Son el poder detrás de la dieta informativa y de entretenimiento que consumen millones de argentinos. El primer eslabón –casi siempre oculto– de la disputa por la agenda pública: qué es noticia repetida hasta el hartazgo, qué se oculta o qué se calla. Y la pieza clave de una red de influencias que extiende y amplía sus fortunas a negocios asociados a otros numerosos rubros, como la obra pública, el agro, la explotación petrolera y energética o el juego.
Los dueños de los medios de comunicación en la Argentina son apenas un puñado de hombres, el vértice de una pirámide de ocho conglomerados que concentran el 60% de la audiencia nacional y que, favorecidos por las políticas desregulatorias del gobierno de Cambiemos, en los últimos años lograron profundizar sus niveles de concentración. El Grupo Clarín es un caso paradigmático de ese proceso: la fusión –autorizada en 2018– de Cablevisión (el mayor operador de televisión paga) y Telecom (una de las dos principales empresas de telecomunicaciones fijas y móviles) consolidó al multimedios como el gigante del mercado.
El mapa mediático argentino ubica al Grupo Clarín a la cabeza con la captura del 25,28% de las audiencias (6,84 % en radio, 10,62 % en televisión y 7,82 % por diarios); seguido muy de lejos por el Grupo América con un 7,25% (2,27% en radio, 4,09% en televisión y 0,89 % por diarios); y la estadounidense Viacom-Telefe Argentina con un 7,10% (100% por televisión).
El cuarto lugar le corresponde al Grupo Indalo con un 6,62% (5,12% por radio y 1,5% por televisión); secundado por la fusión entre la española Prisa y la mexicana Albavisión con el 6,21% (4,33% en radio y 1,88 por televisión); y el Grupo La Nación con el 2,97% (100% por diarios).
La cordobesa Cadena 3 con un 2,16% (100% por radio); y el estatal Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SFMyCP) con el 1,65% (100% televisión) completan el cuadro.
Esa lógica interna del ecosistema de la comunicación local es uno de los resultados de la investigación colaborativa sobre los dueños de los medios y sus intereses cruzados que Tiempo Argentino realizó junto a Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Con una metodología aplicada en más de 20 países, el capítulo argentino del proyecto Media Ownership Monitor (MOM) relevó la trama de propiedad de un total de 52 medios, todos de influencia en la opinión pública argentina en los diferentes soportes (televisión, radio, prensa gráfica y online). Las conclusiones completas del trabajo serán presentadas este miércoles en el Congreso Nacional, durante una jornada de trabajo y análisis para promover el debate sobre los efectos de la concentración en las democracias de la región.
La Era Macri
La investigación incluye la revisión de los drásticos cambios en las políticas regulatorias que, con lógica de restitución para las empresas del sector, el presidente Mauricio Macri adoptó desde el inicio de su gestión: el desguace de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –aprobada durante la etapa kirchnerista como resultado de un histórico debate transversal–, la flexibilización o eliminación de topes a la concentración en televisión y radio, tanto como en la propiedad cruzada, y la intervención de las autoridades de aplicación, entre otras medidas.
Además, el trabajo realiza una minuciosa actualización de la crisis que multiplicó cierres y despidos: desde 2016, más de 20 medios cerraron en todo el país y al menos 2700 trabajadores de prensa perdieron su empleo. Ocho de esos medios lograron ser recuperados y continuaron funcionando como cooperativas.
Junto con la política de hostigamiento a los medios públicos a través de despidos masivos, planes de retiro voluntario y recortes presupuestarios, el gobierno de Cambiemos optó por la política de no intervención en los conflictos entre las patronales y sus trabajadores, especialmente con la licuación del poder de control del ex Ministerio de Trabajo, hoy degradado a Secretaría.
Los trabajadores de los medios también fueron protagonistas de otro retroceso de la era Cambiemos: 45 periodistas resultaron heridos y otros 13 fueron detenidos por el accionar represivo de las fuerzas de seguridad en el marco de coberturas callejeras en los últimos tres años.
Deuda con las mujeres
La investigación incluye un relevamiento inédito sobre la presencia de mujeres, tanto en la propiedad de los medios como en los lugares clave para la gestión y administración editorial. De los 52 medios relevados por MOM Argentina, sólo 11 tienen accionistas mujeres, con una porción sensiblemente menor a la de los hombres y a quienes las unen relaciones de parentesco como herederas o esposas.
Además, en el 88,5% de los casos son hombres los que definen la línea editorial de los medios. Las empresas del sector que ocupan los cargos de CEO, gerencia de contenidos o dirección con mujeres suman apenas seis (11,5 por ciento).
