domingo, 31 de julio de 2016

Szpolski: El último blindado kirchnerista protegido en la Rosada

Pese a haber sido el empresario de medios que más se benefició con la pauta oficial, tiene amigos en el Gobierno que lo protegen
Por: Giselle Leclercq @giselleleclercq y Marcos Teijeiro @teijeiromarcos
Ahora achicó mucho su círculo y lo rodea poca gente y de su extrema confianza. Bajó del perfil. Los que están con él son soldados, no lo van a traicionar”. Los que lo conocen y lo trataron describen así la actualidad del polémico empresario periodístico kirchnerista, Sergio Szpolski, quien desde el cambio de gobierno observa a la distancia el desenlace de la tempestad que sembró: medios de comunicación vaciados, trabajadores en la calle y acusaciones de su ex socio, Matías Garfunkel (ver recuadro). Pero lejos de quedar expuesto y de caer en desgracia como los otros empresarios kirchneristas, Cristóbal López y Lázaro Báez, Szpolski se convirtió en el último blindado kirchnerista.

¿Por qué? Su buena fortuna reside en las amistades que ha sabido cosechar. De haber sido el empresario de medios más beneficiado de la década ganada, hoy tiene apoyos en Cambiemos que le sirven de paraguas. Los nombres influyentes en el gobierno de Macri remiten a una de espías: Darío Richarte y Juan José Gallea –dos ex SIDE– que aparecen vinculados a una compleja trama de amistades y sociedades cercanas a Szpolski. Con ellos, además de protección, surgieron nuevas relaciones.

Richarte, ex subjefe de la agencia de inteligencia en épocas de De La Rúa, tiene fluidos nexos con operadores judiciales tanto oficialistas como opositores. Por un lado, por su cercana relación con Daniel Angelici, actual presidente de Boca y con línea directa a las altas esferas de Cambiemos.

Por el otro, con Javier Fernández, hoy en la Auditoría General de la Nación e histórico operador judicial del ex espía Jaime Stiuso. Richarte y Javier Fernández solían compartir, cada quince días, cada vez que Boca juega de local, el palco en la Bombonera.

Con estos contactos Szpolski no tiene de qué preocuparse. Si hasta su ex socio Garfunkel dio a conocer que quien propició el surgimiento de la sociedad entre ambos no fue otro que el eterno armador radical Enrique “Coti” Nosiglia.

Szpolski ha sabido rodearse bien y gracias a eso hoy puede disfrutar de un blindaje otorgado por un sector del gobierno. Porque mientras Lázaro Báez y Cristóbal López padecen la arremetida de la Justicia, el tercer integrante del selecto grupo de megaempresarios K no sufre las mismas consecuencias, porque aunque las causas se acumulan en su contra y varios funcionarios de la nueva gestión cargan contra él, no encuentran la misma réplica que en los otros casos. “Es muy difícil avanzar contra él en la Justicia por los vínculos que tiene”, aseguran quienes conocen a fondo al empresario. El titular de Fundación La Alameda, Gustavo Vera fue explícito al señalar que a Szpolski no se lo investiga como a Lázaro Báez o Cristóbal López por respeto a un pacto. “Estos son los casos donde vos tirás de la cuerda y caen de los dos lados. Te das cuenta de que la grieta es una truchada”, señaló Vera.

Buenos amigos. Después de que su familia quebrara el Banco Patricios y de que él fuera expulsado de la AMIA por haber transferido casi tres millones de dólares de la mutual judía a la banca familiar, en momentos en que ya se sabía que la entidad financiera se encontraba en una situación terminal, Szpolski buscó nuevos rumbos. Tras varios intentos fallidos se acomodó en los medios de comunicación y en ese ámbito pasó de dirigir un pequeño periódico universitario a ser uno de los dueños del emporio mediático que más pauta oficial recibió en la década ganada: 814.961.991 pesos entre julio del 2009 y junio del 2015. Desde allí, logró forjar, además, su vínculo con los sectores de inteligencia. La relación se consolidó a través de quien fue el abogado de su grupo de medios hasta diciembre del 2014, Darío Richarte, quien además acercó a su amigo desde épocas universitarias, Javier Fernández. Ambos lo acompañaron en el multimedios e incluso llegaron a decir en privado que poseían el 10 por ciento del grupo, antes de que Matías Garfunkel ingresara al mismo. Los amigos trajeron con ellos nuevos vínculos ligados al mundo de la inteligencia. A través de Richarte, se sumó al Grupo Veintitrés Juan José Gallea, quien había sido gerente de Administración y Finanzas en la SIDE durante su gestión y que tuvo que declarar en la causa de los sobornos del Senado. Hoy, Gallea volvió a la inteligencia nacional como secretario de finanzas de la AFI.

Fernández, por su parte, siempre estuvo ligado al justicialismo. Desde allí, aportó vínculos con la SIDE kirchnerista e incluso con quien fuera director de operaciones hasta diciembre del 2014, Jaime Stiuso.

A pedir de boca. Desde su exilio, Garfunkel relató la amenaza: “Acá nos salvamos todos o me salvo yo solo, por mi relación con Angelici y el macrismo”, aseguró el autoexiliado empresario que le había dicho Richarte. Es que más allá de su paso por la inteligencia nacional y de ser abogado defensor de muchos kirchneristas, Richarte mantiene una relación fluida con el operador de Cambiemos en la Justicia, Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors y con línea directa con la Casa Rosada. Él fue el encargado de mediar para que el nuevo jefe de los espías, Gustavo Arribas, designara a Gallea en la AFI.

De hecho, ambos comparten mandato al frente del club de la ribera, ya que Richarte es el vicepresidente tercero de la entidad. Con ellos, en el cargo de prosecretario de Economía y Presupuesto aparece Hipólito Nosiglia, hijo del “Coti”, el mismo que alentó el ingreso de Garfunkel al Grupo Veintitrés.

“Es altamente preocupante la relación estrecha del señor Angelici con el doctor Darío Richarte”, aseguró Elisa Carrió y afirmó: “El presidente de Boca interfiere en la Justicia y el presidente de la República lo sabe”.

Para Szpolski, el alcance de sus contactos es un alivio. En las denuncias que se acumulan en su contra, su nombre aparece ligado siempre al de Richarte, Gallea y Fernández e intuye que esa es la mejor protección de la que puede gozar. Si hasta el propio Garfunkel aseguró que Szpolski no era más que el testaferro de las empresas y que quien manejaba el Grupo era el estudio Richarte.

Por eso, a pesar de las denuncias, el empresario sabe que goza de un privilegio que sus colegas de andanzas kirchnerista, Lázaro Báez y Cristóbal López, no. El primero, preso, se ha convertido en el paradigma de los problemas del fin del kirchnerismo. A poco de asumir, la nueva gestión lo fijó como su objetivo. Las denuncias acabaron con el empresario patagónico encarcelado y utilizado como sinónimo de la corrupción K en expedientes que apuntan por elevación a Cristina Fernández.

López, por su parte, también está en la mira de la Justicia con causas millonarias que lo involucran y Cambiemos se metió de lleno a desmantelar su principal fuente de ingreso: el juego. Al igual que Báez, sus amigos no fueron suficientes. Cristóbal era socio de Marcelo Tinelli, sin embargo el Gobierno no tuvo reparos en avanzar sobre su figura a pesar de que esto fogoneó aún más el conflicto con el conductor.

Causas y más causas. A pesar de este blindaje, las causas contra Szpolski no dejan de acumularse. Algunos sectores del Gobierno no dudan en avanzar contra él y aseguran que no existe ninguna bajada de línea sobre cómo proceder. Algo que descreen los trabajadores del Grupo Veintitrés que quedaron en la calle. “Es evidente que alguien lo está cuidando”, es el sentimiento unánime de sus ex empleados, quienes observan lentitud en el proceder de la Justicia.

Ya se presentaron causas que ensombrecen el futuro de Szpolski. La primera y más avanzada fue la presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que denunció a las empresas del Grupo Veintitrés por haber evadido impuestos en aportes de la seguridad social de sus empleados y multó tanto a Szpolski como a Garfunkel por el monto reclamado: 85 millones de pesos.

Esto mismo ya había sido denunciado por el el dirigente del Frente Renovador, Walter Martello, ante la Unidad de Información Financiera (UIF). En dicha presentación, además, se incluía una acusación por lavado de dinero por haberse librado más de 1.300 cheques sin fondos.“La parte que avanzó hasta ahora es la de evasión, a través de AFIP, pero ahora queremos que se investigue el lavado ”, explicó a Noticias Martello.

Otra denuncia es la fogoneada por Elisa Carrió en la que al empresario se le imputa el cargo de “insolvencia fiscal fraudulenta, simulación dolosa de pago y/o alteración dolosa de registros”. Una vez más Szpolski no está solo, ya que los otros tres imputados son Darío Richarte, Javier Fernández y Juan José Gallea a quienes Lilita considera directivos del Grupo Veintitrés. Esta denuncia fue el catalizador del cruce entre Carrió y Angelici, ya que al momento de presentarla la ex legisladora fue la que sembró dudas sobre el futuro de la causa estando involucrada gente cercana al presidente de Boca.

