“Hace un año, la Corte Suprema puso fin a una larga cautelar que benefició a Clarín y abrió definitivamente las puertas para poder democratizar la palabra en nuestro país. Ahora, otro juez nos arranca la posibilidad cierta de hacer cumplir esa norma, facilitando que la corporación que comanda Magnetto siga controlando el mercado de medios audiovisuales, con casi 300 licencias de cable, televisión y radio”, explicó el titular de AFSCA y señaló: “Es una barbaridad que un juez inferior se aparte sin fundamento de lo dicho por la Corte, lo que pone en evidencia que una parte del Poder Judicial se rinde ante el poder económico y permite que se consagren privilegios y se vulneren derechos como el de garantizar una comunicación plural, democrática y diversa -manifestó Sabbatella-. Los jueces deberían estar preocupados en cómo ayudan a que las leyes se cumplan; no en mutilarle al Estado la posibilidad de construir el país que el Pueblo decidió a través de sus representantes”. “Es obvio que Magnetto no quiere cumplir la ley y, por eso es una vergüenza que parte del Poder Judicial nos quite las herramientas legales que tenemos para obligar a que la ley se cumpla”, concluyó el funcionario nacional.
La AFSCA presentó esta mañana un recurso extraordinario por salto de instancia -per saltum- ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitándole su inmediata intervención para que revoque la medida cautelar dictada por el juez Horacio Alfonso que suspendió el proceso de adecuación de oficio del Grupo Clarín.
La presentación fue realizada de acuerdo a lo establecido en el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite acudir directamente ante la Corte Suprema salteando la instancia de Cámara en las causas “que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional”.
La ley entiende que existe gravedad institucional “en aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las partes en la causa, proyectándose sobre el general o público, de modo tal que por su trascendencia queden comprometidas las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales por ella incorporados”.
En virtud de lo expuesto, la AFSCA indicó que la resolución de un juez de primera instancia, contrariando los principios ya establecidos por la Corte Suprema de Justicia en su fallo del 29 de octubre del 2013, compromete las instituciones básicas del sistema republicano.
“Las medidas cautelares dispuestas por diversos jueces que hicieron que el Grupo Clarín pueda incumplir la ley por ya más de cinco años, pone al Poder Judicial por encima de los otros poderes del Estado y restringe la libertad de expresión de los ciudadanos, al obstaculizar la pluralidad de voces”, se indica en el escrito presentado ante la Corte. Algunos de los argumentos esgrimidos por Alfonso para conceder la cautelar apuntaron a una supuesta falta de deliberación del Directorio de AFSCA a la hora de decidir el inicio de la adecuación de oficio. Al respecto, en el escrito presentado hoy se expresa que “no puede obviarse el hecho de que resulta completamente ajena a la competencia del Poder Judicial de la Nación determinar los estándares de deliberación respecto de cuándo un órgano colegiado de la órbita del Poder ejecutivo Nacional ha dado -o no- suficiente debate sobre la adopción de un acto administrativo. En los fundamentos de la resolución atacada, el juez de grado fija un parámetro por cierto subjetivo y dogmático para decidir cuándo una discusión es suficiente y cuándo no, subestimando la autoridad e idoneidad de los Directores de esta Autoridad Federal que votaron la Resolución Nº 1121-AFSCA/14 por sus propias convicciones”.
Al entender que el fallo de Alfonso atenta directamente contra el pronunciamiento anterior de la Corte Suprema, el organismo que preside Sabbatella considera que existe gravedad institucional y que el máximo tribunal debería intervenir de forma inmediata en el expediente revocando la resolución del juez de primera instancia. Además, la Autoridad Federal solicitó que hasta tanto se expida la Corte sobre la cautelar, la resolución de Alfonso quede suspendida, tal como lo establece el Código Procesal.
Fuente: AFSCA