Como dijimos hace casi un año junto a otras organizaciones: repudiamos las operaciones del gobierno a través de los medios de comunicación. Eso no es periodismo: es difusión de mentiras destinadas a proteger al poder. En ese momento, hicimos fotografías colectivas en todas las redacciones reclamando por Santiago Maldonado. En TelAm -hoy en lucha en contra de los 357 despidos y del vaciamiento de la agencia- la asamblea repudió un artículo escrito por uno de los jerarcas al servicio de Hernán Lombardi en el que se banalizaba el reclamo por Maldonado con argumentos propios de los negacionistas de la dictadura. Las compañeras y los compañeros dieron pelea cotidiana para cubrir los hechos como corresponde. Este es otro de los motivos para seguir defendiendo los medios públicos y la multiplicidad de voces.
Maldonado resultó desaparecido el 1 de agosto de 2017 y apareció muerto a los 78 días en el río Chubut, a metros de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen. El operativo de Gendarmería, conducido por el segundo del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, estuvo plagado de irregularidades. Desde el principio, buscaron encubrir el accionar de los gendarmes, que con una crueldad avalada por el poder político dispararon a mansalva y, pese a que solo tenían orden para desalojar la ruta, ingresaron al territorio indígena, y quemaron las pertenencias de los mapuches. En el caso del asesinato de Rafael Nahuel ensayan la misma práctica. El gobierno avala a los prefectos que en noviembre pasado dispararon plomo con sus armas reglamentarias en un intento de desalojo de la comunidad Winkul Mapu de Villa Mascardi, al tiempo que montan una operación mediática para diluir las responsabilidades del Ejecutivo en estos crímenes de Estado.
Las y los trabajadores/as de prensa no debemos ser cómplice de estas atrocidades. Hacemos un llamado a todo el gremio a dar la pelea para cubrir con responsabilidad los casos de Rafael Nahuel, de Santiago Maldonado y de todas las luchas en defensa de los territorios ancestrales de los pueblos originarios. El artículo 75 inciso 17 les reconoce la “posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. La Ley 26.160, prorrogada hasta el 23 de noviembre de 2021, declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”, por lo que suspenden los desalojos mientras dure la emergencia. Nuestro país adhiere a la Convención 169 de la OIT que defiende los derechos de los pueblos indígenas. Repudiamos la nefasta práctica que reemplaza la investigación periodística genuina y fidedigna por burdos montajes cuyas fuentes provienen de servicios de inteligencia, sectores del Poder Judicial y del Ministerio de Seguridad que solamente buscan deslegitimar la justa lucha por justicia y territorio.
Fuente: SiPreBA
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