En el Campus Resistencia de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), la Defensora del Público, Miriam Lewin, fue quien abrió el encuentro: "Estamos para hacer un relevamiento, para llevarnos sus voces y para construir políticas públicas, para ampliar el derecho a la comunicación. Estamos convencidos de que los públicos, las audiencias, son cada vez más activas". Y destacó cómo los feminismos se apropiaron de los mecanismos de la Defensoría para hacer sus reclamos: "Acompañamos a cada una de las editoras de género, hay once en todo el país", enfatizó.
Un punto muy sensible de la Audiencia fue cuando expuso Nancy Sotelo, representante del INADI en Chaco, quien hizo foco en las violencias contra las mujeres y en los abordajes de los medios sobre la temática. Su hermana, Soledad, fue víctima de un femicidio el año pasado. Entre lágrimas, expresó: "El camino para revertir la desigualdad es no solamente denunciar, demandar, sino luchar por la reivindicación de los derechos. Democratizar la pauta y jerarquizar el trabajo periodístico".
Otro momento que generó impacto entre quienes estaban presentes fue cuando expuso Ana María Gorosito Kramer, de la Universidad Nacional de Misiones, quien fue al centro de una problemática: "Mi propuesta es la gratuidad de Internet y telefonía celular para garantizar el derecho a la comunicación de comunidades guaraníes".
Las temáticas relacionadas a niñez y adolescencia, a personas mayores, junto con la realidad de los medios comunitarios y su vinculación con la pauta, más la accesibilidad comunicacional, tuvieron mucho relieve durante la jornada.
"Para construir una ciudad justa, tenemos que tener en cuenta la voz de los chicos y las chicas", expresó Valeria Cruz, Defensora de niños, niñas y adolescentes de Resistencia.
En la Audiencia, además, Diana Della Bruna, de la Agencia Timbó, destacó el fallo judicial que reconoció la responsabilidad del Estado en la masacre de Napalpí de 1924 en Chaco.
No fue la única expresión, se multiplicaron los mensajes a lo largo del día. En esa línea, se oyeron más opiniones. "Queremos ser visibles, que se conozca nuestra voz. Estamos en pie, tenemos proyecto, organización, escuela. Y una radio", detallaron desde la FM QOMunitaria, de Pampa del Indio.
Gustavo Bulla, representante de la línea de las Audiencias Públicas en la Defensoría, fue quien presentó a la diputada provincial de Chaco, Teresa Cubells, quien elaboró un proyecto que declara de interés provincial a la Audiencia Pública. "Me parece sumamente importante, como diputada, poder venir a decir que este encuentro, que este ida y vuelta entre la ciudadanía, es fundamental. Se necesita el respeto a la diversidad en su conjunto de la cultura", dijo Cubells.
"Visibilizar e incluir a las personas con discapacidad en toda política pública respecto a medios audiovisuales y digitales debería ser una prioridad", destacó Amalia Dolinsky, Fundacion Cabildo Abierto Discapchaco.
También hubo un momento para destacar la labor de Aldo Avellaneda, Director de la Carrera de Comunicación de la Universidad Nacional del Nordeste, sede presencial de la Audiencia.
"Para tener una comunicación no sexista debemos trabajar por una comunicación más amplia y plural", explicó Úrsula Sabarece, de la Dirección de Diversidad, Disidencia Sexual e Identidad de Género Chaco.
El objetivo de las Audiencias Públicas es generar instancias de participación ciudadana para evaluar el funcionamiento de los medios audiovisuales. Este año, la convocatoria invita a expresarse específicamente sobre "concentración de la propiedad, nuevos medios digitales y derecho humano a la comunicación". En Paraná, el próximo mes, será la nueva cita federal organizada por la Defensoría del Público.
El Frente de Trabajadoras de la Comunicación del Chaco estuvo presente en la Audiencia y marcaron nuevamente "la necesidad de un reparto equitativo de la pauta oficial, de capacitar en perspectiva de derechos a aquellas personas al frente de medios masivos de comunicación, de generar herramientas para continuar luchando contra la desinformación y dar cuenta de la creciente precarización laboral en nuestros espacios de trabajo".
"Como Frente decimos que faltamos en los medios, se sigue reproduciendo el sesgo estereotipado en los roles. Varones que conducen, mujeres que dan los datos del tiempo, varones hablan de Economía, Derecho y Política, mujeres de Sociedad y Espectáculos, ni hablar de cumplir con el cupo laboral travesti trans de un 1%", expresó la periodista Luz Figueroa, integrante de la organización chaqueña.
