Por: Silvia Giacoppo*
En unas semanas, debatiremos en el ámbito del Senado de la Nación, el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública que llega con media sanción de la Cámara de Diputados. Una gran oportunidad para saldar una deuda de la política con la ciudadanía.
El acceso a la información pública es un derecho fundamental que se relaciona con el ejercicio otros derechos como la igualdad, el autogobierno de la ciudadanía, la pluralidad y la participación. Y que se vincula –directamente- con el ejercicio de la libertad de expresión. Conocer la información brinda herramientas para la difusión de las actividades de gobierno, sean estas beneficiosas o no para la ciudadanía, asegurando la transparencia del Estado, fomentando la rendición de cuentas y el gobierno abierto.
El derecho de acceso a la información es reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos. Ya en la consagración de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948, el artículo 19 se refiere a que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. El derecho de acceso a la información pública permite también el ejercicio de otros derechos y obligaciones que, complementarios de la libertad de expresión, fomentan la participación ciudadana y la vida cívica. Esto crea, al mismo tiempo, la conciencia de la rendición de cuentas, de la integridad en el manejo de los recursos públicos, del deber del buen gobierno, así como de controlar el destino de los fondos asignados para las políticas públicas que nos incumben como ciudadanos, de nuestros derechos como usuarios del servicio público o del transporte y de los que competen a nuestra salud, educación, ambiente o seguridad pública, etc.
La transparencia activa y la rendición de cuentas reducen la discrecionalidad y con ello la posibilidad de abuso, la corrupción, la arbitrariedad y el autoritarismo. Es un deber de todos pero especialmente de los partidos políticos que deben asumir, más temprano que tarde, los cambios que la sociedad reclama y que la Constitución les habilita. Una democracia de calidad implica reconocimiento y garantías para el ejercicio pleno de los derechos humanos.
*Silvia Giacoppo es senadora nacional (UCR/Jujuy)
Fuente: Diario Clarín
