asesinados por investigar causas relacionadas con el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de influencias y la corrupción o cuestiones de índole religioso. México ostenta, por cuarto año consecutivo, el triste récord de periodistas asesinados mientras ejercen su profesión. En lo que va de 2022, son ya 15 los profesionales asesinados sin que el Gobierno haya respondido aún a las peticiones de defensa de la Libertad de expresión y de Libertad de prensa, además de las de seguridad física y jurídica hechas por los periodistas. Esa cifra es casi el doble de los periodistas muertos en la guerra de Ucrania desde la invasión por Rusia en febrero de 2022.
En la propia Europa, tradicional garante de estas libertades, la Comisión Europea presentó el pasado septiembre la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, con la intención de proteger la independencia editorial y la trasparencia en la propiedad de los medios. Esta Ley surge tras producirse en los últimos años asesinatos de periodistas en países como Malta, Eslovaquia o Grecia, buscando garantizar la seguridad de los periodistas ante las presiones de mafias, oligarcas y, en ocasiones, los propios estados.
Por todo ello y buscando poner fin a los asesinatos contra periodistas, el 2 de noviembre es el Día Mundial de poner fin a los crímenes contra periodistas. En 2022 se cumple una década conmemorando la efeméride. La ONU tiene un compromiso férreo con la seguridad del gremio de los periodistas, garantes de la libertad de información y capaces de dar su vida por reflejar la realidad.
Sirvan para terminar las palabras del Secretario General de la ONU, António Guterres, en defensa de los periodistas y de las libertades que los deben amparar: “Insto a los Estados Miembros y a la comunidad internacional a que se solidaricen con los periodistas de todo el mundo, hoy y todos los días, y a que demuestren la voluntad política necesaria para investigar y perseguir con toda la fuerza de la ley los crímenes cometidos contra los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación”.
Velar por la seguridad y el trabajo de los periodistas es cuidar la sociedad en la que vives.
La reportera que ha tenido más acceso al ex presidente desde sus inicios en Nueva York acaba de publicar el libro 'Confidence Man' sobre el político y sus orígenes
"La palabra 'Rosebud' es quizá la más trascendente del cine, y lo que todos vemos. La riqueza, la tristeza, la infelicidad y la felicidad tocan muchas teclas diferentes. Ciudadano Kane habla de la acumulación y, lo que ocurre cuando esta termina, que no es necesariamente positivo".
Estas palabras fueron pronunciadas en 2008 por un inesperado crítico de cine llamado Donald Trump. Tal vez se vio reflejado en un espejo. Al igual que Charles Foster Kane en la obra maestra de Orson Welles, Trump era un capitalista fanfarrón y una estrella mediática que se lanzó a la política, su soberbia lo hizo caer y ahora se mueve en una jaula dorada en Florida.
"Se ha convertido en una especie de Ciudadano Kane en Mar-a-Lago", dice Maggie Haberman, periodista del New York Times ganadora de un premio Pulitzer de Periodismo, analista política de la CNN y autora del libroConfidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America, que incluye una foto en blanco y negro de Trump en su portada.
Su analogía plantea la siguiente pregunta: En el caso de Trump, ¿cuál es su “Rosebud”, el trineo de la infancia que simbolizaba la inocencia perdida de Kane? "Su padre es Rosebud, y no creo que sea un momento concreto”, responde Haberman. “No hay un recuerdo concreto de la infancia de Trump que sea la clave. Es una serie de momentos que se entrelazan y que apuntan a su padre".
Fred Trump era un magnate inmobiliario que se sintió decepcionado por la falta de compromiso de su hijo mayor, Fred Jr, con el negocio familiar. Donald Trump, por el contrario, impresionó a su padre cultivando una personalidad descarada de “tiburón” y se convirtió en heredero. Décadas más tarde, en las primeras semanas de su presidencia, Trump tenía en la estantería detrás de su escritorio en el despacho oval una fotografía: su padre, que seguía observando.
En una entrevista por teléfono desde su coche aparcado en el centro de Manhattan, Haberman reflexiona: "Su padre propició una eterna competencia entre Trump y su hermano mayor Freddie, y los enfrentó. Donald Trump hizo constantes esfuerzos por tener la aprobación de su padre y eso derivó en un estilo de trato con la gente que sin duda era más adecuado para un negocio que para un hogar".
"Trump reprodujo este estilo en todos los aspectos de su vida. Se convirtió en la forma de tratar con sus propios hijos. Se convirtió en cómo trataba con la gente que trabajaba para él y luego, en la Casa Blanca, hay historias sobre batallas que tendrían sus ayudantes. Mucho de ello estaba predeterminado por el modelo de relación que su padre le inculcó".
Halagada por Trump Pero si Trump es Kane, ¿qué personaje cinematográfico sería Haberman, la periodista que siguió a Trump durante la campaña presidencial y su etapa en la Casa Blanca? En una serie de entrevistas con los medios para promocionar el libro, la autora no ha querido ningún tipo de protagonismo. Cuando Trevor Noah, del programa The Daily Show del canal Comedy Central, comparó la relación de la periodista del New York Times con Trump con la de Clarice Starling y Hannibal Lecter en 'El silencio de los corderos', ella argumentó que el expresidente está "obsesionado" con el New York Times "y yo sólo soy la persona que ha cubierto su presidencia más veces".
Haberman ha entrevistado a Trump en tres ocasiones para poder escribir el libro. Dos en Mar-a-Lago, Florida, y una en Bedminster, Nueva Jersey. En referencia a estos encuentros, Trump hizo el siguiente comentario a su equipo: "Me encanta estar con ella. Es como mi psiquiatra. Nunca he ido al psiquiatra, pero si lo hiciera, estoy seguro de que las sesiones no estarían a la altura de estas entrevistas, ¿verdad?". Este comentario recuerda a dos personajes de la pequeña pantalla. El jefe de la mafia de la serie 'Los Soprano', Tony Soprano, y a su psiquiatra, Jennifer Melfi. Sin embargo, Haberman prefiere aferrarse a la modestia: "Creo que dijo algo que en realidad no quería decir, quería ser halagador. Es el tipo de cosas que dice sobre su cuenta de Twitter u otras entrevistas. Trata a todo el mundo como si fuera su psiquiatra".
Pero, ¿hay algo que Haberman haya podido percibir de su trato directo con Trump que el resto de nosotros no podamos ver en la televisión? "Utiliza su personalidad y su físico de una forma que nunca he visto a nadie hacer y puede parecerte encantador y desarmarte cuando lo conoces, sobre todo al principio. Resulta inevitable que también muestre enfado o disgusto", señala.
Donald J. Trump junto a su esposa Melania Trump abandonando la Casa Blanca por última vez.
Los orígenes del expresidente
Lo que está fuera de toda duda es que Haberman, que acaba de cumplir 49 años, estaba mejor preparada que casi cualquier otro reportero para cubrir a un presidente como Trump. Nació en Nueva York. Sus padres se conocieron porque los dos trabajaban en el New York Post, un tabloide que Trump cortejó durante mucho tiempo. Además, la periodista vivió la mayor parte de su vida adulta en el barrio donde Trump aprendió la mecánica del poder político.
Con la tinta de la imprenta en sus venas, Haberman, una periodista incansable, comenzó su carrera en el New York Post, luego trabajó para Politico y luego, en 2015, empezó a trabajar para el New York Times, donde informar sobre Trump se convirtió en su trabajo a tiempo completo. No le siguió a Washington, pero, con un teléfono pegado a menudo en la oreja, seguía siendo "dueña" del ritmo de Trump desde Nueva York.
Su libro se distingue de muchos otros libros sobre Trump porque ahonda en esta historia compartida y analiza los orígenes del presidente. Según la periodista, para poder entender plenamente a Trump, su presidencia y su futuro político, es necesario que el público conozca los orígenes de Trump, que también son los de Haberman: la "carnicería americana" en estado embrionario [Trump utilizó esta expresión en su discurso alarmista de toma de posesión en 2017].
La periodista lo explica del siguiente modo: "Todo lo relacionado con la presidencia de Trump estaba escrito de algún modo. El pasado es el prólogo del presente y futuro de mucha gente, pero particularmente en el caso de Trump. El presidente terminó mostrando una serie de comportamientos que se vieron aumentados por el mundo del que procedía, el ambiente del que procedía en Nueva York y el sector del que procedía y con el que trataba de medios de comunicación".