En tanto, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) también fijó a Szpolski como objetivo. Su titular, Miguel de Godoy, anunció que también se lo denunciará por no haber hecho aportes cuando fue dueño de Radio América. También este organismo investiga la venta de esa radio y del diario Tiempo Argentino al empresario correntino Mariano Martínez Rojas. Ambos aseguran que los papeles de transferencia están en regla, aunque son reticentes a mostrarlo. Más aún, Martínez Rojas aún no pagó los sueldos adeudados, cosa que prometió cuando adquirió los medios y según aseguran los trabajadores de ambos medios podría tratarse de un testaferro.

Incertidumbre. Mientras los expedientes judiciales se apilan, Sergio Szpolski mantiene un perfil muy bajo. Continúa yendo todas las semanas a sus oficinas ubicadas en el Buenos Aires Plaza de Puerto Madero, aunque ya no piensa sobre el futuro del Grupo Veintitrés. Consultado por Noticias, optó por no brindar declaraciones para esta nota. Lo único que se limitó a decir es que no está incursionando en el negocio de la seguridad privada a través de la SLS Consulting & Training.

Este hermetismo concuerda con la actitud pública que tomó luego de desprenderse de todos sus activos. Muchos de los que solían verlo o seguir sus asiduos posteos en las redes sociales, concuerdan en señalar que su actualidad es una incógnita.

En los hechos, al empresario sólo le quedó el 2 por ciento de la señal de noticias CN23, de las cuales sólo recibirá dinero “si alguna vez el canal obtiene ganancias”, explican desde Indalo la nueva empresa dueña de la mayoría accionaria. Pero más allá del este pequeño porcentaje, Szpolski tiene más nexos con la señal de TV. Según sus registros de ANSES continúa siendo empleado de Soluciones Logísticas SA, la firma propietaria del canal, aunque al igual que con el resto de sus empleados, no pagó sus aportes previsionales ni siquiera a sí mismo. Desde Indalo explicaron: “Antes de desprenderse de la empresa, él se puso como empleado y después llegó a pretender reclamar una indemnización. Pero quedó en la nada”.

Así, sin el emporio mediático que supo construir a fuerza de pauta oficial y, en especial, con contactos en sectores estratégicos, Szpolski se recluye cada vez más. Aguarda que la tormenta pase y analiza la manera de reinventarse. Para eso debe seguir confiando en que los lazos que construyó se mantengan lo suficientemente fuertes como para evitar cualquier embate.

Martínez Rojas: El dueño fantasma
La situación de Radio América y Tiempo Argentino continúa sin resolverse y se convirtió en el paradigma de lo que significó el vaciamiento del Grupo Veintitrés. La mayoría de los trabajadores está sin cobrar desde diciembre y se comprobó que durante años no se les habían depositado los aportes previsionales. El traspaso de manos del Grupo Veintitrés al misterioso empresario correntino Mariano Martínez Rojas no resolvió los problemas que, al contrario, se profundizaron: patotas, denuncias por amenazas, la conformación de una cooperativa que se encarga de imprimir el diario y la intervención de señal radial por parte del Estado son algunos de los hitos que resumen el caos que reina en estos medios.

Para Martínez Rojas, la resolución del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) que habilitó la intervención de la emisora es “irregular”. Al mismo tiempo, sostiene que la cooperativa que imprime el diario, “Por más tiempo”, es ilegal. Se siete una víctima y acusa a kirchnerismo y al macrismo por igual. Tanto los trabajadores como parte del Gobierno se hacen las mismas preguntas hace meses: ¿Quién es Martínez Rojas?, ¿a quién responde? Si bien al principio el correntino dijo que compró los medios con capitales extranjeros, su nueva versión es que los compró con dinero propio. Lo cierto es que aún no pudo acreditar ser el propietario con papeles ante la Justicia y nadie termina de imaginar cuál será el futuro de los medios.

Garfunkel: Socio en fuga
Está paranoico. Se compró una camioneta de alta gama de Cadillac y pagó unos 52.000 dólares para blindarla”. Matías Garfunkel, que se instaló con su familia en una exclusiva isla de Estados Unidos luego del estallido del Grupo Veintitrés, cree que su vida corre peligro y que detrás de las amenazas que denunció está, nada más y nada menos, que su ex socio Sergio Szpolski y miembros de la ex SIDE. Sus detractores, sin embargo, insisten en que la victimización forma parte de una estrategia para conseguir la residencia norteamericana y no volver a pisar Argentina.

Por estos días, Garfunkel vive aislado y su vida social se limita a concurrir a un templo judío. Su esposa, Victoria Vannucci, se encuentra buscando colegio para sus hijos y es la que lleva adelante la casa.

Luego de que se conociera que Mariano Martínez Rojas había comprado Tiempo Argentino y Radio América, el empresario presentó una denuncia contra Szpolski ante el juez Ernesto Botto, del fuero criminal, en la que afirma que la venta de los activos se llevó adelante sin su consentimiento. Además, Garfunkel señaló a Darío Richarte y a Javier Fernández como los verdaderos dueños del Grupo Veintitrés y hasta contó las maniobras para malversar el dinero de la publicidad oficial. Su versión es simple: él fue una víctima y fue estafado.

Según fuentes cercanas al entorno de Garfunkel, el trámite de la residencia se estaría complicando: “Lo detuvo la policía en el estado de Virginia conduciendo al doble de la velocidad permitida. Es un delito grave y pone en riesgo sus chances de quedarse”, agregaron. Sin embargo, desde el círculo del millonario desmienten esta información y asegura que son operaciones en su contra.
Fuente: Revista Noticias

La multitarea precariza

Cuando falta un puesto de trabajo y la tarea la hacemos igual nos perjudicamos todos. Los trabajadores y las trabajadoras de Canal 13 y TN representados por su Comisión Interna de Delegados del SiPreBA alertan:
Cuando un camarógrafo pone un micrófono, falta un cronista.
Cuando un cronista está en vivo en un móvil y no puede acceder a toda la información, falta un productor.
Cuando la voz de un productor sale “en OFF” haciendo preguntas, falta un cronista.
Cuando un productor graba imágenes falta un camarógrafo.
Cuando el material llega en taxi, falta un motociclista.
Cuando un camarógrafo hacer la tarea del sonidista falta un asistente de cámara.
La publicación remarca que "la multitarea perjudica a todos, precariza y atenta contra la profesión. Respetémonos para que (las patronales) respeten nuestros derechos".

"No es uno contra el otro, es uno con el otro", concluye.

La política de medios de Macri pone en serio riesgo a los diarios del otro país

Editorial del Diario La Jornada:
En los últimos siete meses, más de 2.000 trabajadores de prensa se quedaron sin empleo en la Argentina. La mayoría pertenecían a medios de comunicación del interior, los más afectados por la nueva política de medios del gobierno del presidente Mauricio Macri, quien escudado en una presunta intención de “reducir gastos”, redireccionó la pauta oficial a los grandes medios de alcance nacional, entre ellos los poderosos diarios Clarín y La Nación, y las emisoras televisivas Canal 13 y Telefe.

El panorama para los diarios del interior es más que oscuro y no son pocos los que anticipan cierres masivos. No sólo causados por esta decisión de Macri y su equipo de repartir el dinero de la pauta publicitaria entre medios centrales y de “fuego amigo”, sino por el desolador estado de la economía, con pautas privadas en franca caída y ventas de ejemplares en marcado retroceso. Además de las difíciles situaciones de los gobiernos provinciales y municipales, que también han reducido drásticamente sus pautas oficiales.

“Van a cerrar la mitad de los diarios”, le advirtió hace poco un empresario periodístico al secretario de Comunicación Pública y encargado de la distribución de la pauta oficial, Jorge Grecco, según publicó el propio diario La Nación, que hizo un extenso informe en el que justificó la estrategia de Cambiemos de redireccionar la pauta publicitaria.

El argumento del Gobierno, que es el mismo de los grandes medios nacionales que se están beneficiando con este cambio de reglas, es confundir a la sociedad calificando a la pauta publicitaria oficial, que debería ser equitativa y democrática, como “la pauta K”.

Más allá de las discrecionalidades que haya cometido el kirchnerismo en el reparto de la publicidad oficial, que deben ser denunciadas, investigadas y juzgadas en el caso que se haya cometido algún delito contra el Estado, no se puede intentar corregir un error con otro error más grave.

El acceso a la publicidad oficial por parte de los medios de comunicación es un derecho y, a la vez, un eslabón de la cadena que conforma el derecho al acceso a la información pública que tienen todos los ciudadanos.

Consecuencias
La estrategia de medios que impulsa Macri empezó a cobrarse víctimas. El caso más sonado en el interior es el diario La Mañana de Córdoba, que tras casi veinte años de editarse en la provincia mediterránea debió cerrar sus puertas hace pocos meses, agobiado por una situación financiera que se agravó de manera terminal por el corte de la publicidad oficial.

El diario había sido fundado en 1997 por un ícono del periodismo, Julio Ramos, creador de Ámbito Financiero y el primer periodista y empresario de medios que se animó a desafiar al “monopolio Clarín”. Lo que se dice, una paradoja del destino.

