Un grupo de legisladores solicito informes sobre la contratacion de la firma McKinsey. PáginaI12 reveló el 22 de mayo que la compañía estadounidense asesora al gobierno de manera reservada en la elaboración de la nueva ley de comunicaciones por 875 mil dólares, unos 12,5 millones de pesos. Los negocios se extienden a otras áreas del Estado
Por: Fernando Krakowiak
“–¿Es común tener dos ministros que vienen de McKinsey, como ocurre en la Argentina con Gustavo Lopetegui y Mario Quintana en la coordinación del Gabinete?
–En el Reino Unido, el ministro de Relaciones Exteriores era de nuestra oficina en Londres. Tenemos gente en el gobierno. Pero aquí estamos muy entusiasmados”, aseguró el CEO global de McKinsey, Dominic Barton, en una entrevista publicada en La Nación el 25 de abril. Ese desembarco ya dio sus primeros frutos. PáginaI12 reveló el domingo 22 de mayo que la consultora estadounidense está asesorando de manera reservada al Ministerio de Comunicaciones en la elaboración de un marco regulatorio para las tecnologías de la información y la comunicación. El proyecto contempla 16 semanas de trabajo a cambio de 875 mil dólares, unos 12,5 millones de pesos. A partir de esa información, el bloque de diputados nacionales de Libres del Sur presentó la semana pasada un pedido de informes en Comunicaciones y un proyecto de resolución en el Congreso que propone solicitar al Poder Ejecutivo detalles sobre cualquier tipo de contratación del Estado Nacional que involucre a McKinsey. Si el gobierno cumple con sus promesas de transparencia y responde a la consulta, la sorpresa podría ser todavía mayor. De hecho, este diario pudo averiguar que la consultora estadounidense también asesora al Ministerio de Energía e incluso elaboró una publicación titulada “Reimaginando Argentina” que promociona las supuestas oportunidades que se abrieron en el país a partir de la llegada de Mauricio Macri al poder.
La relación del Gobierno con McKinsey va más allá de un asesoramiento puntual. El 28 de marzo de este año, la consultora celebró sus 25 años en el país con una fiesta privada en el Salón Dorado del Teatro Colón y allí asistió nada menos que Macri y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes compartieron el escenario con Dominic Barton y el director de la oficina en Buenos Aires de McKinsey, Francisco “Paco” Ortega, quienes disfrutaron de un concierto brindado por la soprano Paula Almerares, el tenor Rubén Darío Martínez y la pianista Eduviges Picone. Los ejecutivos de la multinacional estadounidense elogiaron a la nueva gestión e hicieron referencia a “Reimaginando Argentina”, una publicación con el aporte de 25 testimonios de referentes sociales que prometieron distribuir a más de 1500 líderes globales del sector público y privado.
McKinsey también acercó ideas para la creación de la Agencia de Inversiones comandada por Juan Procaccini, un ingeniero industrial proveniente de Moebius Capital Group que entre 2000 y 2004 trabajó en McKinsey y entre abril de 2004 y mayo de 2013 en el fondo Pegasus Capital, fundado por el ex McKinsey Mario Quintana. La Agencia de Inversiones funciona como organismo descentralizado del Ministerio de Producción y comparte atribuciones con Cancillería, la Dirección de Relaciones Agroalimentarias Internacionales de Agricultura, la secretaría de Promoción de Inversiones de Comunicaciones e incluso con Presidencia, donde reporta de manera directa Horacio Reyser Travers, la mano derecha de Norberto Morita en el fondo Southern Cross, quien fue designado asesor especial de Macri para Inversiones Extranjeras Directas.
Los vínculos de McKinsey con la nueva gestión son tan fuertes que en la propuesta de trabajo que elaboró para el Ministerio de Comunicaciones, titulada “Apoyando al gobierno argentino en la construcción de un marco regulatorio para el desarrollo y la innovación en TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), aseguró que los honorarios profesionales para ese tipo de trabajos eran de 400 mil dólares por mes más los gastos necesarios para la ejecución del proyecto (entre 15 y 18 por ciento adicional), pero aclaró que en esta ocasión cobraría “sólo” 875 mil dólares por 16 semanas porque “es nuestro compromiso poder acompañar al gobierno argentino en este momento de transición histórico”.
El proyecto ya se está llevando adelante e incluso los analistas de McKinsey hicieron una presentación para Macri sobre el sector de las telecomunicaciones hace unas tres semanas. El plan de trabajo contempla mapear los principales actores y las potenciales barreras del mercado, analizar todos los activos de Arsat y escoger opciones estratégicas para esa última compañía por tipo de activo/segmento. Pese a ello, el gobierno no informó públicamente sobre ninguna contratación que involucre a McKinsey. Por ese motivo, el bloque de diputados de Libres del Sur presentó un pedido de informes en el Ministerio de Comunicaciones y un proyecto de resolución que propone solicitar al Poder Ejecutivo que informe si contrató a McKinsey, tal como informó este diario. “Nos preocupa la posibilidad de que se avance de manera privada en la redacción de un proyecto de ley que debe hacerse de forma pública y plural, invitando a toda la ciudadanía a participar, tal como se hizo en el marco de la redacción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, dice el texto firmado por los legisladores Graciela Cousinet, Federico Masso y Victoria Donda.
El decreto 690/2016 que modificó recientemente el anexo del decreto reglamentario 893/2012 referido al sistema de contrataciones públicas explicita que las contrataciones directas se pueden hacer por montos inferiores a 1,3 millón de pesos y las licitaciones privadas sólo para contratos menores a los 6 millones de pesos. La contratación directa en la administración pública implica, salvo casos muy excepcionales, la evaluación de tres presupuestos y la publicación en un medio de difusión. Las licitaciones privadas requieren la evaluación de cinco presupuestos y una mayor difusión. En el caso de McKinsey, sólo el contrato con el Ministerio de Comunicaciones es por unos 12,5 millones de pesos. Por lo tanto, se tendría que haber publicitado el proceso que llevó a la contratación de la firma. Una posibilidad es que se hayan eludido las obligaciones referidas al régimen de contrataciones públicas utilizando a la firma Arsat para contratar a McKinsey, pues las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria tienen reglamentos de compra propios, hacen concursos privados y pueden no publicar la información ya que se rigen principalmente por el derecho privado.
Fuente: PáginaI12
Ver anterior: Revela PáginaI12: "El plan McKinsey para los medios y las telcos"