40 años después, mismas actitudes Este era el turbio mundo de Roy Cohn, un abogado de la mafia, experto en hacer política desde la sombra, más conocido por su participación en la campaña anticomunista del senador Joseph McCarthy en la década de 1950. Cohn fue mentor y abogado personal de Trump al principio de su carrera empresarial y le instruyó en las oscuras artes de atacar a tu acusador, hacerse la víctima, no pedir nunca disculpas y adoptar un enfoque transaccional de las relaciones humanas.
Ya entonces Trump se sentía perversamente atraído por el autoritarismo y la violencia. En 1990, sumido en crisis personales, elogió a China por su mortal represión de los manifestantes prodemocráticos en la plaza de Tiananmen. Su fijación narcisista con los medios de comunicación también estaba ahí. Trump filtró historias sobre sí mismo en las columnas de cotilleo de Nueva York y demostró que podía tener la piel gruesa y la piel fina al mismo tiempo.
Bajo la influencia de su padre y de Cohn, el racismo de Trump no tardó en emerger. En una anécdota, Haberman escribe que, tras divorciarse por segunda vez, Trump salió con una modelo, Kara Young, de madre negra y padre blanco. Le preguntó a un socio: "¿Crees que parece negra?". Semanas después de conocer a los padres de Young, Trump le dijo que su belleza provenía de su madre y su inteligencia "de su padre, el lado blanco".
Las actitudes racistas de Trump apenas han cambiado desde el Nueva York de los años 80. Haberman comenta: “Sus referencias a la cultura pop tienden a ser de los años 80 y, ciertamente, su visión de la lucha racial y el crimen se congeló en el tiempo en el Nueva York de los años 80, cuando la tasa de asesinatos en varios momentos rondaba los 2.000 [anuales]”.
"La política racial de Nueva York ha evolucionado, no se ha transformado por completo, pero sí considerablemente, y, sin duda, la tasa de criminalidad ha bajado. Pero Trump sigue evocando un imaginario apocalíptico que le resulta claramente familiar, pero que no refleja necesariamente la situación actual".
Donald Trump en la Casa Blanca durante la pandemia
¿Quería ganar? La prolongada familiaridad de Haberman con Trump hizo que a la periodista le sorprendieran menos que a muchos sus ambiciones políticas. Cubrió su aparición en la Conferencia de Acción Política Conservadora -una reunión anual de los republicanos más a la derecha- en 2011, y señaló en su cobertura para Politico que Trump "fue de lejos el orador mejor recibido". No se presentó entonces, pero dio el paso en 2015, bajando por una escalera mecánica en la Torre Trump para anunciar su candidatura. "El momento era el adecuado. Sus negocios le aburrían. Se estaba haciendo mayor y se le estaban acabando las oportunidades, pero no creo que esperara ganar. Estaba muy sorprendido", señala la periodista.
¿Realmente quería ganar? "Le pregunté a alguien cercano a él en abril de 2015, ¿realmente quiere ser presidente o solo quiere ganar? Y su respuesta fue: esa es una muy buena pregunta, que tomé como respuesta".
Trump sacudió el mundo político al vencer a la candidata demócrata Hillary Clinton y se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos sin experiencia política o militar previa. Retroceder un momento no deja de ser asombroso y nos deja boquiabiertos. ¿Cómo demonios sucedió algo así?
Parte de ello, dice Haberman, fue por la capacidad de Trump para capitalizar la energía sobrante del Tea Party, un movimiento populista de derechas con raíces en la reacción racista contra la victoria de Barack Obama. Otra parte fue la fama de Trump como anfitrión del programa de televisión The Apprentice (El aprendiz). Los votantes se negaron a escuchar hechos que contradecían la percepción que se habían formado en el reality. Y para una parte del país que se sentía alejada de Washington, resultaba atractivo que una persona ajena a la política les dijera que hacían bien en desconfiar del sistema. "Nuestro sistema político está roto. Hace tiempo que está roto. No creo que él lo haya hecho, pero sin duda lo ha alimentado y exacerbado y se ha beneficiado de ello", dice Haberman.
El momento más impactante El 45º presidente estuvo a la altura de las expectativas de la periodista. Ella estuvo en el extremo receptor tanto de su insaciable deseo de atención como de sus ataques contra los medios de comunicación que lo cuestionaron. Un mes después de tomar posesión, Trump, mientras desarrollaba una relación simbiótica con el canal Fox News de Rupert Murdoch, acusó al New York Times y a otros medios de comunicación de ser "el enemigo del pueblo estadounidense".
Haberman comenta: "Con este tipo de expresiones ha puesto a los periodistas en peligro. Líderes autoritarios de otros países han utilizado estas mismas expresiones para dar legitimidad a medidas represivas contra medios de comunicación. No creo que Donald Trump entienda el rol que desempeña la prensa libre en una democracia. No tiene ni idea".
¿Hubo algo, en medio de la locura de cuatro años de tuits con mayúsculas, contrataciones y despidos, insultos y mentiras, que le chocara incluso a ella? Haberman recoge el día en que Trump, en una rueda de prensa en la Casa Blanca durante el momento más álgido de la pandemia de la COVID-19, tomó la palabra para transmitir la idea de que la lejía podía servir para "desinfectarse del virus". "Compitió con los médicos porque compite con todo el mundo. Fue un momento bastante llamativo".
Mientras Trump reflexionaba sobre la utilidad de los desinfectantes como cura milagrosa, la entonces coordinadora de la respuesta al coronavirus, Deborah Birx, guardó un llamativo, y recordado, silencio. Fue un momento que, junto con muchos otros, puso en evidencia a los altos cargos y asesores de la Casa Blanca que permitieron la actitud de Trump, o que no se pronunciaron hasta que fue demasiado tarde. La percepción de Haberman es más benévola con el círculo del presidente. "Muchas personas de su entorno intentaron hacer lo correcto. Muchos estaban preocupados por el país. Muchos se percataron de que Trump no entendía cuál debía ser su gestión como presidente y que no tenía ni idea de lo que representaba".
Críticas a su trabajo A algunas personas que han trabajado con Trump se las ha tachado de oportunismo ya que han publicado sus memorias tras su paso por la Casa Blanca. De hecho, Haberman ha sido acusada de no publicar noticias relevantes en el New York Times y reservarlas para que el libro tenga un mayor interés. Algunas personas critican que Haberman explique ahora en su libro que tras la derrota de Trump en las elecciones de 2020, que dieron la victoria al candidato demócrata Joe Biden, el político republicano le dijera a un asesor "no me voy a ir". Fue precisamente este estado de negación el que lo llevó a promover la noción de que las elecciones habían estado amañadas y generó un clima que culminó con el asalto del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero; una acción violenta con un balance de cinco personas muertas.
El consultor político Steve Schmidt tuiteó: "¿Era una información importante para el público saber que Trump dijo que no se iba a ir después de perder unas elecciones? Sí. ¿Fue esta información deliberadamente ocultada por la periodista por un motivo económico que priorizó en detrimento de la verdad y del derecho del público a saber? SÍ".
Haberman niega rotundamente la acusación, diciendo que habría publicado un artículo con esa afirmación si hubiera podido confirmarla en su momento, pero que solo la obtuvo mucho después de que Trump dejara el cargo. Cuando, durante la investigación para el libro, consiguió una primicia sobre que Trump aparentemente intentaba tirar documentos por un inodoro de la Casa Blanca, alertó al Times y lo publicó de inmediato.
“Los libros llevan tiempo. Son un proceso de volver a entrevistar a muchas personas y volver a analizar hechos que han sucedido. Me dediqué a este libro de una forma mucho más intensa después de febrero de 2021 y del segundo proceso de destitución. Mi objetivo era tener información confirmada y que se pudiera publicar lo antes posible y, si hubiera sabido estas cosas en tiempo real, y las hubiera podido confirmar, las habría publicado.”
Para escribir este libro ha hablado con 250 personas, algunas de las cuales estaban más dispuestas a hablar por un libro que por un artículo que se publique de un día para el otro. Hay dos preguntas que no le hizo a Trump pero que ahora desearía haberle hecho. ¿Se planteó Trump alguna vez un sistema de escuchas en la Casa Blanca? (es un admirador del expresidente Richard Nixon) ¿Le preocupó alguna vez la seguridad del vicepresidente Mike Pence? (Hubo cánticos de “¡Cuelga a Mike Pence!” el 6 de enero de 2021, durante el asalto al Capitolio).