El Grupo Clarín, un gigante consolidado
El grupo que surgió del diario fundado en 1945 por Roberto Noble y cuya expansión lideró el hoy mayor accionista y CEO del multimedios, Héctor Magnetto, tiene una centralidad indiscutible en el mapa de medios argentino.
Tras la fusión Cablevisión/Telecom, la distancia entre este conglomerado y el resto del ecosistema es gigantesca, tanto si se miden ingresos, audiencias, escala geográfica de operaciones, posición de dominio en cada mercado; como si se cruzan y combinan todos esos factores.
Las cifras dicen todo. Sin tomar en cuenta sus negocios de provisión de televisión paga, telefonía móvil y fija y conectividad a Internet, el Grupo Clarín obtuvo en 2017 ganancias por 159 millones de pesos, cuando el resto de los grupos mediáticos y su competencia no llegaron a cruzar el umbral de los 10 millones de pesos.
La renta del Grupo Clarín se multiplica si se incorporan sus unidades de negocios hoy agrupadas en Cablevisión Holding.
Además, es el principal beneficiario de la distribución de la publicidad oficial del gobierno nacional y de las administraciones de los distritos de mayor peso del país.
Los principales conglomerados obtienen sus mayores ingresos en otras áreas de la economía, fuera de los márgenes de los medios que resultan una porción menor de sus negocios y, muchas veces, operan en función de sus otros intereses.
Desde hace dos años, Clarín es uno de los principales conglomerados económicos de la Argentina. Además de ostentar posición dominante en todos los segmentos de medios de comunicación y actividades auxiliares y complementarias (como Papel Prensa SA, que comparte con La Nación y el Estado Nacional), también posee intereses en ferias y exposiciones y organiza la principal muestra agropecuaria del país, en conectividad a Internet fija y móvil.
Además, es el principal operador en telefonía fija y móvil, en derechos de exhibición de contenidos, producción cinematográfica, imprenta, editorial de libros, cadena de librerías, logística y transporte, turismo y videojuegos.
El Grupo América (ex Grupo Uno), que tiene a Daniel Vila y José Luis Manzano como principales socios y artífices, cuenta con poderosos intereses en el sector energético y petrolero y en la provisión de servicios públicos. Otro de sus socios, Claudio Belocopitt, es el dueño de una de las mayores empresas de salud privada, Swiss Medical Group.
El Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián de Sousa, ambos actualmente detenidos en una causa por supuesta evasión tributaria, tiene su origen en actividades de transporte, casinos, petróleo y combustibles. Recién en 2010 ingresó a la industria de medios y en 2012 compró el multimedios que pertenecía al empresario Daniel Hadad.
Sólo algunos pocos de los mayores grupos mediáticos obtienen el grueso de sus ingresos de la gestión de medios de comunicación y sus contenidos. Son los casos de Telefe, en manos de Viacom, el Grupo La Nación y el Grupo Perfil, entre otros.
Por más voces
La jurisprudencia, tanto argentina como continental, concibe a la concentración excesiva como un dispositivo o fórmula que lesiona el derecho a la libertad de expresión y del derecho al acceso a la cultura.
La concentración provoca una obvia reducción de los emisores y deriva en una menor pluralidad de opiniones y fuentes informativas, en la homogeneización de los géneros y formatos de entretenimiento y su virtual estandarización y en la unificación de las líneas editoriales.
La investigación de MOM Argentina revela quiénes son los magnates al frente del universo de los medios de comunicación y cuáles son sus intereses asociados con el objetivo de contribuir a la discusión sobre la necesaria multiplicación de voces y la garantía de políticas públicas que las resguarden.
Un debate de alcance regional
Los resultados de la investigación serán presentados este miércoles a las 9:00 en el salón auditorio del Anexo A de la Cámara de Diputados en una jornada que tiene como objetivo promover el debate sobre los efectos que tiene la concentración de los medios sobre la democracia.
Además de los investigadores del proyecto MOM Argentina y especialistas locales, participarán del encuentro periodistas, académicos, políticos y autoridades de regulación de Brasil, Perú, Colombia, México y Uruguay para discutir cómo se ven afectados los países de la región.
Claves y obstáculos
La investigación tomó como punto de partida la selección de los principales medios de televisión, radio, web y prensa gráfica de la Argentina, una muestra de las empresas de comunicación que más influyen en el proceso de formación de opinión pública.
La recolección y evaluación de datos de audiencia para los casos de radio y televisión; circulación para prensa gráfica; y visitantes únicos para sitios web definieron el listado final. En todos los casos se trata de medios con información noticiosa y de actualidad.
Durante los cinco meses que duró la investigación, el equipo de MOM Argentina encontró varios obstáculos para acceder a la información. En términos generales, las empresas de medios no están obligadas a transparentar su composición accionaria, salvo el Grupo Clarín, que cotiza en Bolsa.