Pero no hay que ir tan lejos para percibir el daño que se le está haciendo a los medios gráficos del interior: los siete diarios que se imprimen en Chubut –entre ellos Jornada-, vienen teniendo graves dificultades para poder abonar los salarios y los aguinaldos de sus empleados. Y en Comodoro Rivadavia, por ejemplo, la situación de Canal 9 es poco menos que dramática, con empleados que fueron despedidos y vueltos a tomar, pero que no saben qué les deparará el destino.

Otros medios importantes del interior, como el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, decidió empezar a salir menos días a la semana para ahorrar costos y adecuarse a la cada vez más marcada tendencia de consumo de medios a través de internet.

Según estudios realizados, puede establecerse que, en promedio, los diarios del interior guardan una relación de lectores por ejemplar equivalente a una vez y media más que la que existe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No deben quedar dudas de que el periodismo regional cumple un rol fundamental en el crecimiento de las distintas comunidades del interior porque son los que expresan permanentemente sus aspiraciones y los que reflejan a diario la problemática local.

Sin medios locales –o con cada vez menos- las posibilidades de reflejar lo que ocurre en cada comunidad o región se reducen. Aunque muchos se acostumbraron, no está bien que los lectores, oyentes o televidentes se enteren antes de un choque en la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires que de un accidente en una ruta o calle de su pueblo o ciudad.

Es sólo un ejemplo pero ocurre todos los días.

Bienes culturales
Hace pocos meses los representantes de la Asociación Federal de Editores de Diarios de la República Argentina (AFERA) y de la Asociación de Diarios del Interior (ADIRA), las dos entidades que agrupan a la mayoría de los diarios del interior, expresaron su preocupación en el Senado de la Nación, planteando la necesidad de sancionar una nueva Ley de Bienes Culturales que contribuya a paliar la crisis del sector.

La reunión con el plenario de las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Derechos y Garantías del Senado, abundó en datos que explican la crisis: el costo laboral representa hoy entre el 55 y 62 por ciento del presupuesto de un diario. Mientras que los costos del papel y la tinta, que hace una década equivalían al 15 por ciento del costo, hoy trepó a un 30 por ciento.

Tanto AFERA como ADIRA, dos entidades con visiones distintas pero que en esta ocasión se unieron en un reclamo común, expresaron la necesidad de entender que los medios de comunicación son empresas privadas de interés público.

Aquellos que intentan reducir la grave situación del sector a un problema de empresarios privados, se olvidan de los miles de trabajadores que dependen de estas empresas, entre periodistas, fotógrafos, armadores, vendedores de publicidad, operarios de taller y administrativos, entre muchos otros.

Que el Gobierno nacional haya decidido cortarle la pauta a todos los medios del interior para dársela a un grupo de grandes medios nacionales, la mayoría cercanos ideológicamente a la actual gestión de Cambiemos, es un grave ataque a la libertad de expresión.

Si esta situación no se revierte, no sólo se van a fundir cientos de empresarios de medios: se van a seguir quedando sin empleo miles de trabajadores.

sábado, 30 de julio de 2016

Sin mencionarlo, el Grupo Crónica le responde a Héctor Ricardo García

Ayer Clarín publicó que Héctor Ricardo García pidió a la Justicia la quiebra de Estrellas Satelital, dueña del canal “por una deuda de US$ 2,7 millones”. “García fundó Crónica y ese canal de noticias. En 2005, les vendió el mítico diario a los hermanos Alejandro y Raúl Olmos, quienes en 2011 le compraron también el 51% de Crónica TV con plata de publicidad oficial y el canje de millonarias deudas impositivas por avisos del gobierno kirchnerista, mientras que García quedó con el 49% del canal”. El Grupo Crónica le respondió con este comunicado:
Luego de la publicación de un artículo en un matutino en el que se informa sobre el pedido de quiebra de Crónica TV, el Grupo Olmos desea aclarar que el canal de noticias no está en crisis.

La versión fue suministrada por el socio minoritario de la empresa y, como tal, parte interesada en el conflicto desatado entre los accionistas. Los anuncios alarmistas, de los que se hacen eco algunos medios, son sencillamente un intento más por reflotar ese conflicto, posicionándose en el lugar de víctima de ataques, que lejos están de ser ciertos.

Por otra parte, y en relación con las versiones que se le adjudican al ex director de Crónica TV, Rubén Molina, el Grupo aclara que el ejecutivo fue oportunamente desvinculado de la empresa con justa causa, acusado de pérdida de confianza, habiéndose investigado y compulsado el total de su accionar durante el ejercicio de su función, siendo luego contratado a título personal por el accionista minoritario, en una clara conducta distante de cualquier deber societario.

Por último, el Grupo Olmos desea acercar tranquilidad a sus trabajadores y reafi rmar, una vez más, su compromiso de mantener la fuente de trabajo y de informar con precisión, trabajando siempre junto y por el pueblo.

En Perfil: 
Cruces en la Justicia de los accionistas de Crónica TV
El periodista Héctor Ricardo García, fundador del diario Crónica y de Crónica TV, solicitó la quiebra de la señal de noticias, por una deuda de US$ 3,6 millones. A través de esa acción, García pretende resarcirse de supuestas deudas por la compra de un avión Bombardier por US$ 1,5 millón, más los intereses. García, envió una nota a Perfil en la que asegura que Raúl Olmos, titular del Grupo Crónica, quien habría contraído los compromisos incumplidos, “nunca pagó un dólar de la deuda”. García explica que “en la operación (de la venta de 51% de las acciones) en el canal” a los Olmos se consignó que la señal era deudora”, y que por ese motivo pidió la quiebra de Crónica TV.

A la vez, denunció García maniobras de Raúl y Alejandro Olmos para eludir demandas judiciales, el robo de vehículos del canal y de dinero de su propiedad y otros hechos. Ayer, el Grupo Olmos envió un comunicado para aclarar “que el canal de noticias no está en crisis. La versión fue suministrada por el socio minoritario de la empresa (por García) y como tal, parte interesada en el conflicto desatado entre los accionistas”, dijo en referencia a la noticia de la demanda publicada en otros medios. “Es un intento más por reflotar ese conflicto, posicionándose en el lugar de víctima de ataques que lejos están de ser ciertos”, dijo. “Olmos desea acercar tranquilidad a sus trabajadores y reafirmar su compromiso de manutención de la fuente de trabajo”.

Ver anteriores: Héctor Ricardo García pide la la quiebra de Crónica TV, Sin mencionarlo, el Grupo Crónica le responde a Héctor Ricardo García, Los trabajadores y la quiebra de Crónica TV

La mejor música de los 90 estará de regreso a MTV Classic

El canal estará enfocado especialmente en la década de 1990 y comienzo de los 2000
Con un "enfoque especial en la década de 1990 y comienzo de los 2000": así será la nueva señal que lanzará el próximo lunes MTV.

El canal de entretenimiento MTV cambiará de VH1 Classic a MTV Classic y dijo que el canal será para los fans con nostalgia por "Beavis and Butt-head", "Daria", "Total Request Live" y otros programas clásicos.

El canal estará enfocado especialmente en la década de 1990 y comienzo de los 2000, declaró un vocero de MTV. Además habrá maratones de temporadas completas de "The Real World", "Road Rules" y "Laguna Beach". El canal tendrá bloques de programación en horario estelar que incluirán episodios de "Cribs", "Jackass" y "Punk'd" entre otros.

EL canal debutará el 1 de agosto, en el aniversario 35 de MTV. Su primer programa será "MTV Hour One", la retransmisión de la primera hora de programación de MTV de 1981.

Se desconoce si la versión latinoamericana del canal VH1 se transformará también en MTV Classic, pues no hay ningún anuncio oficial.
Fuente: Viacom

La Asociación Argentina de Actores le reclama a Tinelli el pago de sueldos

A pesar de los reclamos legales hechos por nuestro sindicato, hasta el día de la fecha la empresa adeuda los salarios de la primera quincena de Julio. No es la primera vez que la misma no da cumplimiento a un esencial compromiso como es pagar por el trabajo ya realizado del elenco de Showmatch
Además no corrige salarios por la extensión del programa a una hora y media tomando como base para la liquidación de haberes como si emitiera un programa de una hora, y adeuda salarios de los bailarines que participaron en la fastuosa apertura de este año y la de los años 2014 y 2015. Las irregularidades incluyen también la falta de pago por contribuciones patronales a nuestro sistema solidario de salud (Obra Social de Actores OSA) por estas deudas, poniendo en riesgo la prestación médica de actores y bailarines.

Es difícil encontrar una justificación para esta situación que no sea la falta de sensibilidad para con los trabajadores, ya que dicho programa es uno de los de mayor audiencia en horario central, y por lo tanto es el que cuantitativa y cualitativamente tiene el apoyo de los anunciantes. Cualquier explicación de tipo financiero que quieran dar para tapar la situación que nos afecta, no hace más que reafirmar que el hilo se corta siempre por la parte más débil: los asalariados, que son los que no pueden esperar que la cadena de pago llegue a sus bolsillos en última instancia.