El futuro Puede que nunca tenga la oportunidad. Haberman y Trump no han hablado desde la publicación del libro. ¿Le preocupa a ella que su relato de 508 páginas, un veredicto condenatorio para la posteridad, haya roto la relación? La periodista es contundente: "No es una relación. Es alguien a quien cubro y le cubriré tanto si me habla como si no me habla".
O puede demostrar que él la necesita más que ella a él. Si Trump puede sobrevivir a una serie de investigaciones federales, estatales y del Congreso para presentarse de nuevo a la presidencia en 2024, Haberman sería seguramente la periodista del New York Times que más lo cubra. "No lo sé. Tal vez. Ahora mismo solo quiero dormir un poco".
Así que Haberman dijo a Politico el mes pasado que su trabajo es a la vez su maldición y su salvación, un comentario que insinuaba, si no su propio Rosebud, la constatación de que aún no está desvinculada del hombre al que entiende mejor que nadie. “Me encanta mi trabajo y me encanta lo que hago, pero no desconecto. Cuando cubres a alguien que tampoco desconecta, eso puede ser un problema”. Traducción de Emma Reverter
Los periodistas de Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas y Chihuahua practican la estrategia de “la luz verde o roja” con el crimen organizado para evitar agresiones
Por: Adrián Montiel González Las agresiones contra los periodistas han incrementado en las últimas tres décadas en México. Los ataques son frecuentes en “zonas periféricas”, controladas por la delincuencia organizada; en regiones con poca independencia política y económica, donde los periodistas despliegan estrategias de resistencia.
Esta es la premisa del libro Surviving México. Resistencia y resiliencia entre periodistas en el siglo XXI, editado por la University of Texas Press, de las autoras Celeste González de Bustamante y Jeannine Relly, el cual fue presentado en el marco del Seminario Permanente del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara.
Las zonas periféricas se encuentran en los estados de Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, Chihuahua o Tamaulipas, aunque a lo largo del país en general se registran agresiones y homicidios contra periodistas.
La profesora del Departamento de Estudios México-Americanos y del Centro para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Arizona, y coautora del volumen, doctora Celeste González de Bustamante, explicó que otro factor es la limitada autonomía para decidir sobre la cobertura informativa sin que represente un riesgo.
"Esto se debe a que al menos hay 16 grupos criminales que operan en México y crean una situación difícil para saber cuáles son las reglas escritas y cuáles no para poder hacer su trabajo sin ser atacados", destacó.
Afirmó que sin importar la figura presidencial del momento o el partido político en turno, los ataques contra reporteros, periodistas o medios de comunicación persisten, pese a la vigencia de la Ley para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
"No importa cuál administración está en el país: PRI, PAN, Morena, los ataques siguen aún después de la implementación de leyes en el país, como la creación del Mecanismo de Protección a Periodistas", abundó González de Bustamante.
El problema, dijo, se ha agravado desde el homicidio "narco político" del periodista Manuel Buendía en 1984.
Para sobrevivir y evitar represalias de los grupos criminales, los periodistas esperan una llamada telefónica que apruebe la publicación. Publicar sin esa llamada implica un riesgo a la seguridad del periodista y el medio de comunicación.
"‘Si no te doy luz verde, vas a ver’; pero si reciben la llamada ya pueden publicar. Sin recibirla, no hubieran podido", compartió la autora.
Se trata de una regla no escrita que funciona en diferentes entidades. Si se viola esta regla, recalcó González de Bustamante, es cuando los reporteros sufren una agresión.
La profesora-investigadora del Departamentos de Estudios de la Comunicación Social (DECS) de la UdeG, doctora María Elena Hernández, destacó que este libro informa con eficacia sobre dos factores poco abordados: las agresiones contra los y las periodistas, y las causas estructurales.
"La población ignora no sólo la difícil situación de los periodistas, sino también los factores estructurales que la explican, y la integración del poder del crimen organizado en esas dinámicas que acrecientan la violencia contra los periodistas en México", explicó.
"No se trata de un (único) periodo presidencial a lo largo de las décadas; se ve que la violencia contra los periodistas es resultado de la imbricación de los diferentes poderes de los carteles y de las organizaciones del crimen organizado", dijo la coautora.
Habló de la relevancia de vivir en el país más peligroso para ejercer el periodismo, afirmación que debería incluir el contexto bajo el que trabajan: las dinámicas geopolíticas y la extensión de los carteles en Estados Unidos, uno de los principales puntos de destino y distribución global de la droga.
El trabajo de González de Bustamante y de Jeannine Relly está dedicado a los periodistas asesinados mientras informaban a sus comunidades.
Agresiones contra periodistas
Entre 1984 a 2022 han asesinado a 262 periodistas. Entre 2000 y 2022 han asesinado a 154 comunicadores, 144 hombres y 12 mujeres. En el primer semestre de 2021 se registraron más de 362 agresiones contra periodistas en México (un promedio, de 12 cada hora). En lo que va de 2022 se ha registrado una agresión contra periodistas cada 14 horas. México ocupa el sexto lugar del Índice Global de Impunidad del Banco Mundial.
Fotos: Cortesía CUCSH Fuente: Universidad de Guadalajara
Fuertes advertencias de la Sociedad Interamericana de Prensa en el inicio de su 78ª Asamblea en Madrid
Periodistas y autoridades de la SIP en uno de los paneles de la Asamblea.La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inauguró ayer su 78ª Asamblea General, que este año se celebra en Madrid, España. Más de 250 periodistas, editores y propietarios de medios de comunicación asisten al encuentro que aborda la situación de los medios y los desafíos para el ejercicio libre del periodismo.
Esta reunión es la primera presencial desde 2019. En ella, además de revisar los informes de cada país sobre el estado de la libertad de prensa, se presentan los resultados del Índice Chapultepec, un barómetro de la libertad de expresión y de prensa en el continente americano.
La sostenibilidad de los medios de comunicación es uno de los temas principales de discusión. “El mayor reto de nuestra industria es la sostenibilidad de los medios y el apoyo al periodismo local”, dijo el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, durante su discurso en la inauguración de la Asamblea General.
Desde América Latina Periodistas de Nicaragua, Venezuela, El Salvador y Cuba denunciaron este viernes el trauma personal y profesional que significa tener que exiliarse para esquivar las “amenazas” de los gobiernos de esos países, con las que intentan “amordazar” la libertad de expresión y de prensa.
En la mayoría de los casos, dejan de ejercer el periodismo y de contar lo que pasa en su país por “temor”; sus familias siguen allí, donde son conocidas y vigiladas por las autoridades; las fuentes informativas también tienen miedo de hablar, incluso de manera anónima, y la vida suele ser mucho más cara en el extranjero.
Néstor Arce (Divergentes, Nicaragua), Gabriela Cáceres (El Faro ,El Salvador), Yadiris Luis Fuentes (Eltoque.com y ADN, Cuba) y Alonso Moleiro (colaborador de varios medios en Venezuela y en El País de España) participaron ayer en la 78ª Asamblea General de la SIP.
Fue en la mesa redonda “Por cada golpe a la libertad de prensa, un nuevo defensor”, moderada por el periodista de la Agencia EFE Alfonso Bauluz, presidente de Reporteros Sin Fronteras España; y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director de La Voz del Interior.
“En 2022, la ola de violencia fue imparable. En menos de 10 meses transcurridos hasta hoy, son 38 los comunicadores silenciados por ataques que, en su enorme mayoría, aún no han sido esclarecidos”, señaló Jornet. Luego agregó: “Se suman 40 ataques desde nuestra Asamblea de octubre de 2021; 21 de ellos en México. La situación es crítica en ese país. La violencia contra la prensa parece no tener freno”.
“Cuando se silencia a un periodista, se silencian miles de voces, se vulnera el derecho ciudadano a informarse y a debatir”, sentenció.
“En estos mil días (desde que se inició la pandemia), el crimen organizado asesinó a unos 70 periodistas. En muchos casos, con la complicidad y casi siempre con la desidia de gobiernos y de fuerzas de seguridad. Y con un “bill de impunidad” que actúa como aliciente”, dijo.
Jornet expuso una serie de datos contundentes para retratar el peligro de ser periodista en México en los últimos 36 años: “En los 2.190 días de gobierno de Felipe Calderón, hubo 59 periodistas asesinados; en los 2.190 días de Enrique Peña Nieto, 48 muertos, y en la gestión actual, 52 asesinatos, cerca del récord de Calderón. Pero en apenas 1.384 días, ya que aún falta más de un tercio del mandato de Andrés Manuel López Obrador”.
