Así se puede sintetizar el vasto currículum de Martín Becerra, quien estuvo el miércoles en Comodoro Rivadavia para compartir en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco un taller con el equipo de docentes y estudiantes que integran el Programa de Investigación "Cultura, apropiaciones tecnológicas y representaciones sociales en la Provincia del Chubut", equipo que propició su visita.
Por la tarde, en el Lucania Palazzo Hotel, Becerra ofreció una conferencia abierta a todo público que se tituló: "Nuevo gobierno, nuevos desafíos. Políticas de comunicación en Argentina a partir de la presidencia de Mauricio Macri".
La disertación, que se extendió durante alrededor de dos horas fue seguida con atención por más de un centenar de personas que colmaron el Salón Coirón. Después se generó un espacio de interacción donde la audiencia tuvo la oportunidad de formularle preguntas.
Las actuales políticas gubernamentales en materia de comunicación; los cambios en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner; la puja entre los grupos Clarín y Telefónica; o los intentos desde el Estado por "amordazar" al periodismo, fueron temas que también atravesaron una charla que el académico mantuvo con El Patagónico, quien en el mes de su 49° aniversario auspició su presencia en Comodoro Rivadavia.
Volver a 2009
Becerra postula que desde el primer día del gobierno de Mauricio Macri sólo se busca dejar conformes a los actores dominantes de la industria con acciones como los cambios que se introdujeron en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a través de decretos de necesidad y urgencia que se traducen en la restauración de políticas que existían antes de la entrada en vigencia de esa norma aprobada por el Congreso en 2009.
Considera que en la industria de la comunicación, la política del gobierno "es muy parecida a lo que hace en otros campos como sucede con la presencia de (Juan José) Aranguren (ex CEO de Shell) como ministro de Energía, es decir 'El país atendido por sus dueños'. Los sectores industriales que son más importantes en cada actividad, definen la política actual al insertarse como parte del elenco gubernamental", argumenta.
Becerra señala que uno de los ejemplos característicos es el caso de la puja entre el Grupo Telefónica y el Grupo Clarín donde ambos quieren "cruzar la frontera" que domina el otro. El primero de ellos pretende ofrecer servicios de televisión paga y el otro proyecta incursionar en el servicio de las telecomunicaciones.
"Los funcionarios macristas no tienen en su radar a los pequeños grupos. No le brindan atención. Solo les interesan los poderosos y buscan que todos convivan en armonía, pero esta paz algún día se va a terminar porque no podés dejar a todo el mundo contento. Esto el gobierno no lo ve y si lo ve no le importa y puede terminar en un problema muy grande para el Estado", advierte.
El investigador del CONICET también sostiene que el gobierno nacional actúa en muchos aspectos con un espíritu de venganza o de vendetta hacia los sectores que fueron beneficiados por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y para reivindicar a todos aquellos que fueron perjudicados, como el caso de Clarín.
"Las autoridades pretenden recomponer el honor y los intereses de esos grupos que fueron lesionados por el gobierno anterior y se puede observar cuando una de las primeras medidas fue modificar leyes y establecer como prioridades las urgencias de los actores industriales más importantes", subraya.
Un intento de acallar
Asimismo, el analista manifiesta su preocupación sobre el artículo 85 de la Ley de Blanqueos de Capitales que pena con hasta dos años de cárcel a todo aquel que publique datos sobre los patrimonios de las personas involucradas, una "mordaza" que sería revisada por el Congreso.
"Entiendo que los funcionarios estatales tengan que hacer secreto de Estado si intervienen en el blanqueo de capitales. Entiendo que el Estado les imponga secreto de información a estos agentes.
Ahora que se le imponga secreto de información a la prensa con una pena de Código Penal me parece muy grave y un atropello a los Derechos Humanos. Más allá que después se pueda corregir o no, la intención de hacerla legal estaba", cuestiona.
"También es preocupante que el Poder Ejecutivo haya presentado en el Congreso este tipo de proyecto. Esto significa que no se consultó nada y que nadie leyó el proyecto antes de presentarlo. ¿A nadie le pareció raro el artículo 85? ¿Nadie ve que es problemático para la libertad de expresión? Obviamente que no y esto es muy grave", manifiesta quien fue uno de los primeros especialistas en el campo de la Comunicación en advertir ese intento de censura.
Becerra se caracteriza además por su mirada crítica sobre la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya que a pesar de reconocer todos los aspectos positivos que tenía la normativa -ya que abría caminos para democratizar la comunicación-, opina que terminó siendo "manoseada y manipulada".
"El gobierno anterior tocó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual mucho antes de la llegada de Macri al poder. Aprobó en un trámite exprés la Ley de Telecomunicaciones (Argentina Digital 2014) que violentó uno de los artículos de la norma que ellos impulsaron", dimensiona.
"Este gobierno lo que hace es continuar con este legado de manoseo y lo que hizo fue dar un paso más allá deshuesando los artículos (de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual), dándole tranquilidad a los grandes grupos económicos de este país", insiste.