En un momento de crisis económica como la existente, con la consiguiente pérdida del poder adquisitivo de los salarios, es paradójico ver que en el mencionado programa se parodia la triste realidad que vivimos en el país, incumpliendo la elemental obligación de garantizar la salud y subsistencia de los trabajadores que se contratan.
Secretaría Gremial
Consejo Integral
Asociación Argentina de Actores

Los medios comunitarios, alternativos y populares se reunirán con el presidente del ENaCom

El espacio Interredes que nuclea a medios alternativos, comunitarios y populares acaba de dar un importante paso adelante, luego de meses de dilaciones: consiguió, a partir de la movilización de este miércoles, una reunión para el viernes 5 de agosto con Miguel De Godoy, titular del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom).

La concentración frente al organismo tuvo como ejes principales el reclamo por el pago pendiente de millones de pesos correspondientes a los concursos del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual – FoMeCA- ganados por las organizaciones en 2015, y el cumplimiento de la ejecución del FoMeCA 2016, que destina recursos para el sector, según lo establecido por la Ley 26.522.

Luego algunas horas de espera- mientras comunicadores, oyentes, televidentes, estudiantes y organizaciones arengaban con bombos y gritos los reclamos- referentes de Interredes consiguieron dialogar con el Director del ENaCom, Heber Martínez quien les prometió la cita formal con De Godoy que comenzaría a destrabar el conflicto.

“Hoy tuvimos una jornada de lucha en unidad con todas las redes de medios comunitarios donde se vivieron momentos de tensión ya que no fue fácil lograr que alguien del directorio nos diera respuestas. Pudimos arrancar el compromiso de reunión para jueves o viernes de la semana que viene” explicó Natalia Vinelli referente de Barricada TV. A su vez, Fabiana Arencibia perteneciente a la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) señaló que “los resultados no hubieran sido posibles sin el acompañamiento de los 300 compañeros y compañeras que se mantuvieron firmes en la calle presionando para que nos atendieran”.

Otras de las demandas planteadas en la manifestación fueron el cese la persecución legal y los decomisos a los medios comunitarios; habilitación a los canales comunitarios que ganaron concursos públicos en televisión digital; que se respete el 33 por ciento del espectro destinado a los medios sin fines de lucro; contra la concentración de la comunicación y participación a todo el sector en la discusión de una nueva ley de medios.

Interredes está formado por la Red de Productoras Audiovisuales Comunitarias (Red PAC); las televisoras comunitarias (ParesTV, Barricada TV y Urbana TV); el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo); la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC); la red de cooperativas de comunicación Red Colmena; y la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA); la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA) y la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo RedCom.

InterRedes
(FARCo / AMARC, Argentina / Red PAC / Red Colmena / RNMA / RedCom / ARECIA / Canales Barricada TV / Urbana TV / Pares TV

Contactos:
02323-1553-6201 (Pares TV) / 11-5965-5317 (Barricada TV) / 11-4579-6566 (Urbana TeVe) / 11-4052-7882 (FARCo) / 11-5329-4680 (RNMA) / 11-494-0963 (Red PAC) / 11-6121-5546 (AMARC Argentina) / 11-5959-6217 (Red Colmena)

viernes, 29 de julio de 2016

ENaCom aprobó el Reglamento para la Constitución de Redes de Emisoras de Radio y Televisión Abierta

A fines del 2015, el gobierno de Mauricio Macri publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 267/15. El mismo permite la constitución de redes de radio y televisión con límite temporal, y establece que la emisora adherida no podrá cubrir con esas programaciones más del 30% de sus emisiones, cuando se trate de localidades con más de 1 millón y medio de habitantes. Pero ese límite se estira hasta el 40% para localidades con más de 600.000 habitantes y hasta 50% en caso de localizaciones con menos población, mientras en la ley de medios el límite para todos los casos era el 30%.. En el boletín oficial de este viernes 29 de julio el Ente Nacional de Comunicaciones publicó la Resolución 5264/2016 con el Reglamento para la Constitución de Redes de Emisoras de Radio y Televisión Abierta

Ente Nacional de Comunicaciones
Resolución 5264/2016
Bs. As., 07/07/2016
Visto el Expediente N° 1461/2010 del registro de la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, y

Considerando:
Que por el Decreto N° 267, de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones, el Ente Nacional de Comunicaciones, organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes N° 26.522 y 27.078, sus normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y de la ex Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Que con la unicidad regulatoria perseguida por el prenotado decreto, se procuró que a través de la creación de un solo ente altamente especializado, se contemplen las particularidades propias de la industria y se garantice, por un lado la independencia de los medios, pero, también la calidad y desarrollo en las comunicaciones, generando condiciones de seguridad jurídica necesarias para fomentar la realización de nuevas inversiones en el sector.

Que la introducción de algunas de las modificaciones incorporadas por el Decreto N° 267/15 guardó relación, conforme surge de sus considerandos, con la falta de adaptación normativa a la realidad de la industria y el mercado, ya sea por su obsolescencia sobreviniente o por su origen alejado de la dinámica propia del sector.

Que entre las modificaciones introducidas a la Ley N° 26.522 debe señalarse la relativa a la sustitución del artículo 63 de dicho cuerpo normativo, que prevé la vinculación de emisoras, a través de la constitución de redes y mediante la retransmisión de programas.

Que los criterios de flexibilización introducidos a la prenotada norma pueden sintetizarse en la eliminación de la obligación de que las redes se constituyan entre prestadores de un mismo tipo y clase de servicio; en la ampliación de los porcentajes de programación a ser cubiertas por la red; y a la estimación mensual como base del cálculo para el cumplimiento de dichos porcentajes, manteniendo la flexibilidad de contemplar mayores tiempos de programación en aquellas redes que propongan la asignación de cabeceras múltiples para la realización de los contenidos a difundir y la posibilidad de constituir redes de radio y televisión abiertas, sin ningún tipo de limitación, para la transmisión de acontecimientos de interés relevante.

Que el artículo 62 de la Ley N° 26.522 establece que las emisoras de radiodifusión integrantes de una red, no podrán iniciar transmisiones simultáneas hasta no se hubiere acordado la correspondiente autorización.

Que resulta necesario reglar el procedimiento para la solicitud de autorización de redes, como así también para la regularización de las situaciones de vinculación de emisoras que carecen de dicha autorización, con sujeción a los principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites administrativos contemplados por el artículo 1°, inciso b), de la Ley N° 19.549.

Que el servicio Jurídico permanente del Ente Nacional de Comunicaciones ha tomado la intervención de su competencia.

Que el Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones ha acordado el dictado de la presente, en su reunión de fecha 9 de junio de 2016, según consta en acta.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades acordadas por el Decreto N° 267/15 y el Acta N° 1 del Ente Nacional de Comunicaciones, de fecha 5 de enero de 2016.

Por ello,
El Presidente del Ente Nacional de Comunicaciones
Resuelve:
Artículo 1° — Apruébase el Reglamento para la Constitución de Redes de Emisoras de Radio y Televisión Abierta, que como Anexo I forma parte de la presente resolución.

Artículo 2° — Derógase la Resolución N° 902-AFSCA/2015, de fecha 29 de septiembre de 2015.

Artículo 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y cumplido, archívese. — Miguel Ángel De Godoy, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

Anexo I
Reglamento para la Constitución de Redes de Emisoras de Radio y Televisión Abierta
Artículo 1° - Los titulares de licencias o autorizaciones para prestar los servicios de comunicación audiovisual de frecuencia modulada, amplitud modulada y televisión abierta; de permisos precarios y provisorios (cfr. Decreto N° 1357/89 - Resolución N° 341-ComFeR/93 y Resolución N° 2-AFSCA/09) y de emisoras reconocidas (cfr. Resolución N° 753-ComFeR/06 y Resolución N° 2-AFSCA/09) correspondientes al servicio de frecuencia modulada, localizados en cualquier lugar del territorio nacional, que a partir de día la fecha de publicación del presente Reglamento decidan operar en cualquiera de las redes de emisoras referidas por los artículos 62 y 63 de la Ley N° 26.522, deberán efectuar al ENaCom, con carácter previo al inicio de las emisiones simultáneas,
a) Nota suscripta por el titular de la estación cabecera, solicitando autorización; adjuntando a la misma:
b) Copia certificada por escribano público del convenio o contrato de creación de red vigente;
c) Individualización de la(s) estación(es) cabecera(s);
d) Las emisoras integrantes de la red;
e) Tipo de prestador (radio AM - FM o televisión);
f) El plazo de la contratación que las une en red, si lo hubiere;
g) Los porcentajes de retransmisión, con aclaración de si es una red simple o una red de emisoras que opera con asignación de cabeceras múltiples;
h) Los horarios de transmisión simultánea;
i) La programación a retransmitir;
j) La programación de cada emisora.
Podrá darse inicio a las emisiones simultáneas, una vez acordada la autorización contemplada por el artículo 62, primer párrafo de la Ley N° 26.522.

Artículo 2°.- Los sujetos indicados en el artículo precedente que al día de la fecha se encontraren operando en redes de emisoras de las referidas por los artículos 62 y 63 de la Ley N° 26.522, dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles computados a partir de la fecha de publicación del presente Reglamento deberán presentar la documentación allí indicada.