“Sobre 660 comunicadores asesinados en 36 años, México supera por un tercio la cifra de muertos de Colombia y triplica la de Brasil, otros dos países que padecen el flagelo de la inseguridad para la prensa”, añadió. Jornet subrayó que entre los 613 periodistas varones y 47 mujeres abatidos en 36 años, sólo el 9% de casos esclarecidos, “lo que revela la otra cara de la tragedia: la alta tasa de impunidad, que termina incentivando la violencia criminal”, sostuvo.
Este año, la SIP se comprometió en la lucha contra la inseguridad que afecta a medios y a periodistas.
“Al presidente López Obrador le decimos, una vez más: en medio de esta tragedia, es irresponsable confrontar día tras día con la prensa. Modere su discurso, presidente, porque así sólo aviva el fuego que está consumiendo la libertad de expresión. Porque cada voz que es silenciada es una posibilidad menos de develar la escalada narco, la corrupción, las mafias enquistadas en las instituciones”, cerró Jornet.
Casos graves Néstor Arce indicó que hay más de 180 periodistas nicaragüenses en el exilio que salieron por puntos irregulares de la frontera con Costa Rica para poder asegurar la vida y seguir informando sobre la realidad del país.
Aseguró que la libertad de prensa sufre un deterioro progresivo desde que Daniel Ortega regresó a la presidencia (2007); el poder ha ido “minando” todos los espacios de información independiente, ha comprado medios y trata de “manipular” las redes sociales. “Nicaragua es el único país del hemisferio sin un solo periódico impreso”, lamentó.
A pesar de la “represión”, el periodismo nicaragüense “resiste”, se ha reinventado, desde Costa Rica, Estados Unidos, México o España, donde profesionales tratan de seguir informando sobre su país, aunque tienen
Situación en México. En los menos de 10 meses de 2022 transcurridos hasta el presente, son 38 los comunicadores silenciados en México por ataques que, en su enorme mayoría, aún no se han esclarecido.
que vivir con sueldos nicaragüenses donde la vida es tres o cuatro veces más cara. “Pero es una lástima que se pierdan grandes periodistas por ese miedo”, apostilló.
También Miguel Otero (El Nacional, Venezuela) habló de la gran “diáspora” de periodistas venezolanos, que supone una “anulación” de su profesión, y apuntó que la SIP debería poner “énfasis” en ello.
La asociación Venezuelan Press de España agrupa a unos 400, pero sólo el 5% o el 10% ejerce la profesión, según dijo. Moleiro, a su vez, constató la “importante cantidad de periodistas en el exilio”, además de casos como el de Roland Carreño, dos años preso por estar acusado de “asociación para delinquir” y sin juicio abierto, aseguró.
A pesar del chavismo, del gobierno del presidente Nicolás Maduro y de la “censura”, valoró y agradeció que en Venezuela todavía haya periodistas que ejercen su deber cívico. Aunque advirtió de que la libertad de prensa se deteriore aún más y “pronto” se asemeje la situación a Nicaragua.
Gabriela Cáceres, quien salió de El Salvador en enero pasado de manera “preventiva”, denunció la persecución “muy directa” del presidente Nayib Bukele a su medio (El Faro )y al periodismo de investigación en general, los medios son “vigilados” y “espiados”, y probablemente empeore la situación, apuntó.
Yadiris Luis Fuentes explicó que el periodismo independiente es la “diana” del Gobierno y el Código Penal de la “dictadura cubana” para silenciarlo; y los profesionales que lo ejercen desde el extranjero “van a la cárcel si vuelven”. El “régimen” se dedica a “desprestigiar” a los periodistas (“mercenarios, vendepatrias”), y la comunidad internacional “a veces hace oídos sordos”, resaltó.
Por eso, “la mayoría estamos en el exilio y luego no nos atrevemos a contar nuestras historias”, comentó, pues necesitan “terapia” y adaptarse a otras sociedades. En Cuba, sintetizó, “no nos quieren presos, nos quieren fueran del país”.
Al margen, otros participantes en la asamblea alertaron del “deterioro” de la libertad de prensa en países como Perú y Guatemala, y falta de protección (o insuficiente) de periodistas colombianos, y pidieron acabar con la “impunidad” penal de los autores de crímenes contra estos profesionales.
La SIP es una organización sin fines de lucro, dedicada a la defensa y la promoción de las libertades de prensa y expresión en el continente americano. Está conformada por más de 1.300 publicaciones, entre periódicos, medios electrónicos y radios. Mantiene proyectos permanentes de monitoreo de vulneraciones al ejercicio periodístico, formación para profesionales en el área, y gestiones ante gobiernos para la aprobación de leyes para la protección de los periodistas y para garantizar el acceso a la información pública.
Conclusiones La SIP finalizó su 78ª Asamblea General en esta ciudad con la presentación de las conclusiones tras cuatro días de reuniones.
78 Asamblea General - 27 - 30 de octubre de 2022 - Madrid, España: Un preocupante y franco retroceso de la libertad de prensa se registra en las Américas. Ello se evidencia en el aumento de los asesinatos de periodistas, así como en la intensificación de prácticas de persecución y criminalización judicial que desembocan en detenciones y exilios de integrantes de los medios del continente.
Este panorama, que genera alarma y socava las condiciones democráticas de la región, se constata en los informes semestrales de cada país aprobados por la 78ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), reunida en Madrid de forma presencial luego de más de dos años de encuentros virtuales debido a la pandemia.
Los 25 periodistas asesinados en los últimos seis meses fueron el hecho que generó mayor condena e indignación por parte de los más de 200 editores de medios que asistieron al encuentro. La cifra asciende a 40 si se considera el período desde la 77ª asamblea, realizada en octubre de 2021.
Nuevamente México fue el país con mayor número de víctimas, con 11 homicidios de periodistas y trabajadores de medios desde abril último, sin que las autoridades de esa nación hayan logrado combatir de forma eficaz esta dolorosa tragedia.
Los otros países donde se registraron asesinatos fueron Colombia (3), Haití (3), Ecuador (2), Honduras (2), Estados Unidos (1), Paraguay (1), Brasil (1) y Chile (1). Además, en Colombia prescribieron, en medio de la impunidad, tres casos de periodistas asesinados en 2002.
Durante la reunión fue entregado el gran Premio Libertad de Prensa de la SIP, en calidad de homenaje póstumo, a 20 periodistas que fueron asesinados en México durante los últimos 12 meses.
La asamblea exhortó a gobiernos y autoridades a que asignen prioridad a las investigaciones que permitan capturar a los culpables de los asesinatos de periodistas en la región. Además, instó a promover medidas que garanticen la protección del personal de prensa, tema que también fue discutido durante las sesiones, en busca de crear mecanismos adicionales y sistemas que contribuyan a fortalecer la seguridad de los integrantes de los medios en condiciones de riesgo.
En ese sentido, Ecuador y Paraguay están creando sistemas de protección para periodistas, que se sumarán a los de Brasil, Colombia, Honduras y México.
Pero no solo mediante el asesinato se intenta silenciar las voces de una prensa libre que investiga, denuncia y cuestiona. En este período, la persecución mediante intimidaciones y la criminalización judicial ha llevado al exilio a 29 periodistas y mantiene en prisión, en muchos casos en condiciones infrahumanas, a 15 comunicadores y trabajadores de medios, ya sea por expedientes en curso o por condenas dictadas sin juicios justos.
El caso de Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega, sigue siendo el más alarmante. Seis periodistas condenados permanecen en prisión, en tanto que dos trabajadores del diario La Prensa siguen detenidos. Al menos 15 periodistas salieron al exilio y ya son más de 150 los que han vivido la misma situación en los últimos cuatro años. El gobierno continuó cerrando medios, entre ellos varias radioemisoras de la Iglesia Católica y cortó la señal de CNN en español.
Cuba es otro protagonista crítico de exilios y detenciones que lesionan gravemente la libertad de expresión. Un periodista y dos ‘influencers’ digitales permanecen presos, en tanto que cuatro ciudadanos están detenidos por críticas al gobierno en las redes sociales. Además, tres periodistas independientes se exiliaron y a otros 20 se les «ofertó» la opción de salir del país, con la amenaza de no regresar.
También en El Salvador dos periodistas permanecen presos, en tanto que 10 más se exiliaron debido a la hostilidad del gobierno de Nayib Bukele, el cual intensificó sus amenazas contra la prensa desde que decretó el estado de excepción para combatir las pandillas. Esta situación ha generado, además, autocensura de las fuentes informativas.
