El periodismo de investigación británico está en pie de guerra por la aprobación de una ley que podría "comprometer la libertad de prensa", tal y como se ha leído en los editoriales de algunas de las grandes cabeceras del país.
La sección 40 de la polémica legislación, que ya fue aprobada mayoritariamente por todos los partidos en 2013 pero que no ha recibido el visto bueno definitivo hasta esta misma semana, establece la creación de un órgano regulador de la prensa para mediar en los litigios entre la prensa y sus demandantes.
De esta forma, en el caso de que una persona crea vulnerado su honor, intimidad o simplemente considere que la información publicada acerca de sus acciones no es veraz, podrá demandar al medio en cuestión a través de esta institución intermediaria que evitará que ambos tengan que acudir a los juzgados.
Así, según los defensores de esta medida, se disminuirán los costes procesales que impedían que un particular sin recursos económicos se enfrentase a un gran grupo de comunicación a la vez que se agilizarían las resoluciones para evitar que los procesos se extiendan durante meses o incluso años.
"Por medio de este sistema de arbitraje, una persona puede tener su caso contra un medio resuelto en menos de un día y a un precio muy bajo, menos de 200 euros, sin tener que sufrir el estrés y los costes de ir a los juzgados", escribió Hugh Grant, uno de los más acérrimos defensores de esta medida, en un artículo de opinión publicado en el diario The Guardian.
Por otra parte, este mismo medio, al igual que el Financial Times y otros muchos periódicos británicos, considera que esta ley podría acabar con el periodismo de investigación de las cabeceras menos pudientes. "Esto no traerá ningún beneficio para el público, sólo hará que los medios dejemos de realizar investigaciones difíciles contra personas poderosas por miedo a las consecuencias", afirman desde el Guardian.
Y es que en el caso de que los medios decidan no apuntarse a este órgano estatal regulador, el cual está todavía sobre el papel pero aún no aplicado, deberán pagar todas las costas procesales de las demandas que reciban independientemente de si ganan el caso o no.Con esta nueva ley, el Estado responde a una petición formulada por los afectados por difamaciones de la prensa británica, que consideraban que los actuales organismos reguladores llevados independientemente por los medios no eran lo suficientemente eficaces. Esto quedó patente para la principal organización de afectados, Hacked Off, nacida a raíz del escándalo del pinchazo de móviles realizado por el ya extinto News of the World, en el cual famosos, víctimas de asesinatos e incluso familiares de soldados fallecidos en la Guerra de Irak fueron espiados. "Simplemente perdimos nuestro camino", admitieron en el ya desaparecido diario el día que cerraron.
Foto: AFP
Fuente: Diario El Mundo