Luego de que en septiembre la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización designara a Emilio Alonso como encargado transitorio de la Defensoría por el plazo de 60 días, otorgándole las facultades conservatorias para sostener el funcionamiento del organismo, hubo un declive pronunciado en las actividades.
Al cumplirse los 60 días del nombramiento de Alonso y sin designar a un Defensor o Defensora, la Comisión decidió prorrogarlo como encargado hasta el 15 de marzo.
En diciembre, ante la falta de respuesta sobre la renovación de contratos de locación de servicios y plantas transitorias que puso en riesgo 17 puestos de trabajo, la Asamblea de trabajadores y trabajadoras decidió un plan de acciones gremiales que culminó en la renovación de todos los contratos hasta el 28 de febrero de 2019.
Pese a este logro colectivo, atravesamos un peligroso congelamiento de las líneas de acción del organismo. Esa situación empeoró por la decisión del Encargado de desplazar a Ernesto Lamas, Director del área de Capacitación y Promoción. Así, se paralizarían aún más las acciones del sector que desarrolla la mayor parte del trabajo territorial de la Defensoría y que responde a las demandas de diferentes sectores de la sociedad mediante capacitaciones y actividades orientadas a promover y garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación.
Esta medida, sumada a la falta de nombramiento de una autoridad competente y la amenaza sobre los puestos de trabajo, agudiza la obstaculización de las funciones de la Defensoría del Público y pone en riesgo su continuidad.
Asociación Trabajadores del Estado - Defensoría del Público
La Bicameral de las Comunicaciones rompe el órgano que tutela los derechos de las audiencias
Por: Martín Becerra
¿Vieron la frase “si no está roto, no lo arregles”? Bueno, eso (pero peor) es lo que están haciendo con la Defensoría del Público Audiovisual desde hace unos meses. La Defensoría no estaba “rota”, de hecho para los estándares de la gestión estatal argentina, funcionaba bien. Ahora la están rompiendo. La responsabilidad es del Congreso.
La función de la Defensoría es recoger inquietudes del público audiovisual, hacer capacitaciones e investigaciones sobre los medios, etc. Sus mediaciones fueron y son muy eficaces y respetadas por medios grandes y pequeños, comerciales, estatales, cooperativos y comunitarios.
La Defensoría del Público Audiovisual depende de la Comisión Bicameral de las Comunicaciones del Congreso Nacional. Por decisión de esa Comisión el organismo quedó acéfalo hace 2 años (no tramitaron, en todo ese tiempo, el proceso de cobertura de su titularidad).
Es decir, desde hace dos años es la Comisión Bicameral la que incumple parte de su función, no la Defensoría. Aún acéfala y con competencias recortadas, la Defensoría, continuó haciendo su trabajo (a diferencia, perdón la reiteración, de la Comisión Bicameral de Comunicaciones).
Hasta que, en septiembre pasado, la Comisión Bicameral intervino la Defensoría con un funcionario que carece de cualquier antecedente ligado a medios, periodismo, comunicación o audiencias. De hecho, ocultaron su CV al designarlo.
La promesa fue que esa intervención duraría dos meses (hasta noviembre) para, finalmente, designar un/a nuevo/a titular de la Defensoría, como manda la ley (que la Comisión Bicameral incumple). Pero eso no ocurrió… en cambio, prorrogaron tres meses más el plazo de la intervención.
Sobre llovido, mojado: esta semana la Comisión Bicameral relevó al responsable de la Dirección de Capacitación y Promoción, área que desarrolla la mayor parte del trabajo territorial y federal de la Defensoría, es decir, la que dialoga directamente con las audiencias.
Es decir, lejos de administrar el organismo hasta su normalización, están “rompiendo” a la Defensoría. La Comisión Bicameral no sólo incumple su mandato de tramitar la designación de un nuevo/a defensor/a, sino que altera lo que desde hace seis años funciona bien.
Quien se desempeñaba como director es, además, Ernesto Lamas, un experto en comunicación comunitaria con reconocimiento nacional e internacional, cuya labor es apreciada por organizaciones académicas, comunitarias y sociales en todo el país.
Este es un ejemplo cabal de cómo entiende la #Meritocracia el elenco dirigente (no lo restrinjo al PRO): designan interventores sin antecedentes ocultando sus CVs y relevan a quienes sí acreditan sólidos conocimientos y competencias.
En un país en el que la/os más alta/os funcionaria/os de comunicaciones se muestran incapaces para redactar un proyecto de ley integral de un sector regulado por decretos presidenciales hace tres años, el Congreso se dedica a romper uno de los pocos espacios que funciona bien.
En la Argentina falta legislación adecuada sobre: promoción de contenido periodístico y de ficción en los medios, protección de datos personales, convergencia de las comunicaciones, brechas digitales, asimetrías del mercado audiovisual y de telecomunicaciones... estimular diversidad y pluralismo (político, social, geográfico), creación de medios públicos no gubernamentales, autoridad de aplicación no gubernamentalizada, contraprestación pública de servicios básicos (conectividad), reglas para contenidos de interés relevante, e/otros.
También la cuestión cada vez más candente de la estructura impositiva de los gigantes digitales, las "fake news", etc.
Pero la Comisión Bicameral de las Comunicaciones se dedica, en cambio, a “romper” el órgano que tutela por los derechos de las audiencias, la Defensoría del Público.