En Venezuela, otro país que ha sido fuente del exilio en los últimos años, el gobierno de Nicolás Maduro cerró 41 radioemisoras. También intensificó su ofensiva contra el libre acceso a la información mediante el bloqueo de sitios de internet de medios nacionales e internacionales. Para lograrlo, ordenó a las compañías telefónicas, oficiales y privadas, sacar del aire esos sitios web. Esa situación abrió una controversia sobre el papel de Movistar, filial de la multinacional Telefónica, por darle cumplimiento a este tipo de intervenciones antidemocráticas.
En esta asamblea se hizo un llamado para que se facilite que los periodistas en riesgo puedan acogerse al programa de Reporteros Sin Fronteras España con el Ayuntamiento de Madrid, que les brinda formación y apoyo.
Otro frente de preocupación es el serio deterioro de las condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico por cuenta del avance del narcotráfico y el fenómeno de su transversalidad que abarca a varios países. Las denuncias de amenazas y hostigamientos contra la prensa bajo ese contexto se registraron especialmente en México, Colombia, Ecuador, Argentina y Paraguay.
A eso se suman las conductas de estigmatización del periodismo y las campañas de desprestigio provenientes de gobiernos, sus aliados y movimientos políticos. El escenario más extendido para estos ataques han sido las redes sociales. Los casos de mayor intensidad en este frente se registraron en Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Nicaragua. También el ambiente de alta polarización en las campañas presidenciales de Colombia y Brasil desembocó en este tipo de hostilidad contra periodistas y medios.
La incitación a los discursos de odio en el ecosistema digital afecta prácticamente a toda la región, al punto que hasta en Canadá, uno de los países con mayores garantías para la libertad de prensa, las organizaciones de periodistas reclamaron al gobierno tomar acciones contra las plataformas y redes sociales para que frenen la circulación de mensajes violentos contra los medios y sus integrantes.
Además, siguen siendo inquietantes los intentos por limitar la libertad de expresión a través de leyes nuevas o en proceso de ser debatidas y mediante mecanismos gubernamentales de control.
En Cuba genera temor el reciente Código Penal, el cual aumenta los castigos, que incluyen prisión, por el delito de desacato en casos de ofensas o críticas contra miembros del gobierno. Y en Chile hay alerta por la decisión de la presidencia de Gabriel Boric de crear una comisión que contempla definir estándares sobre la «regulación del sistema de medios» y definir «el derecho a la libertad de expresión y de prensa». El borrador de un proyecto de ley en Colombia que establece restricciones a la libertad de prensa en el marco de una iniciativa para promover la pluralidad de medios comunitarios también despierta preocupación.
De forma positiva hay que destacar que Guatemala y República Dominicana archivaron leyes sobre ciberdelincuencia con mordazas a la prensa, mientras que Honduras derogó la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos, que incluía obstáculos para acceder a información pública.
La presentación de un nuevo reporte del Índice de Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa confirmó la situación crítica consignada en los informes de cada país. En la escala más baja, sin libertad de expresión, aparecen Cuba, Venezuela y Nicaragua. Las únicas dos naciones que están en la franja de libertad de expresión plena son Canadá y Jamaica. En tanto que en el grupo de parcial restricción figuran Colombia, Perú, Argentina, Honduras, Ecuador, Brasil, Bolivia, México y El Salvador. Guatemala está en la categoría de alta restricción. El resto quedaron clasificados en el bloque de baja restricción.
La compleja situación de quienes ejercen el periodismo, la pérdida de sostenibilidad de numerosas empresas de prensa por los efectos de la pandemia y el avance de las grandes plataformas globales y la consolidación en varios países de los poderes políticos autocráticos, limitan el papel de investigación y fiscalización de la prensa. Desde esta asamblea se reclamó a las plataformas digitales que remuneren a los medios en forma justa, razonable y equitativa por el uso de los contenidos noticiosos que distribuyen y monetizan. Todos estos factores constituyen hoy una mezcla de elementos que debilitan las democracias de las Américas, una región que hoy más que nunca necesita de un periodismo fortalecido y protegido por la sociedad.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental, y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.-
Durante varios meses, los periodistas Germán de los Santos @germandls y Hugo Alconada Mon @halconada investigaron el universo narco de Rosario. ese trabajo se ve reflejado en la edición de hoy del diario La Nación. Le dedica tapa y el suplemento El Berlinés, con 12 páginas. Narcos y cómplices que convirtieron a Rosario en la capital del crimen, imprime el matutino. Hay barrios enteros que fueron abandonados por el Estado, que dejó de proveer seguridad y contención social. El informe completo, acá:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su 153° período de sesiones que se desarrolló en Uruguay, debatió la responsabilidad internacional del Estado argentino en el caso "María", donde se investiga el proceso administrativo y judicial de guarda y adopción del niño identificado como "Mariano", en contra de la voluntad de su madre, que en ese momento tenía 13 años. Se denunció que la jueza interviniente no hizo lo necesario para que el niño permanezca con su familia biológica, como era su derecho, y le otorgó la guarda a personas por fuera del núcleo.
El caso se relaciona a la presunta responsabilidad internacional del Estado en el marco del proceso administrativo y judicial de guarda y adopción del niño "Mariano" en perjuicio del propio niño, su madre "María" y de la madre de "María"; quien al momento del nacimiento de su hijo tenía 13 años de edad. Se alega que el Estado no adoptó las medidas para que el menor fuera criado por su familia biológica, no agotó las medidas para que ello ocurriera, ni aseguró que la decisión de adopción fuera libre y en el mejor interés superior de las personas menores de edad.
Asimismo, se argumenta que la decisión de la magistrada interviniente de entregar en carácter de guardadores preadoptivos del niño por nacer a un matrimonio fuera de la familia no sólo no tenía base legal sino que adoleció de falta de fundamentación. Por otra parte, se arguyen varias demoras en los procesos médico forenses, en los procesos de toma de contacto y revinculación de "María" con su hijo. Se alega que este último proceso no se encuentra exento de dificultades debido a la situación de vulnerabilidad de la presunta víctima, por la supuesta falta de flexibilidad y respuestas oportunas por parte del juzgado interviniente.
Por lo anterior, se aduce que el Estado incumplió su deber de garantizar el derecho a la familia de las presuntas víctimas y se alega la violación de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, a la vida familiar, a la protección de la familia, a la igualdad y a la protección judicial en perjuicio de las presuntas víctimas.
La abogada Carmen Maidagan, a cargo del caso desde el año 2015, habló sobre el caso en Señales y criticó duramente el accionar de las juezas intervinientes (Gabriela Toppino -en la guardia- y Sabina Sansarricq, luego), la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de Analía Colombo y algunos profesionales de la Maternidad Martin.
La madre y la abuela no recibieron asesoramiento para consentir sobre la adopción de manera previa, libre e informada, en especial teniendo en cuenta la situación de "María" de niña gestante víctima de violencia sexual. Tampoco se les otorgó una representación legal de oficio adecuada para presentar un recurso de manera oportuna.
Otro de los presentes en la audiencia fue el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, durante su alegato destacó que el Estado argentino se encuentra comprometido en la obtención de una urgente resolución en este caso, que ponga fin a la incertidumbre del derecho de "María" a criar a su hijo, y del niño, a crecer junto a su mamá y su familia biológica. A pesar esas de las múltiples gestiones realizadas por las autoridades políticas de Santa Fe y del gobierno nacional en este caso, al día de hoy, "María" sigue sufriendo numerosas dificultades para vincularse en forma cotidiana con su hijo y lograr que tenga contacto con el resto de su familia biológica.
Por otra parte, la solicitud de restitución del niño sigue sin resolverse. Ello, porque las autoridades judiciales de Santa Fe siguen insistiendo en que este asunto tramite como un proceso sobre el estado de adoptabilidad del niño, recurso que desde el 11 de octubre está pendiente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sobre este punto, durante la audiencia, los jueces de la Corte IDH consultaron a los representantes de la Secretaría de Derechos Humanos sobre los plazos estimativos que tiene la CSJN para resolver el recurso presentado.
En Uruguay, el secretario de Derechos Humanos cerró su intervención destacando que hace 8 años que un niño está creciendo en una familia distinta a su familia biológica, sin que haya fundamento alguno que impida a "María" ejercer su maternidad.