Artículo 3°.- El ENaCom, dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles (cfr. Artículo 62 de la Ley N° 26.522) se expedirá sobre las solicitudes contempladas en los artículo 1° y 2° precedentes; en caso de silencio de la administración se tendrá por conferida la autorización, si las solicitudes contaran con la totalidad de la información requerida en el artículo 1° del presente, ajustada a las prescripciones de los artículos 62 y 63 de la Ley N° 26.522 y su modificatoria, y en tanto no se encuentre pendiente de cumplimiento requerimiento que se le hubieren formulado al presentante.

Artículo 4°.- Se considera que una red de emisoras opera con asignación de cabeceras múltiples, cuando todas y cada una de las emisoras que la integran cuentan con recursos de doble vínculo de telecomunicación que les permite la realización de aportes en vivo a la programación común, con calidad radiofónica y desde su propia localización, y poder receptar, con igual calidad de audio, los aportes realizados de la misma forma a la programación.

Los titulares de las emisoras integrantes de una red con asignación de cabeceras múltiples podrán convenir libremente los modos, cuantías y proporciones de la participación de cada una de las emisoras en los aportes de los recursos necesarios para la producción, distribución y emisión de la programación común, como así también en relación a todos los sistemas de coordinación que estimen necesarios a tal fin.

En el supuesto de solicitudes de autorización de conformación de una red de emisoras con asignación de cabeceras múltiples, para la realización de los contenidos a difundir, el ENaCom podrá admitir, por resolución fundada, un mayor porcentaje de tiempo de programación en red que los contemplados por el artículo 63, inciso a), de la Ley N° 26.522 y su modificatoria, como así también, la vinculación de emisoras de diversos tipos o clases de servicios, en atención a las circunstancias de cada caso y a que el avance tecnológico aconseje la incorporación de esa nueva modalidad en beneficio de las audiencias que se encuentren involucradas.

Artículo 5°.- Las autorizaciones a que aluden los artículos precedentes, en todos los casos se extenderán por el plazo de un (1) año, y serán renovables automática y consecutivamente por períodos anuales, a solicitud de los interesados formulada dentro del plazo de treinta (30) días corridos anteriores a sus vencimientos, y se mantendrán en vigencia salvo pedido de baja de la autorización otorgada a la red formulado por la emisora cabecera que la hubiese solicitado, o que la Autoridad de Aplicación verifique en sumario administrativo el incumplimiento de las condiciones establecidas en la ley, su reglamentación y la respectiva resolución autorizante.

Artículo 6°.- Quienes resulten ser los titulares de la emisora cabecera de las redes autorizadas deberán informar al ENaCom las altas y bajas de las emisoras adheridas que la integran, dentro de los diez (10) días hábiles de producida la incorporación o cese, agregando la siguiente información en el caso de incorporación a la red ya autorizada:
  1. La identificación de la emisora que se incorpora a la red ya constituida.
  2. Los horarios de transmisión simultánea;
  3. La programación a retransmitir;
  4. La programación propia de la emisora que se incorporó.
Artículo 7°.- A los efectos del artículo 63, inciso c), de la Ley N° 26.522, se entiende que el horario central para los servicios televisivos del Área Metropolitana de Buenos Aires, entre las 20:00 horas y las 01:00 horas y para el resto del país entre las 7:00 horas y 9:00 horas, y entre las 12:00 horas y las 14:00 horas; y se establece el horario central para los servicios de radiodifusión entre las 07:00 y las 10:00 horas.

Artículo 8°.- La emisión simultánea, continua y permanente, de una misma programación abierta y gratuita, en una misma localización geográfica por parte de una emisora de radiodifusión sonora por modulación de amplitud (AM) y otra emisora de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia (FM), siempre que sean operadas por quien revista la condición de ser el titular de la licencia y/o del Permiso Precario y Provisorio y/o Reconocimiento (Res. 753-ComFeR/06) de ambas emisoras, no constituye una red de emisoras en los términos de los artículos 62 y 63 de la Ley N° 26.522 y, por ende, no requiere autorización alguna.

Héctor Ricardo García pide la la quiebra de Crónica TV

Lo apunta Alejandro Alfie en el diario Clarín. García reclama una deuda de US$ 2,7 millones. Y acusa a los Olmos de una serie de intimidaciones
El periodista y empresario Héctor Ricardo García pidió a la Justicia “decretar la quiebra de Estrellas Satelital”, dueña de Crónica TV, por una deuda de US$ 2,7 millones. García fundó Crónica y ese canal de noticias. En 2005, les vendió el mítico diario a los hermanos Alejandro y Raúl Olmos, quienes en 2011 le compraron también el 51% de Crónica TV con plata de publicidad oficial y el canje de millonarias deudas impositivas por avisos del gobierno kirchnerista, mientras que García quedó con el 49% del canal.

La causa por la denuncia de García está a cargo del juez en lo Comercial Máximo Astorga, quien ya tenía otros pedidos de quiebra contra Crónica TV, entre los que se destaca uno de SADAIC.

“La deuda la contrajo Raúl Olmos el 7 de noviembre de 2011 por el avión Lear Jet 31 LV-YMB, por un millón y medio de dólares (la cifra total reclamada suma los intereses)”, aseguró García, por medio de un texto escrito entregado a Clarín en su oficina, ya que no puede hablar por problemas de salud. “La nave es de mi propiedad exclusiva, como determinó la firma Bombardier en el contrato respectivo. Olmos nunca pagó un dólar por la compra. En la operación del canal, a favor de los Olmos, se consignó que el canal era deudor. Por ello la acción judicial es contra Crónica TV”, agrega en el mismo escrito.

García denunció también una serie de “intimidaciones” por parte de los hermanos Olmos, como la violación de la cerradura de su oficina, la restricción para que uno de sus principales empleados ingrese a su propio edificio y hasta el “borrado” de la dirección donde funciona el canal, “para no recibir mandatos de la Justicia”, añadió.

El fundador de Crónica TV y los Olmos están enfrentados desde hace años. Por eso, en noviembre pasado García publicó una solicitada donde denunció “negocios y censura” en Crónica TV.

Clarín se comunicó con fuentes vinculadas a los Olmos, que prefirieron no dar información. Los Olmos compraron en 2005 el diario a García, después de que pasara un año detenido en su domicilio por evasión impositiva. Luego fue absuelto de ese delito por el Tribunal Oral en lo Penal Económico-.

El ex director de Crónica TV, Rubén Molina -que trabaja con García-, contó a Clarín que en 2011 los Olmos se quedaron con el canal como consecuencia de que funcionarios del gobierno kirchnerista le negaron a García publicidad oficial y también la posibilidad de canjear $ 149 millones en deudas impositivas por avisos del Gobierno. “Los Olmos asumieron que ellos la iban a pagar con un canje de deuda por publicidad y, además, conseguían pauta a cambio de darles el manejo político en relación con la Casa de Gobierno”, dijo Molina.

Los Olmos fueron grandes beneficiarios de la publicidad oficial durante el kirchnerismo, lograda por su íntima relación con Antonio Caló, jefe de la UOM y secretario general de la CGT alineada entonces con el gobierno kirchnerista. Esa plata les sirvió para quedarse con esos medios, comprarle el diario BAE y la revista Veintitrés a Sergio Szpolski, además de comprar parte de la productora Underground a Sebastián Ortega.

Esos medios ahora están en crisis, porque su modelo de negocio se basaba en la publicidad oficial y los subsidios directos del gobierno a las producciones audiovisuales. Ahora, García pidió la quiebra del canal de noticias que creó en 1994. Placa roja para Crónica TV.

Ver también: Héctor Ricardo García pide la la quiebra de Crónica TVSin mencionarlo, el Grupo Crónica le responde a Héctor Ricardo GarcíaLos trabajadores y la quiebra de Crónica TV

jueves, 28 de julio de 2016

Críticas de la ADC ante el manejo estatal de datos personales

La Asociación por los Derechos Civiles, criticó la cesión de las bases de datos de la ANSES a la secretaría de comunicaciones. Dijo en un comunicado que esto "es un nuevo ejemplo de los malos manejos que, desde hace años, el estado ha venido haciendo de los datos personales de sus ciudadanos"
La forma en que el Estado Nacional trata los datos personales de sus ciudadanos ha sido analizada por ADC en su informe “El Estado Recolector” (setiembre de 2014), en el que pusimos en evidencia dos debilidades estructurales de la ley de protección de datos personales. Por un lado, un órgano de control débil y dependiente del poder ejecutivo y, por el otro lado, una excesiva permisibilidad hacia el Estado en relación al almacenamiento, tratamiento y cesión de los datos personales.

El pasado mes de junio, llevamos nuestra preocupación en relación al manejo que el Estado hace de los datos personales de sus ciudadanos ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ver aquí); e incluso hemos promovido mesas de debate para analizar estos aspectos preocupantes (ver aquí)

En un nuevo ejemplo de lo que hemos venido denunciando, la resolución dictada el pasado lunes por la Jefatura de Gabinete dispuso que la ANSES comparta sus bases de datos (nombre y apellido, DNI, CUIT o CUIL, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios) con la Secretaría de Comunicación Pública para ayudar a ésta última a mejorar sus estrategias de comunicación. El objetivo que fundamenta el convenio firmado señala la necesidad de “mantener informada a la población" e "identificar y analizar las problemáticas o temáticas de interés en cada localidad del país" para poder así "incorporar la diversidad federal en la comunicación pública".

