El campo cultural argentino se encuentra en estado de alerta. A partir de diciembre de este año, según los términos de una reforma impositiva, existe el riesgo de que se provoque el desfinanciamiento de las instituciones que apoyan la creación en diversos ámbitos, acentuando la crisis del sector.
La ley 27432, impulsada por el gobierno de Mauricio Macri y votada en el Congreso en 2017, estableció el vencimiento de las asignaciones específicas para las industrias culturales. Se trata de una modificación en el régimen de recaudación que aporta fondos para el funcionamiento de entes como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional del Teatro (INT), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CoNaBiP), el Instituto Nacional de la Música (INaMu) y el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA).
La mayor parte del financiamiento de esas instituciones proviene de impuestos a las entradas de cine, a los video-gramas grabados y a los servicios de comunicación audiovisual. La reforma establece que el Estado nacional seguirá recaudando esos recursos, pero ya no irán directamente a las instituciones y organismos de cada sector creativo sino que serán destinados al Tesoro Nacional para el uso discrecional del Gobierno.
En pocas palabras, podría ser el golpe de gracia para las industrias culturales y las esferas de creación independientes que subsisten gracias al apoyo de estos entes, ya que es muy probable que el dinero de los impuestos quede en los laberintos presupuestarios de turno o sea asignado a otras áreas.
Tanto a nivel individual como por medio de asociaciones, se viene expresando una marcada preocupación y un creciente malestar por la situación, que alcanza también a los ámbitos oficiales.
El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, se refirió recientemente a la necesidad de darle una solución al tema y evitar la medida que tumbaría la autarquía de los organismos. Cabe recordar que instituciones como el INCAA, el INT o el INAMU son entes públicos no estatales, es decir que el Gobierno no define sus políticas ni interfiere en sus acciones. Tampoco está obligado a asistirlos económicamente.
En plena crisis del INCAA, uno de cuyos coletazos fue la renuncia al cargo de presidente que se le requirió al cineasta Luis Puenzo, Bauer aseguró que es una prioridad del Gobierno revertir la ley 27432 y lo que podría provocar a partir del 31 de diciembre de 2022.
Proyecto de prórroga
Hasta el momento, más allá de las declaraciones, la iniciativa más palpable para desactivar la "bomba" del vaciamiento es un proyecto de ley presentado por el diputado Pablo Carro, del Frente de Todos-Córdoba, que propone prorrogar por 50 años la asignación directa a las instituciones culturales.
El legislador cordobés es optimista y asegura que existe un amplio consenso político para lograr la aprobación. "Ya se manifestaron a favor todos los interbloques, menos Juntos por el Cambio y los libertarios", señala en diálogo con La Voz.
"Lo que hay es una oposición muy marcada desde los extremos de Juntos por el Cambio", añade. Y describe: "Los que se oponen usan tres tipos de argumentos. Uno es lo que llamo ‘el argumento Finlandia’. Dicen que este tipo de proyectos están hechos para un país como Finlandia. Con la cantidad de pobreza y desocupación que hay en la Argentina, argumentan, no tiene sentido destinarle recursos a la cultura. Defienden la idea de que la cultura que se puede sostener es la que banca el mercado. Y rechazan este sistema de fomento que lleva recursos para sostener todo un entramado cultural".
"Otro argumento es el burocrático –describe Carro–. Dicen que institutos como el INCAA tienen muchos empleados y que funcionan como un aguantadero de ñoquis. Sostienen que el dinero no llega al fomento, y le critican también una supuesta arbitrariedad del Estado nacional en el uso de recursos que de otra manera serían coparticipables. Esto no es así. La verdad es que son institutos muy federales, llegan muchos recursos a las provincias".
"Y está la discusión por los años para asegurar el fomento, que es medio pava –suma el diputado–. Hay un argumento fiscal, ortodoxo, que dice que los impuestos que tienen una asignación específica deben tener fecha de caducidad. Yo propongo 50 años, que es como decir mucho tiempo, o para siempre, o 99 años. No tiene sentido, en un país como el nuestro, pensar en dejar de promocionar y de hacer fomento. Con eso se sostiene un semillero muy grande, para usar una metáfora futbolera. En la cultura es igual. Para que alguna de las películas que se financian gane un Oscar, o que los actores reciban premios, está toda esta etapa de sostener el semillero".