"Seguimos bregando por medios más responsables e inclusivos, libres de informalidad y violencias", remarcaron para cerrar.
El debate formoseño: "Es imposible garantizar el derecho al acceso a la comunicación en una provincia donde se persigue al periodismo"
"Es interesante habla hablar de hegemonía por la concentración de medios en Buenos Aires pero hay que ocuparse respecto de la hegemonía en los medios en las provincias donde los gobiernos provinciales manejan la pauta. En Formosa tenemos la particularidad de la pauta oficial orientada hacia medios afines lo que constituye una censura encubierta, que ha sido tratada ya desde hace 20 años en la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero que no se ha resuelto porque a todos los gobiernos más allá de la identidad partidaria les sirve para manejar las líneas editoriales" dijo el jefe de redacción de el diario El Comercial, Leonardo Fernández Acosta.
Como introducción de los cinco minutos que tenía cada expositor para argumentar, Fernández Acosta, aseguró que: "Es imposible garantizar el derecho al acceso a la comunicación social si primero no se asienten las primeras bases que tienen que ver con el derecho a la información dentro del respeto que debe haber por el trabajo de los comunicadores. En Formosa venimos de una pandemia que ha sido atípica respecto de lo que ha sucedido en otras provincias en donde puntualmente se han respetado más allá de las restricciones, el derecho al acceso a la información y el derecho a la libertad de expresión".
De la misma manera, aclaró que: "En Formosa el periodismo ha sido duramente perseguido y atacado en detrimento de la calidad de la información. Hemos tratado de usar las redes al igual que todos los periodistas de la región pero a diferencia de otros lugares el gobierno ha tenido una actitud muy hostil en el sentido de enjuiciar o criminalizar el trabajo del periodismo a sabiendas que, dentro de la información propia que se manejaba en la pandemia de manera oficial, había inconsistencias que eran descubiertas por los trabajadores de medios. Aparecieron las contravencionales no respetando el trabajo esencial de los periodistas y aparecieron además las causas penales como por ejemplo, Intimidación pública, que es la figura preferida que se le aplica a los comunicadores para castigarlos por la propia curiosidad del trabajo y el escepticismo de no quedarse con las fuentes oficiales cuando hay un trabajo de investigación".
Un par de expositores después, estaría el Defensor del Pueblo, Leonardo Gialluca, por lo que el periodista lo expuso como el único funcionario de la características de un Defensor en todo el país, que denuncia al periodismo para quedar bien con el gobierno, "Dentro de un rato nada más va a estar el propio Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, quien es un precursor de una denuncia contra el periodismo por intimidación pública y este es uno de tantos escollos que debe superar el periodismo para poder trabajar por el solo hecho de ser críticos o independientes al gobierno".
Con respecto a la pauta oficial, explicó que hace años no ha habido intención de trabajar para regular la misma, "Como se hace con la coparticipación, se le reparte de manera se reparte para ayudar a medios que están en desventaja comparativa respecto de otros hegemónicos".
Explicó que: "Es interesante habla hablar de hegemonía por la concentración de medios en Buenos Aires pero hay que ocuparse respecto de la hegemonía en los medios en las provincias donde los gobiernos provinciales manejan la pauta. En Formosa tenemos la particularidad de la pauta oficial orientada hacia medios afines lo que constituye una censura encubierta, que ha sido tratada ya desde hace 20 años en la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero que no se ha resuelto porque a todos los gobiernos más allá de la identidad partidaria les sirve para manejar las líneas editoriales.
El gobierno de la provincia de Formosa no solo maneja los medios públicos aseguró Fernández Acosta, "En esto me quiero retrotraer a la Ley de Medios Audiovisuales, que después de tantas audiencias y tantos procesos, para hacer más plural la voz de todos, solo sirvió para darles más cargos a autoridades "federales de medios", que como en el caso de Formosa era a la vez interventor de uno de los canales oficiales en donde oficiaba de censor, para no permitir esto que contradictoriamente se venía a garantizar con la Ley de medios que era la pluralidad de voces. La pauta privada también sufre el mismo direccionamiento que la pauta pública ya que aquellos medios que quieran pautar en medios que sean críticos al gobierno, tienen el temor de una posterior represalia en sus comercios".