La decisión ha causado una gran polémica debido a posibles incongruencias y desajustes con la normativa vigente en nuestro país. A los fines de analizar la legalidad de la resolución, debemos repasar los estándares jurídicos aplicables a estos supuestos.

La ley de protección de datos personales ha dotado de un conjunto de derechos y garantías a los individuos para evitar manejos abusivos por parte de terceros al momento de hacer operaciones de tratamiento con sus datos personales. Este marco jurídico –derivado del art. 43 de la Constitución, que otorgó rango constitucional al derecho a la protección de datos personales- convirtió a Argentina en uno de los países con mayor nivel de protección de datos de la región. Este hecho fue reconocido por la Unión Europea que, en el año 2003, otorgó a nuestro país el estatus de “país con nivel adecuado de protección de datos personales”.

Entre los varios principios establecidos por la legislación figuran dos que son centrales para el buen ejercicio de la protección de datos de las personas: el primero es el principio del consentimiento, que establece la ilicitud de los tratamientos de datos que no cuenten con el consentimiento libre, expreso e informado de su titular (art. 5.1). Este requisito también se aplica cuando se trata de operaciones de cesión de datos (art. 11.1). Sin embargo, este conjunto de garantías adolece de una gran debilidad: su no aplicabilidad a las actividades estatales.

En efecto, entre las excepciones a la regla del consentimiento, se encuentra el supuesto de que la cesión de datos se realice entre “dependencias de los órganos del Estado en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias” (art. 11.3.C). La amplitud de los términos utilizados en la redacción de la disposición ha permitido interpretaciones que otorgan un amplio margen de discreción para la adopción de medidas como la tomada por la Jefatura de Gabinete.

No obstante, un análisis que enfoque de manera integral el sistema de protección de datos personales de nuestro país y lo vincule con la defensa y resguardo de otros derechos fundamentales debe tener en cuenta la existencia de otros principios que pueden servir de límites al accionar del Estado. En este sentido, si bien el Estado está eximido de cumplir con el principio del consentimiento, todavía debe respetar el principio de finalidad, que establece que los datos recolectados “no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención” (art. 4.3).

Así, resulta de dudosa justificación utilizar datos que fueron recogidos con la finalidad de ayudar a un buen funcionamiento del sistema de seguridad social, para actividades de comunicación de todo el accionar gubernamental. Por otro lado, debe evaluarse si la cesión no puede facilitar la futura realización de conductas que puedan poner en riesgo la salvaguarda de otros derechos constitucionales (como el derecho a la privacidad o a la intimidad, entre otros).

En cualquier caso, la noticia debe servir para promover un debate sobre una reforma de la ley de protección de datos personales, que procure solucionar los defectos presentes en la actual legislación. En esa necesaria discusión, debería figurar como prioridad la creación de una autoridad de aplicación con mayores garantías de independencia funcional y autarquía financiera; la actualización del marco protectorio a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y de la aparición del fenómeno digital; y el establecimiento de límites más claros y precisos para las capacidades de almacenamiento, tratamiento y cesión de datos por parte del Estado.

El Diario La Nación va por todo

La Mesa Nacional de Prensa en defensa de los derechos laborales
El Diario La Nación publicó en las últimas horas una nota editorial en la cual articula una serie de conceptos que conforman su ideal en materia de relaciones laborales, puntualizando que su concreción trocará la suerte del país al punto de devolvernos "al Primer Mundo que nunca debimos abandonar", sin precisar la fecha de tal acontecimiento.

Con el envión del "Cambio" como concepto de época imperante en la Argentina de estos meses, el diario centenario procura, otra vez, adoctrinar acerca de la necesidad de una "reforma laboral" en sus aspectos "legales y estructurales" para reglas "de alcance individual y en los acuerdos colectivos".

Si bien admite que "la creación de nuevos puestos de trabajo es consecuencia de la inversión y el crecimiento de la Economía", La Nación aboga por normas laborales "suficientemente equilibradas" para no desalentar tal inversión ni afectar la "productividad", argumentos que se vienen escuchando, casi en simultáneo, en otros ámbitos con poder de decisión al respecto.

En la misma nota se puntualiza la necesidad de:
  • Un "modelo sindical transparente con participación real en la vida interna de los gremios". Una cuestión que atañe a los propios trabajadores antes que a los empresarios.
  • Una disminución de las "cargas (sociales e impositivas) sobre el salario".
  • Una negociación de salarios y condiciones de trabajo "que considere la productividad y las posibilidades de cada empresa".
  • La preferencia por los acuerdos laborales de nivel menor (empresa) por sobre los acuerdos colectivos o paritarios.
  • La eliminación de la obligatoriedad de la homologación de los acuerdos por parte de la autoridad (Ministerio de Trabajo).
  • Establecer "períodos de prueba y permitir contratos de plazo fijo flexible" para promocionar el empleo y reducir costos laborales.
  • Promover la multifuncionalidad , la polivalencia y la jornada laboral variable y flexible.
  • "Premiar" al empleador con reducción o diferimiento de cargas sociales.
  • La sustitución de la indemnización por despido por un "sistema contributivo" creando un fondo "con aportes del trabajador y contribuciones del empleador, administrados por entes autónomos".

La propuesta tiene antecedentes con resultados fallidos para los trabajadores, pero La Nación "va por todo", y en el ámbito de la actividad periodística seguro no esta sola en esta postura.

Otros grupos empresarios del sector han cuestionado y atentado contra los convenios y estatutos que definen y defienden los derechos laborales de los Trabajadores de Prensa en la Argentina.

Por estos días hemos denunciado la fuga de empresarios del sector y los "ajustes" practicados por otros en procura de nuevos negocios argumentando "cambios tecnológicos", dejando un tendal de compañeros desocupados.

Todo esto no tiene nada de nuevo. En Argentina ya se intentó ese camino. El resultado fue desocupación récord y salarios miserables.

Desde la Mesa Nacional de Prensa seguimos defendiendo los mismos Derechos que comenzaron a tomar forma legal (Estatuto del Periodista Profesional) y práctica (Convenios Colectivos) hace varias décadas, tal vez las mismas que transcurrieron desde que para La Nación el país "abandonó el Primer Mundo".

  • En defensa de nuestros estatutos y convenios.
  • Contra la desocupación y por la creación de puestos de trabajo con salarios y condiciones laborales dignos.
  • Por la libertad de expresión.

Mesa Nacional de Prensa
Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren)
Federación Argentina de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (FeTraCCom)
Asociación de Prensa de Santa Fe (APSF)
Asociación de Prensa de Tucumán (APT)
Sindicato de Prensa de Rosario (SPR)
Sindicato de prensa Mar del Plata
Sindicato de Prensa de Mendoza (SiPreMen)
Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CiSPren)
Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA)
Buenos Aires, julio de 2016

Primera Jornada Federal de Comunicaciones

El evento reunió al Ministerio de Comunicaciones y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), con representantes provinciales en materia de comunicaciones
Con la presencia del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, se realizó la Primera Jornada de Comunicaciones donde las autoridades del Ministerio de Comunicaciones y el Ente Nacional de Comunicaciones recibieron a las máximas autoridades provinciales en la materia. El encuentro se llevó a cabo el miércoles 27 de julio, en el Salón Norte de la Casa Rosada y consistió en acercar las herramientas del Estado Nacional a las provincias para comenzar a trabajar juntos en la búsqueda de un país conectado.

El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, resaltó la voluntad de ratificar una agenda conjunta de trabajo y agregó: “Debemos lograr que las comunicaciones sean un derecho. Tenemos que lograr conectividad plena de internet y telefonía móvil”. En el mismo sentido, Rogelio Frigerio aseguró que con las comunicaciones se pueden lograr tres de los grandes objetivos del gobierno: “Redistribución de la riqueza, seguridad y la unión de los argentinos”.

El Ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, aseguró que “los funcionarios tenemos que trabajar en conjunto para llevar adelante la tarea que nos encomendó el presidente de conectar a todos los argentinos. Las telecomunicaciones avanzan enormemente y no podemos quedarnos atrás, por ello debemos ser actores fundamentales en el impulso del despliegue tecnológico. El estado tiene que regular, incentivar y ser protagonista de esta revolución tecnológica para lograr ‘pobreza digital cero’”.

Por su parte, el Presidente de ENaCom, Miguel De Godoy, enumeró los trabajos que viene realizando el ente para la consolidación de la convergencia digital y el desarrollo de mejores comunicaciones. A su vez, destacó: “Estamos teniendo un atraso muy grande con respecto al mundo y eso ya no nos lo podemos permitir, porque hoy las comunicaciones generan igualdad y en definitiva con este atraso lo que generamos es desigualdad entre los argentinos”.

