El desalojo compulsivo de docentes que intentaban levantar un aula itinerante frente al Congreso de la Nación para informar a la población sobre sus reclamos constituye un acto de censura y un ataque contra la libertad de expresión por parte de un gobierno que dice invocar la ley pero se aparta de ella. La actual gestión ha asaltado por decreto la autoridad regulatoria de las comunicaciones; actúa con celeridad para otorgar espectro a los amigos y para clausurar pequeñas emisoras, pero lleva más de un año y medio debatiendo en secreto una futura ley a espaldas del Congreso.
Frente a estos hechos, la Coalición por una Comunicación Democrática recuerda el mandato constitucional sobre las garantías para el debido ejercicio de la libertad de expresión y la obligación del Estado de abstenerse de impedir por medios directos o indirectos la búsqueda, recepción o difusión de ideas y opiniones sin obstáculos de ningún tipo. La Constitución Nacional, los Pactos y Tratados Internacionales son claros en cuanto a que la libertad de expresión protege tanto al orador de la esquina (como es el caso de los docentes reprimidos) como a los medios silenciados por la concentración mediática o impedidos del acceso a facilidades esenciales como las frecuencias radioeléctricas.
Tal es el caso de las emisoras cuyo cierre denunció la CCD en su comunicado del 13 de marzo último, situación que se agrava ahora mediante la Resolución 2064-E/2017 por la que se establece un procedimiento sumarísimo para “disponer la clausura, secuestro, apercibimiento, multa/y o comiso (sic) según corresponda, de estaciones radioeléctricas no autorizadas o en infracción, incluyendo las de radiodifusión, con el concurso del poder judicial y la fuerza pública, en caso de ser necesario”.
Tal disposición se aparta claramente de lo dispuesto por el artículo 162 de la Ley 26.522 (en vigencia) que dice: Emisoras ilegales. Hasta tanto finalicen los procedimientos de normalización de espectro, la autoridad de aplicación deberá, como previo a toda declaración de ilegalidad, requerir a la sumariada la totalidad de los trámites que hubieren iniciado requiriendo su legalización, y a la autoridad regulatoria y la autoridad de aplicación en materia de telecomunicaciones los informes sobre si la emisora causa interferencias y si tiene factibilidad de previsión en el Plan Técnico la localización radioeléctrica en cuestión. En caso de encontrarse la emisora en condiciones de haber solicitado su legalización, la autoridad de aplicación deberá expedirse sobre ella como condición para el dictado del acto administrativo.
El loteo comercial del espectro radioeléctrico sin un marco jurídico que ofrezca las garantías constitucionales necesarias puede causar graves daños a la libertad de expresión en la Argentina. La CCD responsabiliza al gobierno de Mauricio Macri y a su ministro de Comunicaciones Oscar Aguad por la falta de normalización del espectro radioeléctrico y el dictado arbitrario de decretos y resoluciones que colisionan con leyes en vigencia y afectan derechos personales y colectivos.
El clima de intimidación se extiende también a medios y periodistas que, en un acto de autocensura, omiten llamar a la represión por su nombre -como sucedió con los docentes- o que estigmatizan la protesta social mientras permanece sin sanción definitiva la ley de Publicidad Oficial.
En consecuencia reclamamos que cese la persecución a la libre expresión del pensamiento en cualquiera de sus manifestaciones (oral, escrita, por medios electrónicos o cualquier otro procedimiento), que se ofrezcan garantías de debido proceso a los radiodifusores tal como manda la ley, que se promueva y proteja el espacio audiovisual nacional y los contenidos argentinos, se cumpla con los fondos de promoción de medios sociales y comunitarios (FoMeCA) y se respeten los mecanismos democráticos para la sanción de leyes con la debida intervención del Congreso de la Nación.
Coalición por una Comunicación Democrática