En el final, el juez Ricardo Pérez Manrique, presidente de esta Audiencia Pública recordó a las partes: "de conformidad con lo dispuesto en el punto resolutivo 14º de la resolución de la Corte de 21 de septiembre de 2022, los representantes, el Estado y la Comisión Interamericana cuentan con plazo hasta el 19 de diciembre de 2022 para presentar sus alegatos finales escritos y sus observaciones finales escritas respectivamente en relación con el fondo y las eventuales reparaciones y costas en este caso. Este plazo es improrrogable", sostuvo antes de agradecer a los asistentes y cerrar la Audiencia.
Según una investigación de ProPublica en colaboración con Folha y la UFRJ, el 80% de los principales sitios que difunden noticias falsas se financian con propaganda mediada por la plataforma
Por: Patricia Campos Mello Google financia el 80% de los sitios web que publican noticias falsas sobre presuntos fraudes electorales, Covid y vacunas y están entre los más compartidos en Brasil, según un estudio de ProPublica en colaboración con Folha y el NetLab de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ ) . Una encuesta de sitios que ya han tenido contenidos clasificados como falsos por agencias de verificación afiliadas a la Red Internacional de Verificación de Datos y se encuentran entre los 30 más compartidos en grupos de WhatsApp y Telegram, señala que 24 de ellos se monetizan a través de anuncios de Google. Ganan dinero con los anuncios de Google en páginas con publicaciones que violan las reglas propias de la empresa.
La foto muestra una máquina de votación electrónica en prueba en Porto Alegre. La foto muestra una máquina de votación electrónica en prueba en Porto Alegre.
La plataforma prohíbe la monetización de contenido con "afirmaciones que sean demostrablemente falsas y puedan socavar la participación o la confianza en el proceso electoral" o "que promueva afirmaciones perjudiciales para la salud o afirmaciones relacionadas con una crisis de salud pública que vayan en contra del consenso científico".
A investigação global da ProPublica, que será publicada também neste sábado (29), mostra que o Google ajuda a sustentar sites disseminadores de informação falsa em partes da Europa, América Latina e África, apesar de a plataforma dizer que está empenhada no combate à desinformação en el mundo. La situación es mucho peor en países cuyo idioma principal no es el inglés.
Según ProPublica, Google publicó anuncios en el 13 % de los sitios en inglés que NewsGuard consideró no confiables por publicar sistemáticamente contenido falso y titulares engañosos. En Croacia, Serbia y Bosnia y Herzegovina, 26 de los 30 sitios (87 %) que tenían la mayor cantidad de contenido clasificado como falso por las agencias de verificación ganaban dinero a través de los anuncios de Google durante la revisión.
En Turquía, fueron 45 de los 50 sitios más revisados (90%). En España, 14 de los 32 sitios considerados poco informativos por el EU Disinfo Lab estaban monetizando con Google y en los países de habla alemana analizados por ProPublica, 10 de los 30 sitios (33,3%). En América Latina, 19 de 49 sitios (38,7%) considerados difusores de información falsa por las agencias de verificación de la región ganaron dinero de Google y, en Brasil, el 80% de los 30 sitios con noticias falsas más compartidas.
“Si bien Google permite que los sitios web, los canales y cualquier otro tipo de fuente de desinformación tengan la opción de monetizarse a través de los anuncios de Google, la empresa no solo contribuye a la difusión de noticias falsas, sino que también ayuda a financiar la industria de la desinformación”. , dice Marie Santini, coordinadora de NetLab.
Santini cree que Google y otras plataformas se niegan a combatir la desinformación en el Sur Global. "Estos sitios juegan un papel clave en el ecosistema de la desinformación, porque engañan a muchas personas que realmente creen que están leyendo una noticia; y al monetizar el contenido a través de anuncios, hacen que el ecosistema de la desinformación sea autosostenible".
La investigación de ProPublica es la más completa jamás realizada sobre los anuncios de Google en sitios que no están en inglés. Utilizando datos de agencias de verificación, investigadores y organizaciones de monitoreo, ProPublica analizó más de 13,000 páginas activas de miles de sitios web en seis idiomas para determinar si estaban ganando dinero con los anuncios a través de Google. En Brasil, los socios fueron Folha y NetLab.
Luego de ser contactado por ProPublica, Google eliminó los anuncios de 14 sitios web analizados en la investigación, entre ellos los brasileños Brasil Sem Medo, Folha da Política, StyloUrbano y Tribuna Nacional.
A nivel mundial, Google gana alrededor de $ 200 mil millones al año de los anuncios. En el sitio web de Terra Brasil Notícias, publicaciones demostrablemente falsas que decían "Solo Brasil en todo el mundo usa máquinas de votación electrónicas sin votación auditable" y "Documentos muestran que el coronavirus está siendo probado como un arma biológica 5 años antes de la pandemia por chinos" tenían anuncios de Google o estaban dirigidos por sistemas de Google –que, por tanto, generan ingresos para la plataforma y el sitio web. Los dos datos ya fueron considerados falsos por varios controles.
Terra Brasil tiene la mayor audiencia entre los sitios alineados con el presidente Jair Bolsonaro: 15 millones de visitas en julio. El sitio, que ya fue honrado por Bolsonaro en un video, tenía numerosos contenidos clasificados como "falsos" por las agencias de control.
Al ser contactado por Folha, el responsable de Terra Brasil Notícias, abogado Agacy Melo Júnior, dijo que ya había borrado la página con contenido falso sobre la máquina de votación electrónica y que determinaría la exclusión de la publicación sobre coronavirus hasta que pueda analizar mejor.
“Revisaré y miraré las fuentes, generalmente confiamos en las empresas de verificación y eliminamos que sí, aprendimos mucho durante la pandemia y somos muy estrictos con el contenido de las vacunas”, dijo.
"En cuanto a las urnas, ya hemos declarado que confiamos plenamente en el sistema de votación actualmente adoptado en Brasil". Júnior afirmó que gana cerca de US$ 5.000 al mes (R$ 26.550) con anuncios a través de Google. “Prácticamente solo ganamos la cantidad para pagar los gastos del sitio con proveedor, periodista y etc, ¡alrededor de 5.000 dólares al mes!”.
Otro sitio que se financia con anuncios vendidos a través de Google es AliadosBrasilOficial. Había anuncios de Google en una página que decía "Bolsonaro habló sobre el fraude electoral que ha estado ocurriendo desde que se implementó la votación a través de la urna electrónica"; la página se eliminó después de que Folha se comunicó con el representante del sitio.
Otra página monetizada con Google Ads anunciaba un estudio que supuestamente demostraba que la vacuna contra el covid provoca leucemia, contenido ya etiquetado como falso por asociaciones médicas y verificadores.
El representante de AliadosBrasilOficial, Gustavo Reis, afirmó que reprodujo “material extranjero hecho con un médico independiente, que se destacó en la lucha contra la imposición de vacunas y fue perseguido por eso. Como tantos otros”. Y preguntó: “Vale la pena preguntarse: ¿los verificadores tienen fe pública para determinar verdades y mentiras? ¿Afirman ser falsos en base a declaraciones de otros médicos o hay algún estudio científico que demuestre que las afirmaciones son realmente falsas?, si es que lo ha hecho. sido publicado. Eso es sobre cualquier tema".
Sobre el tema del presunto fraude en las urnas, Reis afirmó haber "corregido" el texto tras contactarse con Folha.
Otros ejemplos de noticias falsas que generaron ingresos para Google y para sitios web a través de anuncios a través de Google son sobre supuestos fraudes electorales en Folha da Política, que eliminó el contenido y fue desmonetizado por la plataforma después del contacto. Y "Vacunas covid supuestamente impiden viajar a los vacunados porque provocan coágulos", en la web StyloUrbano (que también fue desmonetizada tras el contacto, pero mantuvo la publicación).
Buscado, Google dijo que ha desarrollado y puesto en práctica una serie de acciones para combatir la desinformación, “incluidas políticas específicas sobre integridad electoral, Covid-19 y cambio climático”.
"Trabajamos intensamente para hacer cumplir estas políticas en más de 50 idiomas, incluido el portugués. Solo en 2021, eliminamos anuncios de más de 1700 millones de páginas de contenido y 63 000 sitios en todo el mundo".
La plataforma no informa cuántos sitios en cada país e idioma han eliminado los anuncios. “Sabemos que este trabajo está en curso y continuaremos invirtiendo en nuestros sistemas para detectar rápidamente información engañosa y proteger a nuestra comunidad de usuarios en todo el mundo”, dijo Google en un comunicado.
El periodista brasileño Artur Romeu toma las riendas de la Oficina de Reporteros Sin Fronteras en Río de Janeiro, que gestiona las actividades de la organización en América Latina. Su principal misión consistirá en impulsar la presencia de RSF y reforzar el impacto de sus campañas en la región.
