El presidente hizo votar el aditivo para derogar totalmente la ley de medios, aun sabiendo que no contaba con los votos necesarios para lograrlo, con el propósito de exponer a aquellos legisladores de la propia coalición de gobierno que no estaban dispuestos a acompañar la propuesta. Cabe, entonces, preguntarse ante quién quería ponerlos en evidencia, toda vez que no es un tema que llame la atención de la ciudadanía. La respuesta a esa interrogante es obvia: quería exponerlos ante los medios de comunicación, en particular ante los grandes medios, como para que los empresarios mediáticos más importantes tengan claro que es el herrerismo el verdadero socio con el que cuentan y no con el resto.
La derogación de la ley de medios que se aprobó durante el gobierno del Frente Amplio y la sustitución por una norma elaborada a piacere de los canales es un compromiso de Lacalle Pou con el dispositivo de propaganda que le ha ofrecido el blindaje más evidente con el que ha gozado gobierno alguno desde la restauración democrática. Lacalle le debe mucho a los grandes medios y constantemente se esfuerza por retribuirles. A saber: exoneraciones gigantescas, la compra de las señales de los canales privados para emitir las señales en VeraTV a un precio ridículamente millonario, la autorización para que ingresen en el mercado de datos utilizando infraestructura de Antel, y ahora el intento de derogar la ley de medios. El gobierno publicitario rinde tributo hasta en detalles a los medios dominantes y los medios corresponden con una complacencia a prueba de cualquier escándalo.
La jugada de Lacalle Pou confirma que su estrategia para gobernar y para que su sector conserve el poder en las próximas elecciones es establecer una alianza profunda con los canales, y por eso no tiene ningún problema en dejar sentado que colorados y cabildantes no están tan bien dispuestos como él a gobernar para ellos. Ahora bien, esta estrategia del gobierno da todavía más motivos para que la izquierda analice con serenidad cuál será su política en este terreno, porque en los 15 años que gobernó el Frente Amplio, el ecosistema comunicacional uruguayo no cambió prácticamente nada. La derecha sigue controlando un gigantesco aparato de propaganda con la capacidad de instalar agenda, mostrar, tergiversar, y ocultar lo que se le cante, sobre la base de históricas concesiones del espectro estatal a familias hermanadas ideológica y económicamente con el poder real.
El gobierno actual es, sin lugar a dudas, el que ha llevado esta connivencia hasta el extremo. Más incluso que cualquiera de los gobiernos blancos o colorados posteriores a la dictadura. No es que los canales hayan sido menos proclives a la adicción en otras épocas, es que ahora el control es prácticamente total y la persecución del que piensa distinto ha tomado otro alcance desde que las redes sociales permiten que dispositivos de difamación y hostigamiento medianamente anónimos se dirijan con un poder de fuego increíble contra todo lo que se mueva. La votación de esta semana tuvo el objetivo de ordenar las cosas. Toda la coalición votó el artículo 56, que le otorga a las cableras de los canales la posibilidad de meterse en el negocio de los datos, haciéndole un daño tremendo a Antel, pero como no todos acompañaron la derogación de la ley de medios, y por eso no salió, ahora ya los medios pueden hacer una jerarquización racional del sistema político con arreglo a fines: aliados disciplinados, aliados díscolos, adversarios conversables, enemigos acérrimos. Los últimos se componen de la izquierda en general; más allá de matices, el discernimiento más fino hay que aplicarlo en la coalición y una votación a mano alzada como esta es el mejor procedimiento posible.
Fuente: Caras y Caretas