Otra vez escuchamos que se habla de "guerra". Que al igual que ayer, no lo es y solo enmarca un conflicto político al cual, para resolverlo hay que alicatar con la legalidad. Ayer una ley (la Audiovisual), hoy un DNU, el 690/2020 que declara como servicios públicos esenciales a la telefonía móvil, internet y la TV paga.
Ayudaría que desde los centros de influencia empresaria de medios de comunicación no se hable de "guerra" y también los que apoyan esta disposición legal no violenten las palabras ni exageren sus contenidos y tomen en serio la declaración del presidente Alberto Fernández cuando dice "no estamos en guerra con ningún sector".
Y ahora veamos el marco político, permitido, judicial y legal que este DNU expresa.
Entramos al Derecho Administrativo y hallamos definiciones como la de Rafael Bielsa que dice que servicio público es "toda acción o prestación realizada por la administración pública activa".
El francés León Duguit dice en 1926 "En suma, la noción de servicio público parece que puede formularse de este modo: es toda actividad cuyo cumplimiento debe ser regulado, asegurado y fiscalizado por los gobernantes, por ser indispensable a la realización y al desenvolvimiento de la interdependencia social, y de tal naturaleza que no puede ser asegurado completamente más que por la intervención de la fuerza del gobernante ". Otro nuestro, Agustín Gordillo, cree que "El poder público se hace así presente a través de un régimen jurídico especial que subordina los intereses privados al interés público, fundamentalmente en razón de proteger la continuidad del servicio."
Como se aprecia, todas tienen algo que avala al DNU actual y algunas plantean miradas distintas. Pero en ninguna se advierte discordancia legal con el mismo.
Y acá vemos distintas posiciones respecto a las empresas prestadoras de servicios de comunicación y entonces no hay coincidencia sobre cómo es su naturaleza jurídica, el carácter de su propiedad, como debe ejercerse el control y la regulación sobre su desenvolvimiento etc. Hay quienes dicen que las telecomunicaciones son parte de una amplia gama de sectores que se integran en el mapa de lo estratégico como valor de soberanía nacional en su relación con la cultura y el ámbito del desarrollo económico. Y se consideran servicios públicos por relacionarse con el derecho a satisfacer exigencias generales que pueden ser esenciales, y en este tenor el Estado debe participar en su propiedad, prestación y fijar políticas que orienten horizontes de solidaridad y equilibrio mediante regulación de tarifas, subsidios y beneficios a parcelas sociales de bajos recursos.
Claro que también están aquellos que sostienen teorías mercadocéntricas y ubican al mercado como regulador y ven en lo privado exclusivo todas las ventajas de una sociedad. Promueven como único anhelo la rentabilidad financiera, creen que los precios reales son los que ellos fijan y su universo es el de la economía abierta y globalizada.
Nos gustaría citar al economista colombiano Eduardo Sarmiento Palacio quien dice: "los operadores oficiales y privados están en capacidad de ofrecer los productos y los servicios al menor costo, la diferencia está que los privados los hacen en beneficio particular y los públicos en beneficio general".
Está mal pensar de una forma u otra? No, en absoluto. Vivimos en una Argentina democrática y esas posiciones tienen la libérrima posibilidad de expresarse donde y cuando quieran. Claro, que al surgir colisiones respecto a cuál es la adecuada para ciertos contextos, se impone la que se sustenta en la licitud y legitimidad del poder político obtenido mediante formas democráticas y que se condice con aquellas definiciones del Derecho Administrativo que le dan validez legal.
Que es, ni más ni menos, lo que está haciendo el gobierno con el DNU 690/2020, que por otro lado, no hallamos en nuestra CN y sobre todo en su artículo 99 nada que impida su validez. Destaquemos que tiene pendiente un trámite de aprobación parlamentaria por lo que se debatirá y resolverá en sede legislativa.
Lo que ocurre hoy en nuestro país no es un debate local. Los servicios públicos y las comunicaciones en particular tienen en todo el mundo el signo de la transformación, desde lo teórico y desde su misma utilidad fáctica. Las disputas ideológicas y las nuevas relaciones de poder universal y las mutaciones geopolíticas pegan en el corazón del mundo infocomunicacional, haciendo que modifiquen velozmente sus "verdades". Hoy, no hay una "verdad" que valide las formas en que se desarrolla el mundo de las TICs. Hay vaivenes, hay cambios y hay pugnas. La Teoría del Servicio Público con su matriz de función social del Estado y su carga de solidaridad, ha sido golpeada pero no desaparecida. Los principios de cierto capitalismo "salvaje" son criticados y repudiados pero tampoco desaparecen.
Entonces, resuelve la política y su poder de gestión. Eso es lo que se hace hoy en la Argentina. Sin "guerras" ni agravios ni ataques a nadie en particular. Se impone legalmente una postura que busca favorecer a los usuarios. Y se hace dentro de la más completa legalidad.
Por un lado, la única forma de congelar valores de telefonía móvil, internet y TV paga, una vez fracasada la negociación para que las empresas lo hagan, es lo que se hizo y que permite al Estado recuperar facultades regulatorias y por lo tanto ser partícipe en la fijación de las tarifas. Esto beneficia a millones de personas usuarias. También advertimos que perjudica, salvo que se reglamente ad hoc, a cientos de cableoperadores cooperativos y unifamiliares y a centenares de Pymes de capital nacional que brindan internet en el interior del país.
Tiene otra dificultad esta medida en cuanto que los servicios afectados no tienen integración vertical en su estructura y si bien el Estado puede impedir aumentos en los distribuidores, no puede hacerlo en los proveedores y esto provocará cierta distorsión al momento de evaluar costos y utilidades. Nada que no pueda superarse, pero sí algo para estar muy atentos.
No está de más contar que en los últimos tiempos, al menos un año, los precios de telefonía, internet y TV paga se mantuvieron por arriba de la inflación. Eso habla de una ventajosa situación comercial y financiera para las empresas prestadoras. Nada malo, desde ya pero que las coloca en una buena posición para no sentirse en "guerra" hasta diciembre que es el plazo que estipula el decreto.
*Legislador MC
Foto: UNRN
Fuente: ADN Río Negro
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