Por los conflictos y las deudas, intervienen Radio América
Lo decidió el Gobierno. El Grupo Szpolski, ligado al Kirchnerismo, evadió aportes a las AFIP antes de su cuestionada venta
El Gobierno decidió intervenir Radio América y designar un delegado normalizador, por “el descontrol” que se generó con el cambio de titularidad de la emisora y la acumulación de deudas impositivas y previsionales que denunció la AFIP ante la Justicia.
La intervención sería inminente, a través de una resolución del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), que está a cargo de Miguel de Godoy. La persona designada sería Agustín Garzón, quien fue el interventor de AFSCA apenas asumió la presidencia Mauricio Macri y desplazó a Martín Sabbatella.
Está previsto que hoy se reúnan los representantes del ENaCom y del Ministerio de Trabajo, para analizar qué herramientas hay para resolver el conflicto laboral que tiene a 100 empleados sin cobrar salarios desde hace siete meses.
La decisión del organismo regulatorio se desencadenó luego de la denuncia de la AFIP contra las empresas que formaban parte del Grupo 23, de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, ya que la evasión de aportes impositivos y de la seguridad social es una causal de caducidad de la licencia de Desup -titular de Radio América-.
La emisora era del grupo de medios de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, quienes la habrían vendido a principios de año al empresario Mariano Martínez Rojas, quien no pagaba los sueldos de los empleados ni sus aportes de la seguridad social. El mes pasado Martínez Rojas tomó por la fuerza la planta transmisora que estaba en manos de los empleados, en Villa Soldati, y comenzó a pasar música, sacando del aire la programación que emitían los trabajadores.
Tres semanas después, Martínez Rojas comandó un grupo de choque que tomó por la fuerza el edificio donde funcionan la redacción de Tiempo Argentino y los estudios de Radio América, provocando destrozos en su interior. En esa causa están imputados por la justicia porteña Martínez Rojas y 14 integrantes de su patota, a quienes la fiscal acusó de los delitos de “usurpación y daños”.
Martínez Rojas había comenzado los trámites ante el ENaCom para que le transfieran la emisora, una posibilidad que antes analizaban en el organismo oficial. Pero todo cambió en los últimos días, luego de la denuncia de la AFIP y el violento ataque a Tiempo Argentino y los estudios de Radio América.
Un antecedente que analizaban ayer en el ENaCom era el de AM Radio Rafaela, en Santa Fe, que fue intervenida en abril de 2013 por la entonces AFSCA, que comandaba Sabbatella. Allí se revocó la licencia a Radio Cultural Agraria, se designó un interventor, se llamó a concurso para organizaciones sin fines de lucro y, en febrero de 2014, se entregó a una fundación ligada al senador peronista Omar Perotti.
Ese caso no terminó bien, ya que se priorizaron alineaciones partidarias y ahora la radio está otra vez en crisis, por la falta de pago de los salarios de sus empleados y evasión de aportes de la seguridad social. Distinto fue el caso de LU19 de Río Negro, que emite desde Cipolletti y se transfirió al Estado provincial en mayo de 2014, luego de que sus dueños vaciaran la empresa, dejaran de pagar los sueldos y la radio dejara de emitir.
Pero el objetivo del Gobierno es no repetir los casos de Radio Rafaela ni de LU19 de Río Negro. “Se suspende el trámite de transferencia de Radio América y se designa un delegado normalizador, mientras se prepara el concurso para que haya un nuevo titular de la licencia”, dijo una fuente del Gobierno. Y agregó: “La Resolución del ENaCom va a fijar las atribuciones de la intervención. El plan es ordenar la radio, que pronto se concurse y alguien se haga cargo”.
El ENaCom llama a concurso por la frecuencia de Radio América
Mediante una resolución que se conocería hoy, el ente oficial declarará caduca la licencia; podrían denunciar a Sabbatella
Por: José Crettaz
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), presidido por Miguel De Godoy, terminaba anoche de redactar la resolución con la que se declarará la caducidad de la licencia de LR9 Radio América AM 1190, la designación de un delegado normalizador y el inmediato llamado a concurso de la frecuencia entre oferentes de privados. Además, según pudo saber La Nación, se evaluaba la posibilidad de realizar una denuncia penal contra el último presidente de la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) "por encubrimiento".
