Es una gran noticia que ocurrió casi en simultaneidad con el Día del Periodista: la Cámara de Apelaciones en lo Civil, revocó el fallo de primera instancia que le daba (parcialmente) la razón a Rafael Antonio Bielsa en mi contra. Y es una gran noticia por razones que me superan y trascienden largamente: porque el fallo -revocado de manera total y absoluta hasta el punto de obligarlo a pagar las costas del juicio al demandante- defiende como principio capital de la de la democracia a la libertad de expresión. Es una gran noticia, porque se ratifica en sede judicial el principio de la real malicia, que obliga a quienes demandan a periodistas, escritores, activistas sindicales o políticos y a cualquiera que investigue al Poder con mayúsculas, a probar que el denunciante dijo una mentira a sabiendas de que lo era.
Bielsa, que empezó su batalla periodística en mi contra en el lejano 2011 y empezó la guerra judicial en el 2014, no sólo no pudo probar que yo mentía a sabiendas para agraviarlo, como exige la doctrina, sino que pobló el expediente con testimonios y pruebas que le juegan en contra para siempre y van mucho más lejos de mis críticas en el libro “Lo que no dije en Recuerdo de la muerte” o en este sitio. Hizo cosas inexplicables que un freudiano no vacilaría en calificar de actos fallidos. En el juicio quedó claro que el genocida Galtieri no lo visitaba como a Tucho Valenzuela, porque era un héroe que resistía la tortura hasta niveles de locura, sino que le salvó la vida y lo liberó a pedido de dos militares amigos de su protector, el abogado Roberto Luqui. Así lo declaró (y está grabado) ese mismo Roberto Luqui, que fue subsecretario de Justicia del genocida Alberto Rodríguez Varela durante la dictadura de Videla y se trajo a Bielsa, que estaba exiliado, como su “mano derecha” en el ministerio.
Pero no es esto ni de lejos lo más importante. Lo más importante es que las camaristas que firman la sentencia (las doctoras María Isabel Benavente y Gabriela A. Iturbide) y obligan al “vencido” a pagar las costas, no lo hacen por simpatía conmigo o con mi visión política e ideológica de la Historia, sino con apego estricto a la doctrina de la real malicia, incorporada por la Corte Suprema como doctrina. Y esta doctrina -para ponerlo en términos corrientes- protege la libertad de expresión, al exigirle mayor tolerancia respecto a las denuncias en su contra a quien ejerce la función pública y obliga a quien demanda a probar que quien lo cuestiona obra con “real malicia”, es decir usando información falsa, a sabiendas de que es falsa.
El argumento de que la doctrina no puede amparar ataques a la honra de una persona, que es correcto, no tiene nada que hacer en este caso. Bielsa es una figura pública y yo opino sobre su actividad pública y no sobre su vida privada. Como lo dicen las camaristas también: la doctrina invierte la carga de la prueba y no soy yo el que debe probar que la información es cierta y la usé de buena fe, sino que es él quien debe probar que es falsa y que la usé a sabiendas. Hay evidencias tan grandes al respecto, como el curriculum vitae que el propio Bielsa incorporó cuando fue canciller de Néstor Kirchner, donde revela que fue funcionario de Videla, Viola, Galtieri y Bignone y que hizo un viaje a Chile -donde ahora es embajador- para participar de un proyecto informático internacional en la dictadura de Augusto Pinochet. Punto.
Desde ahora este fallo se suma a una jurisprudencia que circula en el mismo sentido y protege a todos los que pueden ser sumados a hechos de censura previos o posteriores a la publicidad de sus dichos. Bielsa, por cierto, cometió el error de incluir en la demanda a la editorial Pengüin-Random House, que publicó “Lo que no dije en “Recuerdo de la muerte”, acusándola de no haber examinado con mayor cuidado lo que yo había escrito. Un dato curioso para el nieto de un famoso constitucionalista: exigirle a una editorial que ejerza la censura previa.
Rafael Antonio Bielsa, pretendió censurarme. Ni me retracto, ni me callo, ni me van a hacer callar los poderosos. La libertad de expresión es el bien supremo para que no nos ahorquenTambién pedía en la demanda que se suprimieran del libro los capítulos donde es nombrado. Cosa a la cual no accedió en la sentencia revocada el amable juez Gastón Polo Matías Olivera, poco después ascendido a camarista. Olivera se limitó a exigirme que yo publicara a mi costa una solicitada en Página 12 renegando de mis acusaciones. Una perversidad, de corte estalinista, que obviamente fue rechazada en la excelente apelación de mi abogado, el doctor Nicolás Tauber Sanz.
En suma, el gran Mariano Moreno fue honrado en su Día por la honestidad intelectual de dos juezas, a quienes no tengo el honor de conocer, que no me dan la “razón histórica”, porque esta no es como algunos han dicho una “pelea entre dos ex montoneros”, sino una causa judicial de enorme trascendencia política y social, donde está en juego que quienes pretenden investigar a los poderosos lo puedan hacer a fondo, sin temor de tener que pagarles millones de pesos, como me exigía en su demanda el ex ejecutivo del arrasador de bosques Eduardo Eurnekian. Para que los jóvenes periodistas (que importan más que este crítico marginado de los medios) puedan hacer honor a la sentencia del gran George Orwell: “el periodismo que no inquieta a los poderosos no es periodismo, son relaciones públicas”.
Miguel Bonasso tiene 80 años y es un periodista de investigación de larga trayectoria. Fue jefe de prensa de la campaña electoral de Héctor Cámpora, en 1973; y director del diario Noticias, de Montoneros, que Isabel Perón clausuró en 1974. Tres años después partió al exilio. De regreso a la Argentina, fue diputado nacional entre 2003 y 2011. Sus primeros cinco años como legislador fue un aliado kirchnerista, pero a fines de 2008 rompió con este sector cuando Cristina Kirchner vetó la Ley de Glaciares, que él impulsó como presidente de la Comisión de Recursos Naturales. Es autor de libros de investigación, como «Recuerdos de la muerte», sobre el terrorismo de Estado. Su último trabajo fue "El hombre que sabía morir", una novela sobre David Graiver, publicada en 2017.
Rafael Bielsa, de 67, es abogado. Estuvo detenido dos meses por la dictadura en 1977 y marchó al exilio, de donde volvió en 1980, para trabajar durante la dictadura con el subsecretario de Justicia, Roberto Enrique Luqui. Tuvo varios cargos políticos en los gobiernos kirchneristas: canciller entre 2003 y 2005, diputado hasta 2007 y titular de la Sedronar entre 2011 y 2013. Ese año ingresó a la Corporación América, de Eduardo Eurnekian, donde fue presidente ejecutivo de Aeropuertos Argentina 2000 y presidente del holding, hasta que fue designado embajador argentino en Chile por el presidente Alberto Fernández. Escribió "Lawfare, guerra judicial-mediática. Desde el primer centenario hasta Cristina Fernández de Kirchner", publicado en coautoría con Pedro Peretti a fines de 2019.
Ver también: Lo que no dije en Recuerdo de la muerte: Miguel Bonasso deberá resarcir a Rafael Bielsa, Sentencia contra Miguel Bonasso: Un fallo contra la libertad de expresión