La ley, que no contó con el respaldo de La Izquierda y de un diputado conservador y en cuya votación se abstuvieron los verdes, obliga a redes sociales como Facebook y Twitter y plataformas como YouTube a eliminar "contenidos manifiestamente delictivos" en un plazo de 24 horas una vez denunciados.
En casos considerados menos flagrantes, el margen para borrarlos se amplía a hasta siete días.
Las empresas que incumplan sistemáticamente esta obligación podrán ser multadas con hasta 50 millones de euros, señala la ley, cuyo borrador fue presentado en marzo pasado por el ministro de Justicia, el socialdemócrata Heiko Maas.
Los contenidos eliminados deben ser, al mismo tiempo conservados a modo de prueba de su contenido delictivo, subraya la ley, que además obliga a las empresas a informar trimestralmente sobre su gestión de las denuncias de los usuarios.
En este sentido, la ley -dirigida contra contenidos que incurran en injurias, amenazas, incitación a la violencia y delitos de odio- establece que los administradores de las plataformas cuenten con un procedimiento eficaz y transparente en materia de gestión de denuncias, identificable, de fácil acceso y siempre disponible para el usuario.
El ministro de Justicia subrayó que con la ley -que los socios de coalición lograron consensuar hace una semana tras meses de debate-, se acaba con la "ley verbal del más fuerte" en la red y agregó que, lejos de atentar contra la libertad de opinión, constituye una de las condiciones para poder ejercerla.
Activistas pro derechos humanos, defensores de la libertad en la red y las grandes empresas tecnológicas de Sillicon Valley se habían pronunciado en contra del proyecto de ley presentado por Maas.
Criticaron que la ley delega en las empresas la responsabilidad de decidir qué contenidos son legales y cuáles no y ven, por ello, el peligro de que se restrinja la libertad de expresión.
Según los detractores de esta ley, las redes sociales, por miedo a ser multadas, podrían optar por eliminar contenidos que se encuentran en el límite lo legal, sin analizar en detalle si en realidad no son constitutivos de delitos y por lo tanto podrían seguir colgados en la red.
Fuente: Agencia EFE