A partir del 1 de noviembre de 2022, Artur Romeu dirigirá la Oficina de América Latina de Reporteros Sin Fronteras (RSF), en sustitución de Emmanuel Colombié, que ha ocupado este cargo desde la creación de la oficina de Río de Janeiro, en 2015. Esta oficina cubre más de 20 países, desde México hasta Argentina, incluyendo el Caribe hispanohablante y Haití. En representación de la organización internacional, Artur Romeu coordinará una red de 13 corresponsales activos en la región, así como un representante y un socio oficial en México. Será responsable de las operaciones de incidencia y asistencia de la organización, así como del desarrollo de iniciativas sistémicas lanzadas por RSF, como la Journalism Trust Initiative (JTI) y la Alianza para la Información y Democracia.
“Agradecemos a Emmanuel Colombié haber sabido desarrollar la presencia y las actividades de RSF en América Latina, con grandes éxitos y campañas muy destacadas, especialmente en México y en Brasil”, asegura Christophe Deloire, secretario general de RSF. “Estamos encantados de que Artur Romeu, cuyas cualidades valoramos, tome su relevo. Sabemos que pondrá todo su empeño en conducir a RSF hacia una nueva etapa de su desarrollo en el continente. En el plano internacional, RSF ha conseguido estar sobre el terreno junto a los periodistas y, a la vez, ha logrado lanzar iniciativas estructurales sobre el sector digital y de la información. Tenemos proyectos muy ambiciosos para América Latina”, añade.
Periodista especializado en información internacional y Master en Derechos Humanos y Acción Humanitaria por Sciences Po en París, Artur Romeu, de 34 años, ha participado, a lo largo de los últimos siete años, en el desarrollo de la Oficina de RSF en América Latina. En particular, ha contribuido a poner en marcha importantes acciones de incidencia, comunicación, investigación y formación de RSF en Brasil, Colombia y México. Desde 2019, estaba a cargo de la gestión de proyectos, así como de la coordinación de las labores de asistencia y desarrollo de la oficina.
“Es un honor para mí representar a América Latina en una organización conocida en todo el mundo por su defensa de la libertad de prensa”, afirma Artur Romeu. “Ante el recrudecimiento de la censura, la desinformación y la violencia contra la prensa, la oficina de RSF en América Latina se movilizará totalmente para actuar en favor de la libertad, la independencia y el pluralismo del periodismo, y para defender a quienes encarnan estos ideales: los periodistas que, a pesar de los riesgos, se niegan a callar ante el poder. Lucharemos sin descanso sobre el terreno para defender el derecho a la información”, añade.
Fundada en 1985, Reporteros Sin Fronteras (RSF) es una ONG sin ánimo de lucro que promueve el periodismo libre, independiente y plural. Reconocida como organización de interés público, RSF tiene estatus consultivo en las Naciones Unidas, la UNESCO, el Consejo de Europa, la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Además de su sede en París, RSF tiene trece oficinas y secciones, y opera a través de una red de corresponsales en 130 países y de unas quince organizaciones locales asociadas.
La defensa de Elon Musk del "absolutismo de la libertad de expresión" es fundamentalmente falsa. Ahora que el guerrero multimillonario de la cultura completó su compra de Twitter, la plataforma se verá invadida por desinformación tóxica, que incluye falsificaciones profundas, propaganda insípida, llamados a la violencia, doxing y otras formas de actos iliberales contra el discurso
Por: Richard K. Sherwin*
En 1897, el magnate de la prensa estadounidense William Randolph Hearst envió al ilustrador Frederic Remington a cubrir la Guerra de Independencia de Cuba. Cuando Remington transmitió que "no habrá guerra", Hearst supuestamente respondió: "Tú proporcionas las imágenes y yo proporcionaré la guerra".
Es una vieja historia con una moraleja bien conocida: la riqueza confiere poder, y el poder engendra un anhelo de más poder. Sigue un corolario familiar: quien controla los medios de comunicación de masas controla cómo se construye y transmite la realidad.
Los medios de comunicación de masas han cambiado desde la época de Hearst, pero el comportamiento de los plutócratas no. Habiendo usado Twitter con bastante eficacia para promocionar sus propios negocios, Elon Musk reconoce que la plataforma tiene una influencia significativa en la vida pública contemporánea. Y ahora que completó la compra de la compañía por $44 mil millones, es imperativo que consideremos por qué la quería y qué es lo más probable que haga con ella.
"Dado que Twitter funciona como la plaza pública del pueblo de facto", tuiteó Musk el 26 de marzo de 2022, "no adherir a los principios de libre expresión mina fundamentalmente la democracia".
Al decidir comprar la empresa, explicó alrededor de una semana después, "no me importa en absoluto la economía… mi sensación fuerte e intuitiva es que tener una plataforma pública sumamente confiable y ampliamente inclusiva es extremadamente importante para el futuro de la civilización".
Al definirse a sí mismo como un "absolutista de la libre expresión", Musk dice estar salvando la plaza pública de la sociedad revirtiendo las políticas de Twitter para prohibir que políticos como el expresidente Donald Trump y la representante norteamericana Marjorie Taylor Greene utilicen la plataforma para difundir mentiras y desinformación comprobables en nombre de la libertad de expresión.
El llamado de Musk a una "libertad de expresión absoluta" puede sonar muy simple desde lo abstracto, pero las implicaciones son perturbadoras. Por ejemplo, lo que Musk entiende por libertad de expresión validaría la defensa del teórico de la conspiración Alex Jones de sus mentiras temerarias e injuriosas, incluido su argumento indignante de que la masacre escolar de Newtown en 2012, en la que un hombre armado asesinó a 26 personas (20 de ellas niños de seis y siete años), fue perpetrada por "actores de crisis".
Una corte de Connecticut acaba de rechazar esa postura, condenando a Jones a pagar casi mil millones de dólares a las familias de las víctimas de Newtown.
La corte tiene razón. Ninguna libertad –ya sea de expresión o de acción- es absoluta. Por el contrario, una libertad significativa exige reglas básicas para limitar los abusos que de otra manera la tornarían una carta mortal.
Es por ese motivo que tenemos leyes contra el fraude en el mercado de bienes y servicios. Sin esas restricciones, proliferarían los argumentos falsos y engañosos, fomentando niveles de desconfianza que inevitablemente invitan al fracaso del mercado.
Lo mismo es válido para el mercado de opiniones e ideas. La libertad de expresión no es una licencia deliberadamente o imprudentemente para emitir comentarios que dañan a otros o ponen en riesgo sus derechos de propiedad.
Es por eso que tenemos leyes contra la difamación y la provocación intencional de sufrimiento emocional –como refleja el caso de Alex Jones–. Es por eso también que tenemos leyes que proscriben la incitación a una violencia inminente, la perjuria y la mentira a las autoridades sobre cualquier actividad criminal.
Algunos límites a la libertad de expresión también se han considerado esenciales para salvaguardar las elecciones libres y justas. Por ejemplo, existen leyes en muchos estados en Estados Unidos que prohíben deliberadamente la difusión de información falsa sobre los lugares donde se vota, los horarios de votación, la autenticidad de los tarjetones o las instrucciones para votar, y tampoco uno puede hacer declaraciones comprobablemente falsas sobre su propia condición de titular o sus filiaciones de campaña.
Y como deja en claro el procesamiento criminal de los participantes en la horda violenta que intentó impedir la transición pacífica de poder en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. La libertad para esgrimir opiniones políticas impopulares no confiere el derecho a una insurrección violenta.
Inclusive con las políticas de moderación de contenidos actuales, las plataformas de redes sociales están plagadas de desinformación que está socavando la confianza pública y minando la función esencial del discurso político libre e informado.
Estas tácticas subversivas destinadas a dañar el mercado de opiniones e ideas son, por cierto, "actos en contra de la libertad de expresión". Su único propósito es degradar el propio discurso político.
Musk ya ha ofrecido un adelanto de los cambios que podría implementar en Twitter. Lo que empieza con restituir la cuenta de Trump, permitiéndole diseminar más mentiras demostrables sobre fraude electoral y sus opositores políticos (aunque el viernes ‘trinó’ que primero se reuniría con el consejo de moderación de contenidos antes de tomar una decisión sobre las cuentas bloqueadas) .
El argumento de Musk de que salvará la "plaza pública" de la sociedad es esencialmente falaz. Lo que hará es alimentar su desintegración permitiéndole estar sobrepasado de desinformación tóxica, falsedades profundas, una propaganda insípida, llamados a la violencia, divulgación de información privada y otras formas de actos intolerantes en contra de la libertad de expresión.