Uno de los principales objetivos de esta gestión consiste en la elaboración de una Nueva Ley de Comunicaciones, que consagre todos los avances tecnológicos de los últimos años. Con respecto a esta temática, la Coordinadora de la Comisión Redactora de la Nueva Ley, Silvana Giudici, abordó los principales ejes contemplados en el proceso de redacción del ante proyecto.
Héctor Huici, Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Clarisa Lifsic de Estol, Secretaria de Promoción de Inversiones y Agustín Garzón, Gerente ejecutivo de ENaCom expusieron sobre la instalación de antenas. Los funcionarios resaltaron la importancia de la existencia de mayor cantidad de antenas para tener mejores comunicaciones, pusieron a disposición las herramientas existentes para tal fin y mostraron las experiencias exitosas en nuestro país.

Entre los temas destacados primó el de “los principios que regirán la Ley de Comunicaciones Convergentes”, que son aquellas que “permiten recibir, producir, transportar, distribuir información, opinión y contenidos garantizando la libertad de expresión y el acceso a la información con independencia de las plataformas tecnológicas que se utilizan”.

Se añadió en tal sentido que “los operadores de las comunicaciones convergentes deberán garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información, promoviendo la pluralidad y diversidad de voces en los términos previstos por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

En esa misma línea se destacó que “en el ámbito de las comunicaciones convergentes deben promoverse y protegerse los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los términos previstos por la Convención de los Derechos del Niño, procurando la alfabetización digital y mediática”.

Por su parte, el secretario General de la provincia de Río Negro, Matías Rulli, destacó que “fueron positivas estas jornadas de comunicaciones, fue la primera que se realiza y me parece que es un buen comienzo”.

“Es interesante la propuesta de avanzar un esquema federal de conectividad, que todos puedan tener acceso a las comunicaciones, para ello todos los niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, deberemos trabajar en conjunto. Hay cuestiones que son de índole nacional, la regulación en la materia, trabajar en que haya más infraestructura, mejorar la capacidad, otras de índole provincial, que tiene que ver con el desarrollo territorial, con el monitoreo constante, y otras de carácter municipal, como es dictar los Códigos de Edificación. Todo ello a modo de ejemplo. El desafío planteado es igualar el acceso a las tecnologías, a las comunicaciones, con objetivos de mediano y largo plazo”.
Por último, el Presidente de ARSAT, Rodrigo De Loredo, explicó en qué consiste el Plan Federal de Internet y cómo se viene trabajando desde la empresa en la conexión de la Argentina. Además, invitó a las provincias a trabajar en conjunto para que la fibra óptica llegue a cada rincón de la patria.

Las autoridades provinciales expresaron su agradecimiento por la convocatoria recibida y manifestaron su voluntad de fortalecer el trabajo conjunto con la Nación.

La jornada reunió al Ministro de comunicaciones, Oscar Aguad; el Presidente de ENaCom, Miguel De Godoy; el Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Héctor Huici; la Secretaria de Promoción de Inversiones, Clarisa Lifsic de Estol; la Coordinadora de la Comisión Redactora, Silvana Giudici; el Director de ENaCom, Heber Martínez; el Gerente ejecutivo de ENaCom, Agustín Garzón; el Coordinador general del ente, Mario Frigerio; el Presidente de ARSAT, Rodrigo De Loredo; el Vicepresidente de dicha empresa, Henoch Aguiar y los representantes de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe (participó el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías), Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

miércoles, 27 de julio de 2016

Turquía clausura un centenar de medios de comunicación

El gobierno turco clausuró 45 diarios y 16 cadenas de televisión, anunció este miércoles un alto funcionario, en el marco de la purga puesta en marcha luego del golpe de Estado fallido del 15 de julio. Además, tres agencias de prensa, 23 estaciones de radio, 15 revistas y 29 editoriales también fueron clausuradas, anunció el diario oficial
Más de cien medios de comunicación y una veintena de editoriales han sido cerrados este 27 de julio por decreto del Gobierno turco al amparo del estado de emergencia proclamado a consecuencia del fallido golpe militar del 15 de julio.

El decreto enumera tres agencias de prensa, 16 canales de televisión, 23 emisoras de radio, 45 diarios, 15 revistas y 29 editoriales y distribuidoras, informa la cadena CNNTürk.

Gran parte de los medios son locales, tenían escasa difusión o ya habían sido intervenidos por el Estado bajo acusación de mantener vínculos con la cofradía de Fethullah G len, el predicador exiliado en EEUU al que Ankara acusa de ser el cerebro del fallido golpe militar.

Entre las agencias destaca Cihan, una de las mayores agencias privadas turcas, entre los diarios, Zaman y Bugün, y entre las televisiones, Bugün TV o Samanyolu TV, todos ellos medios que habían pasado a control del Estado en los últimos nueve meses.

Al ser dirigidos por administradores nombrados por el Gobierno, que impusieron una nueva línea editorial y despidieron a gran parte de la plantilla, estos medios ya habían perdido su audiencia tradicional.

Así, el diario Zaman había bajado de más de 600,000 ejemplares vendidos a 5,700 en los pasados meses.

Pero también se han cerrado los diarios creados recientemente por los periodistas despedidos tras las intervenciones, como Özgür Düşünce o Yeni Hayat, con cifras de entre 30,000 y 45,000 ejemplares diarios vendidos.

Varios de los periodistas empleados en estos medios, especialmente en Erzincan TV, también cerrado hoy, han sido arrestados en los últimos días o están en búsqueda y captura, acusados de mantener vínculos con la cofradía de Gülen.

Según una lista difundida por CNNTürk, 36 de los 45 periódicos cerrados tienen distribución local o provincia, y 9 se difundían a nivel nacional.

También ha sido cerrado Taraf, un diario que en los últimos años había sido uno de los más influyentes de Turquía.

Siguen las detenciones de periodistas tras 12 días de fallido golpe
Este miércoles capturaron a 47 comunicadores acusados de ser seguidores Fetullah Gülen

La detención de periodistas ordenada este miércoles involucra a columnistas y otros reporteros del ahora desaparecido diario Zaman, dijo un funcionario del Gobierno.

Turquía ordenó este miércoles la detención de otros 47 periodistas, como parte de una purga de supuestos seguidores del clérigo musulmán Fethullah Gülen, acusado por Ankara de organizar un fallido golpe de Estado.

Turquía ha suspendido, detenido o puesto bajo investigación a más de 60.000 soldados, jueces, profesores, periodistas y otros sospechosos de tener vínculos con Gülen, quien reside en Estados Unidos, desde el fallido golpe de Estado del 15 y 16 de julio, que fue llevado a cabo por una facción del Ejército.

El Estado Mayor Conjunto turco dijo este miércoles que el número de soldados que pertenecían al movimiento de Gülen que participó en el intento de golpe ascendía 8.651, apenas un 1,5 por ciento de las fuerzas armadas, reportó la emisora NTV.

Gülen ha negado estar involucrado en el intento por derrocar al mandatario.

Aunque condenaron el golpe de Estado que dejó 246 muertos y más de 2.000 heridos, gobiernos de Occidente y grupos de derechos humanos han expresado alarma por la extensión de las medidas tomadas en Turquía y sugieren que el presidente Tayyip Erdogan podría estar usándolas para suprimir la disidencia y reforzar su control del poder.

La detención de periodistas ordenada este miércoles involucra a columnistas y otros reporteros del ahora desaparecido diario Zaman, dijo un funcionario del Gobierno.

Las autoridades cerraron el periódico en marzo por considerar que era la organización mediática de bandera del movimiento de Gülen.

"Los fiscales no están interesados en lo que columnistas escribieron o dijeron por su cuenta", declaró el funcionario, que pidió no ser identificado.

"En este punto, la lógica es que destacados empleados de Zaman podrían tener conocimiento cercano de la red de Gülen y, como tales, podrían ser investigados".

Sin embargo, la lista incluye a periodistas como Sahin Alpay, conocido por su activismo izquierdista que no comparte la veta religiosa del movimiento de Gülen.

Esto alimentó la preocupación de que la investigación esté convirtiéndose en una caza de brujas de opositores políticos al presidente.

Alpay es un ex funcionario del partido CHP, de tendencia secular e izquierdista.

La agencia de noticias Dogan dijo que la policía allanó su casa en Estambul a primera hora del miércoles y que lo detuvo tras revisar la vivienda durante dos horas y media.
Foto: AFP
Fuentes: Agencias EFE y Reuters

Trabajadores de PáginaI12: Un diario sin archivo es un diario sin memoria

En el marco del plan de achicamiento brutal que se está llevando a cabo en el diario PáginaI12, por decisión empresaria, expresamos nuestra preocupación y nos declaramos en estado de alerta por el futuro del archivo del diario, que debe ser uno de los más importantes a nivel nacional.

Nuestra postura como trabajadores es la misma que hemos adoptado frente al achicamiento de la redacción, a la virtual eliminación de la sección Corrección, a los cambios en el área de Publicidad, al traslado de Ejemplares Atrasados, al cambio de imprenta que implicaría nuevos traslados y más incertidumbre respecto del futuro de un diario que está siendo diezmado, en medio de promesas de mejoramientos de la página web que siguen sin definirse.