Un caso: El INAMU
El Instituto Nacional de la Música (INAMU), que renovó recientemente sus autoridades, es un organismo de fomento con figura mixta que recibe asignaciones específicas para su funcionamiento, otorgadas por lo que se conoce como Ley de Medios (se trata de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nro. 26.522). Según su artículo 97, se le destina al Instituto un 2 por ciento de lo que recauda Afip por publicidades pasadas en radio y televisión.
"Es lo que permite que podamos existir como un organismo federal que otorga anualmente beneficios económicos a través de convocatorias nacionales, regionales y/o especiales a las personas músicas independientes que tenemos registradas sobre territorio argentino (actualmente más de 70 mil). Con estos fondos, en ocho años de gestión se han otorgado 8.500 beneficios a nuestro sector", explica Charo Bogarín, artista y gestora cultural, fundadora del grupo Tonolec y flamante vice presidenta del INAMU.
"La ley de 2017 nos perjudica y pone en peligro nuestra actividad –advierte Bogarín–. La mayor parte del presupuesto que maneja el INAMU viene de estas asignaciones especiales que tienen un carácter particular: son un gravamen específico a las actividades comerciales que se destina a promover las industrias culturales, convirtiéndose en una fuente genuina de financiamiento que fortalece nuestra actividad".
Del hecho de que esos fondos se sigan recibiendo "a través de la Ley de Medios y no desde el Tesoro Nacional depende de que sigamos funcionando y existiendo", analiza.
Y añade: "Estamos apoyando la iniciativa del diputado Carro".
Cultura y economía
Un argumento a favor de sostener el fomento es de orden estrictamente económico, opina Carro: "La cultura es un sector muy importante de la economía. El dinero que va al fomento son pesos que se multiplican. Estamos hablando de un sector que, entre puestos directos e indirectos, tiene unos 700 mil puestos de trabajo, más de 3 puntos del PBI. Es una industria, que además permite el ingreso de dólares. El fomento tiene sentido en términos de soberanía cultural y también en términos de industria".
El diputado asegura que se cuenta con los votos necesarios para aprobar su proyecto, y que su ingreso al recinto es algo podría ocurrir en las próximas semanas.
"A este tema lo tenemos que sacar de la grieta –enfatiza–. No es un proyecto K. Es una tontería pensar que la cultura está de un solo lado, incluso si nuestro propio espacio político cae en esa idea. La cultura nos contiene a todos, es de todos, es algo público. Cuanto más amplio sea el consenso, más rápido vamos a lograr que la cultura se afiance como una política de Estado".
Por otra parte, reconoce que su proyecto es fruto de la coyuntura: "Esta discusión atrasa 20 años. La verdad es que no tendríamos que estar discutiendo algo que ya parecía resuelto en la Argentina, que es el fomento y la promoción de la cultura".
"Deberíamos estar discutiendo proyectos que actualicen la ley a los cambios tecnológicos –sostiene–. Por ejemplo, lo que pasa con las grandes plataformas. Le Ley de Cine dice que el 10 por ciento de las entradas y del alquiler de películas en videoclubes va al fomento. Yo creo que hoy, por lo menos la mitad de los argentinos no sabe qué es alquilar en un videoclub. Hay una transferencia hacia visionar o escuchar música por streaming. Y ahí tenés un doble problema. Por un lado, impositivo. Esas plataformas no tributan en la Argentina, y los usuarios pagamos los servicios en dólares".
Cierra Carro: "Son transnacionales muy poderosas, frente a las cuales los estados nacionales tienen pocas chances de imponer condiciones o incluso de hacer cumplir normativas ya vigentes. Deberíamos estar discutiendo por qué esas plataformas no están comprendidas en la Ley de servicios de comunicación audiovisual, por la que tributan otros medios, por ejemplo un canal de televisión. En el corto plazo tenemos que estar modificando estas leyes".
Nuevas herramientas legales: Una necesidad
La abogada cordobesa Virgina Juárez es autora del reciente libro Herramientas legales para la cultura, un minucioso compendio de leyes vinculadas al desarrollo de las industrias creativas, y colaboró junto a la productora Paola Suárez en la redacción de la Ley 10.381 con la que se creó el Polo Audiovisual Córdoba.
Considera que se vive una situación preocupante, porque se verá afectada en forma directa la integración presupuestaria del Fondo de Fomento cinematográfico, que es la principal fuente de financiamiento del INCAA, por ejemplo. Explica que quitarle autonomía presupuestaria al ente significará esperar las decisiones del Poder Ejecutivo nacional en relación a esos fondos. "Algo que casi siempre se encuentra teñido de criterios técnicos, prioridades y recortes, pero no de criterios culturales", precisa.