Dijo que la pandemia ha expuesto el verdadero espíritu de gobiernos feudales de varias provinciales atentando contra varios derechos, entre ellos el derecho a la libertad de expresión. "No les estoy contando nada nuevo pero si queremos avanzar en un respeto hacia las audiencias, si los comunicadores no podemos trabajar y evidentemente el producto que recibirán las audiencias no será con la calidad que se merecen".
Detalló además la anarquía en el espectro radioeléctrico con más de 100 fm en donde se enciman las radios y en donde inclusive se utilizan frecuencias para interferir las radios con perfiles independientes. "A las licencias en un espectro radioeléctrico saturado, con radios pautadas para interferir en bandas de otros medios, se suman las licencias provisorias o definitivas de radios comunitarias que lejos de cumplir el rol para el cual están destinadas, explotan la licencia comercialmente y de manera irregular. Uno de los casos relevantes, es la Radio de la Mutual Policíal, que opera dentro de un predio del Comando Radioeléctrico, utiliza los servicios como luz y agua de la dependencia y tiene pauta oficial como privada dentro de su programación".
El licenciado en Comunicación Social, también se refirió a los cableoperadores: "Respecto de la televisión, ocurre exactamente lo mismo puesto que el gobierno provincial, influye para que las cableras o cableoperadores de relevancia no incluyan en su grilla de canales, productoras independientes y si todos los canales públicos provinciales y afines al gobierno".
Continuó diciendo que: "Hay muchas cuestiones que deberían ajustarse para poder avanzar hacia una tercera generación de cultura digital en cuanto a derechos. Somos un país muy normativo en cuanto a las leyes respecto de la comunicación y otros derechos pero solo en palabras no en la realidad".
Y finalmente aclaró que: "El gobierno de Formosa tampoco se adhiere a la Ley Nacional del Acceso a la Información por lo que el trabajo de los comunicadores es muy difícil, imagínense lo que nos falta para llegar a garantizar todavía una mejor calidad de la comunicación y de respeto por las audiencias".
Un Defensor del Pueblo pide a la Defensoría del Público: "que se tomen medidas en los contenidos"
El Defensor del Pueblo de Formosa, Leonardo Gialluca, utilizó su tiempo para atacar a la prensa que "él" considera tendenciosa y puso de manifiesto las agresiones permanentes a los que son expuestos los destinatarios de la información, quienes diariamente reciben "Fake news", mensajes tendenciosos, fragmentados o descontextualizados, emitidos por ciertos comunicadores que, lejos de hacer uso del ejercicio de la libertad de expresión y/o de prensa como manifestación de la misma, persiguen únicamente intereses personales, político partidarios, económicos y/o corporativos, contrarios al Derecho Humano a la Comunicación que tenemos todos. Ello, recrea, afirmó, un escenario de libertinaje mediático, enmarcado incluso dentro de fuertes tintes de violencia verbal sin fundamento alguno, ni de los hechos que se reproducen y menos aún en normativa jurídica vigente.
El Funcionario apuntó al que denominó "periodismo militante" ejercido por quienes se disfrazan de independientes y abanderados de la libertad de prensa para, lisa y llanamente, realizar militancia político partidaria, desde los espacios a los que pueden llegar la mayoría de las veces bien apadrinados por candidatos de turno o incluso haciendo un doble juego, durante las campañas cuasi periodística de opinión y luego en las elecciones aspirantes a diferentes cargos partidarios. Gialluca, además, cargó contra quienes actúan con impunidad, haciendo uso del prestigio de los buenos periodistas, ganado por respetables profesionales de la actividad que los precedieron y a los cuales les hacen poco favor al utilizar los espacios de comunicación, para desinformar tendenciosamente en aras de viciar la comprensión de la realidad que puedan llegar a tener los destinatarios de las comunicaciones.
El Ombudsman Provincial, finalmente, resaltó la labor de los medios que "mantienen las líneas editoriales y periodísticas" en la provincia, a quienes calificó como "baluartes del derecho humano de la comunicación que tienen todos los habitantes de la Provincia y que sabemos quiénes son, como también reconocemos a los otros, a quienes no les importa la objetividad, ni la verdad real, pues apuntan a otros intereses que nada tienen que ver con el ejercicio de la noble labor del periodista". Sugirió Gialluca a las Autoridades de la Defensoría del Público, "que se tomen medidas en los contenidos que producen casi todos los medios, para evitar que se naturalice o se minimicen las temáticas relacionadas, con el consumo de estupefacientes y otras sustancias derivadas de los mismos, como así también poner límites a quienes pretenden naturalizar la violencia de género o todo tipo de violencia, pues somos espectadores de que estos medios incitan además al consumo de alcohol, tabaco, bebidas energizantes, mediante de programas que no llevan una información objetiva, sino que tienen por finalidad expandir el consumo de elementos que son dañinos para la salud psicofísica de nuestros jóvenes y ciudadanos en general".