*Profesor de Derecho y director del Proyecto Persuasión Visual de la Escuela de Leyes de Nueva York. Es el coeditor (junto con Danielle Celermajer) de ‘A Cultural History of Law in the Modern Age’ (Bloomsbury, 2021)
Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue
De este modo, la Cámara alta le dio el visto bueno a pa prórroga por cincuenta años a las asignaciones especificas de impuestos para el sector
El Senado de la Nación convirtió en ley, durante una sesión especial, un proyecto que prorroga por 50 años de las asignaciones específicas destinadas al sostenimiento de actividades como las de bibliotecas populares, el cine, la música y el teatro. La iniciativa fue aprobada por 57 votos afirmativos, dos negativos y nueve abstenciones.
La ley fue sancionado en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, establenciendo un límite temporal a las asignaciones. De no haber sido sancionada, el plazo de vencimiento de los fondos era el 31 de diciembre del corriente año. A partir de dicho momento, los recursos dejarían de ser de "asignación específica" y volverían a ser recaudados por el Tesoro Nacional como cuentas generales.
El objetivo de la norma es que los fondos recaudados por los impuestos que genera la propia actividad se asignen de forma directa al Ministerio de Cultura. De esta forma, se evita que el Gobierno de turno destine de forma discrecional dichas partidas presupuestarias. Ejemplos de dichos impuestos son las entradas de los cines, teatros o espacios culturales dependientes del Estado.
Desde el sector sostienen que las asignaciones específicas garantizan la continuidad de las producciones artísticas nacionales en todo el territorio, ya que los fondos se distribuyen con un criterio federal.
El beneficio puede utilizarse para financiar actividades como el cine, los servicios de comunicación audiovisual y las bibliotecas populares.
El Frente de Todos y un sector del radicalismo votaron a favor, en tanto que los negativos fueron los cordobeses Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, del PRO, mientras el resto del bloque macrista presente en el recinto se abstuvo.
El debate se llevó a cabo con la presencia del ministro de Cultura, Tristán Bauer, y de referentes de la cultura argentina que se ubicaron en los palcos del segundo piso del hemiciclo del Senado.
El proyecto extiende hasta el 31 de diciembre de 2072 la vigencia de las asignaciones específicas previstas en los incisos b), e) e i) del artículo 4 de la ley 27.432: gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos previsto en la ley 20.630; impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos e impuesto sobre los videogramas grabados previstos en la ley 17.741; e impuesto a los servicios de comunicación audiovisual previsto en la ley 26.522.
¿Qué dice el proyecto?
De acuerdo con el proyecto, el beneficio continuará "durante la vigencia de los impuestos respectivos, o hasta el 31 de diciembre de 2072, lo que ocurra primero".
El beneficio servirá para financiar actividades como el cine, los servicios de comunicación audiovisual y las bibliotecas populares.
Además, será distribuido teniendo en cuenta a las diferentes jurisdicciones provinciales, priorizando a "las regiones geográficas de menor desarrollo relativo en materia de producciones culturales".
La ley fue sancionada originalmente en diciembre de 2017, en el marco de la reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Mauricio Macri, que estableció un límite temporal a las asignaciones específicas destinadas a cultura y comunicación.
El límite, si no era prorrogado por el Congreso, se vencía el 31 de diciembre de este año.
Si la norma no era sancionada, los recursos dejarían de ser de "asignación específica" y volverían a ser recaudados por el Tesoro Nacional como cuentas generales.
En 1994, con la Ley de Cine, se asignó el 25% de los recursos recaudados para la producción audiovisual a través del INCAA.
En 1997, en tanto, se ampliaron las asignaciones específicas al teatro; mientras que al sancionarse la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009 se agregó la asignación específica para Radio y Televisión Argentina, ENaCom, Defensoría del Público, Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA) y para la música independiente a través del Instituto Nacional de la Música (INaMu).
La presidenta de la Comisión de Educación, la oficialista sanjuanina Cristina López Valverde, abrió el debate diciendo que "la cultura es una dimensión vital de la democracia".
"Debemos trabajar en aras de la democratización de la cultura y de una cultura democrática", aseguró.
Además, habló de que la "industria cultural consolida la soberanía cultural" que "no puede voltear ninguna guerra".
Por su parte, el radical porteño Martín Lousteau, argumentó que "nadie es dueño de la cultura" y resaltó el movimiento económico que genera el arte.
"La cultura es 2,38 puntos del PBI, el 1,8% del total del empleo en la Argentina. Solo los servicios audiovisuales son el 0,4% del PBI", enumeró.
En cambio, la representante de PRO por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero, dijo "sí a la cultura, no a la irresponsabilidad presupuestaria" porque, según calificó, "las asignaciones específicas serán nuevamente un zarpazo del Ejecutivo nacional sobre los fondos coparticipables".
"Como representante de Córdoba, mi provincia no puede ceder ni un centavo más. Los cordobeses estamos hartos de que nos pasen por encima", sentenció.
En el mismo sentido, el peronista puntano Adolfo Rodríguez Saá argumentó que estaba en contra de la medida, pero que "por disciplina partidaria" iba a votar a favor.
"El cien por cien de este impuesto es una asignación específica. Esto va en la dirección contraria de lo que nos impone la Constitución Nacional que dice que todos los impuestos son coparticipables", sentenció Rodríguez Saá, y criticó: "No podemos hacer esta asignación específica por 50 años porque es un atropello".
La oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti aseguró que "desde diferentes bancadas pedimos el compromiso del Ejecutivo Nacional para que se comprometa a que en la reglamentación haya un piso del 30% de los recursos para que sea distribuido entre las provincias".
"Esto será así, hasta tanto nosotros saquemos la nueva ley que estamos trabajando entre todos", precisó.
Hasta octubre de 2022 ya son más de 200 las muertes por violencia en Rosario, casi una por día Las víctimas siempre son las mismas, jóvenes, varones y pobres. Este año se sumaron mujeres y niños. Se espera que la cantidad de homicidios sea la más alta en la historia de la ciudad. pic.twitter.com/MFo62QFOMw
Conducido por Luciano Galende y Florencia Alcaraz, el ciclo presentará este viernes a las 21 un nuevo envío titulado "Rosario, en la línea de fuego", en el que se analizarán los extremos niveles de violencia y pobreza de esa ciudad santafesina.
La Televisión Pública presentará este viernes a las 21 un nuevo envío del programa periodístico "SIC. Periodismo textual" titulado "Rosario, en la línea de fuego", en el que se analizarán los extremos niveles de violencia y pobreza de esa ciudad santafesina considerada la "capital narco" de la Argentina.
El programa, que cuenta con la conducción de Luciano Galende y Florencia Alcaraz, buscará dar cuenta del estado de situación de la que en otra época fue un polo industrial, rodeado de tierras productivas y con uno de los puertos más activos del país, pero que en la última década duplicó su cifra de homicidios y hoy ocupa cotidianamente los medios y portales con noticias asociadas al crimen y al negocio de las drogas.
"Punto estratégico para la distribución y exportación legal e ilegal, Rosario parece destinada a vivir bajo las reglas de los carteles que se distribuyen en los territorios urbanos. El empobrecimiento y la falta de horizonte son el caldo de cultivo que se combina con su ubicación geográfica, que la vuelve un punto de distribución obligado", señala un comunicado del canal público, que anticipa que el de mañana será un "programa para conocer distintas versiones sobre la realidad rosarina y a pensar cómo se sale de la trampa que tiene de rehenes a culpables e inocentes por igual".
"¿Cuál es la responsabilidad del Estado y la realidad de la justicia?, y sobre todo, ¿Cómo se sale de esto?", invita a reflexionar "SIC. Periodismo textual".
El programa contará con numerosas opiniones, entre quienes están el diputado provincial por el Frente Social y Popular Carlos del Frade; los periodistas Germán de los Santos y Silvina Tamous; el concejal del Bloque Ciudad Futura, Pedro ‘Pitu’ Salinas; la antropóloga Eugenia Cozzi y el fiscal jefe especial de la Unidad de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, Luis Schiappa Pietra.
También serán de la partida el Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski; la exsubsecretaria de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia de Rosario, Alejandra Fedele; Gerónima Benítez, madre de Víctor Emanuel González Benítez, asesinado por una banda de narcomenudeo; y Ana López, vecina de Barrio Ludueña.
