La pelea entre el ENaCom y Telecom por el aumento de tarifas de TV paga e Internet lleva varios rounds. El gobierno se llevó el último y está arriba en las tarjetas, aunque se descuenta que la empresa contragolpee con una apelación.
Desde el ENaCom, adelantaron que “de no cumplir la ley, las empresas recibirán las multas que correspondan”, mientras que letrados del Grupo Clarín aseguraron a este medio que “esta cuestión la vamos a ganar”.
El viernes último, el Juzgado de Feria de Primera Instancia en los Contencioso Administrativo Federal, a cargo del Dr. Walter Lara Correa, rechazó la medida cautelar solicitada por Telecom SA. La misma pedía la anulación del Decreto 690/20, que al entender de la empresa provoca daños irreparables en su economía.
En el fallo, Lara Correa advirtió que la empresa “no estimó cuál es la incidencia económica concreta que el congelamiento de precios, los aumentos fijados o el valor del Servicio Básico Obligatorio producen en su economía, de manera tal de acreditar que la denegación de la medida cautelar le causaría un gravamen que difícilmente podría revertirse”. En otras palabras, la empresa no pudo acreditar esos supuestos daños.
En términos políticos, la batalla es entre el gobierno y el Grupo Clarín. En 2018, Cablevisión se fusionó con Telecom. Cablevisión Holdings y el fondo Fintech son quienes controlan la empresa. Fintech pertenece al empresario mexicano David Martínez, mientras que los titulares de Cablevisión Holdings son Héctor Magnetto, José Aranda, Lucio Pagliario y los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera.
Cuando el presidente Alberto Fernández firmó el decreto que declara públicos y esenciales los servicios de TV paga, Internet y telefonía móvil, el Grupo Clarín puso el grito en el cielo. A partir de ahí, el gobierno –a través del ENaCom– fijaría los aumentos de esas tarifas de forma trimestral. Para diciembre, ENaCom había autorizado un 5% de suba. Sin embargo, la empresa aplicó un 20 por ciento.
Ver también: Rechazan cautelar de Telecom contra el decreto que declaró a la telefonía, Internet y TV Cable servicio público esencialEl vicepresidente del ENaCom, Gustavo López, dio a Tiempo su punto de vista: “Telecom no solo judicializó, sino que fue el primero en decir que no iban a cumplir con el Decreto 690/20. Es un desafío a la autoridad regulatoria, por parte de un grupo empresario que no está acostumbrado a que le hagan cumplir la ley”.
La actitud del Grupo Clarín animó a otras empresas del sector a seguir el mismo camino. “Todas incumplieron, excepto Claro. No entienden que cambió la norma. Podemos discutir precio, reglamento, etc. Lo único que no se discute es el decreto”, aseguró López y agregó: “No tenemos animosidad contra ninguno, pero este es el sistema democrático. El precio ya no es libre y, además, hay una Prestación Básica Universal que se debe cumplir”.
El funcionario apuntó que el decreto no lesiona la economía de la empresa de la forma que ella asegura. “No lo pudieron demostrar ante el juez y, por eso, les rechazan los amparos. De hecho, para pymes y cooperativas del sector habrá un aumento en febrero porque ellos sí han demostrado ese daño. No queremos que a nadie le vaya mal”, afirmó.
“Seguimos negociando para ajustar el precio en marzo como corresponde: la empresa mostrará costos, inversión y tasas de ganancia. Ellos deben mostrar mayores costos y nosotros los ajustamos al bolsillo de la gente y sus ingresos. Lo que no puede ocurrir es el incumplimiento”, continuó.
Sobre la continuidad de la contienda político-judicial, López adelantó: “Ya intimamos a las empresas a ajustarse a la ley y a devolver el porcentaje excedente que les cobraron a los clientes. Si no lo hacen, aplicaremos las multas que correspondan”. Finalmente, especuló: “Seguramente, van a apelar e irán a la Cámara”.
Ante la consulta de Tiempo, desde el equipo de abogados de la empresa fueron categóricos: “No vamos a adelantar nada por secreto profesional, pero esta cuestión la vamos a ganar, no se haga problemas”.
Foto: Diego Paruelo
Fuente: Tiempo Argentino