La titular de la Defensoría del Publico, Mirian Lewin, le aclaró al Defensor del Pueblo que ese organismo no tiene potestad sancionatoria, "ni desea tenerla" porque ellos trabajan a través de la mediación y la pedagogía.
La primera Audiencia del año se llevó a cabo en Mendoza, para la región Cuyo. También de manera virtual y presencial, el público de las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja, tuvo la oportunidad de dar a conocer su mensaje en la Nave UNCuyo, de la Universidad Nacional de Cuyo.
Como introducción de los cinco minutos que tenía cada expositor para argumentar, Fernández Acosta, aseguró que: "Es imposible garantizar el derecho al acceso a la comunicación social si primero no se asienten las primeras bases que tienen que ver con el derecho a la información dentro del respeto que debe haber por el trabajo de los comunicadores. En Formosa venimos de una pandemia que ha sido atípica respecto de lo que ha sucedido en otras provincias en donde puntualmente se han respetado más allá de las restricciones, el derecho al acceso a la información y el derecho a la libertad de expresión".
De la misma manera, aclaró que: "En Formosa el periodismo ha sido duramente perseguido y atacado en detrimento de la calidad de la información. Hemos tratado de usar las redes al igual que todos los periodistas de la región pero a diferencia de otros lugares el gobierno ha tenido una actitud muy hostil en el sentido de enjuiciar o criminalizar el trabajo del periodismo a sabiendas que, dentro de la información propia que se manejaba en la pandemia de manera oficial, había inconsistencias que eran descubiertas por los trabajadores de medios. Aparecieron las contravencionales no respetando el trabajo esencial de los periodistas y aparecieron además las causas penales como por ejemplo, Intimidación pública, que es la figura preferida que se le aplica a los comunicadores para castigarlos por la propia curiosidad del trabajo y el escepticismo de no quedarse con las fuentes oficiales cuando hay un trabajo de investigación".
Un par de expositores después, estaría el Defensor del Pueblo, Leonardo Gialluca, por lo que el periodista lo expuso como el único funcionario de la características de un Defensor en todo el país, que denuncia al periodismo para quedar bien con el gobierno, "Dentro de un rato nada más va a estar el propio Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, quien es un precursor de una denuncia contra el periodismo por intimidación pública y este es uno de tantos escollos que debe superar el periodismo para poder trabajar por el solo hecho de ser críticos o independientes al gobierno".
Con respecto a la pauta oficial, explicó que hace años no ha habido intención de trabajar para regular la misma, "Como se hace con la coparticipación, se le reparte de manera se reparte para ayudar a medios que están en desventaja comparativa respecto de otros hegemónicos".
Explicó que: "Es interesante habla hablar de hegemonía por la concentración de medios en Buenos Aires pero hay que ocuparse respecto de la hegemonía en los medios en las provincias donde los gobiernos provinciales manejan la pauta. En Formosa tenemos la particularidad de la pauta oficial orientada hacia medios afines lo que constituye una censura encubierta, que ha sido tratada ya desde hace 20 años en la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero que no se ha resuelto porque a todos los gobiernos más allá de la identidad partidaria les sirve para manejar las líneas editoriales.
El gobierno de la provincia de Formosa no solo maneja los medios públicos aseguró Fernández Acosta, "En esto me quiero retrotraer a la Ley de Medios Audiovisuales, que después de tantas audiencias y tantos procesos, para hacer más plural la voz de todos, solo sirvió para darles más cargos a autoridades "federales de medios", que como en el caso de Formosa era a la vez interventor de uno de los canales oficiales en donde oficiaba de censor, para no permitir esto que contradictoriamente se venía a garantizar con la Ley de medios que era la pluralidad de voces. La pauta privada también sufre el mismo direccionamiento que la pauta pública ya que aquellos medios que quieran pautar en medios que sean críticos al gobierno, tienen el temor de una posterior represalia en sus comercios".
