Si bien la habilitación final dependerá de un litigio que tienen el Estado y la compañía en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), el Poder Ejecutivo empezó a dar señales que van en camino de darle luz verde al emprendimiento. Por lo pronto, las acciones de los últimos meses preparan el terreno jurídico para Claro TV.
A poco de asumir el cargo, el secretario de la Presidencia, Miguel Toma, se reunió con directivos de Claro y les transmitió que el gobierno no tiene "animosidad" con la empresa, y prometió que intercedería ante el Ministerio de Industria para que su posición sea escuchada en medio del diferendo, según informó el semanario Búsqueda el jueves 26 de marzo.
El enfrentamiento de Claro con el gobierno por este tema lleva varios años. Se inició cuando Vázquez en su primer período (2005-2010) le dio la licencia en 2008, pero tres meses después se la revocó con el argumento de que interfería con la política de telecomunicaciones que llevaba adelante el país. Fue entonces que la empresa inició su reclamo por vía del TCA, donde obtuvo casi siempre la razón, aunque la administración de Mujica le dio la espalda una y otra vez.
Ahora, sin embargo, existe disposición por parte del gobierno de Vázquez a permitir que Claro TV funcione.
El 21 de julio de este año, Toma firmó en nombre de la Presidencia de la República una resolución donde responde a Claro un pedido de acceso a la información amparado en la ley que regula esas solicitudes por parte de cualquier persona y empresa. La resolución asegura que el presidente de la República no firmó resolución alguna para sacar del registro de prestadores de televisión para abonados a Claro, una categorización que exige la normativa para que puedan operar. Si bien la resolución no tiene consecuencia alguna para el diferendo, la acción implica una señal de acercamiento. En tanto, la falta de la firma del presidente a la resolución a la que aludió Claro, responde a un error en el que incurrió el Ministerio de Industria.
Claro y el gobierno aguardan la resolución del TCA para saber si la empresa está o no incluida en ese registro. Si le da la razón a la empresa, Claro podrá, al menos de forma provisoria, volver a prestar el servicio.
Allanamiento
En marzo de este año, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) ordenó retirar decodificadores de televisión para abonados de la empresa Claro, instalados en hogares junto a antenas para ofrecer a modo de prueba el servicio satelital, tal como lo hace en la actualidad de forma exclusiva la empresa DirecTV. Tras constatar que la firma de origen mexicano había empezado a colocar los aparatos en casas de Ciudad de la Costa (Canelones) y Pocitos (Montevideo), y de confirmar que se trataba de decodificadores ingresados de forma ilegal al país, el organismo del Poder Ejecutivo decidió impedir el avance del plan piloto.
El presidente de la Ursec, Gabriel Lombide, aseguró que los decodificadores de Claro entraron al país de forma ilegal, y por eso la Ursec tuvo potestad de proceder a su decomiso. Una fuente oficial explicó a El Observador que la empresa pudo ingresar los aparatos bajo otra figura de importación en los trámites aduaneros, que no era la indicada para ese tipo de material. Según Lombide, la empresa asegura que hubo un "error" en ese trámite. Esa decisión por parte del organismo regulador cesó luego del episodio de marzo, lo que alimenta la posición del gobierno de abrirle paso a Claro TV.
Fuente: El Observador