Ayer venció el plazo para que Mariano Martínez Rojas, supuesto comprador de Radio América al supuesto dueño anterior, Sergio Szpolski, presentara la documentación pendiente que, entre otras cosas, demostrase el origen lícito de los fondos. Antes de que ese hecho se concretase, la mayoría oficialista del ENaCom ya había decidido avanzar sobre la caducidad de la licencia con el argumento de los múltiples incumplimientos del licenciatario respecto del pago del canon de radiodifusión, los aportes patronales y el pago de los impuestos, entre otras obligaciones. La titularidad de la licencia de Radio América está en manos de Desup SA, cuya composición accionaria vigente no está debidamente acreditada (en la documentación figuraría como controlante Eduardo Eurnekian, que vendió la emisora a principios de la década pasada). Hay en ese expediente presentaciones de Manfla, una empresa de Sergio Szpolski que en la última década recibió una generosa cuota de publicidad oficial, y de una empresa de Martínez Rojas, el supuesto comprador de la emisora y del diario Tiempo Argentino (hoy convertido en un semanario editado por una cooperativa de ex empleados).
La planta transmisora de Radio América fue tomada violentamente por Martínez Rojas y actualmente emite música. Los estudios -destrozados por una patota liderada por el propio Martínez Rojas hace diez días- son manejados por los empleados, que reclaman sueldos atrasados. Según pudo saber La Nación, los oferentes que en el concurso propongan retener un mayor número de trabajadores, más puntos sumarán para quedarse con la frecuencia. Hasta que eso se resuelva, intervendría el Ministerio de Trabajo.
En las últimas elecciones, Sabbatella y Szpolski fueron candidatos en la misma boleta del Frente para la Victoria, uno a vicegobernador bonaerense y el otro a intendente de Tigre. Sabbatella debió controlar la documentación que Szpolski nunca completó ante la ex AFSCA y que por otro lado debería habérsele requerido en la Jefatura de Gabinete para poder acceder a pauta oficial.
Szpolski empieza a acumular denuncias en los tribunales, y ya no son sólo en el fuero laboral, al que lo llevaron muchas veces. La diputada Elisa Carrió había denunciado en abril pasado al empresario kirchnerista por "insolvencia fiscal fraudulenta, simulación dolosa de pago y/o alteración dolosa de registros"; una presentación que quedó a cargo del Juzgado Penal Económico N° 4, a cargo del juez Alejandro Catania. A eso se sumó la semana pasada, una denuncia de la AFIP contra el propio Szpolski y su socio Matías Garfunkel por no pagar $ 85 millones de aportes laborales. Esa presentación quedó en el Juzgado Penal Económico N° 7. Según una fuente muy cercana a Szpolski, la situación judicial del ex candidato a intendente podría complicarse en las próximas semanas.
Foto: Diego Díaz, Clarín
Qué depararía una intervención de Radio América por parte del ENaCom
El conflicto que progresivamente fue in crescendo a finales de la administración de CFK y estalló con la asunción del gobierno de Mauricio Macri pareciera comenzar a tomar un rumbo definitorio.
La toma ilegal de la planta transmisora de Radio América en Villa Soldati el pasado 11 de junio y el último ataque del 4 de julio a la AM 1190 y Tiempo Argentino por parte de un grupo de tareas a sueldo encabezado por la última cara visible de la banda vinculada a los servicios de inteligencia, Mariano Martínez Rojas, fueron determinantes para que el Ente Nacional de Comunicación (ENaCom) tenga que tomar decisiones concretas con respecto al asunto que mantiene a más de 120 trabajadores sin cobrar sus salarios y aguinaldo desde hace más de siete meses.
El titular del organismo, Miguel de Godoy, intervendría la señal con la misma persona que lo hizo en el AFSCA después del 10 de diciembre, nos referimos al abogado y ex legislador porteño del PRO, Agustín Garzón. Esta resolución va dirigida a producir un proceso de normalización, según surge de la figura que se utilizará.
El principal problema que radica en este contexto va a seguir siendo el tema laboral, ya que la caída de la licencia a cargo de Desup. S.A., que en medio de todo este entramado de accionistas fantasmas y personajes de la talla de Szpolski, Garfunkel, Gallea y Richarte, todavía tiene como controlante a Eduardo Eurnekián, deja un derrotero de impresionantes sumas adeudadas en materia impositiva, previsional y de aportes patronales. Todas responsabilidades de esta asociación nada lícita que tiene a los dos primeros actores con varias causas judiciales.
Por esa razón, el Ministerio de Trabajo que dirige Jorge Triaca también debe participar en el procedimiento que pone en juego, entre otras cosas, las antigüedades de los compañeros y la cantidad de colegas que mantendrán sus puestos. Esta instrucción pondrá a la emisora a la espera de nuevos oferentes privados, a quienes en teoría se les otorgará más puntaje a la hora de ser beneficiados según el mayor número de empleados que contemple.
Obviamente que La Interradial/SiPreBA exige a las autoridades estatales la protección de todos los empleos y el reconocimiento de cada uno de sus derechos adquiridos, así como a la Justicia Federal y Penal que deje de garantizar impunidad a los responsables de los hechos delictivos que son de público conocimiento.