La Iniciativa para el Pluralismo y la Diversidad elaboró una serie de propuestas que buscan corregir el desequilibrio estructural existente por la vía de políticas públicas que promuevan la diversidad y la pluralidad de voces.
Quienes integramos este espacio somos medios cooperativos, comunitarios, populares y micro-pymes. Somos diarios, revistas y medios digitales; canales de televisión, productoras de contenido y radios. Tenemos presencia en todas las provincias del país. Y desde esa perspectiva federal y multiplataforma acercamos estas propuestas que buscan institucionalizar mecanismos que permitan la consolidación de un escenario de medios más plural y, por ende, una democracia más sólida.
La Argentina tiene un gravísimo problema de concentración mediática y falta de diversidad y pluralismo
Esta cuestión se vincula a situaciones estructurales de la propiedad de los medios, del mercado publicitario, de contenidos y de empobrecimiento general de la población en los últimos cuatro años.
En este contexto, además, la aparición de los llamados gigante de internet provocó -con ayuda gubernamental por vía de la pauta publicitaria oficial– un corrimiento de los mercados de inversión publicitaria hacia sectores que no producen ni noticias ni contenidos culturales.
Este desfinanciamiento provoca graves situaciones y debe ser revisado con polìticas públicas estables, transparentes e institucionalmente asentadas. Lo que está en juego es en sí misma la democracia y el pluralismo.
La Argentina tiene un gravísimo problema de concentración mediática. Solo entre cuatro grupos de medios acaparan: el 74% de los diarios impresos, alcanzan el 56,7% de la audiencia en TV abierta y el 53% en radio en todo el país. Aún más evidente es que una sola empresa provee el 42% de la telefonía fija, el 34% de la telefonía móvil, el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha fija y el 40% de las bocas de tv paga[1].
Este escenario, que responde a un vasto conjunto de factores, hoy se ha transformado en un condicionante a la democracia ya que no solo está afectando el derecho a la libertad de expresión, sino también el acceso a la información necesaria para la toma de decisiones. La situación se agudizó en los últimos cuatro años por la crisis económica y por las acciones que desde el Estado favorecieron la concentración desoyendo recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la UNESCO.
El presidente de la Nación, Alberto Fernández, conoce esta situación. “Lo que debemos hacer es garantizar la pluralidad de voces y exigir responsabilidad en los que opinan e informan”, destacó recientemente durante una entrevista con Gustavo Sylvestre en C5N. Recogiendo ese planteo y analizando experiencias de desarrollo y en aplicación en otros países[2], la Iniciativa para el Pluralismo y la Diversidad elaboró una serie de propuestas que buscan corregir el desequilibrio estructural existente por la vía de políticas públicas que promuevan la diversidad y la pluralidad de voces.
La iniciativa diversidad y pluralismo que venimos a proponer se asienta en reglas y estándares de protección al derecho a difundir y recibir información como un derecho humano universal.
Para ello, reconociendo el valor de precedentes y estándares, habremos de proponer un conjunto de soluciones tendientes a equilibrar un desequilibrio estructural en la distribución de noticias al interior de nuestro país.
Se propondrán medidas directas e indirectas en materia de financiamiento. Desde la extensión de beneficios que existen a favor de actividades que se encuentran en mejores condiciones a la utilización de mecanismos de desgravación a quienes aportan a entidades de beneficencia o educativas que recientemente fueron ampliadas a los partidos políticos.
Si los partidos polìticos, al decir de la Constitución Nacional son un “instituciones fundamentales para el sistema democrático” (art. 38), también lo son los medios de comunicación social productores de noticias que sostienen el pluralismo de ideas y opiniones que también la Constitución reconoce y la Corte Suprema consagra como “piedra fundamental del sistema democrático”.
Y específicamente habremos de instar por un mecanismo institucional financiero distinto que el de la pauta pública publicitaria. Esta debe ser por supuesto discutida y democratizada. Pero requiere un debate específico que no es el que estamos proponiendo, inéditamente para la democracia Argentina, en este caso.
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