En dos artículos publicados en el suplemento El Observador, el viernes 30 de diciembre y el domingo 8 de enero, el cúmulo de imprecisiones, inexactitudes, mirada parcial y unívoca, datos no corroborados y falta de ecuanimidad resultan asombroso en un medio como Perfil, que hace de la excelencia un atributo casi siempre confirmado. Ambos se refieren al conflicto histórico que mantienen comunidades mapuches de Chubut, Río Negro y Neuquén con autoridades municipales, provinciales y nacionales, con la Justicia y con empresarios y terratenientes de la región en la Argentina y su correlato chileno.
Trataré de puntualizar cuáles fueron los errores, omisiones y falencias de las notas sobre este tema, que ha crecido en intensidad en la pasada semana, cuando un centenar y medio de gendarmes irrumpió violentamente en el territorio disputado, detuvo a varios activistas mapuches y mandó al hospital a otros cuantos, en un operativo del que, aún hoy, no se tiene claro quiénes fueron o son responsables. No entraré, sin embargo, en la profundidad del problema, que seguramente habrá de ser objeto de tratamiento periodístico más amplio por este diario, cuya postura ha sido equilibrada en el pasado, cuando situaciones similares afectaban a otras comunidades indígenas incómodas para los poderes y empresarios lugareños, como los qom y wichis en la Formosa de Gildo Insfrán y el Chaco de Jorge Capitanich.
En primer lugar, cómo fue presentado el tema en la entrega del 30 de diciembre. Algunos puntos:
En el copete de la página 52, bajo el título “Violencia en el conflicto de mapuches con Benetton”, se menciona el caso de un ataque al camionero Luis Rastellini que pudo ser entendido –al plantearlo así– como un hecho reciente, cuando en verdad sucedió en diciembre de 2014.
La nota parece centrarse en un fallo judicial en Chubut calificado en el copete como “polémico”. En verdad, para el lector no avisado, se entiende poco o nada de qué se está hablando si no se contextualiza la situación procesal del lonko (jefe tribal) Facundo Jones Huala, detenido por su liderazgo de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) –a la que se atribuyen, con cierto grado de certeza, actos de violencia– y liberado por un juez cuyo fallo –se dice en la nota sin profundizar– es cuestionado por un dictamen de un organismo de la Corte Suprema que aún está en tramitación. Quien quisiera saber más sobre ese fallo no encontrará los datos necesarios en el artículo de Perfil.
Es de manual que el periodista desconfíe de una fuente tan interesada como la vocería de una empresa, y más si se trata de una megacompañía con gran aporte de especialistas dedicados a la imagen corporativa y comunicación institucional. En varios párrafos se entrecomillan afirmaciones atribuidas a “la empresa”, sin identificar quién o quiénes de ella dicen lo que se dice. En este caso no hubo desconfianza, sino búsqueda de fuentes que coincidieran total o parcialmente con los dichos de la firma Benetton, controlante de la Compañía de Tierras Sud Argentino SA, que es dueña de 844 mil hectáreas que albergan cientos de miles de cabezas de ganado, producen soja y derivados, y contienen riquezas mineras, petrolíferas y acuíferas en explotación o por explotar. En ese espacio (equivalente más de dos veces y media a la superficie de la provincia de Buenos Aires), existe un pequeño territorio históricamente reivindicado como propio por los mapuches, llamado Leleque, que integra el departamento de Chushamen, en Chubut. En Leleque viven unos 150 habitantes, mayoritariamente de etnia mapuche. La Estancia Leleque, de Benetton, contiene esa comunidad en sus 96 mil hectáreas, espacio apenas inferior a la superficie de La Rioja. De todo esto, nada dice el artículo del 30 de diciembre.
No hay ninguna fuente que plantee los reclamos del sector acusado de practicar todo tipo de delitos, algunos de ellos probados y la mayoría sólo mencionados sin sustento documental ni testimonial. Todas las fuentes son funcionales a los dichos y acciones de la compañía y del gobierno de Chubut.
El domingo 8, Perfil fue más allá al anunciar en tapa “FARC y mapuches, juntos en ataques”, haciendo referencia al artículo de tres páginas (60 a 62) editado en El Observador. Con este texto y destacados, se agrava la cuestión. No hay ninguna fuente oficial, ni del lado chileno ni del argentino, y tampoco documentación, que den respaldo a tal aserto, cuya gravedad resulta obvia. La autora de la nota debió haber corroborado tales afirmaciones formuladas por fuentes similares a las del primer artículo, y bastaba con recurrir a los motores de búsqueda en internet para encontrar materiales oficiales que descartan tal hipótesis. Los WikiLeaks, en tal sentido, son muy explícitos. En 2010 se habló de esa supuesta conexión, descartada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y –en extremo– desvirtuada con cierto sarcasmo por el entonces embajador Paul Simons.
La nota publicada por Perfil el domingo 8 adolece del mismo rigor periodístico que se reclama desde estas líneas a su antecesora del 30 de diciembre. La carencia de testimonios del sector acusado (RAM) en aclaración o respaldo por sus posturas es uno de los puntos negros del material editado. Se dice allí que hubo varios intentos infructuosos por contactar al jefe mapuche acusado de liderar actos de violencia. Al menos hubiese sido correcto recurrir al archivo, donde constan entrevistas muy explícitas realizadas a Huala y manifiestos de la agrupación y organizaciones afines.
Este ombudsman pidió al editor de ambos artículos, Pablo Helman, un comentario sobre los cuestionamientos que anteceden. Una parte sustancial de su respuesta: “Básicamente, quisimos darles prioridad a los testimonios de los damnificados, que no son sólo Benetton. Esos testimonios son la base del artículo. Obviamente, consultamos a un larguísimo número de personas e instituciones: agrupaciones mapuches (que hablan en el primer artículo), funcionarios argentinos, diputados chilenos, organizaciones civiles. Tal como se dice en el artículo, un diputado chileno, la sociedad rural y un periodista de Chubut nos dicen que hay apoyo de las FARC en la protesta. Además, los habitantes del pueblo a los que pudimos entrevistar nos lo ratificaron en off. Por eso titulamos ‘Denuncian…’”. Sin minimizar los dichos del editor, debo insistir: son insuficientes para los estándares con los que Perfil pretende llegar a sus lectores.
Más aun tratándose de una cuestión de tal magnitud, profundidad y cualidades históricas, políticas, culturales y económicas.
Fuente: Diario Perfil
Ver también: El terrorismo mediático y su mirada sobre los conflictos mapuches