En virtud de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el requisito sí alcanza a los medios audiovisuales que, sin embargo, en la mayoría de los casos incumplen con la normativa. El Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), autoridad de aplicación, tampoco formaliza el control.
A través de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que depende del Poder Ejecutivo, se aceleraron y facilitaron los pedidos de datos oficiales. Esto no implicó que las respuestas de los organismos fueran completas.
El arancelamiento del pedido de datos públicos a la Inspección General de Justicia (IGJ) resultó otra traba: el acceso a registros de compañías es costoso y lento.
Poder concentrado
Por: Adrián Murano
"LA ARGENTINA TIENE LA MÁS AMPLIA LIBERTAD DE PRENSA DE SU HISTORIA". Así, con mayúsculas –lo que en las redes sociales equivale a gritar-, Mauricio Macri comunicó el pasado 31 de marzo en su cuenta de Twiter que "la Sociedad Interamericana de Prensa destacó a la Argentina por tercer año consecutivo por la completa libertad de prensa que rige en el país".
Lejos del clima festivo, el periodismo argentino sufre una calamidad. Con Macri en la Rosada se registraron más de 3000 periodistas despedidos, pauperización salarial, precarización laboral, vaciamiento de medios públicos, persecución judicial y económica contra emisoras críticas.
La contracara de esa devastación son las principales empresas de medios, que con Macri en el gobierno experimentaron una vertiginosa expansión. El Grupo Clarín –el principal oligopolio de prensa de la Argentina– se convirtió en una "telco" con la adquisición de Telecom y obtuvo una ley a medida para aumentar el precio de Papel Prensa a discreción. En lo que va del año, de hecho, el papel para diarios ya aumentó dos veces, acumulando un alza de 17,6%.
Clarín comparte los beneficios de Papel Prensa con La Nación, que consolidó su oferta multimedia y avanzó en el mercado del real estate. El Grupo América fue el mayor receptor de pauta publicitaria en términos relativos y Editorial Perfil se hizo con licencias de radio y televisión.
Los medios mencionados integran el minucioso informe elaborado por Tiempo Argentino y Reporteros Sin Fronteras, una prestigiosa organización internacional que escogió a este diario para realizar su tradicional Monitoreo de la Propiedad de los Medios (MOM, por sus siglas en inglés).
El informe ya fue realizado en 20 países, y es la primera vez que se materializa en la Argentina. La elaboración demandó seis meses de trabajo de un equipo integrado por periodistas de este diario, colegas internacionales y académicos expertos en comunicación. El esfuerzo se verá plasmado desde esta semana en las web del diario y de RSF.
"Los medios de comunicación son un pilar para el sistema democrático, el Estado de derecho y la protección y difusión de los derechos de las personas, entre ellas las libertades de información y expresión", prologa el informe, que el próximo miércoles 10 será presentado en el Congreso de la Nación. Del evento –que es de acceso público y gratuito– participarán reporteros, legisladores y académicos de distintas latitudes.
El trabajo contiene revelaciones y hallazgos sobre los dueños de las empresas de medios, información que suele permanecer oculta para las audiencias que los consumen. Y en el prólogo se anticipa una primera conclusión: "El Monitoreo de la Propiedad de los Medios encontró que la crisis económica local y la ausencia del Estado para atenuarla, junto a una legislación que favorece la concentración de medios de comunicación y beneficia a los grandes conglomerados, asfixia económicamente el periodismo crítico y limita el derecho de la sociedad argentina a tener acceso a voces plurales".
Los datos recabados en el informe indican que la realidad es bien distinta al panorama que el presidente presentó a los gritos. Otra vez.
El proyecto MOM Argentina es una investigación colaborativa entre Tiempo Argentino y Reporteros Sin Fronteras (RSF).
El equipo estuvo integrado por Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información, docente e investigador del Conicet; Gerardo Aranguren, editor web de Tiempo Argentino; Nube Álvarez, coordinadora regional del Proyecto MOM; Agustín Espada, magister en Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes; y la periodista Marianela Bocanegra.
El análisis legal de la investigación y sus indicadores estuvo a cargo del abogado, docente y doctor en Ciencias de la Información Damián Loreti; junto a Diego de Charras, director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA; y Luis Lozano, docente e investigador de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA.
También colaboraron Viviana Mariño, docente y editora de Política de Tiempo; y Javier Borelli, editor de Información General de Tiempo.
Las infografías estuvieron a cargo de Pablo Barruti y Transmedia.
Además, hicieron un aporte fundamental al proyecto las diferentes áreas editoriales y administrativas de la Cooperativa Por Más Tiempo: administración, fotografía, redacción, diseño y audiovisual, entre otras.
Foto: Mariano Martino
Fuente: Tiempo Argentino