"Tengo entendido que existe un proyecto de ley para modificar o ampliar el impuesto sobre la venta de CD o DVD, como consecuencia del cambio de los hábitos de consumo de contenido audiovisual, pretendiendo que se incluyan las plataformas de streaming", señala Juárez.
Y abre el foco hacia la necesidad de una legislación más integral: "Se deberían impulsar otro tipo de leyes o poner en marcha planes, estrategias y políticas de Estado, que permitan: a) Lograr la integración territorial, llamada en los hechos ´federalismo’. Es un desafío importante. B) Trabajar en forma urgente en los datos de consumo y de producción de bienes y servicios culturales. No existen actualizados y a mi entender es una falencia muy grande. No tenemos ese termómetro que nos indique dónde estamos y para dónde vamos. Es fundamental tener números a la hora de diseñar medidas y acciones. C) Desde hace unos años se estima que el aporte de los sectores de la cultura al PBI es de 2,7 ó 2,9 puntos, aproximadamente, pero luego regresa a los presupuestos entre el 1,7 o 1,8. Es una discusión que hay que dar en todo el arco del tercer sector de la cultura nacional (asociaciones, cámaras, colectivos), para luego presentar propuestas a nuestros representantes".
Artistas y escritores, sin institutos nacionales
Hay sectores que están incluso más indefensos, considerando que no cuentan, hasta el momento, con organismos de fomento específicos. Es el caso de las artes visuales y del campo literario y la industria del libro, cuyos trabajadores y trabajadoras luchan desde hace años por la sanción de leyes que permitan crear instituciones dedicadas a velar por sus derechos y apoyar la producción.
Diversas asociaciones vienen impulsando la creación de un Instituto Nacional de Artes Visuales (INAV), iniciativa para la cual necesitan juntar alrededor 500 mil firmas. Saben que el contexto no favorece su demanda.
Expresan un estado de alarma por la situación de la cultura en general. "Si los fondos de fomento de los institutos ya existentes corren peligro de perderse a fin de año, tampoco surgirán fondos para un nuevo instituto", señala Natalia Rizzo, integrante de Artistas Visuales Autoconvocades de Argentina, agrupación que trabaja en permanente contacto con Unidxs por la Cultura, espacio de coordinación de colectivos y voluntades creado para frenar la caducidad de los impuestos específicos destinados a los sectores creativos.
"Hay una proyección que dice que se perderían alrededor 700 mil puestos de trabajo con la caducidad de los fondos, ni qué hablar de que todas las producciones que reciben subsidios de esos fondos no podrán realizarse, y de que la producción empezaría a ser más escasa o a depender de fondos privados como sucede con las producciones que paga Netflix, por ejemplo. En artes visuales no existe un instituto, y su creación requeriría de fondos específicos para su existencia y el fomento y promoción de las artes visuales y las prácticas artísticas. Todo está ligado. La lucha por nuestra cultura es una sola, y todes tenemos que defenderla. Tenemos que evitar el apagón cultural", enfatiza Rizzo.
Una visión similar tienen desde la Unión de Escritoras y Escritores, que viene reclamando una ley que permita la creación de un Instituto Nacional del Libro Argentino (INLA). En noviembre del año pasado, se presentó un nuevo proyecto que retoma el texto de una iniciativa que en 2020 perdió estado parlamentario.
El tarifario para regular el cobro de honorarios por el trabajo intelectual, presentado en el inicio de la última Feria del Libro de Buenos Aires, se vivió como una conquista histórica, pero en la Unión de Escritoras y Escritores no ven con optimismo la posibilidad de tener una nueva ley para el sector.
"El nuevo proyecto de Ley del Libro contó con nuestro aval y participación –cuenta Enzo Maqueira, vocal de la Unión–. Es un proyecto que contempla y mejora la situación de los autores y autoras con respecto a proyectos anteriores que no nos tenían tan en cuenta. Este sí. Pero la verdad es que, en la situación en la que está el país, el Gobierno, la situación en la que están las industrias culturales, con la probable caída de los fondos especiales en diciembre, por lo cual están en riesgo el INCAA, la Conabip, el INAMU, la verdad es que vemos con bastante pesimismo el tema de la Ley del Libro. ¿Qué lugar hay para poder crear un Instituto del Libro si está a punto de destruirse lo que se había construido? Esperemos primero que se mantenga lo que teníamos, y a partir de ahí poder insistir para que de una vez por todas tengamos un Instituto del Libro que haga que esta industria en crisis empiece a funcionar como debería y como se merece".
Fuente: Diario La Voz