El Grupo Clarín ya está planificando su futuro especulando con que la empresa se mantendrá en las mismas condiciones que ahora. Es decir, sin aplicarse la adecuación de oficio que dispuso la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) y que hoy está frenada en la Justicia. Tampoco planea la adecuación voluntaria que había presentado el propio grupo.
El proyecto de adecuación voluntaria a la Ley de Medios que presentó el multimedios implicaba la división del grupo en seis unidades de negocios separadas e independientes entre sí. Sin embargo, en el seno de la empresa se sigue sosteniendo que para desarrollarse, sobre todo en el mercado de televisión por cable e Internet, es necesario la escala. El límite de mercado que impone el texto de la ley, para Clarín sigue siendo negativo para el negocio.
Esta semana, la empresa anunció el lanzamiento de un nuevo producto de Internet (Fibertel Flex) con una tarifa menor para aquellos con poco uso. Pero también describieron los proyectos que están avanzando en materia de televisión por cable, como por ejemplo nuevos equipos que permitan pausar, rebobinar o grabar la programación que esté siendo emitida en vivo. Además, prevén invertir en nuevos equipos (CMTS) que permitan afrontar el constante aumento de tráfico en Internet, la reconstrucción de las redes de 750 mhz a 1 ghz, la disminución de las señales analógicas y el aumento de las de alta definición (HD).
“Estas inversiones hay que seguir haciéndolas, no se pueden frenar hasta que se definan todas las cuestiones normativas y hacerlas de golpe”, explicó una alta fuente del grupo. Quien agregó: “Y está claro que la escala es fundamental para que la industria funcione y sea rentable”.
Para mantener la escala actual la empresa no tendría que dividirse. La rama de TV por cable e Internet, según el plan de adecuación voluntario, terminaría dividiéndose en tres. Tanto en la empresa como en el ambiente existe el consenso de que la situación actual –de indefiniciones– se mantendrá hasta después de las elecciones.
El interrogante que surge es qué actitud tomará el próximo presidente, ya sea Daniel Scioli, Mauricio Macri o Sergio Massa. Con los tres el grupo tiene una buena relación. Pero de todas formas, Martín Sabbatella tiene mandato para seguir al frente de la AFSCA hasta 2017, por lo que, de no mediar cambios, la relación seguirá tensa.
Por el momento, la adecuación de oficio está frenada por una medida cautelar hasta fines de junio. Antes de eso el juez Horacio Alfonso deberá tomar una definición de fondo, y después la secuencia judicial seguirá su curso con las respectivas apelaciones.
Una pelea estancada en la Justicia
Por: Natalia Aguiar
La pelea entre el Gobierno de Cristina Kirchner y el Grupo Clarín se mantiene estancado desde que el juez en lo Civil y Comercial Horacio Alfonso dictara, en noviembre del año pasado, una medida cautelar frenando la adecuación de oficio que había dictado la AFSCA. Esa cautelar vence a fin de junio, tiempo con el que cuenta el magistrado para emitir su fallo respecto a la impugnación que presentó Clarín.
Pero en paralelo, en febrero de este año, el juez en lo Contencioso Administrativo Pablo Cayssials dictó otra medida cautelar frenando la decisión del organismo que conduce Martín Sabbatella. En ese caso, la presentación la habían realizado los principales periodistas del Grupo Clarín.
Como las demandas recién están en primera instancia, un eventual fallo podría ser apelado por quien salga perdiendo, por lo que se prevé que la adecuación de oficio seguirá frenada hasta que se resuelva en la última instancia.
No obstante, la pelea incluye otras causas judiciales, en las que según pudo averiguar Perfil, el Gobierno estaría enojado con Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, por considerar que está detrás de una estrategia “beneficiosa para Clarín”. Es por causas con asiento en diferentes provincias donde le modificaron la tarifa o les modificaron el abono de los servicios que cubre, multas por altos montos, y las cuestiones relacionadas a habilitaciones de radios y medios en el interior del país, según voces judiciales.
Fuente: Diario Perfil