Dijo que la pandemia ha expuesto el verdadero espíritu de gobiernos feudales de varias provinciales atentando contra varios derechos, entre ellos el derecho a la libertad de expresión. "No les estoy contando nada nuevo pero si queremos avanzar en un respeto hacia las audiencias, si los comunicadores no podemos trabajar y evidentemente el producto que recibirán las audiencias no será con la calidad que se merecen".
Detalló además la anarquía en el espectro radioeléctrico con más de 100 fm en donde se enciman las radios y en donde inclusive se utilizan frecuencias para interferir las radios con perfiles independientes. "A las licencias en un espectro radioeléctrico saturado, con radios pautadas para interferir en bandas de otros medios, se suman las licencias provisorias o definitivas de radios comunitarias que lejos de cumplir el rol para el cual están destinadas, explotan la licencia comercialmente y de manera irregular. Uno de los casos relevantes, es la Radio de la Mutual Policíal, que opera dentro de un predio del Comando Radioeléctrico, utiliza los servicios como luz y agua de la dependencia y tiene pauta oficial como privada dentro de su programación".
El licenciado en Comunicación Social, también se refirió a los cableoperadores: "Respecto de la televisión, ocurre exactamente lo mismo puesto que el gobierno provincial, influye para que las cableras o cableoperadores de relevancia no incluyan en su grilla de canales, productoras independientes y si todos los canales públicos provinciales y afines al gobierno".
Continuó diciendo que: "Hay muchas cuestiones que deberían ajustarse para poder avanzar hacia una tercera generación de cultura digital en cuanto a derechos. Somos un país muy normativo en cuanto a las leyes respecto de la comunicación y otros derechos pero solo en palabras no en la realidad".
Y finalmente aclaró que: "El gobierno de Formosa tampoco se adhiere a la Ley Nacional del Acceso a la Información por lo que el trabajo de los comunicadores es muy difícil, imagínense lo que nos falta para llegar a garantizar todavía una mejor calidad de la comunicación y de respeto por las audiencias".
Un Defensor del Pueblo pide a la Defensoría del Público: "que se tomen medidas en los contenidos"
El Funcionario apuntó al que denominó "periodismo militante" ejercido por quienes se disfrazan de independientes y abanderados de la libertad de prensa para, lisa y llanamente, realizar militancia político partidaria, desde los espacios a los que pueden llegar la mayoría de las veces bien apadrinados por candidatos de turno o incluso haciendo un doble juego, durante las campañas cuasi periodística de opinión y luego en las elecciones aspirantes a diferentes cargos partidarios. Gialluca, además, cargó contra quienes actúan con impunidad, haciendo uso del prestigio de los buenos periodistas, ganado por respetables profesionales de la actividad que los precedieron y a los cuales les hacen poco favor al utilizar los espacios de comunicación, para desinformar tendenciosamente en aras de viciar la comprensión de la realidad que puedan llegar a tener los destinatarios de las comunicaciones.
El Ombudsman Provincial, finalmente, resaltó la labor de los medios que "mantienen las líneas editoriales y periodísticas" en la provincia, a quienes calificó como "baluartes del derecho humano de la comunicación que tienen todos los habitantes de la Provincia y que sabemos quiénes son, como también reconocemos a los otros, a quienes no les importa la objetividad, ni la verdad real, pues apuntan a otros intereses que nada tienen que ver con el ejercicio de la noble labor del periodista". Sugirió Gialluca a las Autoridades de la Defensoría del Público, "que se tomen medidas en los contenidos que producen casi todos los medios, para evitar que se naturalice o se minimicen las temáticas relacionadas, con el consumo de estupefacientes y otras sustancias derivadas de los mismos, como así también poner límites a quienes pretenden naturalizar la violencia de género o todo tipo de violencia, pues somos espectadores de que estos medios incitan además al consumo de alcohol, tabaco, bebidas energizantes, mediante de programas que no llevan una información objetiva, sino que tienen por finalidad expandir el consumo de elementos que son dañinos para la salud psicofísica de nuestros jóvenes y ciudadanos en general".
La titular de la Defensoría del Publico, Mirian Lewin, le aclaró al Defensor del Pueblo que ese organismo no tiene potestad sancionatoria, "ni desea tenerla" porque ellos trabajan a través de la mediación y la pedagogía.
La primera Audiencia del año se llevó a cabo en Mendoza, para la región Cuyo. También de manera virtual y presencial, el público de las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja, tuvo la oportunidad de dar a conocer su mensaje en la Nave UNCuyo, de la Universidad Nacional de Cuyo.
Fuentes: Defensoría del Püblico, Señales, El Comercial