Todo esto se viene produciendo mientras la discusión por salarios sigue congelada por decisión de la empresa, sin tomar en cuenta la caída vertiginosa del poder adquisitivo de los trabajadores. Nos piden aire, sin tener presente que somos nosotros los que nos estamos quedando sin elementos vitales para enfrentar una política gubernamental que nos acorrala cada día más.

Sobre el tema del archivo, hemos tenido ya dos reuniones con los interlocutores de la empresa y una más, en el medio, con el director periodístico. En esas reuniones hemos manifestado nuestra disconformidad con el achicamiento de la sección, que pasó de tener siete integrantes a la mínima expresión de un solo trabajador de planta y un suplente. Además de rechazar y expresar nuestra preocupación porque con ese plantel va a ser imposible seguir sumando el caudal de información que se volcaba al archivo, consultamos –sin tener una respuesta concreta— sobre si se va a mantener o no el rico material incorporado por nuestros compañeros durante 29 años de trabajo constante.

Le venimos señalando a la empresa que sería un despropósito absoluto cerrar el archivo, no seguir manteniéndolo vivo en el sentido de incrementar la información, además de la necesidad de actualizarlo tecnológicamente para que pueda ajustarse a las necesidades de un medio periodístico de este siglo.

Hasta ahora, las respuestas de los representantes de la empresa han sido de “compartir la preocupación”, pero eso no basta porque no han dado ni un solo indicio concreto sobre cómo seguimos. Le hemos dicho que no hay un archivo tan completo en lo que respecta a la información sobre juicios de lesa humanidad, sobre temas que hacen a la memoria y que han sido bandera de este diario a través de sus trabajadores. Le hemos dicho que muchas veces la empresa lo ha utilizado y lo utiliza para enfrentar juicios externos, porque la forma de acumulación de material del archivo de PáginaI12 convierte a lo que se guarda en documentos con valor judicial, ya que se escanea la página original del diario de papel y no la versión on line.

Le hemos dicho que vimos cómo otros archivos han sido desmantelados y que el archivo de PáginaI12 no merece tener ese destino, porque guarda textos de diarios y revistas ya desaparecidos como La Voz, Sur, Crítica de la Argentina y decenas de revistas que ya no existen. Lo que decimos, en concreto, desde la Asamblea de Trabajadores del diario PáginaI12, es que terminar con el archivo, cerrarlo, sería un golpe fatal para la credibilidad de los dichos de la empresa a partir de la incorporación del Grupo Octubre, en el sentido de que está trabajando para mejorar el producto que venimos haciendo todos nosotros, con máximo esfuerzo, desde hace 29 años.
Trabajadores de PáginaI12

Interredes llevó sus reclamos al ENaCom

El espacio Interredes, que nuclea a medios alternativos, comunitarios y populares, realizará una concentración frente al ENaCom para reclamar el cumplimiento la aplicación del artículo vigente de la Ley de Medios que asigna el 10 por ciento de la recaudado por el ente al Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA) y el pago de "millones de pesos" de los fondos concursados en 2015. En primera instancia consiguieron que el próximo jueves los reciba el titular del Ente, Miguel De Godoy.
"Este fondo de fomento tiene el objetivo de fortalecer al sector comunitario y permitir una participación más equitativa dentro del mapa de medios, pero no se ha aplicado como lo indica la ley en lo que va en todo 2016 y nos preocupa que ya no se aplique en lo resta del año", denunció Laura Yanella, representante de la Red Colmena y FM En Tránsito.
El espacio Interredes precisó que los fondos concursados en 2015 cumplieron todos los pasos legales de convocatorias públicas, jurados externos, selección proyectos y "las organizaciones rendimos lo que nos correspondía de acuerdo a lo que esa ley determina", pero hasta el momento el Enacom no ha cumplido con los pagos.

"Hasta la fecha el Estado no sólo no ha transferido el dinero adeudado de los FoMeCA 2015, sino que a siete meses del inicio de su gestión continúa sin ejecutar el presupuesto 2016. Esto repercute directamente sobre la sostenibilidad de nuestros medios, limitando el derecho a la libertad de expresión", denuncia la red de medios populares.
Además, el comunicado advierte que desde la creación de la Enacom --por decreto presidencial-- "el diálogo de Cambiemos" con el sector ha sido el "ahogo financiero y decomisos para los canales y las radios comunitarias, persecución de la justicia a trabajadores de la comunicación, mayor concentración para los actores dominantes del mercado".

Natalia Vinelli, referente de Barricada TV dijo "Estuvo muy bueno el agite, demostrando que nada se regala sino que todo se pelea y se conquista e la calle. Durante más de una hora los representantes del Enacom se negaron a atendernos. La fuerza, la presencia y la seguridad de defender lo conquistado hizo que finalmente se acercara al organismo el director Heber Martínez, quien comprometió una reunión con el presidente Miguel de Godoy para la semana que viene. Vamos a seguir alerta y movilizados hasta que paguen lo adeudado y los canales seamos habilitados. Ni un paso atrás!".
Yanella, que también integra la revista Güarnin, sostuvo que "la concepción que tiene el Gobierno de la comunicación se aleja totalmente de cómo la entendemos nosotros: como un derecho humano fundamental para la democracia".

La representante de la Red Colmena, en diálogo con radio Unla, agregó que "para que la comunicación sea realmente democrática se debe permitir que todos pueden participar, pero quienes lo hacemos con una mirada no comercial, según la mirada del gobierno solo podemos ser medios de frontera, alejados y pobres", en referencia a los “17 principios” publicados por la comisión creada por el Gobierno para redactar el anteproyecto de la nueva ley de comunicaciones, que reemplazaría a la Ley de Medios y la ley Argentina Digital.
Desde Interredes --espacio integrado por ParesTV, Urbana Tv, Barricada TV, Arecia, RNMA, RedPac, RedColmena, FARCo, AMARC y RedCom-- también exigen la habilitación de los canales comunitarios que ganaron concursos públicos en televisión digital, el cese la persecución legal y los decomisos a los medios comunitarios, que se respete el 33 por ciento del espectro destinado a los medios sin fines de lucro y la participación de todo el sector en la discusión de una nueva ley de medios.
Fuente: PáginaI12, Señales

Guillermo y Fernando Whpei flamantes dueños de Radio Rivadavia AM 630

Los hermanos Guillermo y Fernando Whpei compraron Radio Rivadavia AM 630 y su frecuencia modulada Radio UNO. El próximo lunes 1 de Agosto asumen la titularidad de la emisora y mañana firman la transferencia, sujeta a aprobación del Ente Nacional de Comunicaciones
Ayer en Formosa Félix Díaz, Rigoberta Menchú Tum y el nuevo dueño de Rivadavia, Guillermo Whpei
En marzo de 2013 los empresarios compraron LT3 y su FM al Multimedios La Capital, que preside Daniel Vila. La emisora rosarina es la primera del interior del país. La venta incluyó la AM 680, y también a su FM 102.7.

Con la compra de Radio Rivadavia les esperan varios desafíos. Por un lado posicionar la emisora al lugar que alguna vez tuvo y poner al día los sueldos con sus trabajadores.

En su momento, Guillermo y Fernando Whpei llevaron tranquilidad al personal de LT3 al asegurar que "se va a mantener la actual composición estable de la radio", algo que cumplieron.

Los Whpei son empresarios que nacieron en el seno de una familia de inmigrantes árabes. Guillermo Pablo Whpei fue presidente de la Mutual de Jubilados, Pensionados y Retirados de la Provincia de Santa Fe. Más tarde fundó, junto a su hermano Fernando la Unión Provincial Asociación Mutual. Fue también fundador y director de Siempre S.A., Director de Lancers S.A. y presidente de Grupo Unión S.A., una empresa dedicada a brindar servicios financieros con sucursales en catorce provincias argentinas. También preside el Instituto de Ayuda Económica Mutual, una organización intermedia que brinda asistencia técnica y financiera a mutuales de todo el país.

En 1992, crea la Fundación Litoral, hoy Fundación para la Democracia Internacional que Whpei preside. Además es miembro del Consejo de la Federación Internacional de Museos de Derechos Humanos, para América Central y Sur. La Fundación tiene su sede en el histórico Palacio Fuentes donde instalaron el Museo de la Democracia junto a sus oficinas comerciales. El emblemático Palacio está ubicado en Sarmiento y Santa Fe, en pleno centro de Rosario. También poseen otras inversiones inmobiliarias en Rosario y Buenos Aires.

Recientemente compraron el principal diario de Bariloche, El Cordillerano.

Por estos días, Guillermo Whpei acompaña a Rigoberta Menchú Tum, con quien firmaron un convenio entre su fundación y la Fundación para la Democracia Internacional. Juntos recorrieron la comunidad indígena Potae Napocna Navogoh hoy conocida como “La Primavera”, en la zona de Laguna Blanca, en la Provincia de Formosa, donde lidera el QOM Félix Díaz, para hacer una investigación que termine llevando agua potable a ese lugar. Además llevan adelante un trabajo común en el estudio e investigación de Esclavitud Contemporánea en Guatemala.




Fuente: Señales